Aprueba CND movilización permanente contra la privatización de energéticos
Diputado prevé que en 2014 extranjeros dominarán 60% de la generación eléctrica. Exige poner fin a los “inconstitucionales” contratos de servicios múltiples en Pemex
La convención demanda a Calderón que no promulgue el decreto del gasolinazo
Reprocha a Zeferino Torreblanca la represión contra los normalistas de Ayotzinapa
Alma E. Muñoz y Enrique Méndez
La Convención Nacional Democrática (CND) aprobó ayer a una jornada permanente de movilizaciones contra la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la industria eléctrica, así como convocar a una nueva asamblea el 18 de marzo próximo, donde se presente un informe de una comisión del “gobierno legítimo” integrada para defender la soberanía energética del país.
En sendos pronunciamientos, leídos por la maestra Ifigenia Martínez y el diputado federal José Antonio Almazán, se acordó demandar la terminación de los contratos de servicios múltiples, que violan la Constitución, así como evitar que se acelere la privatización que, a través de la ley secundaria, se ha iniciado de la industria eléctrica. Para 2014, resaltó Almazán, se calcula que el capital privado controlará 60 por ciento de la capacidad de generación nacional.
Aumento salarial de emergencia
Durante la tercera asamblea de la CND, se votó asimismo un acuerdo presentado por Reyna Martínez, ama de casa de Tlalpan, para demandar un aumento salarial de emergencia de 35 por ciento, debido al incremento generalizado de los productos de la canasta básica; además, demandar al gobierno de Felipe Calderón que no promulgue el decreto de aumento al precio de la gasolina y el diesel.
Se aprobó la propuesta de la senadora Rosario Ibarra de Piedra para exigir la libertad de los “presos políticos”, práctica que, aseguró, se reforzó en el sexenio de Vicente Fox y continúa en el de Felipe Calderón.
“Regresa como amenaza incontenible la desaparición forzada de personas. No logramos recuperar 557 y en el gobierno de ese señor de ideas cortas y piernas largas (Vicente Fox) hubo 65 desaparecidos. Y en el del usurpador, del espurio, ya van varios. Podemos citar a los compañeros del EPR y a Francisco Paredes Ruiz”, expresó.
A iniciativa de la senadora perredista, la CND se sumó al Frente Nacional Contra la Represión. “No se trata –expresó ante los miles de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, concentrados en el Zócalo– de hablar de sus presos políticos y nuestros presos. Son los presos de todos”.
Reprochó al gobierno de Guerrero, a cargo de Zeferino Torreblanca, la represión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. “Estamos muy molestos. Los compañeros fueron golpeados sin compasión. No quieren abrir las puertas para un diálogo y pido a esta convención exija esa negociación al gobierno de Guerrero, porque lo que hace mal un gobierno, no importa de qué tinte político sea. Hay que decírselo por su bien y el de México”, afirmó.
Por su parte, Ifigenia Martínez censuró que desde 1982 (cuando comenzó el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado) la renta petrolera ha sido utilizada por los gobiernos federales para pagar el servicio de la deuda, el rescate bancario “y otros lastres del neoliberalismo”, y en cambio se incrementó el endeudamiento de Pemex mediante el esquema de los Proyectos Diferidos en el Financiamiento del Gasto (Pidiregas) y los contratos de servicios múltiples.
Han dilapidado, denunció, los recursos obtenidos por los altos precios internacionales del petróleo, en beneficio de los funcionarios públicos de alto nivel. “El alegato de insuficiencia de recursos fiscales se desploma ante la evidencia de ese despilfarro y ante el hecho de que los ingresos de Pemex, que exceden por mucho sus gastos de operación, provienen no sólo de la exportación, sino de sus ventas internas. Es decir, los mexicanos, todos, financiamos el despilfarro y la desnacionalización de un recurso no renovable”, resaltó.
Ante ello planteó asegurar el rescate de Pemex y propuso tres resolutivos, que fueron apoyados por la CND: terminar los contratos de servicios múltiples, que significan la intromisión de intereses extranjeros en el patrimonio nacional; exigir la protección de los técnicos y trabajadores mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo, y convocar a una jornada permanente de movilizaciones contra la privatización de la petrolera.
También José Antonio Almazán presentó una radiografía para explicar cómo los sucesivos gobiernos federales han permitido la intervención de empresas trasnacionales en la generación de energía eléctrica. “Ha sido de tal grado el despropósito privatizador que el margen de reserva de generación es de 50 por ciento, lo cual ha llevado al cierre anticipado de plantas de la Comisión Federal de Electricidad aun cuando todavía tienen vida útil, para garantizar la compra de energía a las empresas privadas”, expuso.
Informó que a la par de la movilización, el Sindicato Mexicano de Electricistas emprenderá acciones jurídicas y constitucionales para frenar la privatización. “¡No pasarán! El pueblo de México se levantará y llenará las plazas para defender nuestros recursos estratégicos”, exclamó.
Asimismo, la senadora Rosalinda López Hernández leyó el acuerdo por el cual la CND se solidarizó con los habitantes de Tabasco y Chiapas, afectados por las lluvias e inundaciones; expresó un reconocimiento por el apoyo incondicional de la sociedad mexicana, y exigió “una profunda investigación para conocer las verdaderas causas de la tragedia”.
Carlos Fazio
El Plan México
La información sobre el Plan México comienza a fluir a cuentagotas; pero es más lo que se ignora que lo que se sabe, y existen aún muchas contradicciones. En principio, la iniciativa de la administración de Bush implica un paquete de asistencia de seguridad por un monto de mil 400 millones de dólares para el periodo 2008-2010. Los primeros 500 millones se destinarían al ejercicio fiscal 2008. De ese monto, las fuerzas armadas mexicanas recibirían 61 por ciento: 205.5 millones la Defensa Nacional (41.10 por ciento) y 100 millones la Marina (20 por ciento). La Procuraduría General de la República recibiría 72.45 millones (14 por ciento) y la Secretaría de Seguridad Pública 39.45 millones (7.8 por ciento). El resto se destinaría a Aduanas, Migración, Cisen y otras dependencias.
Aparte de ese monto –que está a debate para su aprobación en el Congreso de Estados Unidos–, existirían otras partidas por un total de 132.55 millones de dólares, fuera del control de los legisladores estadunidenses. Es decir, la “ayuda” prevista para el primer año de operación del Plan México sería por 632.55 millones de dólares. Y dado que los destinatarios principales de los recursos serán el Ejército y la Marina, queda claro el componente militar de la “asistencia”. Con un agregado: la misma está contemplada en el capítulo “Antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad fronteriza”. Ergo, se trata de ayuda militar en el contexto de la guerra antiterrorista de la administración de Bush.
Lo anterior viene a confirmar la idea de que la Iniciativa Mérida, rebautizada así por razones políticas, es el aterrizaje del componente militar de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), en la porción EU-México. Huelga decir que los recursos ya están “etiquetados” y no saldrán de Estados Unidos porque México deberá destinarlo a la compra de aviones, helicópteros de combate, barcos, equipo bélico, radares, software y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de telecomunicaciones (espionaje), así como para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías. Igual que ocurre con el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida será un negocio millonario en dólares para compañías militares y de inteligencia estadunidenses, y ofrecerá contratos de mantenimiento, entrenamiento y servicios relacionados a grandes corporaciones del complejo militar industrial.
Pero no se trata de un “simple” acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo. Implica, también, la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia. A cambio de dinero, Estados Unidos se arroga el derecho de decidir cuáles reformas deben ser incorporadas a las leyes y códigos mexicanos. Además, comprende reforzar la administración de las prisiones, así como compartir información de inteligencia y migratoria en “tiempo real” (estándares de vigilancia y sistemas compartidos de entrada y salida; estándares biométricos equivalentes, así como pasaportes, visas, tarjetas de residencia permanentes, credenciales de transporte y otros documentos fronterizos). Y tal vez lo más grave: la “ayuda” abarca la reorganización de los cuerpos de inteligencia del Ejército, la Marina y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Estados Unidos. Es decir, la inteligencia de México quedará al servicio de los requerimientos de seguridad de Washington.
México ha sido integrado de facto al “perímetro de seguridad” de EU y su territorio quedó incluido en la zona bajo control del Comando Norte del Pentágono. La Iniciativa Mérida se inscribe en el marco de la ASPAN (el TLC militarizado), cuyo objetivo principal es la lucha contra el terrorismo. En ese contexto, un punto oscuro de la relación bilateral tiene que ver con el tema “Transporte aéreo en América del Norte: Expandiendo nuestros horizontes”, contenido en el II Reporte a los Mandatarios (ASPAN, agosto de 2006). Según ese documento oficial, desde 2005 existen cinco “estaciones WAAS” en Canadá y México, y otras cuatro adicionales estaban previstas para 2006. Se supone que son estaciones terrenas de monitoreo del espacio aéreo que cuenta con tecnología sofisticada. Pero, ¿quién las controla? ¿Teléfonos de México, la Defensa Nacional, el Pentágono? Otro punto no aclarado suficientemente tiene que ver con la virtual equiparación –según la óptica estadunidense aceptada por México– de los términos terroristas, narcotraficantes e inmigrantes indocumentados.
Lo que parece quedar claro es que mediante la desnacionalización del sistema de seguridad interna, México se convertirá en “maquilador” de seguridad de Estados Unidos. Lo que conlleva, para el régimen de Felipe Calderón, una criminalización de sus propios connacionales, ya que parte de los recursos y de las nuevas tecnologías y leyes se voltearán contra el flujo migratorio de los mexicanos que expulsa el actual sistema de dominación clasista, y que quieran ingresar sin papeles a la meca del capitalismo.
En ese contexto, la principal amenaza para México es que el gobierno de Estados Unidos será codiseñador de la estrategia de “seguridad nacional”, lo que más allá de juegos semánticos significa una cesión de soberanía. De allí la insistencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, de que la Iniciativa Mérida “no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional” ni es un tratado que “deba ser sometido a aprobación del Senado (mexicano) o un acuerdo interinstitucional como lo define la Ley de Celebración de Tratados”.
Es decir, una iniciativa que fue definida por el embajador estadunidense Antonio Garza como el “proyecto más agresivo” jamás impulsado por la Casa Blanca en el Hemisferio Occidental, carece en México de control legislativo. En buen romance, se quiere pasar de contrabando el Plan México, sin que quede sujeto a supervisión alguna.
Mercedes Oliveros Suárez *
La perversa realidad del Plan Colombia
Ante la imposición del intervencionista Plan México o Iniciativa Mérida es insoslayable un repaso de las consecuencias del también intervencionista Plan Colombia.
El objetivo anunciado en la versión en inglés del Plan Colombia (1999) era “reducir en seis años en 50 por ciento el cultivo, procesamiento y distribución de drogas”, pero los resultados son un rotundo fracaso: la producción de cocaína sólo disminuyó 11.6 por ciento y tiende a aumentar, según cifras del Proyecto Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (integrado por el Departamento de Estado, la ONU y la Dirección de Estupefacientes). La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) denunció un efecto de “gran expansión“ (ballon effect) por la siembra de coca en nuevas áreas del territorio colombiano, al igual que en Bolivia y Perú. Más aún: la recomposición de las mafias ha generado 22 cárteles nuevos.
A escala internacional se desconoce la perversa realidad del Plan Colombia y su complemento, el Plan Patriota, que se ha traducido, en primer lugar, en el salvaje proceso de apropiación de amplias zonas de cultivo y recursos estratégicos, como petróleo, agua y diversos minerales. En segundo lugar, busca derrotar a las organizaciones populares, a la oposición política y a la insurgencia, representada por los grupos guerrilleros (FARC y ELN), sin importar los costos mortales que ha sufrido la población civil, indiscriminadamente catalogada como “terrorista”.
El eje central del plan ha sido su estrategia político-militar, con la restructuración y modernización de las fuerzas armadas del gobierno colombiano y el fortalecimiento e institucionalización del paramilitarismo, lo cual se ha logrado mediante:
–La inyección de 4 mil millones de dólares, entre 2000 y 2006, para asistencia militar.
–Entrenamiento a fuerzas del ejército a cargo de asesores y boinas verdes. Colombia es el segundo receptor de entrenamiento después de Irak. Los militares capacitados asesoran a gobiernos afines en la región y actúan en países vecinos, como Venezuela (86 paramilitares colombianos –reservistas del ejército– fueron detenidos por organizar un complot contra el presidente Hugo Chávez, en mayo de 2007).
–La realización de operativos conjuntos, con la incursión de mercenarios estadunidenses. Empresas como Dyn Corp (para fumigaciones con sustancias químicas nocivas), MPRI, Northgroup Grumman (para la instalación de radares) y AirScan (para servicios de vigilancia aérea) actúan libremente en Colombia, sin ningún control y evadiendo las normas internacionales en conflictos armados.
En Colombia existen hoy siete bases militares estadunidenses ubicadas en puntos estratégicos para el control de los recursos naturales y en la lucha contrainsurgente: Arauca, Tres Esquinas, Larandia, Marandúa, Bahía Málaga y Puerto Legízamo. Además, se han establecido siete radares en Turbo-Antioquia, San José Guaviare, Marandua, en Guainía; Tres Esquinas, en Caquetá; Chocó (litoral del Pacífico), y en la zona fronteriza con Venezuela.
–El fortalecimiento y la institucionalización de los paramilitares, brazo civil armado del grupo en el poder. Agrupados en las tenebrosas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tienen control de 35 por ciento del Congreso. Han ampliado su poder económico y mafioso al apropiarse de la mayoría de las tierras de los desplazados, y al establecer alianzas con narcotraficantes. Jugaron un papel fundamental en la relección de Uribe. Algunos grupos de paras, como las llamadas Águilas Negras, siguen activos militarmente, asesinando a líderes populares y a defensores de derechos humanos. Entre agosto de 2002 y diciembre de 2004, se registraron 6 mil 332 detenciones arbitrarias, 3 mil 127 ejecuciones extrajudiciales, 337 desapariciones forzosas (banco de datos CINEP).
–La incorporación de la población civil al conflicto, mediante redes de informantes o colaboradores con la fuerza pública, que ante la pobreza extrema de la población ha roto nexos de vecindad y hasta familiares.
Al proclamar el combate al narcoterrorismo como eje de su estrategia para América Latina, Estados Unidos utiliza el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida como herramientas de intervención y de posicionamiento en la región.
Una lucha frontal y real contra el narcotráfico implica impulsar cultivos alternativos y subsidios al campesinado. La realidad oculta es que mientras las compañías químicas estadunidenses y europeas sigan percibiendo ganancias por los precursores químicos de las drogas, mientras los grandes bancos centrales se beneficien con el lavado de dinero y mientras no se toque la poderosa estructura de comercialización de la droga en Estados Unidos, todos los planes antidrogas serán una farsa, una burla a los países que seguimos poniendo los muertos.