Entre reclamos de minipartidos, aprueba el Senado nuevo Cofipe
El PRD, blanco de airadas críticas de sus aliados en los pasados comicios presidenciales. Se busca cerrar el paso a AMLO como candidato de una “amplia coalición”: Convergencia y PT
Malestar de los pequeños, pese a que no perderán registro si logran 1% de la votación nacional
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El Senado de la República aprobó ayer las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), luego de un debate de más de seis horas que giró en torno al tema de las coaliciones y derivó en reclamos airados de los dirigentes de PT y Convergencia a su aliado en los pasados comicios presidenciales: el PRD.
Las bancadas de PAN, PRI y PVEM votaron en favor de la legislación que modifica por completo el marco jurídico en materia de elecciones, pero el PRD se dividió, ya que la tercera parte de sus legisladores lo hizo en contra, junto con petistas y convergentes.
Éstos, en voz de Alejandro González Yáñez y Dante Delgado, argumentaron que el propósito real de la reforma es “castigar” a los partidos emergentes para impedir que Andrés Manuel López Obrador vuelva a ser postulado como candidato a la Presidencia de la República en 2012 “por una amplia coalición democrática”.
Anunciaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad contra lo que consideraron “una reforma regresiva, producto de la partidocracia”.
Tanto PT como Convergencia siguieron con los reproches al PRD. Desde la tribuna, el coordinador de Convergencia dijo que no aceptan “migajas, carnadas o bonos de sobrevivencia”, en alusión a la llamada cláusula de vida eterna, que se incluyó en el dictamen para flexibilizar el nuevo régimen de coaliciones y garantizar que no pierdan el registro aquellos partidos que obtengan uno por ciento de la votación nacional.
Pero no sólo eso: el senador Dante Delgado calificó de “una cortina de humo” la propuesta que formuló ayer mismo el perredista Carlos Navarrete para fusionar a los tres partidos del Frente Amplio Progresista. Reiteró que Convergencia contenderá solo en las elecciones de 2009.
Irónico, Delgado dijo que valorarán la propuesta de fusión después de esas elecciones intermedias y advirtió que es mentira que los partidos emergentes resten votos a los grandes cuando contienden en coalición.
A su vez, González Yáñez insistió en que “pretenden castigar a los partidos emergentes, a los que somos leales a Andrés Manuel López Obrador. Es el supuesto pecado que hemos cometido y estamos dispuestos a pagarlo”.
El PRD, por medio del senador Arturo Núñez, uno de los integrantes del grupo plural que elaboró el proyecto de reforma, sostuvo que contra lo ahí expresado el nuevo régimen de coaliciones se flexibiliza enormemente, ya que no será necesario presentar declaración de principios, programa de acciones y estatutos, porque no se trata de una fusión.
Voto por voto, pero partido por partido
Después de cuatro horas de discusión, se votó en lo general el nuevo Cofipe y se aprobó con 90 votos en favor, 16 en contra de senadores del PT y de Convergencia y de seis perredistas: Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnski, María Rojo, Rosalinda López, Salomón Jara y Lázaro Mazón.
Hubo una abstención: la del senador del PRI Jorge Mendoza, el ex ejecutivo de Tv Azteca que estuvo siempre en contra de la legislación y ayer, a pesar de que las sanciones a los concesionarios se redujeron a su mínima expresión, no quiso avalar la reforma.
Todavía hubo dos horas más de discusión en lo particular, toda vez que se reservaron 17 artículos, entre ellos el 95 y el 96, referidos al controvertido régimen de coaliciones.
El petista González Yáñez propuso que fuera opcional la disposición de que cada partido utilice su propio logo y se permita el actual esquema para ir a las elecciones en alianza con convenios previos en los que se determine el porcentaje de votación que se repartirá.
Defiende “derecho” a opinar sobre los candidatos
Solicita amparo el CCE contra la reforma electoral
Niega que las televisoras estén detrás del recurso; “para que se escuche nuestra voz requerimos de los medios electrónicos”
Víctor Cardoso
Los organismos cúpula del sector privado presentaron una demanda de amparo contra la reforma electoral, por considerarla violatoria de los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y porque “inhibe la participación social en los procesos electorales y limita el derecho a la información”.
En conferencia de prensa, a la que asistieron los presidentes de las 12 entidades que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y un equipo de seis abogados especialistas de otros tantos despachos jurídicos, el dirigente del organismo, Armando Paredes Arroyo, defendió el derecho de las agrupaciones empresariales para divulgar mensajes de apoyo en favor o contra algún candidato, como hicieran durante la campaña presidencial de 2006, pero rechazó que ese sea el trasfondo del amparo o que las televisoras estén detrás.
Dijo que la demanda de amparo fue únicamente como CCE, y el resto de los integrantes está en libertad para que, en lo individual, inicien un proceso similar.
El recurso del organismo fue presentado ayer ante el décimocuarto tribunal de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, y en él se pide la derogación de las modificaciones al tercer párrafo del artículo 97 constitucional, con las que se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para practicar de oficio la averiguación de hechos que violen el voto público, la cual se deja a los partidos políticos, afirmó.
Se supo que será la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la primera que presente este jueves su propia demanda de amparo, en los mismos términos de la solicitud del CCE.
Editorial de “La Jornada”:
CCE: dinero contra democracia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se estipula, entre otras cosas, la reducción de las campañas electorales, en costos y duración, y la prohibición, tanto a partidos políticos como a particulares, de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir propaganda electoral. El presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo, aseguró que la reforma electoral “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y “da lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. En tanto, el abogado titular del organismo empresarial, Adolfo Arrioja, afirmó que las enmiendas referidas violan los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y señaló, al mismo tiempo, que la derogación del tercer párrafo del artículo 97 –que facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar de oficio las presuntas violaciones al voto público y que, a decir del ministro Mariano Azuela, “está escrito con los pies”– “representa una ruptura en el equilibrio de los poderes de la Unión”.
Las declaraciones del presidente y del abogado del CCE expresan claramente una confusión entre la libertad de expresión –que, en efecto, es una garantía ciudadana irrenunciable– y la libertad de negocios; es pertinente recordarles a las cúpulas empresariales que, en el marco jurídico actual, la libertad de expresión está garantizada –con o sin reforma electoral– para todo ciudadano u organización que desee hacer uso de ella. En cambio, lo que resulta inadmisible y debe evitarse es que un grupo de particulares empeñen su poder económico a fin de distorsionar el sentir ciudadano e influir en las preferencias electorales, justamente lo que el CCE hizo durante la campaña presidencial de 2006, con la contratación millonaria de publicidad –inmoral e ilegítima– en favor del aspirante del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, el apoyo que los dueños del dinero dieron a la candidatura del hoy titular del Ejecutivo federal es uno de los elementos que más abonó al áspero conflicto poselectoral del año pasado y al déficit de legitimidad que la presente administración carga desde su origen.
Una de las razones de fondo de la reciente reforma electoral es que el país no podría tolerar una nueva intromisión turbia e ilegal de las cúpulas empresariales en la vida política. A título personal, los empresarios pueden votar y expresarse en el sentido que deseen, pero, en tanto que grupo, no les corresponde participar abiertamente en los procesos electorales; en todo caso, si así lo deseara, el CCE tendría que solicitar su registro como partido político y postular o apoyar abiertamente candidaturas a puestos de elección popular.
Por lo demás, resulta inverosímil la pretendida defensa del organismo empresarial en favor de la libertad de expresión, habida cuenta de que las principales cortapisas en ese sentido provienen precisamente de los grandes empresarios, en su vertiente de dueños de medios de comunicación: han sido ellos quienes coartan la libertad de periodistas e informadores profesionales, y quienes, valiéndose de sus derechos de propiedad, imponen el silencio, distorsionan la realidad, tergiversan los hechos, desinforman y manipulan a la opinión pública.
Ciertamente, la reforma electoral afecta al CCE, pero no porque limite o cancele su libertad de expresión, sino porque busca evitar que incida, de manera ilegítima y antidemocrática, en procesos políticos y electorales que debieran ser una expresión transparente de la voluntad ciudadana, y porque busca moderar las desmedidas ganancias que han obtenido algunos de sus integrantes, propietarios de medios electrónicos, mediante la venta de espacios publicitarios a los partidos, en lo que ha representado transferencias astronómicas, dispendiosas e innecesarias de dineros públicos a bolsillos particulares.


Denuncian tortura sicológica a normalista de Ayotzinapa
Intentaron hacerlo declarar que el movimiento estudiantil es financiado por EPR y ERPI
Camino a la PGR, los golpearon y les rociaron la cara con polvo de extintores, dice activista
Autoridades pretenden involucrar al Centro de Derechos Humanos la Montaña Tlachinollan
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 5 de diciembre. Los estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa detenidos el viernes pasado y enviados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco denunciaron que oficiales de alto rango de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) torturaron sicológicamente a uno de ellos para que declarara que su movimiento es financiado por los ejércitos Popular Revolucionario (EPR) y Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), informó Juan Nava García, vocero de los normalistas.
En entrevista, el portavoz culpó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de haber solicitado, a través de su secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, que los 56 detenidos fueran trasladados a la delegación de la PGR; 38 fueron liberados la noche del sábado y los demás fueron enviados al penal de Las Cruces, de donde salieron la noche del martes.
Recordó que el viernes, luego de ser desalojados de la caseta de cobro de La Venta, a uno de sus compañeros –cuyo nombre omitió, dijo, por razones de seguridad– “lo apartaron del grupo de unos 15 egresados que fuimos llevados a un cuarto. Como a las tres de la mañana del sábado se lo llevaron unos oficiales a otro cuarto oscuro”.
En ese lugar le colocaron una lámpara en la cara y lo empezaron a interrogar. “Lo que más nos preocupó fue que pretendieron obligarlo a que dijera que nuestro movimiento estaba financiado por las guerrillas del EPR y del ERPI, y que estaba relacionado con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“El interrogatorio duró más de una hora y en él participaron tres oficiales de alto rango. Responsabilizamos al gobernador de lo que pudiera sucederle a nuestro compañero y, en general, a la base estudiantil de Ayotzinapa”.
Nava García narró que después de la una de la tarde, cuando detuvieron a los 56 manifestantes, oficiales de la PFP y de la AFI los empezaron a golpear. “¿Ya ven lo que les pasa por andar de guerrilleritos, pendejos? Ahora se los va a cargar la chingada. Aquí no es Oaxaca, cabrones. Eso les pasa por revoltosos”, les dijeron los agentes, según Nava.
“Nos tiraron al piso, boca abajo, con las manos esposadas hacia atrás. Nos rociaron la cara con polvo de extintores a los 56 detenidos, y al que se movía le pegaban de culatazos. A un compañero le llamaron a su celular y uno de los oficiales le gritó ‘¡contesta, hijo de la chingada!’ El compañero hizo el intento por contestar, pero le dieron tres culatazos; durante varios minutos nos pusieron la bota en la cabeza”.
Señaló que cuando iban llegando a las instalaciones de la PGR los empezaron a golpear, a uno de ellos con un tolete en la cabeza, “sólo porque se retrasó un poco. Al llegar nos quitaron dinero, anillos de graduación y los teléfonos celulares. Muchas de nuestras pertenencias ya no nos las regresaron”.
Rechazó que su compañero Óscar Cotino Molina, quien sufrió lesiones en ambas piernas al ser arrastrado por un camión, haya sufrido un accidente, como dicen las autoridades. “Eso es mentira. Todos nos dimos cuenta de que un policía le dio un toletazo y lo empujó. Otro presionó al chofer para que echara a andar el camión”.
Nava García advirtió al gobernador y al presidente Felipe Calderón: “No vamos a permitir que se cierre nuestra escuela, que ha sido como nuestra madre y nos ha dado cobijo y educación durante cuatro años. A una madre jamás se le abandona”.