Horacio Sosa, libre por desvanecimiento de pruebas
pedro matías
Oaxaca, Oax., 19 de noviembre (apro).- A casi un año de su detención, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Horacio Sosa Villavicencio, fue liberado esta tarde por desvanecimiento de pruebas.

El hermano del líder visible de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, abandonó el penal de Cuicatlán, alrededor de las 18:30 horas, luego de recibir la notificación formal por parte de la secretaria judicial encargada del Juzgado de Ocotlán de Morelos, Maricruz Pérez.

Gilberto Jiménez, abogado de los hermanos Sosa, afirmó que debido a que las pruebas que presentó el gobierno estatal no estaban fundamentadas promovió un incidente de desvanecimiento de datos, razón por la que esta tarde quedó en libertad el consejero de la APPO.

Horacio Sosa fue detenido por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), el 4 de diciembre de 2006, junto con su hermano Flavio y los integrantes de la comisión política de la APPO, Ignacio García y Marcelino Coache Verano, al término de la conferencia que ofrecieron esa tarde en el Centro de Comunicación Social Cencos), en el Distrito Federal.

Los detenidos fueron acusados de los delitos de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia. Flavio y Horacio Sosa fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

Debido a que magistrados federales de Circuito en Toluca, Estado de México, concedieron dos amparos a Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, los integrantes de la APPO sólo enfrentaban cuatro de los seis cargos penales que les fincó originalmente la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.

Después de ocho meses en el penal de máxima seguridad, el 16 de agosto, los hermanos Sosa fueron trasladados al reclusorio estatal de Cuicatlán.

Oaxaca y los derechos humanos
Luis Hernández Navarro
Evencio Martínez es un funcionario público muy peculiar. Nacido en Silacayoapam, distrito de la Mixteca, presume de ser gran conocedor de los derechos humanos. Sin embargo, el procurador de Justicia de Oaxaca, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ex director jurídico y de Gobierno y ex subsecretario de Gobierno, no tiene en muy alta estima a quienes los defienden. Según él, “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tienen moral y no tienen ética. No son imparciales”.
Igual convicción tiene su subalterna Rosario Villalobos Rueda, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. De acuerdo con ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no merecen mucho crédito, porque “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Quizás por eso la funcionaria defendió semanas atrás a la directora del Instituto San Felipe, acusada por los padres de un niño de prescolar, presuntamente violado en la institución escolar, de proteger a los pederastas.
Por supuesto, este desprecio de las autoridades oaxaqueñas por los derechos humanos y sus defensores no es exclusivo de quienes están encargados por ley de su defensa. Más bien, es una “cualidad” compartida por el conjunto de la administración pública, comenzando por el jefe del ejecutivo estatal.
A la llegada de Ulises Ruiz al gobierno de Oaxaca, los organismos civiles denunciaron que Jaime Mario Pérez Jiménez, anterior ombudsman, estaba identificado plenamente con el gobernador, de quien fue asesor jurídico cuando éste andaba en campaña electoral. Con su nombramiento, el gobierno del estado violó una serie de convenios y tratados internacionales y pasó por alto acuerdos internos en materia de organismos públicos defensores de derechos humanos. Su función quedó subordinada a los intereses del gobierno en turno.
No puede extrañar entonces la gran cantidad de informes que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han documentando sobre la gravedad de la situación en la entidad.
En la audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, realizada el pasado 14 de noviembre, cuatro amigos de Brad Will (el documentalista asesinado hace un año en la tierra de Benito Juárez) interrumpieron la sesión para denunciar los abusos perpetrados en Oaxaca contra los luchadores sociales. Varios congresistas retomaron el asunto durante la sesión.
Entre los reportes elaborados a escala internacional destacan el producido por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) luego de su quinta visita, del 16 de diciembre de 2006 al 20 de enero 2007. También el redactado por Amnistía Internacional, que luego de una larga investigación culminó con una misión entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Asimismo, dos informes del Servicio Internacional de Paz, Oaxaca.
La situación es tan grave que la CIDH le ha dedicado tres audiencias especiales, más una visita de su presidente en el mes de agosto de 2007. Según este organismo, “la situación por la que atraviesa el estado de Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, que se manifiestan, especialmente, en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial”.
El último capítulo de esta observación internacional de los derechos humanos en Oaxaca fue protagonizado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Obra Diacónica Alemana (ODA).
La CIJ es una organización no gubernamental internacional con sede en Ginebra. Fue creada en 1952. Se dedica a promover la comprensión y observancia del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. La integran 48 eminentes juristas de diferentes sistemas jurídicos en el mundo. Tiene estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización de la Unidad Africana.
La ODA fue fundada en 1849 como misión interna de la Iglesia protestante. Su departamento de derechos humanos busca asistir a las víctimas de violaciones de estos derechos. Goza de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU.
La Misión de la CIJ/ODA presentó las conclusiones de su trabajo de investigación la semana pasada en Oaxaca y la ciudad de México. Su informe advierte haber encontrado un verdadero clima de terror en la población. “Los abogados de derechos humanos –dice– insistieron en que no hay un mayor registro de violaciones a estos derechos porque la gente tiene miedo, más en las afueras que en el centro de la ciudad capital.”
Dos derechos, entre otros, fueron objeto de preocupación especial de la Misión por su incidencia en la negación de los demás: los derechos humanos a la justicia y a la seguridad. De acuerdo con su informe, “la violación del derecho a la justicia se ha traducido en la impunidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad física y síquica, de la libertad de expresión y opinión; de reunión y de asociación, tanto por no garantizar su legítimo ejercicio, como por no sancionar sus trasgresiones, y la violación del derecho humano a la seguridad ha provocado una situación de precariedad derivada de atentados, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza que deslegitima al poder público encargado de reconocerlo”.
El gobierno de Ulises Ruiz ha justificado su comportamiento esgrimiendo su obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos de su entidad. Sin embargo, de acuerdo con la Misión, “hoy éstos viven con más inseguridad que en otros periodos de su historia, y ello se debe a un enfoque autoritario de seguridad, que no asume los dramas de una parte muy grande de la población del Estado”.
En Oaxaca, pues, no se respetan los derechos humanos. Pero esto no parece preocupar mucho a los poderes de la Unión y a buena parte de los medios de comunicación, que se alarman con las protestas ciudadanas contra el autoritarismo, pero guardan silencio frente a los abusos del sátrapa local.

Convoca Convergencia a cruzada estatal para certificar obra pública

CÉSAR MORALES NIÑO

El Partido Convergencia (PC) convocará a una cruzada estatal ciudadana para realizar la certificación física de la obra pública y acciones que se reportan en el Tercer Informe de Gobierno, debido a que a la mitad de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz apenas hay un avance del 22 por ciento del Plan Estatal de Desarrollo Sustentable (PEDS) 2004-2010, informó el coordinador de la fracción de ese partido en la LX Legislatura Local, Benjamín Robles Montoya.

Expuso que el documento que les envió el gobernador con el secretario general de gobierno, Manuel García Corpus, llamado Informe de Gobierno -en el que da cuenta del estado que guardó la administración pública en el último año, para que el Congreso del Estado lo revisará y analizará- los diputados convergentes han encontrado una serie de inconsistencias.

Mencionó que el primer ejercicio que realizó ese instituto político fue un balance respecto de las metas y objetivos fijados en el PEDS y las cifras que reporta el Poder Ejecutivo en el tercer año de gobierno, lo cual indica que el gobierno de Ulises Ruiz, a la mitad de su administración, rebasa apenas la quinta parte de lo que se propuso realizar en seis años, cuando tendría que acercarse por lo menos a la mitad de las metas fijadas.

Dijo que gran parte del problema del actual gobierno es que sus programas no están sustentados ni planeados dentro del Plan Estatal de Desarrollo, como sucede con las Unidades Médicas de Desarrollo, por lo que el Gobierno del Estado no cumple con los requisitos mínimos de la Ley Estatal y Nacional de Planeación.

Ya que, puntualizó Robles Montoya, lo único que ha hecho Ulises Ruiz con sus tres Informes de Gobierno es presentar una serie de cifras y números de obras y acciones que ha realizado pero no ha presentado al Poder Legislativo un informe de evaluación sobre el avance del Plan Estatal de Desarrollo.

Además reprochó que el gobernador ha utilizado los recursos públicos para sacar las elecciones federales de 2006 y las locales de 2007. "Ulises Ruiz quería ser gobernador para apoyar en la elección presidencial a su amigo Roberto Madrazo y no ser el mandatario de los oaxaqueños, pero como perdió le salió el tiro por la culata y ahora anda inventando que hacer con el gobierno y sólo lo utiliza para que el PRI gane elecciones", asentó.


Niegan comerciantes acuerdo para cerrar calles del centro

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

El dirigente de la organización Nueva Antequera, Francisco Javier Jiménez Jiménez, desmintió ayer que exista un acuerdo con las autoridades estatales y municipales para el cierre de calles en el Centro Histórico, por el denominado Corredor Sur.

Además, aseveró que la transformación del centro de la ciudad rompe con su calidad de Patrimonio Cultural de la Humanidad, "porque cada vez más se pierden los negocios tradicionales, para promover franquicias nacionales y extranjeras, que en nada favorecen el turismo y los oaxaqueños".

"Lo que hace el gobierno del estado y el gobierno municipal es muy claro, están trabajando a favor de los grandes cadenas comerciales y franquicias por dos rutas: primero, fomentando que los negocios tradicionales se salgan del centro de la ciudad y, por el otro, bloqueando el estacionamiento de vehículos aquí para que la gente compre en las tiendas departamentales de la periferia".

En entrevista, señaló que el presidente municipal interino, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, debe haber logrado el acuerdo sobre el cierre de calles con dos o tres representantes de organizaciones, "pero acuerdos con el grueso de los comerciantes, con el grueso de los locatarios no hay".

"Hemos estado en pláticas donde el señor no ha tenido acceso, a pesar de ser el presidente municipal no ha podido estar por su actitud arrogante y nada dada a la negociación; hemos querido platicar con él y la última vez que estuvo con nosotros se levantó de la mesa de negociaciones; hemos platicado con el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y habíamos avanzado poco a poco, desgraciadamente la actitud del presidente municipal interino y del gobierno del estado nos muestra que no les interesa tener ningún acuerdo".

Dijo que esta decisión de cerrar las calles a toda costa, "nos está llevando a un escenario donde de nueva cuenta vamos a tener que protestar".

"Ellos nos invitan a mesas de diálogo en las que estamos horas y horas para que al final ellos terminen haciendo lo que quieren y esto no es más que autoritarismo, no es más que falta de consenso entre los gobernados y su gobierno, lo que nos lleva a escenarios que no son nada deseables".

En lo personal, -agregó-, creo que todo lo que se discutió en las mesas de negociación era sólo medidas de distracción, nada más se quiere retardar el anuncio del cierre de calles y nosotros no estamos de acuerdo, les vamos a demostrar que no son unos cuantos los que están en desacuerdo sino somos la mayoría.

Jiménez Jiménez subrayó que en cuanto a las franquicias y tiendas departamentales la mayoría son de capitales foráneos, que no se quedan en Oaxaca, mientras los comercios establecidos desde hace tiempo en el centro de la capital en su mayoría se reinvierte aquí mismo.

"Es un plan muy perverso, están modificando los usos de suelo, están transformando los negocios del lugar, para permitir la llegada de nuevos inversionistas a quienes les venden los predios muy baratos, con todos los servicios, a fin de que se asienten en la zona".