Editorial “La Jornada”:
Infamia en la Corte
En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.
De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.
La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.
El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.
No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.
Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.
Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.

Salva la Corte a Mario Marín
jorge carrasco araizaga
* No hubo “violación grave” a las garantías de Lydia Cacho

* Censura Silva Meza la decisión

México, D.F., 29 de noviembre (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salvó del juicio político al gobernador de Puebla, Mario Marín, con una resolución que el ministro, Juan Silva Meza, criticó por dejar impune las violaciones a las garantías constitucionales cometidas por el mandatario estatal, en agravio de la periodista Lydia Cacho.

En una votación de seis a cuatro, el pleno de ministros resolvió que no hubo “violación grave” a las garantías de Cacho, por lo, argumentaron, que no se puede establecer que hubo concertación de autoridades para detener a la periodista, en represalia por la publicación de su libro Los demonios del edén.

Esa fue la opinión mayoritaria apoyada por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela, Sergio Valls Hernández y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del máximo tribunal.

Sostuvieron que lo que existió, en todo caso, fue una violación durante el proceso judicial para detener a Cacho en Cancún, Quintana Roo, y trasladarla a Puebla, en diciembre de 2005, según matizó Sánchez Cordero.

Para esa mayoría, la grabación entre Marín y Kamel Nacif en la que celebran la detención de Cacho, fue sólo “una hipótesis” de trabajo y no una prueba de que Marín haya utilizado a la procuraduría y al Poder Judicial de Puebla, para acelerar la denuncia por difamación presentada por el empresario contra la periodista.

Con esos argumentos, echaron abajo el proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Silva Meza, quien responsabilizaba directamente a Mario Marín de haber concertado, en colusión con otras autoridades, la detención de Cacho.

De igual forma, la resolución de la Corte eliminó por completo cualquier posibilidad de promover ante el Congreso el inicio del juicio político contra el “gober precioso”.

Silva Meza, quien estuvo a cargo de las dos comisiones especiales creadas por la Corte para investigar el caso y que implicaba a otros 29 funcionarios de los dos estados, únicamente logró el respaldo de los ministros José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo.

El voto de Sánchez Cordero hizo la diferencia. Declarada promotora de la defensa de los derechos de las mujeres, la ministra abrió la puerta de la exoneración a Marín cuando dijo:

“No se puede afirmar sin controversia alguna que tuvo la participación que se le imputa”, aunque admitió que en el traslado de Cancún a Puebla, Cacho sufrió tortura psicológica.

La declaración marcó el desenlace porque, hasta ese momento, era claro que los abiertos defensores de Marín eran Aguirre Anguiano, Azuela y Valls. Después se les sumaron Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia.

Sobre la llamada de Marín con Nacif, el presidente de la Corte dijo que, aún cuando se considerara probada, “no surte un ponerse de acuerdo del Ejecutivo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ni una orden a la procuraduría, para que actuando conjuntamente consumaran actos ilegales en contra de los derechos humanos de la periodista”.

Azuela dijo que el caso de Lydia Cacho no era “de gravedad especialísima” de garantías, según lo que prevé el artículo 97 de la Constitución, con base en el cual la Corte tomó el caso.

Con la votación perdida, Silva Meza manifestó su rechazo a la decisión de la mayoría: “Tengo la convicción de que en un estado democrático de Derecho no hay lugar para la impunidad”, subrayó.

De esa manera, la Corte puso fin a un caso que se inició con la detención de Cacho en 2005, y que llegó al máximo tribunal a petición del Congreso de la Unión, luego de que, en febrero de 2006, se conociera la grabación entre Marín y Nacif.

La Corte integró dos comisiones investigadoras presididas por Silva Meza, quien en todo momento buscó el juicio político contra Marín.

El martes pasado, la Corte ya había perfilado su resolución, al excluir de su fallo cualquier consideración relativa a pederastia y pornografía infantil, expuestas por Cacho en el libro que desató su persecución.


La decisión de la Corte, jurídicamente inaceptable, afirman constitucionalistas
El abogado de Lydia Cacho Ribeiro prevé que la procuraduría cerrará el caso. Facilitó a la PGR no ejercer acción penal contra cómplices de Marín: Xavier Olea

Alfredo Méndez
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió ayer la oportunidad de demostrar que en nuestro país no existe impunidad” y, por el contrario, “dejó en claro que el poderoso siempre tendrá la razón y pasará por encima de quien sea”, sostuvo Xavier Olea Peláez, abogado de Lydia Cacho Ribeiro.
En entrevista telefónica, el penalista aseguró, sin mencionar nombres, que hubo ministros que de último momento cedieron a “presiones políticas” y cambiaron el sentido de su voto.
El pasado martes, cuando inició la discusión del caso, las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos dejaron entrever que avalarían el dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, pero ayer cambiaron de parecer y votaron con el bloque que determinó absolver al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
Por otra parte, los constitucionalistas Raúl Carrancá y Rivas, Elisur Arteaga Nava y Clemente Valdés lamentaron la decisión de la Corte, que falló en favor del llamado góber precioso.
Entrevistados por separado, consideraron que los costos políticos para la Corte serán graves, porque afectarán su credibilidad. Además, sienta precedente de lo que podría ocurrir en el caso de la investigación que realiza una comisión de ministros en Oaxaca por presuntas violaciones a las garantías individuales que se imputan al gobernador Ulises Ruiz.
Carrancá refirió que estuvo pendiente de la sesión sobre el caso de Lydia Cacho, y por eso “sostengo que es una barbaridad el argumento de la Corte; es inaceptable jurídicamente que los ministros hayan dicho que no podían avalar como prueba una grabación (entre Marín y Kamel Nacif) porque es contraria a derecho; ¿entonces qué?, ¿lo que ahí se dijo no existió?
“El contenido de esa llamada representa hechos reales; la Corte no iba a procesar a nadie, sólo a señalar moralmente la gravedad de esos hechos. Sólo faltó que nos dijeran: ‘eso (la llamada) no lo oíste’. ¿Cómo que no lo oí? ‘Sí, no lo oíste porque fue grabado ilegalmente’. Y eso es una barbaridad. Admito que la grabación fue ilegal, pero lo oí, todos lo oímos, y ahí el derecho no puede contradecirse y resolver que no existió lo que sí aconteció. Con esto la Corte pierde credibilidad.”
Elisur Arteaga también consideró que la SCJN pagará un costo político muy alto, porque los ministros no dejaron satisfechas las expectativas que generaron cuando determinaron ejercer su facultad de atracción del caso Cacho-Marín.
“Una investigación de esta naturaleza tiene alcances limitados; aunque la Corte sí tenía posibilidades de hacer un pronunciamiento no vinculante (contra el gobernador de Puebla), por alguna extraña razón que desconozco no lo hizo.”
Clemente Valdés manifestó que “(la resolución) es lamentable y desde el punto de vista procesal es totalmente inadecuada; en el otro aspecto (constitucional), éste nos lleva a una situación diferente, porque lo que está en juego no es la defensa de las libertades fundamentales o garantías constitucionales de una persona profesional del periodismo; tampoco están en juego las arbitrariedades cometidas con ella (Lydia); lo que está en juego es si un gobernador que tiene el control de sus empleados estatales puede, de manera totalmente impune, hacer lo que quiera dentro de su territorio y puede pedirle a otro señor feudal que domina en otro estado del país que le empaque y le envíe a alguna persona para que él pueda hacer lo que quiera con ella”, indicó.
Para Xavier Olea, la resolución de la Corte abona el camino para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR), pueda justificar su intención de decretar el no ejercicio de la acción penal en favor de los funcionarios estatales y policías judiciales que tuvieron comunicación entre sí para coordinar la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2006.
Aseveró que la PGR terminará por enviar un desglose de los hechos a las procuradurías de Quintana Roo y de Puebla para que realicen sus propias pesquisas sobre la existencia de posibles delitos del fueron común cometidos contra Lydia Cacho, “y cuando esto ocurra, ni modo que se castiguen entre ellos; cerrarán el caso”, puntualizó.
Para Olea quedó claro que la Fevim, que encabeza Alicia Pérez Duarte, mantuvo congelada la averiguación previa que se inició a partir de la denuncia que presentó Cacho Ribeiro por presuntos actos de tortura sicológica en su contra durante el tiempo en que estuvo detenida en Cancún y trasladada a un penal de Puebla.
Olea Peláez recordó que la fiscal especial ya tenía en 2006 una conclusión previa, mediante la cual buscaba solicitar la aprehensión de los policías que capturaron a Lydia Cacho, pero el ex procurador general Daniel Cabeza de Vaca, primero, y después el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, le ordenaron no consignar el expediente hasta que la Corte se pronunciara sobre el caso.

Acudiré a las instancias internacionales: Cacho
La SCJN me arrebató el derecho a defenderme, señala
Investigará qué motivó a Mariano Azuela y Salvador Aguirre a impulsar ese resolutivo; bofetada al periodismo
Juan Carlos Partida (Corresponsal)
Guadalajara, Jal., 29 de noviembre. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no continuar la investigación por presuntas violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro obligará a la periodista a recurrir a instancias internacionales. En principio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a “dos organismos europeos importantes” que ya se habían acercado a ella, informó la autora de Los demonios del Edén.
Cacho Ribeiro afirmó que la Suprema Corte “me arrebató el derecho a defenderme” y, por tanto, quedó sin instancias legales a las cuales recurrir en México.
Adelantó que ahora investigará las motivaciones que tuvieron los ministros Mariano Azuela y Salvador Aguirre Anguiano para impulsar esa decisión, a quienes señaló como los que más pugnaron por absolver al gobernador Mario Marín Torres.
“La decisión de la SCJN fue una bofetada al periodismo; nos mandó el mensaje de que cuando un periodista se atreve a hacer una investigación contra el crimen organizado, entonces su vida está en peligro”, agregó Cacho en conferencia de prensa, después de la presentación de su obra Memorias de una infamia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).
Dijo que la resolución, además, sienta las bases de lo que puede esperarse de la Corte en cuanto al caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Recordó que la absolución de Marín Torres por violación grave de derechos humanos no fue unánime, y que el ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, dio el voto de calidad.
Comentó que el propio Ortiz Mayagoitia fue designado por el ex ministro presidente Mariano Azuela para investigar el caso desde que fue denunciado, y en su momento concluyó que esa denuncia no podía ser investigada, en primer lugar, porque Mario Marín es gobernador, y en segundo, porque las grabaciones de llamadas telefónicas son ilegales.
“Los que más defendieron al gobernador fueron Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, los ministros más religiosos (…) Yo prefiero investigar, vamos a investigar qué los movió, cuáles fueron sus hilos conductores”, anticipó.
Recordó que en el fondo del asunto subyace lo que de origen tendría que privilegiarse: los casos de abuso sexual y pederastia denunciados tanto en este nuevo libro como en el que lo antecedió. Se condolió de que a pesar del alud de pruebas presentadas, del evidente abuso que significó la intervención de Mario Marín –a instancias del empresario y presunto pederasta Kamel Nacif, lo que a su vez logró mover a 40 funcionarios públicos para llevarla a la cárcel, donde fue torturada–, no solamente la decisión haya sido la que se dio a conocer ayer, sino que se haya dejado de lado el tema central en la discusión en la Suprema Corte, porque “nadie señaló a Marín involucrado con la pederastia o la pornografía”.
“El rostro de la justicia en México para los niños víctimas de estas redes es el rostro de la impunidad en este momento”, asentó antes de reiterar que seguirá viviendo en México, que ella y sus familiares están bien cobijados, porque “por supuesto que han recibido amenazas” y teme por su vida, pero no piensa salir del país, ya que los que se deben ir son “los malos”.
Entre los presentes en el salón Juan Rulfo de la FIL, donde primero se presentó el libro y después se realizó la conferencia de prensa, estaban presentes activistas sociales y la ex comisionada para el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalupe Morfín. También acudió la actriz Ana Colchero, quien tomó la palabra y le dijo a Cacho que le dolía lo que estaba pasando y que creía “que hoy ha muerto la última posibilidad que daba el tribunal de justicia”.