Hay desigualdad, injusticia y una falta de democracia

PEDRO MATIAS

El conflicto social de Oaxaca, que aún persiste, responde a una problemática de desigualdad, exclusión, discriminación, injusticia y falta de democracia, concluyó la misión civil de observación permanente que dio seguimiento a este trance.

El VII Informe de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, documenta violaciones a los derechos humanos en Oaxaca 2006, y advierte que "asesinatos, agresiones y amenazas sistemáticas crean un clima de terror y un acelerado proceso de descomposición social que podría llevar a una guerra sucia sin control".

El documento también resalta que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que por años se han denunciado, se agudizaron durante el 2006.

Consideraron que esa situación hace que se vislumbre un largo periodo de conflicto social en Oaxaca, ya que el movimiento popular no dejará de manifestarse y organizarse, a pesar del clima de intimidación y hostigamiento permanente.

El informe que será dado a conocer en el marco del Día Internacional de la Promulgación de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, hizo hincapié en que el conflicto en Oaxaca evidencia la incapacidad del gobierno en reconocer demandas legítimas, así como la utilización de un doble discurso; por un lado del gobierno estatal y federal que hablaban de la disposición al diálogo, y por el otro asestaron fuertes golpes al movimiento popular.

Así mismo, cuestionó al gobierno federal porque optó, como "solución final" al conflicto, la utilización de la fuerza pública, para restablecer el control del Estado.

Además, censuró su débil intento de utilizar la vía jurídica, a través de la desaparición de poderes o el juicio político, porque finalmente fue desechada por la cerrada contienda electoral por la Presidencia de la República.

Con ello, se abundó, "se hacen evidentes los fuertes intereses entre los grupos de poder con Oaxaca y el país así como la falta de autonomía en los poderes del Estado, quedando la sociedad expuesta a la total impunidad, sin la menor posibilidad de recibir justicia y democracia, en tanto el aparato de justicia no garantice independencia y autonomía en su actuar".

Y agrega: "Hasta el momento, en varias de las denuncias son la parte acusada y también la investigadora, razón suficiente para dudar de la imparcialidad con que se conducen las autoridades estatales y federales.

La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, en su informe, recomendó que cesen los ataques contra la población civil "porque esas acciones enrarecen aún más la crítica situación de Oaxaca.

De igual forma, pide que se investigue y se castigue a los responsables de los asesinatos ocurridos durante el conflicto y se repare el daño a las familias afectadas.

También demandan se garantice la seguridad y el derecho al debido proceso de las personas detenidas, de acuerdo a estándares internacionales establecidos principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Otra recomendación que hacen es que se deslinden responsabilidades en los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en los diferentes cuerpos policíacos implicados: municipales, estatales y federales, así como en contra de funcionarios públicos señalados como responsables de las diversas agresiones hacia la población civil ocurridos durante el conflicto.

Luego de rechazar la salida violenta al conflicto porque solo alienta un enfrentamiento entre la población y una mayor polarización social, exhortaron a las instituciones públicas de salud a brindar atención médica adecuada y oportuna, especialmente cuando se trate de personas detenidas.


Exigen cárcel para policías
y renuncia del Procurador
REYNALDO BRACAMONTES
Una vez que el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, concedió--por hallarlos inocentes--libertad absoluta a ocho ciudadanos acusados dolosamente de posesión de droga, armas y de uso exclusivo del Ejército, y de ser presuntos integrantes del grupo armado “Los Zetas”, la Limeddh se pronunció por el cese y la consignación de los mandos altos y medios de las fuerzas de seguridad que coordinaron la detención masiva arbitraria, y la renuncia del Procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, por su desinterés para detener a los pederastas con órdenes de aprehensión, dijo Yéssica Sánchez Maya.
Yéssica Sánchez Maya, presidenta de la Limeddh, exige también la renuncia del Procurador de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, no sólo por el papel tan gris en esa responsabilidad, sino también por su desinterés para detener a los pederastas con órdenes de aprehensión, plenamente identificados.
Ante esa negativa de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, las madres de tres niños violados en el Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en la Villa de Etla, tuvieron que apoyarse en la Agencia Federal de Ivestigaciones (AFI), y lograr el sábado pasado la detención de Alejandro y Erick Ramírez Jiménez, acusados de los delitos de violación agravada y pornografía infantil, perpetrados en ese plantel, añadió.
En el caso ignominioso en agravio de ocho ciudadanos, privados injustamente de su libertad durante dos meses, uno de ellos fallecido el lunes pasado, día en que sus compañeros también abandonaron la Penitenciaría de Ixcotel, la licenciada en Derecho, agregó:
Quienes realmente son un peligro para sociedad y deberían estar en la cárcel por fabricar delincuentes, son entre otros, son Pedro Cruz, comandante de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE); Valentín Mendoza Pablo, comandante supervisor de la Policía Auxiliar; y Carlos Cruz Román, general de brigada diplomado del Estado Mayor Presidencial.
Según lo consignaron los medios de información, ellos coordinaron esta detención masiva en un domicilio de la colonia Volcanes, sin órdenes de aprehensión ni de cateo y después de allanar varios domicilios y aterrorizar en toda una manzana, “sembraron” droga y armas a sus víctimas para justificar la captura.
Incluso el Presidente Felipe Calderón, está obligado, en un hecho de ética y en congruencia con sus discursos contra la corrupción policial, a ordenar el cese y consignación de Carlos Cruz Román, general de brigada diplomado del Estado Mayor Presidencial, quien el cuatro de octubre durante ese operativo arbitrario, dirigió a fusileros de la 28 Zona Militar, en apoyo de policías municipales, estatales y federales.
Provocan terror este tipo de detenciones arbitrarias y hasta da a pensar que puede ser parte de entrenamientos contrainsurgentes como parte de un gobierno que criminaliza la protesta social, apuntó.
En el caso del desinterés de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca por detener a peligrosos delincuentes, incluidos pederastas, no me sorprende. Su titular Evencio Nicolás Martínez Ramírez, llegó al cargo no para representar a la sociedad, sino cumpliendo una consigna que echó por tierra su prestigio como catedrático universitario y la poca buena imagen como director de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, precisó.

Las lágrimas llegaron al Congreso del Estado

CÉSAR MORALES NIÑO
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La indignación e impotencia contenida durante siglos de sometimiento parecieron desbordarse por los ojos de Eufrosina Cruz Mendoza, en un instante el llanto incontenible cubrió su rostro. En la Tribuna, diputados, todos hombres, defendían la libertad de la mujer y condenaban el maltrato contra el llamado sexo débil.

En asuntos generales, de la sesión que celebró este jueves la LX Legislatura Local, una nueva modalidad de manifestación tuvo lugar: el llanto de una mujer que exige equidad de género y respeto a sus derechos individuales, pero que al mismo tiempo representó a las mujeres asesinadas y maltratada del Estado, incluso por los cuerpos policíacos.

"Todos somos individuos, las mujeres no somos objetos", rezaba un cartel que sostuvo durante un par de horas durante la plenaria legislativa, acompañada de hombres y mujeres de Santa María Quiegolani, que respaldaban su protesta.

El diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Cristóbal Carmona Morales, pidió la palabra y subió a la tribuna, relató como en una asamblea comunitaria, realizada el 4 de noviembre, para la renovación del ayuntamiento de Quiegolani, el presidente municipal, Saúl Cruz Vázquez, mandó a destruir las boletas que estaban a favor de la candidatura de Cruz Mendoza, con el argumento de que era mujer. Fue en ese momento en que se suscitó el incontenible llanto de la ex candidata.

Para secundar al diputado del Panal, tomó la palabra el legislador del Partido Convergencia, Zenén Bravo Castellanos, quien soltó: "No queremos ser cómplices de quienes violan los derechos humanos de las ciudadanas".

Enseguida el llamado diputado de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) mencionó los casos de Ivette Suárez, sometida con brutalidad por policías municipales, por la disputa de un cajón de estacionamiento en la vía pública; de Leticia Valdés, madre de un menor que supuestamente fue violado en el Instituto San Felipe; y Nancy Mota Figueroa, quien se presume fue "levantada" por policía estatales, quienes la vejaron y torturaron psicológicamente con la amenaza de ejecutarla si no daba información sobre los líderes de la APPO.

Por lo que, para respaldar su crítica puso frente a la Tribuna un cartelón que decía: "Justicia a las víctimas de pederastia, alto a la brutalidad policíaca".

A estas expresiones de condena en contra de las mujeres se sumó el coordinador de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Romero López, quien refirió que esta discriminación en contra de ese sector no es de ahora y que anteriormente este tipo de actitudes machista, hace unos 10 años, provocaron la caída de la entonces presidenta municipal de San Martín de los Canseco, quien después de haber sido abandonada por varios años por su marido decidió iniciar una nueva relación sentimental.

"Es mucha la indignación que siento, por todas las vejaciones que se comenten en contra de las mujeres y no hay autoridad que lo impida", reprochó Eufrosina Cruz y justificó que su llanto era por todas ellas.

Mientras en la zona de curules las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola España, Claudia Silva y Estela Zárate González; así como la del PRD, Guadalupe Rodríguez Ortiz y Francisca Pineda Vera; permanecieron inmutables y guardaron silencio, tal vez porque ellas por fin llegaron a un cargo de elección popular y ya no tienen que andar mendingando justicia ni derramando lágrimas para ser escuchadas.

Al final de la sesión Eufrosina Cruz y sus acompañantes fueron atendidos por el presidente del Congreso del Estado, Herminio Cuevas Chávez, quien los invitó a que participaran con la Comisión Dictaminadora, que calificará las elecciones municipales, para que aportarán las pruebas sobre las anomalías que se registró en la asamblea comunitaria, que ya fue validada por el Instituto Estatal Electoral, para que se hiciera justicia dentro del marco de derecho.



Nueva denuncia contra Aristeo
López por abuso sexual y lesiones
REYNALDO BRACAMONTES
Pese a diversas llamadas telefónicas anónimas en las que le advierten “si nos denuncias, entonces sí te vamos a matar”, recibidas por Ivette Suárez Reyna, la madre denunció formalmente a Aristeo López Martínez y Delfino Cruz y Teresa de Jesús Ocampo Sánchez, coordinador de Seguridad Pública, director y comandante de la Policía Municipal, respectivamente, así como a varios de sus subordinados, por los delitos de abuso de autoridad, abuso sexual, lesiones, difamación y calumnia.
La madre de familia fue golpeada y privada ilegalmente de su libertad el pasado 26 de noviembre, frente a la escuela preparatoria “José Vasconcelos”, institución educativa donde estudia su hija Ivette Samira Salinas Suárez, quien también ha sido intimidada por dos policías que golpearon a su madre, confirmó Juan José Meixueiro, asesor jurídico de las víctimas y presidente de la Barra Nacional de Abogados, delegación Oaxaca.
En su denuncia, la agraviada también acusa a Norma Santiago Fernández y Socorro León Monterrubio, quienes usaron sus influencias para movilizar a la veintena de policías que consumaron este nuevo hecho de barbarie.
De acuerdo a su denuncia que dio inicio a la averiguación previa 111/VG/2007, la agraviada acudió por hija a la institución educativa a las 14:30 horas.
Caminaba hacia su vehículo para estacionarlo correctamente en un espacio disponible, pero Norma Santiago Fernández, por ganarle el lugar la embistió con su camioneta, haciéndola rodar en el piso.
En respuesta al justificado reclamo de Suárez Reyna, la influyente agresora no sólo la insultó sino también en ese momento la sentenció: “Ahora vas a ver lo que te va a pasar, porque no sabes con quien te estas metiendo”
GOLPIZA EN LUGAR DE AUXILIO MÉDICO
Con el dolor que me produjo el golpe del vehículo, apoyada por ni hija, llamé desde mi teléfono celular al Servicio de Urgencias (066) y en la última llamada me dijeron que necesitaba que lo hiciera desde un teléfono fijo convencional. La directora del plantel, Yadira Ventura, me auxilió con la llamada telefónica, tomaron los datos pero el servicio de auxilio nunca llegó.
En cambio a los 40 minutos de espera, y cuando me retiraba hacia mi vehículo, arribaron policías municipales, incluyendo dos mujeres, a bordo de tres radiopatrullas, a los que se unieron otros uniformados que llegaron en motocicletas.
Ya los esperaba Norma Santiago Fernández, quien señalándome con el dedo índice, dijo a los policías: “Es ella, llévensela y ya saben lo que tienen que hacer”.
Los policías arremetieron conmigo a golpes. Las mujeres policías—Luz del Carmen Hernández Luría y Guillermina Librado González—con la complicidad de sus compañeros y aprovechando mi crisis, me abrieron bruscamente la blusa para tocarme lujuriosamente mis senos.
Por los golpes recibidos especialmente por las dos mujeres que sospecho que son lesbianas, rodé en la acera y al quedar en posición fetal, me siguieron golpeando.
Finalmente me esposaron con las manos hacia atrás y con violencia me subieron a una radiopatrulla, pero antes, la policía Luz del Carmen Hernández Luría, me arrojó gas lacrimógeno en los ojos. En la patrulla también me tocaron los senos.
En las instalaciones de la Policía Municipal, donde ingresé a las 15:30, aproximadamente, fui asignada en un espacio muy reducido y frente a detenidos varones que se masturbaron en mi presencia. No se me permitió sentarme y hasta después de una hora me retiraron las esposas. La despojaron de sus aretes, anillos, cinturón y de dos mil 700 pesos.
Antes de que por intervención de mi hermana Julia Astrid Suárez Reyna, llegara un paramédico de la Unidad de Protección Civil Municipal, para auxiliarme, había sido golpeada en la nuca por una de las policías. El paramédico me puso una compresa de agua destinada en la cara y me aplicó una gotas en los ojos para aminorar los efectos tóxicos del gas lacrimógeno que me arrojó Luz del Carmen Hernández Luría. Estos actos violatorios a mis garantías individuales y derechos fundamentales, fueron certificados por el visitador de guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carlos Cabrera, narra la agraviada.
PODEMOS FABRICARLE UN DELITO, USTED DECIDE
A las 19:00 horas llegó individuo que dijo ser abogado enviado por Socorro León Monterrubio. Le ofrezco liberarla a cambio de que entregue a mi cliente 10 mil pesos y que firme un documento en el se comprometa a no denunciar a los policías. No lo acepté.
A las 20:00 horas, me llevaron ante el Juez Calificador, y en presencia de las influyentes Norma Santiago Fernández y Socorro León Monterrubio. me dijo: Hay instrucciones superiores que si no llaga a un arreglo económico con las ofendidas, la vamos a consignar ante el MP. “Lo de menos es fabricarle un delito, así que usted decide”, agregó burlonamente.
La señora Ivette Suárez añade: A las 23:00 horas, me llevaron ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Policía Municipal. Al no ceder al hecho de extorsión de Norma Santiago Fernández y Socorro León Monterrubio, el que debiera ser representante de la sociedad, ordenó mi traslado a la Policía Ministerial.
Sin investigar los hechos, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, me impuso el pago de una fianza por 58 mil pesos, que reunieron y exhibieron mis familiares para llevarme a casa a las 04:30 horas.
Las imágenes de este nuevo hecho de primitivismo policiaco se encuentran en las cámaras de los teléfonos celulares de Arlette Cristóbal Arrumilla y de Ivette Samira Salinas Juárez. Esas mismas imágenes las hicieron llegar a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa y hoy forman parte de la denuncia.
Como ya es común en Oaxaca, ahora los agresores son las víctimas. Las policías Luz del Carmen Hernández Luría y Guillermina Librado González, hoy acusan del delito de lesiones a su víctima y un médico de la Procuraduría de Justicia del Estado, involucrado en varios hechos obscuros en el ejercicio de su profesión, se prestó para certificar esas supuestas heridas.