Jueves, 29 de noviembre de 2007
El plan educativo calderonista seguir? las pol?ticas de gobiernos anteriores
Introducir de lleno a la iniciativa privada en acciones de ense?anza, entre los objetivos
Busca reorientar la formaci?n profesional y t?cnica hacia la demanda del mercado
Hay grandes rezagos que atender en t?rminos de ?equidad y calidad?: V?zquez Mota
Karina Avil?s
El Programa Nacional de Educaci?n 2007-2012 promete una ?transformaci?n del sistema educativo mexicano? ?una de sus ofertas es elevar la escolaridad promedio del mexicano de la secundaria inconclusa (8.4 a?os) al primer grado de bachillerato (9.7 a?os)?, basado en un enfoque que busca reorientar la formaci?n profesional y t?cnica hacia las demandas del mercado, introducir de lleno a la iniciativa privada en las acciones de ense?anza.
De esta manera, el plan llama a una ?urgente reforma?, pues aunque hace un reconocimiento impl?cito a los gobiernos anteriores que han construido el sistema educativo nacional (SEN), la secretaria de Educaci?n, Josefina V?zquez Mota, admite, en la presentaci?n del proyecto, que hay grandes rezagos que atender en t?rminos de ?equidad y calidad?.
Los tres ejes de dicha reforma plantean una continuidad y profundizaci?n de las pol?ticas emprendidas por los llamados gobiernos de la tecnocracia y son las siguientes: calidad con equidad; educaci?n para el desarrollo humano sustentable: productividad, competitividad y capacidades para la vida y el trabajo, as? como gobernabilidad y gesti?n democr?ticas.
Sin embargo, el proyecto calderonista da un lugar central a la ?sincron?a? que debe existir entre el sistema educativo y las ?necesidades productivas del pa?s?, bajo una visi?n en la que lo que define el progreso de las naciones es su ?competitividad? y su vinculaci?n con ?las tendencias de la econom?a y del comercio mundiales?. En raz?n de lo anterior, indica el programa, ?uno de los objetivos de la reforma en la educaci?n media superior y en la superior es ofrecer a sus egresados salidas hacia el mercado laboral, mediante una mayor vinculaci?n del sistema educativo con el aparato productivo?.

Solicita el gobierno de Chiapas investigar a fondo a la Opddic

Las pesquisas las deber?n realizar la PGR y la CNDH, demanda Sabines Guerrero
La organizaci?n es acusada de ser un grupo paramilitar pri?sta ligada a intereses trasnacionales
?ngeles Mariscal y Elio Henr?quez (Corresponsales)
Tuxtla Guti?rrez, Chis. 28 de noviembre. El gobierno de Chiapas solicit? la intervenci?n de la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) y de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigaci?n exhaustiva a la Organizaci?n para la Defensa de los Pueblos Ind?genas y Campesinos (Opddic) por la serie de denuncias p?blicas sobre sus actividades, qui?nes y c?mo los financian, cu?les son los intereses y cu?l es su raz?n en Chiapas, particularmente por las amenazas de muerte al Consejo Aut?nomo de San Andr?s y las agresiones en los municipios de Chil?n y Tumbal?.
Sobre el tema, el gobernador Juan Sabines Guerrero se?al? que ?es prioridad para este gobierno el respeto a los derechos humanos y el combate a todo tipo de injusticias, especialmente contra los que menos tienen?.
Apunt? que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que ?inicie las averiguaciones para los casos de Leonardo Navarro Jim?nez y Juan Navarro Jim?nez, que son los afectados en el caso de Chil?n; de igual forma, Manuel Jim?nez ?lvaro, Jer?nimo Morales ?lvaro, Manuel M?ndez Silvano, Manuel Hern?ndez y Miguel P?rez ?lvaro, agredidos en el municipio de Tumbal?, concluy?.
En un comunicado de prensa, el gobierno inform? que la decisi?n fue tomada a ra?z de las muchas denuncias contra la Opddic que se han publicado en los medios de comunicaci?n, especialmente ?con base en los trabajos de La Jornada?.
De acuerdo con la junta de buen gobierno (JBG) Coraz?n del Arcoiris de la Esperanza, las m?s recientes ?agresiones? de integrantes de la pri?sta Opddic en contra de bases de apoyo zapatistas ocurrieron el pasado s?bado 24 en el municipio aut?nomo Olga Isabel (oficialmente se llama Tumbal?).
Precis? que ese d?a a las 11 de la ma?ana ?un grupo de 80 personas, perteneciente a la Opddic, penetr? con lujo de violencia? en el poblado Bolon Ajaw con armas de fuego, machetes y palos; ?20 personas portaban pistolas calibres 22 y 38; seis m?s escopetas y el resto palos y machetes?, dijo.
Agreg? que al llegar al poblado ?encontraron a mujeres ni?os, ni?as y a un compa?ero promotor de salud, de nombre Manuel Hern?ndez?, a quien ?agarraron y a pesar de estar enfermo lo golpearon brutalmente a patadas y con palos en todo su cuerpo dej?ndolo inconsciente?.
Posteriormente ?le dijeron que (los zapatistas) abandonen ese lugar inmediatamente con su grupo, porque si no van a morir todos, y luego abandonaron el lugar?. El poblado de Bolon Ajaw comprende 339 hect?reas y se form? con tierra ?recuperada por bases de apoyo zapatistas en el a?o 2001. Actualmente lo habitan 41 familias que suman 200 personas, entre adultos y ni?os. Se ubica en el ejido Agua Azul, dentro del cual est?n las cascadas del mismo nombre, que explotan integrantes de esa agrupaci?n.
La Opddic, seg?n organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y bases de apoyo del EZLN, es un grupo paramilitar que desde el a?o 2000 se extendi? hasta ocupar el territorio donde antes operaban el Movimiento Ind?gena Revolucionario Antizapatista (MIRA), los Chinchulines y Paz y Justicia.
Actualmente la Opddic mantiene 68 juicios agrarios para despojar a comunidades zapatistas de sus territorios, tanto en la zona de Las Ca?adas como en los municipios de Chil?n, Tumbal?, Sital?, Tila, Sabanilla y Palenque.
El grupo fue creado por el ex diputado local y diputado federal suplente por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Chul?n Jim?nez, fundador tambi?n del grupo paramilitar denominado MIRA, y operador en la zona de Las Ca?adas de los desmantelamientos de los municipios aut?nomos zapatistas, ocurridos entre 1997 y 1998.
A ra?z del enfrentamiento por la disputa del poblado Viejo Velasco Su?rez, ocurrida en noviembre de 2006 en la zona de Las Ca?adas, la Opddic increment? sus acciones para despojar a decenas de comunidades zapatistas de sus territorios.
Seg?n document? el Centro de An?lisis Pol?tico e Investigaciones Sociales y Econ?micas AC, para llevar a cabo el despojo de los territorios zapatistas, la Opddic es apoyada por un notario p?blico, un actuario del Tribunal Unitario Agrario, y un servidor p?blico y l?der sindical de la Secretar?a de la Reforma Agraria, quienes tambi?n participaron en el desmantelamiento del municipio aut?nomo zapatista Tierra y Libertad, en abril de 1998.
En el contexto de estas acciones de despojo, en enero de este a?o la Opddic envi? una carta p?blica al subcomandante Marcos, en la que le exigen ordene a las bases de apoyo del grupo insurgente abandonen 43 hect?reas del ejido San Antonio El Porvenir, de Ocosingo.
En la carta el grupo paramilitar advierte que de no hacerlo ?personalmente nosotros lo haremos (despojar a los ind?genas) por la fuerza?.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom? de las Casas y la organizaci?n Maderas del Sureste acusan a la Opddic de ser utilizada para desocupar los territorios donde empresas trasnacionales tienen intereses.
Denuncian que la Opddic es un ?actor vinculado a la pol?tica y acci?n paramilitar ocurrida en Chiapas y en la Selva entre 1995-1999 ?mismos que no fueron castigados ni desarmados en el sexenio estatal y federal anterior? y actualmente se est?n posicionando geopol?ticamente alrededor de la selva Lacandona?.

El monopolio medi?tico vulnera la libre expresi?n, advierte la ONU al Senado
Recomienda garantizar ese derecho al efectuar la reforma a la ley de radio y tv
Subraya la importancia de que la legislaci?n garantice pluralidad en la informaci?n
Ser?a un fracaso impedir la concentraci?n de la propiedad en el sector, advierte Liliana Valina
V?ctor Ballinas y Andrea Becerril
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirti? a los senadores que elaboran la nueva legislaci?n federal de radio y televisi?n que el control de los medios de comunicaci?n en forma monop?lica u oligop?lica ?vulnera el derecho a la libertad de expresi?n?, porque afecta el requisito de la pluralidad en la informaci?n.
Al asistir al Senado, donde se llev? a a cabo una reuni?n con el grupo plural para la revisi?n de la legislaci?n en materia de radio, televisi?n y telecomunicaciones, Liliana Valina, representante adjunta en M?xico de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidi? a los senadores que as? como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN), analicen las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisi?n (LFRT) ?que promueven la concentraci?n de los medios de comunicaci?n?.
Valina, quien asisti? en representaci?n de Am?rigo Incalcaterra, titular de la OACNUDH en M?xico, dijo a los senadores: ?Ahora es el turno del Poder Legislativo, que tiene la posibilidad no s?lo de remediar aquellos conceptos que la Corte declar? inv?lidos de la LFRT, sino adem?s incorporar los compromisos que el Estado mexicano ha asumido internacionalmente en torno al derecho a la libertad de expresi?n?.
Subray? que el Estado no s?lo debe respetar la libertad de expresi?n, sino que tiene que garantizar que no se atente contra ese derecho y, al mismo tiempo, promover las acciones necesarias para que todas las personas puedan gozar y ejercer este derecho en igualdad de circunstancias.
El Estado, sostuvo Valina, debe abstenerse de cometer cualquier acto que pueda derivar en una violaci?n directa o indirecta a la libertad de expresi?n. Entre las primeras se encuentran la censura previa, la intimidaci?n o amenaza a los profesionales de la comunicaci?n, el secuestro o la prohibici?n de publicaciones, y en general todos aquellos procedimientos que condicionan la expresi?n o la difusi?n de informaci?n al control gubernamental.
Entre las violaciones indirectas est?n el fracasar en impedir la concentraci?n en la propiedad de los medios de comunicaci?n o no garantizar la participaci?n equitativa de todos los sectores de la poblaci?n en los medios de comunicaci?n.
Valina expuso ante los senadores del grupo plural que de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisi?n saltan a la vista dos temas estrechamente vinculados con el derecho a la libertad de expresi?n, que tambi?n fueron analizados por la SCJN: el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicaci?n sin ning?n tipo de restricci?n, y la pluralidad y libre competencia en ese sector.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opini?n consultiva n?mero 5, ha sostenido que ?la libertad de expresi?n requiere que los medios de comunicaci?n social est?n virtualmente abiertos a todos sin discriminaci?n, o, m?s exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, est?n excluidos del acceso a tales medios?, apunt? Valina.
En el caso concreto de las radios comunitarias, esta disposici?n ha constituido una restricci?n a su reconocimiento jur?dico como permisionarias, pues la naturaleza de su actividad de radiodifusi?n y sus objetivos no se ajustan de manera adecuada a los tipos de radiodifusi?n considerados en la LFRT.
Y abund?: ?Otro elemento que puede considerarse es el financiamiento de las radios comunitarias. Actualmente el art?culo 37 de la ley establece como causal de revocaci?n del permiso que los permisionarios transmitan anuncios comerciales?, y esa situaci?n implica que estos medios se vean en una situaci?n realmente muy compleja para poder sobrevivir.
Aunque se entiende que las radios comunitarias no son organismos con fines de lucro, eso no implica que no puedan tener alternativas para autofinanciar las actividades que realizan y sugiere el reto de replantear las categor?as, o bien las categor?as que hoy existen en d?a, las cuales hacen una separaci?n bipolar entre concesionarios y permisionarios, o bien buscar otras alternativas que recojan adecuadamente esta situaci?n, detall?.
Advirti? que ambas categor?as no necesariamente reflejan la especificidad de las radios comunitarias y las coloca ante retos y desaf?os que limitan su capacidad, autosuficiencia y permanencia en el espectro radioel?ctrico.
Exhort? a los senadores a que en lo relativo al tema de los derechos de las comunidades indias es importante que al legislar se tome en cuenta la Declaraci?n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind?genas, aprobada el 13 de septiembre pasado, que en su art?culo 16 establece el derecho de estos grupos a acceder a sus propios medios de comunicaci?n.
Tambi?n debe revisarse el Convenio 169 de la Organizaci?n Internacional del Trabajo, que en su art?culo 3 se?ala que los pueblos y comunidades ind?genas y tribales deber?n gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obst?culos ni discriminaci?n.
Al abordar el tema de la pluralidad y la libre competencia de los medios de comunicaci?n, Valina apunt? que uno de los requisitos fundamentales para la plena vigencia de la libertad de expresi?n es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la informaci?n y opiniones disponibles al p?blico.
La pluralidad en los medios de comunicaci?n permite a los ciudadanos confrontar distintos puntos de vista y contar con mayores elementos para formar su propio juicio sobre la realidad, concluy?.
Publicado por solaripa69 @ 9:53
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