OCDE: México se encuentra estancado en materia educativa desde hace 40 años
Es rebasado por otras naciones de AL; Estados Unidos cayó a la posición número 13.
Permanece en el lugar 29 en una lista de 30 países; Corea pasó del 27 al primero

Karina Avilés
En los pasados 40 años el desempeño educativo de México no ha cambiado de posición, al permanecer en el lugar 29 de 30 países. Pero no sólo se ha estancado, sino que también presenta mayores rezagos frente a otras naciones de Latinoamérica, como Chile, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Inclusive, la directora del organismo en México, Blanca Heredia, sostuvo que “haya habido o no políticas educativas, a lo que hay que atenerse es a los resultados”, que ciertamente son “deficientes”.
En una videoconferencia dictada desde París por Andreas Schleicher, jefe de la División de Indicadores y Análisis de la OCDE, y conducida en México por Blanca Heredia, la organización internacional afirmó que el bajo desempeño en el país no tiene que ver sólo con la cuestión socioeconómica, sino con otros factores que implican no únicamente hacer reformas curriculares y pretender cambiar de dirección continuamente.
Al hacer una exposición sobre los objetivos de la prueba PISA, cuyos resultados a escala mundial se darán a conocer el próximo 4 de diciembre, Andreas Schleicher presentó un análisis de la OCDE sobre el desempeño que han tenido los países a partir de los años 60, en los que México destaca por no haber mejorado ni una posición y seguir en el lugar 29. En la última posición está Turquía.
En cambio, Corea, que antaño se encontraba en un sitio cercano al de México, al ubicarse en la posición 27, ahora se encuentra en primer lugar. Estados Unidos, que ocupaba la posición número uno, ahora está en la 13.
En el nivel de educación superior, México ni siquiera logró mantener la posición 24, sino que incluso cayó a la 28. Estados Unidos pasó del primer sitio al sexto.
Aunque Chile no es miembro de la OCDE, se encuentra incluido en el estudio de dicha organización como nación asociada a la prueba PISA y destaca por tener mejores logros que México, tanto en nivel superior como en desempeño educativo general.
Schleicher indicó además que “la verdadera disparidad socioeconómica está dada a través del sistema educativo” en nuestro país. También insistió en que dar mayores recursos no solucionará el problema, ya que Estados Unidos invierte mucho y no tiene los mejores resultados, mientras los Países Bajos no gastan tanto y logran indicadores elevados.
Blanca Heredia subrayó que en materia educativa “no se trata de estar reinventando la rueda cada tres o seis años”, y que cada quien lo haga en “solitario” desde su oficina o cubículo.
En ese sentido, destacó que la pregunta es qué tanto esos cambios en los planes de estudio, realizados en las últimas décadas, se han traducido en mejores niveles de aprendizaje, pues existen otras áreas importantes para incrementar el desempeño, como el proceso de selección y formación continua del cuerpo docente, revisar la situación de los planes de estudio de las normales, la elección de directivos de los planteles y la realización de un catálogo con las mejores prácticas pedagógicas.
En referencia a las causas por las que México no se ha movido del lugar 29, expresó que no ha contribuido el hecho de que “no se cuente con un sistema de criterios respecto de qué se espera de los diferentes agentes que participan en el sistema”.
Sobre la responsabilidad del sindicato magisterial en el magro logro educativo, señaló: “hay tanta responsabilidad del lado de los actores que permitieron que esto ocurra como del actor en cuestión”.
En cuanto a la prueba PISA, que se aplica a los alumnos de 15 años, la OCDE aseveró que en México se aplicó a 33 mil 706 escolares de mil 140 escuelas, y los resultados se darán a conocer en un informe de 300 páginas en las que se evaluará el desempeño de nuestro país en el concierto mundial. Adelantó que PISA-2009 incluirá a los adolescentes que están fuera del sistema educativo, pues en países como el nuestro casi la mitad de la población en edad de ir a la escuela no acude.


Impulsa el PAN-Nuevo León “ley que atenta contra el Estado laico”
Otro objetivo del proyecto es evitar los matrimonios entre homosexuales, denuncian. Busca que instituto, encabezado por agrupaciones religiosas, dicte política familiar: ONG
Afirman legisladores del blanquiazul que la iniciativa podría ser aprobada en diciembre
David Carrizales (Corresponsal)
Monterrey, NL, 27 de noviembre. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León (mayoritaria) impulsa la ley de la familia, que según diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) “viola la Constitución de la República, es discriminatoria, retrógrada e invade atribuciones de diversos organismos”.
Las ONG opositoras al proyecto indicaron que, en aras de centralizar las acciones en favor de la familia mediante la creación del Instituto Estatal de Política Familiar, se pretende atentar contra el Estado laico, al incluir en el consejo directivo de éste a cuatro asociaciones religiosas.
El único objetivo de la propuesta, afirmó Mariaurora Mota, vocera de la asociación civil Género, Ética y Salud Sexual, es evitar los matrimonios entre homosexuales o sociedades de convivencia, que ya son permitidas en entidades como Coahuila y el Distrito Federal, “con lo que se estaría negando una realidad”.
Mariaurora Mota retó a los panistas a tratar de sacar adelante su ley. Con 22 diputados en el Congreso local, dijo, cuentan con la mitad más uno de los votos, y para aprobar el ordenamiento se requiere mayoría simple, porque no implica una reforma a la Constitución estatal. “Que lo hagan y se darán un quemón. Quedarán como los más retrógradas en todo el país”, afirmó.
La iniciativa fue presentada hace unos días ante el Congreso estatal y enviada a comisiones para su estudio y dictamen. Una fuente de la bancada panista estimó que ésta podría ser aprobada el mes próximo.
El proyecto es impulsado por la diputada Norma Yolanda Robles, ex alcaldesa de Bustamante, quien sucedió en el puesto a su esposo, Jorge Santos González, que en agosto de 2000, en una ceremonia que validó el entonces gobernador Fernando Canales, provocó un escándalo nacional cuando retiró de la Plaza de Armas del municipio un busto de Benito Juárez para colocar una estatua de San Miguel Arcángel.
En la exposición de motivos, los panistas argumentan: “la familia ha visto afectado su papel en las distintas funciones que tradicionalmente ha venido desempeñando, pretendiendo sustituírsele con otras formas de organización”.
Para revertir esa situación, dice, “se propone la transversalidad en las políticas en materia familiar, contemplando todos los campos de desarrollo: educación, trabajo, vivienda, servicios sociales, cultura, deporte y salud, mediante la incorporación del enfoque de familia en los planes y programas de gobierno”.
Asimismo, sostienen los panistas, al dar valor a la familia “como institución social básica transmisora de valores, se podrán afrontar de manera más eficaz los cambios sociales, laborales y demográficos, lo que sólo puede traducirse en la auténtica realización del bien común”.
Mariaurora Mota destacó que lo preocupante es que con la nueva ley se busca discriminar de manera legal a las minorías sexuales. Expuso que al establecerse que la familia es una “institución de carácter natural”, que está formada por padre, madre e hijos, cuando los hay, desconocen la realidad y dejan de lado otras formas de familia, y de paso demuestran su ignorancia, pues a lo largo del desarrollo de la humanidad, por ejemplo, hubo familias poligámicas”.
En un artículo de la propuesta se dice que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, considerando las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo. Además, que deben recibir del Estado y la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora.
“La educación sexual debe ser impartida bajo la atenta guía de los padres, tanto en el hogar como en la escuela, y debe formar e informar sobre el ejercicio responsable, sano y consciente de la sexualidad”, establece.
Entre otros puntos, se dice que “para respetar el derecho de niños, niñas y adolescentes a un proceso de maduración sicológica equilibrada, los municipios ejercerán una eficiente vigilancia y control de discotecas, bares y centros nocturnos”.


Rasura la Corte el dictamen final del caso Lydia Cacho
El abuso sexual podría constituir un problema de Estado, dice el ponente. Por 6 votos contra 4, eliminan ministros referencias a pederastia y pornografía infantil
Es un parche mal pegado: Aguirre Anguiano
El pleno sólo determinará si Mario Marín encabezó la confabulación
Silva Meza, Genaro Góngora y Gudiño Pelayo, en favor de declarar responsable al poblano
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó del dictamen final sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro lo relativo a abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no tiene que ver con la investigación acerca de la concertación de autoridades encabezada por el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, para violentar las garantías individuales de la periodista.
Por seis votos contra cuatro, ayer los ministros dejaron de lado la tesis del resolutivo elaborado por Juan N. Silva Meza acerca de que las acciones orquestadas por el gobernador poblano en agravio de Cacho Ribeiro se originaron a partir de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el cual la periodista denuncia la existencia de redes de pederastia, lo que motivó el enojo de Kamel Nacif, quien contó con el apoyo de Marín Torres para violentar los derechos de la escritora.
Con esta decisión, el pleno de la Corte se abocará exclusivamente a determinar si el mandatario poblano encabezó la confabulación de autoridades de Puebla y Quintana Roo en perjuicio de Lydia Cacho.
De acuerdo con fuentes consultadas, en la etapa final del debate hay paridad de fuerzas entre quienes apoyan el dictamen y los que avalan la inocencia de Marín. Se dice inclusive que el voto de la diferencia sería el del ministro presidente.
Por el momento hay tres votos abiertamente en favor de declarar responsable al gobernador poblano: los de Silva, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo; mientras Sergio Aguirre y Mariano Azuela han dejado constancia de su postura en contra.
En el segundo día de debate las posturas se dividieron. Sergio Salvador Aguirre Anguiano se destacó como escudero en la defensa de Marín Torres al descalificar en repetidas intervenciones todos y cada uno de los elementos del dictamen que afectaban al funcionario.
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls y Mariano Azuela consideraron que el tema de la explotación sexual infantil no está directamente vinculado con el dictamen.
Ni siquiera aceptaron la propuesta de José Ramón Cossío de que la Corte aprobara un exhorto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federal y estatales, para que en el ámbito de su competencia establecieran y rehabilitaran las instituciones de salud, de esparcimiento y ayuda física para menores víctimas de abuso.
Dijo que la investigación aporta documentación suficiente sobre el tema y que “ningún daño hace recordarnos, entre todas las instituciones públicas y privadas del país, lo grave que está siendo esta situación”; exhortemos, ya cada quien verá qué peso le da a nuestra exhortación, “esto no va en desdoro de la Corte, sino de quien no la obedece o quien no actúa ante un llamado…”.
Silva Meza planteó en su documento que la comisión a su cargo incluyó diligencias con menores víctimas de abuso sexual, quienes ofrecieron, en presencia de sus abogados, sicólogos y sus madres, testimonios que respaldan su indagatoria. “Esto revela un problema grave, cada una de estas informaciones está perfectamente relacionada, en tanto que éste era el problema, que de ser cierto podría constituir un problema de Estado.
“No se trata de que sean 5 mil (los abusos contra menores), uno es mucho, y nos cumple decirlo aquí, porque si tuvieran la oportunidad de oír las declaraciones de las menores, después de ver y oír eso: uno es mucho.”
Cuestionó que todo el trabajo de la comisión sobre la explotación sexual infantil quedara en la nada, y puntualizó: “(la decisión) la acataré, la que sea, la convicción está en el dictamen”.
En tanto, Góngora Pimentel hizo un infructuoso llamado a la mayoría para que entendiera que “no hay razones bastantes para que un juzgador se convierta en un autómata, obligado a seguir el camino indicado por las partes, cerrando los ojos a la realidad de las cosas, cuando esto afecta de modo directo el interés público”.
Aguirre Anguiano intentó demeritar la actuación de la comisión al señalar que los datos aportados sobre pederastia fueron obtenidos de Internet, y que la existencia de más de 9 mil demandas de abuso sexual contra menores no reflejaban un “problema de Estado”. Para mí, agregó, el dictamen sobre pederastia “es un parche mal pegado”.
Al final, sólo Olga Sánchez Cordero, Cossío y Góngora apoyaron que el tema de la pederastia formara parte del dictamen, votación que fue recibida con júbilo por la defensa legal de Marín: Fabián Aguinaco (hijo del ex presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco Alemán) y Alberto Zinser, quienes al igual que Lydia Cacho estuvieron presentes en la sesión.
Una vez votado este asunto, los ministros iniciaron la discusión sobre la validez de las pruebas que forman parte del proyecto: la conversación telefónica entre Marín y Kamel Nacif; la intervención de teléfonos de funcionarios poblanos ordenada por la comisión investigadora, y la validez del registro de llamadas entre la oficina de Marín y los funcionarios involucrados en la acción concertada, proporcionado por las compañías telefónicas.
Para no variar su postura, Aguirre Anguiano descalificó todas las pruebas.
En cuanto a la conversación entre Marín y Kamel Nacif publicada inicialmente en este diario, la importancia radica en que al haber sido obtenida de manera ilícita, no tendría valor probatorio, aunque el dictamen especifica que dicha plática fue considerada únicamente como “hipótesis a confirmar”; la intervención telefónica realmente no tiene relevancia porque no aportó ninguna prueba, y el registro de llamadas parece que no enfrentará mayor problema.


“Gravísimo y peligroso”, eliminar la pederastia del dictamen: Lydia Cacho
Es el principal fundamento de la indagatoria, afirma la periodista. La decisión de la SCJN favorece a Mario Marín Torres, sostiene

Imperdonable, que el ministro Salvador Aguirre Anguiano siga insistiendo en minimizar el asunto
Jesús Aranda
Al concluir la sesión del pleno de ayer, Lydia Cacho advirtió que es “gravísimo”y “peligroso” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera eliminar lo relativo a pederastia y explotación sexual infantil del dictamen que presentó el ministro Juan Silva Meza, en el que señala que el gobernador de Puebla, Mario Marín, encabezó la acción concertada para violar gravemente sus garantías individuales.
En entrevista, sostuvo que es lamentable que algunos ministros, como Sergio Salvador Aguirre Anguiano, no entendieran la gravedad del asunto. Destacó que si su caso llegó a la Corte es precisamente por denunciar la actitud de autoridades, como el gobernador de Puebla, que “solapan de manera directa o indirecta a las redes de pederastia que hay en el país”.
Comentó que la decisión favorece a Marín, porque le permite deslindarse del tema de la explotación infantil y la pederastia y que sólo sea juzgado por haber incurrido en un acto de corrupción, lo que es poco penado en el sistema nacional.
Llamó a los ministros a que lean “a conciencia” el fondo de la investigación de Silva Meza, ya que se les olvida que a petición de la Corte varias de las menores víctimas de Jean Succar Kuri y de esa red de pederastas hablaron con los ministros. Esto está en la investigación de la propia Corte y es peligroso que se omita ese dato.
Hay niñas que fueron ultrajadas desde los cuatro y los ocho años de edad que hablaron con los ministros, y me parece gravísimo que algunos minimicen el problema. “Es imperdonable que el ministro Aguirre insista en que la aportación que hizo la comisión investigadora sobre pederastia y pornografía infantil es menor, porque es el fundamento de la investigación y yo no habría sido torturada si los niños y las niñas no me hubieran tenido confianza para contarme sus historias y yo no hubiera hecho bien mi trabajo periodístico”.
Es peligroso que haya negociaciones políticas en la Corte. Yo llegué aquí porque Marín se prestó, voluntaria o involuntariamente, a proteger la red de pornografía y de peredastia de Kamel Nacif y de Succar Kuri; ésa es la razón por la que estamos en la Corte y si eso se elimina de la historia me parece gravísimo, aseveró.
Es importante entender, agregó, que a partir de las conversaciones con las menores la comisión preguntó a las procuradurías de Puebla, Quintana Roo y de otras entidades el número de abusos a menores, pero sobre todo el dictamen analiza los niveles de corrupción e impunidad en esas instancias. “Esto es de lo que habla Silva Meza y no se puede desestimar. Es fundamental para que este país se transforme en cuanto a la atención a víctimas menores de edad”.