Demócratas y republicanos cuestionan ayuda a México vía Iniciativa Mérida.
Legisladores critican la “endémica” corrupción política y en las fuerzas de seguridad
Expresan dudas de cómo monitoreará EU los recursos y señalan violación de derechos
David Brooks (Corresponsal)
Washington, 14 de noviembre. La Iniciativa Mérida, caracterizada como ejemplo de un “nuevo paradigma” en la relación entre Estados Unidos y México, hoy fue sujeta a serios cuestionamientos tanto por legisladores liberales como conservadores, que manifestaron los obstáculos que enfrenta este programa de asistencia antinarcóticos.
Los legisladores expresaron dudas acerca de si la Iniciativa Mérida podrá cumplir con sus objetivos; cómo monitoreará el gobierno estadunidense a los mexicanos al emplear los fondos, equipo y capacitación; por la “endémica” corrupción política y en las fuerzas de seguridad pública de México; por los fracasos de la cooperación antinarcóticos en el pasado, los derechos humanos en el país vecino y hasta si la lógica de la guerra antinarcóticos en el extranjero funciona, entre otros puntos.
La solicitud inicial para el próximo año fiscal es de 500 millones de dólares (más 50 millones para países centroamericanos), como parte de un programa total de mil 400 millones de dólares, que sería el plan de asistencia antidrogas internacional más grande después del Plan Colombia, e incrementaría unas 10 veces el promedio de asistencia de Estados Unidos a México en años recientes.
Nuevo paradigma en cooperación
El secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, fue convocado hoy ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para uno de los primeros debates sobre la llamada Iniciativa Mérida, la cual calificó de “nuevo paradigma” para la cooperación de seguridad regional.
Shannon advirtió que los narcotraficantes y otras organizaciones criminales han crecido a tal grado que buscan “socavar e intimidar” a instituciones gubernamentales en México, y han generado una ola de violencia. Esta iniciativa es urgente, dijo, ya que responde a una amenaza, “mientras el crimen organizado intenta abrumar la estabilidad y bienestar de los estados democráticos en México y Centroamérica”.
Subrayó que el presidente Felipe Calderón, “en un paso sin precedente”, solicitó este programa de cooperación con Estados Unidos, e indicó que el gobierno estadunidense reconoce su responsabilidad de enfrentar la amenaza común del crimen organizado trasnacional.
Shannon enfatizó que el gobierno de Calderón ha demostrado una “determinación y compromiso históricos, y los resultados iniciales son impresionantes”.
El secretario asistente de Estado para asuntos de narcóticos, David Johnson, quien se presentó junto a Shannon ante la audiencia legislativa, detalló algunos logros del gobierno de Calderón, como el despliegue de 24 mil militares para apoyar operaciones antinarcóticos en 10 estados, la extradición de un número récord (79) de presuntos delincuentes a Estados Unidos; la confiscación de drogas ilícitas, que superan montos anteriores; la depuración de policías y funcionarios de seguridad pública, que dio como resultado el despido de mil 600, y la suspensión de casi 2 mil empleados, entre otros avances.
Johnson indicó que la Iniciativa Mérida complementará algunos programas de asistencia actuales. Por ejemplo, dijo, Estados Unidos ha capacitado a 4 mil 627 oficiales policiacos mexicanos en 2007 y tiene planes para 5 mil 800 en 2008. Agregó que la Iniciativa Mérida considera ampliar estos esfuerzos, junto con apoyos en los rubros de comunicaciones, patrullaje, monitoreo, equipo de investigación y computadoras.
Un dato que surgió en el intercambio con los legisladores es que 208 millones de los 500 millones de dólares para este primer año serán destinados para otorgar helicópteros a México.
Sin embargo, representantes de ambos partidos –como conservadores y liberales dentro de cada uno– se mostraron escépticos sobre la iniciativa. El presidente del comité, el demócrata Tom Lantos, preguntó a Shannon si ese plan es correcto y si el enfoque “es más sobre el síntoma –el flujo masivo de drogas desde América Latina a Estados Unidos– que sobre la cura, la cual claramente sería el desarrollo económico equilibrado a largo plazo de la región”.
Lantos opinó que “es ingenuo” pensar que la “legendaria corrupción del aparato policiaco mexicano” de alguna manera se desvanecerá. Cabe recordar que oficiales de México altamente capacitados se han sumado como sicarios de narcotraficantes en el pasado, señaló. “La capacitación puede ser peligrosa, porque puede hacer más efectivas fuerzas corruptas”, advirtió. También preguntó en qué condiciones se otorga equipo, como helicópteros, a México y cómo se monitoreará su uso.
El representante Eliot Engel expresó sus preocupaciones acerca de si el gobierno de George W. Bush en verdad está comprometido en asumir su responsabilidad, particularmente sobre cómo revertir la tendencia de años recientes e incrementar fondos para la reducción de demanda de drogas ilícitas en este país, así como en el control del flujo de armas de Estados Unidos a México.
La guerra antinarco, fracaso colosal
El republicano conservador Dana Rohrbacher sorprendió a los funcionarios al opinar que ha observado la guerra contra las drogas durante 20 años y concluyó que es “un fracaso colosal”. Dijo que es mejor dedicar los recursos a esfuerzos para reducir la demanda y no en asistencia al exterior.
El republicano ultraconservador Tom Tancredo no decepcionó las expectativas. Ofreció una de sus clásicas frases: “En México no se sabe dónde termina el gobierno y dónde comienzan los cárteles”, y expresó su oposición a otorgar fondos a un gobierno “corrupto e indigno de confianza”. Ileana Ros-Lehtinen defendió al país vecino: “México no es un cártel de drogas”, afirmó, eso es un “insulto”.
Otros legisladores expresaron preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y laborales en México, y cuestionaron si debe considerarse ofrecer asistencia a un país con serias violaciones de las garantías básicas.
En dos ocasiones la audiencia fue interrumpida por intervenciones del público, que denunció violaciones de derechos humanos y la impunidad de fuerzas “paramilitares”, al recordar el homicidio del periodista Brad Will en Oaxaca.
Por otra parte, el sindicato siderúrgico nacional (USW) manifestó su oposición al plan en una carta que circuló entre líderes legislativos. “Sin reformas institucionales fundamentales en México, y compromisos concretos del gobierno mexicano para cesar sus violaciones de derechos laborales y humanos, creemos que los fondos solicitados por el gobierno servirán para reforzar un patrón de impunidad”, escribió el presidente del USW, Leo Gerard.
Por otro lado, The Wall Street Journal publicó hoy un extenso reportaje sobre el resurgimiento del Ejército Popular Revolucionario, y su potencial como amenaza al Estado mexicano en esta coyuntura.
La Iniciativa Mérida se intenta vender como un “nuevo paradigma”, pero el debate que apenas comienza ya contiene viejos elementos de las discusiones sobre la relación con el país vecino.


Presentó AMLO demanda en la PGR por la tragedia de Tabasco
El gobierno federal no hizo nada para evitar las inundaciones e “incidió en el mal manejo de Peñitas”. CFE compra a empresas extranjeras 31% de la electricidad que se distribuye en el país, denuncia.

Calderón se comporta como empleadillo de trasnacionales, “como cuando fue titular de Energía”
El ex candidato presidencial llevará el caso a instancias internacionales; exige castigo a los culpables
Alma E. Muñoz
Tras advertir que en México hay una política energética privatizadora, y que actualmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compra a empresas extranjeras 31 por ciento del fluido que distribuye en el país, Andrés Manuel López Obrador acudió ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar una denuncia penal por las inundaciones ocurridas en Tabasco; advirtió que pretende llevar esta queja a instancias internacionales, porque el Ejecutivo federal no hizo nada para evitar la tragedia.
Señaló como presuntos responsables a Felipe Calderón, a los ex presidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari; a los secretarios de Energía y Medio Ambiente, Georgina Kessel y Juan Rafael Elvira, respectivamente; a los directores de CFE y de la Comisión Nacional del Agua, Alfredo Elías Ayub y José Luis Luege Tamargo, y a todo aquel que pueda haber incidido, por irresponsabilidad o negligencia, en las inundaciones que afectaron a miles de tabasqueños.
Los acusó de ejercicio indebido del servicio público, al impedir o tratar de impedir la generación de energía (en la presa Peñitas); uso indebido de atribuciones o facultades del servidor público; delitos contra las personas en su patrimonio; encubrimiento e ilícitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Por la noche se informó que de manera inmediata se inició la averiguación previa PGR/ UDICSTDAJ/92/07 por la posible comisión de los delitos señalados, así como actos u omisiones que afectan el consumo nacional.
La PGR aseguró que “tiene el compromiso con la vigencia de la ley y el estado de derecho, por lo que realizará las investigaciones conducentes en lo previsto en el marco jurídico penal que rige el desempeño institucional”. Lo anterior, a partir de que el ex candidato presidencial presentó la denuncia, en compañía del senador Ricardo Monreal; en el mismo acto la ratificó.
Antes de acudir a la instancia federal, donde fue recibido por el subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, López Obrador presentó –en conferencia de prensa– una serie de documentos para acreditar que la tragedia pudo evitarse, y dejó en claro que no cejará en su demanda de que se finquen los castigos que correspondan y se repare el daño causado.
El “presidente legítimo” acusó al Ejecutivo federal de incidir en un “manejo irresponsable de la operación del Sistema Hidroeléctrico del Grijalva, en particular de la presa Peñitas”, con el afán de favorecer la participación del sector privado en la prestación de este servicio público, gracias a la aprobación de reformas y adiciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, desde 1992.
Hizo un recuento de la operación del embalse durante octubre pasado, para asentar que realizaron turbinaciones bajas, del 23 al 29 de ese mes, sin tomar en cuenta advertencias climáticas, que incluían lluvias intensas, “las mayores que registra su escala” para los días 28, 29 y 30.
Eso “trajo como consecuencia el incremento del agua en Peñitas al nivel crítico de 90.06 metros sobre el nivel del mar, ante lo cual abrieron las compuertas a partir del 29 de octubre, a las 8:45 horas, y durante tres días consecutivos, dejando caer sobre la planicie 2 mil metros cúbicos por segundo (2 millones de litros del líquido por segundo), provocando el desastre que padece la población de Tabasco”.
Así, enfatizó que “la tragedia pudo evitarse y es consecuencia de una política privatizadora que ignora la seguridad de la gente y el interés nacional”. Además, el Ejecutivo federal “tuvo la información y los instrumentos necesarios para evitarla”, pero no hizo nada al respecto.
López Obrador aseguró que Calderón “se sigue comportando, como hizo cuando fungió como secretario de Energía, en el sexenio foxista, como un empleadillo de empresas extranjeras depredadoras”. Y aunque dijo estar seguro de cuál será el resultado que asuma la PGR, confió en que “desaparezca la impunidad”.
Aclaró que acudió a esa dependencia con el fin de cumplir el procedimiento que rige para poder presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos, una vez que se agoten las instancias nacionales, sin que ello contradiga su determinación para “mandar al diablo” las instituciones.
“Claro que sigo sosteniendo, para que no quede la menor duda, que la mayoría de las instituciones en México están al servicio de una mafia. Y agregaría que la llamada sociedad política está podrida, y que sólo el pueblo puede salvar al pueblo”.
Sostuvo que le tiene sin cuidado que se diga que politizó el asunto, porque es parte de las acusaciones y calumnias de que ha sido objeto. “Me han extendido como 10 cartas de defunción política”, pero no por ello dejaré de cumplir el compromiso que tengo de defender al pueblo y el patrimonio nacional, sobre todo cuando quieren “tragarse el país, porque no tienen llenadera”, y por eso buscan las privatizaciones.
“La CFE compra a las empresas extranjeras, que cuentan con 22 por ciento de la capacidad instalada, 31 por ciento de la electricidad que se distribuye en el país, como resultado de los contratos de generación de energía eléctrica y compraventa de energía asociada”.

Intereses del rescate bancario duplican recursos para Pemex
Se sigue gastando 0.3% del PIB en las instituciones privadas, que recibirán 17% más que la CFE para inversión directa. La petrolera estará limitada en nuevos proyectos de infraestructura.
El costo de la deuda y otros pasivos del sector público llegarán a $265 mil 86 millones
Roberto González Amador

Intactos en toda la negociación del presupuesto federal, los recursos que serán destinados en 2008 a cubrir el costo de los intereses del rescate bancario establecido por el gobierno federal hace una década llegarán a 29 mil 989.7 millones de pesos, cantidad que en la práctica duplica el monto que será asignado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar nuevas inversiones en proyectos de infraestructura de largo plazo.
El documento final del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, aprobado al comenzar esta semana por la Cámara de Diputados, refleja que la partida destinada a seguir pagando el costo del rescate bancario no fue objeto de ajuste, mientras hubo otros renglones en que se realizaron reducciones o ampliaciones.
Así, en 2008 los contribuyentes destinarán 29 mil 989.7 millones de pesos al pago de intereses del rescate bancario, cantidad que equivale a 0.3 por ciento del PIB, una proporción que se mantiene constante en comparación con la que se gastará en ese renglón en 2007.
En términos comparativos, el dinero público que será empleado para seguir financiando el costo del rescate bancario es superior en 105 por ciento a los recursos que por 14 mil 575.8 millones de pesos están considerados en el presupuesto como inversión directa de Pemex en proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
El costo del rescate bancario en 2008 también será superior en 17 por ciento a los recursos que serán empleados por la Comisión Federal de Electricidad, en el mismo periodo, como inversión directa en proyectos de infraestructura productiva.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2008, el costo de la deuda se mantiene como una carga relevante en el conjunto del gasto.
En 2008, el costo financiero de la deuda y otras erogaciones relacionadas con pasivos a cargo del sector público, según el documento citado, alcanzará 265 mil 86.6 millones de pesos.
Se trata de una cantidad que prácticamente duplica los 108 mil 179 millones de pesos que, en conjunto, serán destinados a todos los programas públicos destinados a atender a la población indígena (31 mil 24.7 millones de pesos); lo que gastarán todas las dependencias y entidades públicas en programas de ciencia y tecnología (39 mil 82.8 millones de pesos), y lo que será canalizado al programa de desarrollo humano Oportunidades, la principal estrategia gubernamental de combate a la pobreza, que dispondrá en 2008 de 38 mil 71.6 millones de pesos para financiar sus acciones de desarrollo social, educación y salud.
Falta de claridad en algunas partidas
En un reporte divulgado este miércoles, la secretaría de la hacienda pública del “gobierno legítimo” aseguró que los 152 mil millones de pesos que fueron reasignados en el gasto público durante el proceso de negociación del presupuesto federal de 2008, sólo representan 7 por ciento del gasto total de ese año, que será de 2 billones 569 mil 450 millones de pesos.
Aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantenía, al cierre del tercer trimestre de este año, último periodo para el que hay cifras oficiales publicadas, un superávit fiscal (más ingreso que gasto) por 138 mil millones de pesos, que representan alrededor de 90 por ciento de la “bolsa que se reasignó durante la aprobación del presupuesto”.
La secretaría de la hacienda pública aseguró que en el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados no se encuentran claramente explicados al menos 33 mil 963 millones de pesos. Esto, debido a que, afirmó, en el decreto de presupuesto se observa que dentro del ramo “Provisiones salariales y económicas” existe un aspecto denominado “Gastos asociados a ingresos petroleros” que ascienden a 33 mil 963 millones de pesos y no se explica en razón de que se dan esas erogaciones.
Sin embargo, se observa que en el proyecto original presentado a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre el mismo concepto consideraba gastos por 42 mil 136 millones de pesos y que estos fueron reducidos en 8 mil 173 millones de pesos durante la aprobación del presupuesto.
Añadió que a reducción en este aspecto es equivalente a los ingresos que se obtendrán por la aplicación del impuesto a la gasolina, por lo que estos “Gastos asociados a ingresos petroleros” podrían reflejar el costo anual de las gasolinas que el país tiene que importar por no tener la infraestructura para producirlas.