Preocupa al Banco Mundial la polarización social en México
Ese problema frena el desarrollo económico y democrático del país, advierte
Convoca la institución a apoyar proyectos de contraloría social
Ofrece respaldo por 210 mil dólares para frenar los efectos de la división entre pobres y ricos, norte y sur en el país
Antonio Castellanos
El Banco Mundial (BM) consideró que la polarización social en México es preocupante, porque frena el desarrollo económico y democrático. Hay más de dos “Mexicos”: el de los pobres y el de los ricos; el del norte y el del sur, y es necesario atender esta situación de manera urgente, afirmó Roby Senderowitsch.
El especialista en desarrollo institucional de la organización habló en conferencia de prensa, para anunciar la primera convocatoria de apoyo a proyectos de contraloría social en la que el BM se compromete a dar una ayuda al país de 210 mil dólares para impulsar proyectos de fiscalidad ciudadana que frenen los efectos de esta división.
Advirtió que sin equidad social se compromete la economía mexicana, porque no existen garantías de que todos los segmentos de la población avancen con equidad. Esto ocurre cuando no hay competencia en los mercados, cuando prevalecen monopolios públicos o privados que no permiten la mejora de los servicios, especialmente en el caso de la educación.
En México, precisó, se puede decir que los recursos públicos se utilizan “mal y se utilizan bien”, por ello el proyecto de auditoría o fiscalidad ciudadana apunta a reducir la corrupción. Se buscará detectar casos de falta de transparencia, allí fortalecer la fiscalización de la ciudadanía sobre las operaciones gubernamentales.
En el documento Creando las bases para el crecimiento equitativo, el BM destaca que a pesar de que México evidencia progreso económico, “queda por resolver un rompecabezas”. Se sabe que es el sexto productor de petróleo en el mundo, es miembro fundador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene una geografía privilegiada, pero nadie se explica por qué a pesar de lo anterior no ha logrado acercarse en materia económica a sus socios comerciales.
Señala el documento que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza podrían ser mucho mayores, pero las reformas de política económica y social que contribuirían a mejorar la situación del país son obstaculizadas por grupos de interés que prefieren mantener el status quo.
México, agrega, se encuentra entre dos mundos. Por un lado, el nivel de vida, el capital físico y humano, y las instituciones son mucho mejores que los de países de ingreso bajo o medio bajo de América Latina. Por el otro se encuentra muy rezagado con respecto a los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues se observa una dicotomía adicional debido al alto grado de desigualdad entre personas y regiones.
En el análisis se hace notar que, junto a los avances en materia de estabilidad económica y ambiental, persiste una agenda de reformas cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad.
En la rueda de prensa también participaron y coincidieron con Senderowitsch, María Bertely, directora académica del Centro de Investigaciones, y Almudena Ocejo, coordinadora del Centro de Contraloría Social, quienes destacaron que el crecimiento de la economía mexicana no ha sido suficientemente alto para que los niveles de ingreso per cápita sean similares con los de sus socios del TLCAN.
México: Paraíso de los sátrapas
Álvaro delgado
México, D.F., 3 de diciembre (apro).- La sociedad de todo el país debe una disculpa a Mario Marín, gobernador constitucional del estado de Puebla, a quien la población que gobierna se la dio inobjetablemente apenas el 11 de noviembre con la aplastante victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones estatales.
La sociedad mexicana está obligada a ofrecer una disculpa, también, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por poner en entredicho su sano juicio y exigirle sólo sentencias populares.
En un país de leyes, donde prevalece el estado de derecho, nadie puede impunemente cuestionar a las instituciones, en este caso a un gobernador electo por su pueblo y al máximo tribunal constitucional, última instancia en la impartición de justicia.
Quienes, ruidosa y groseramente, rechazan la sentencia del máximo tribunal porque esperaban, hambrientos de sangre, una sanción contra el legítimo gobernador de Puebla por haber puesto en su lugar a la periodista Lydia Cacho, y sobre todo por exigir investigaciones sobre las redes de pornografía y abusos sexuales contra niños y niñas, deben acatar la decisión inatacable de los ministros o atenerse a las consecuencias.
Y éstas son, al menos, ser exhibidos como enemigos de la ley y de las instituciones que nos hemos dado todos con tanto sacrificio y ser tildados de “renegados” de la consolidación de la democracia, en la que nadie está por encima de la ley y se gobierna “para los que menos tienen”.
Quienes osan cuestionar, con falacias y con insolencias, el ánimo de justicia de la mayoría del pleno de la SCJN --porque hubo tres ministros que, populistas, trataron de tramar una conspiración contra Mario Plutarco Marín Torres--, deben cesar el encono que también mantienen contra otro mandatario, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Como el de Puebla, el legítimo gobernador de Oaxaca enfrenta la inquina de sectores resentidos vinculados con grupos terroristas como el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien ha recibido la asesoría criminal de Al Qaeda, y que han buscado desestabilizar a ese estado y también a todo el país, una empresa frustrada por la decidida acción de los gobiernos estatales y federal.
Es preciso anticiparles a los enemigos de la ley y las instituciones que, como en el caso de Puebla, no tendrán éxito, porque el pueblo y sus autoridades encabezadas por el ciudadano Felipe Calderón, dotado de una legitimidad que sólo ponen en entredicho los que exigen neciamente castigo al licenciado Marín, no permitirán que se frene el progreso de México.
¿No eran estos mismos los que, con ánimo de venganza, exigían castigo contra el licenciado Raúl Salinas de Gortari, a quien le fabricaron delitos de enriquecimiento ilícito, relación con el narcotráfico y hasta el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu? ¿No se comprobó su inocencia de todos los cargos, entre ellos que recibió dinero de narcotraficantes, porque ciudadanos de intachable solvencia moral le prestaron los millones de dólares que había depositado en Suiza, como Carlos Hank y Ricardo Salinas Pliego, este último dueño de las mueblerías Elektra y el que, en un impecable proceso de privatización, compró Televisión Azteca al gobierno de Carlos Salinas?
¿No son los mismos resentidos sociales los que exigieron el castigo de otro intachable gobernador, el guerrerense Rubén Figueroa Alcocer, acusado injustamente del asesinato de 17 pobretones campesinos, en junio de 1995, un hecho que ni siquiera probó el video truqueado que transmitió Ricardo Rocha? Sólo porque sabía que era inocente, el licenciado Figueroa --cuyo padre tuvo la gallardía de perseguir a gavilleros encabezados por Lucio Cabañas-- pidió licencia para no obstaculizar las investigaciones.
Sí, se trata de los mismos revoltosos y argüenderas que fastidian con que en Acteal, Chiapas, hubo un plan de Estado para cometer la matanza de 45 indígenas, cuando se trató sólo de pleito intercomunitario por un banco de arena; son los mismos que exigen castigo contra militares y civiles patriotas que impidieron la instauración del comunismo en México ciertamente con unos cuantos muertos en Tlatelolco, un sacrificio que valió la pena; son los mismos que siguen quejándose de que hubo y ahora hay otra vez una “guerra sucia”; son los mismos, en fin, que ponen en duda la palabra del “señor presidente” en la muerte --por gastritis-- de la indígena veracruzana Ernestina Ascensión y no por la violación sexual de soldados, los que quieren castigar a los culpables de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila.
Total, los que desafían el fallo de la SCJN son los inconformes de siempre, los enemigos del progreso y de la modernidad, los que no terminan de entender que en México somos iguales pero hay clases, los que niegan que no vale lo mismo el voto de un miserable al de un empresario, los que se obstinan en ignorar que México nunca será un paraíso populista y demagógico, los que piensan que podría castigarse a los delincuentes electorales José Luis Barraza y Enrique Terrazas Torres, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano por sus spots…
Claro que también hay los oportunistas de siempre, los que --por ser políticamente correctos y quedar bien con el poder-- hoy se desgarran las vestiduras por el fallo de la SCJN y niegan lo evidente: el encubrimiento de Calderón a Marín.
Bueno, si esa es otra mentira de los resentidos, pronto se verá que las dos averiguaciones previas integradas por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el “escarmiento” a Lydia Cacho serán consignadas a un juez para proceder contra Mario Marín.
Y no hay que olvidar que el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora Icaza, es responsable como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox de la represión en Atenco, Estado de México, y Oaxaca.
Por eso, ante el caso de Calderón ante Marín, ¿cuándo se va visto que un delincuente impune exija la aplicación de la ley?
Pues sí, hay que ofrecerle disculpas a Marín…
Apuntes
No ha pasado una semana de ocurrido y el asesinato de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, exsenador, exdiputado federal y dos veces alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, ya se echó al olvido. Es el crimen más atroz contra un personaje público que gozaba del aprecio de mucha gente, más allá de la política. Antes y después de los comicios del 11 de noviembre, había denunciado --como lo hizo tres años antes-- la colusión entre el narcotráfico y el gobierno del estado, entre ellos el procurador que ahora, qué maravilla, investiga quiénes fueron los autores del crimen. Nada pasará sencillamente porque, como en el caso de Marín y Ulises Ruiz, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, forma parte del priismo que pactó, desde las elecciones presidenciales, con Calderón, quien cumple un año con la misma ilegitimidad con que comenzó… Claro, mañana martes, Calderón condenará el abominable crimen de Sergio Gómez, vocalista del popular grupo K-Paz de la Sierra…
EPR: “Retroceso inocultable”, primer año de gobierno de Calderón
rosalía vergara
México, D.F., 3 de diciembre (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) evaluó hoy el primer año de gobierno de Felipe Calderón y consideró lo hecho hasta ahora como un “retroceso inocultable”, principalmente en materia de empleo, derechos humanos y migración.
Además, censuró la serie de medidas que entrarán en vigor el próximo año, entre las cuales destacan los incrementos en los precios de productos básicos y de la gasolina.
En un texto que denominó “el último comunicado del partido”, el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del EPR, el grupo rebelde afirmó que el gobierno de Felipe Calderón “deja mucho que desear en materia de derechos humanos”.
El EPR señaló que las acciones del gobierno calderonista muestran una “clara tendencia a la derechización y legalización del régimen neoliberal”; y puso como ejemplo los cambios a la Ley del ISSSTE, y las reformas electoral y laboral. Además, se refirió al alza de precios a alimentos básicos, el llamado gasolinaza, “que evidencia una nueva crisis económica”; el desempleo, la migración.
Otro ejemplo, agregó el EPR, es la “permanente intención de la entrega incondicional del petróleo y de los recursos naturales; el alto grado de descomposición del sistema debido a la corrupción que brota por todos lados y a la impunidad promovida por toda la estructura del poder, descomposición que se expresa también en las más de 2,500 ejecuciones documentadas, explicables solamente por los vínculos orgánicos de la estructura presidencial con el crimen organizado”.
En su balance, el grupo insurgente indicó que el primer año de gestión calderonista marcó “un retroceso inocultable, máxime con la aprobación del Plan México o Iniciativa Mérida que –dijo-- apunta más que a la lucha contra la delincuencia organizada a la lucha contra el supuesto terrorismo internacional y en lo nacional entendido éste como la descarada criminalización de la lucha social”.
Con los casos de los gobernadores de Puebla y Oaxaca, el EPR ilustró lo hecho en la actual administración en materia de derechos humanos. Sobre el primer punto, enunció la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exoneró a Mario Marín de cualquier responsabilidad en la presunta violación a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho, y, sobre el segundo, la indolencia oficial para actuar en contra del gobernador Ulises Ruiz.
Dijo que la SCJN tiene pendiente de resolver las presuntas violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, y la represión contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el conflicto social que se vivió en la entidad el año pasado.
En su balance, el EPR no pasó por alto a la Iglesia católica, a cuyos representantes acusó de actuar con “doble mora” y de buscar “regresar a la política por sus fueros perdidos en la época juarista”. También cuestionó la actitud asumida por la iglesia contra la senadora Rosario Ibarra de Piedra”, durante la tercera Convención Nacional Democrática.
El EPR se refirió también al caso del proyecto hidroeléctrico “La Parota”, a la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, “sistemática a nivel nacional”, así como a la desaparición de sus compañeros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,. Sobre este último punto, dijo que sus compañeros están en “en manos del gobierno calderonista que los ha desaparecido y los mantiene torturando”.
“¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo el Estado, el régimen, Calderón Hinojosa, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable? Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige”, advirtió.
EPR rompe ‘tregua’; reinicia hostilidades
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió al presidente Felipe Calderón que “debe asumir junto con los grandes empresarios las consecuencias de sus decisiones confesas”, tras responsabilizarlo de la detención y desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez
Jorge Alejandro Medellín
El Universal
Martes 04 de diciembre de 2007
jorge.medellin@eluniversal.com.mx
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) responsabilizó al presidente Felipe Calderón de la detención y desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, y le advirtió que “debe de asumir junto con los grandes empresarios las consecuencias de sus decisiones confesas”.
En su comunicado fechado el 3 de diciembre, el EPR afirma que “el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular”, debido a que el gobierno federal no respondió a las anteriores advertencias y comunicados en los que exigía la presentación con vida y la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
El grupo rebelde anuncia además que este es el último mensaje que emite su Partido Democrático Popular Revolucionario Clandestino (PDPR) y se despide de todos los que hayan atendido alguna vez sus comunicados.
“Por medio del presente les enviamos el último comunicado de nuestro partido. De antemano agradecemos la atención prestada para con nosotros y nos despedimos afectuosamente”, precisa el EPR.
En el texto la dirigencia guerrillera se pregunta: “¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo el Estado, el régimen, Calderón Hinojosa, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable?”, pregunta el EPR.
Y agrega: “tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige”.
A lo largo del texto los eperristas descalifican el primer año de gobierno de Felipe Calderón; critican la actuación de los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exoneraron a Mario Marín, gobernador de Puebla; y advierten de las complicaciones en el caso de la presa de La Parota, ubicada en el estado de Guerrero.
El EPR señala que el fallo de la SCJN en torno al caso de la periodista Lydia Cacho no resultó “soprendente o inesperado”, si se tienen en cuenta otros episodios como el caso del anatocismo (validez del cobro de intereses sobre intereses en los bancos) y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
“¿Es digna de confianza una Suprema Corte de Justicia como ésta? ¿Qué se puede esperar de ella? ¿Realmente funciona esta “Institución” para procurar justicia, que se hizo del rogar para ampliar la investigación de las represiones habidas en Oaxaca?”, se pregunta el Ejercito Popular Revolucionario en el comunicado.