Viernes, 14 de diciembre de 2007
La reforma judicial, hasta febrero; modifican minuta
Los senadores s?lo matizaron el tema de los allanamientos policiacos sin orden de un juez. Eliminan facultades del MP para acceder a documentaci?n fiscal, bancaria y electoral

Anoche aprobaron los cambios constitucionales con el voto en favor de PAN, PRI y PVEM
Regresan el documento a la C?mara de Diputados para el pr?ximo periodo de sesiones
Andrea Becerril y V?ctor Ballinas
El Senado de la Rep?blica aprob? anoche, tambi?n con los votos de PRI, PAN y PVEM, la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad p?blica, pero le hizo dos cambios, por lo que la minuta regres? a la C?mara de Diputados y qued? pendiente hasta el pr?ximo periodo de sesiones de febrero de 2008.
Las modificaciones s?lo matizan los t?rminos en que se dar?n los allanamientos policiacos sin orden judicial, y eliminan la disposici?n que permit?a al Ministerio P?blico tener acceso directo a documentaci?n fiscal, financiera, fiduciaria, burs?til, electoral y de car?cter confidencial en investigaciones sobre delincuencia organizada.
Sin embargo, la reforma mantiene los arraigos y cateos sin orden de un juez y la incomunicaci?n de detenidos.
Regresi?n constitucionalista
??Qu? manera de partirle la madre a la Constituci?n!?, exclam? indignado el senador perredista Pablo G?mez ante la negativa de pri?stas y panistas de eliminar el p?rrafo 12 del art?culo 16 de la Carta Magna, en el que se otorgan facultades a la polic?a para ingresar a los domicilios sin orden judicial, ?cuando exista una amenaza inminente a la vida y a la integridad de las personas?.
??Cu?ndo en la historia del constitucionalismo se permiti? a los polic?as, a su criterio, entrar en la casa de quien sea??, pregunt? el perredista, e insisti?: ?se est?n creando las bases en la Carta Magna para un Estado policiaco? y ni siquiera servir? para combatir el crimen organizado. ?A los narcos no les har? ni cosquillas?.
Se trata, recalc? una y otra vez G?mez, de una regresi?n del sistema constitucionalista mexicano, ya que se quitan derechos a los ciudadanos para darle mayores atribuciones a los poderosos; van a tratar de la misma manera a los presos pol?ticos que a los narcos.
?No se conviertan en s?trapas parlamentarios por solapar los ?nimos desp?ticos de esta reforma?, demand? ante el pleno la senadora Rosario Ibarra. Advirti? que permitir la entrada de la polic?a a los domicilios, con el pretexto de una amenaza corporal, es la manera m?s atroz de abrir la puerta al atropello, ya que ning?n ciudadano estar? seguro en su hogar.
La luchadora social record? su experiencia en los recientes 32 a?os en que ha conocido todo tipo de atropellos por parte de la polic?a, y puso en aprietos al pri?sta Manlio Fabio Beltrones cuando le record? que durante su paso por la Secretar?a de Gobernaci?n conoci? lo que hac?an Miguel Nassar Haro, Salom?n Tan?s, Jes?s Miyazawa y todos los dem?s integrantes de la ilegal Direcci?n Federal de Seguridad.
?Llegaban tirando puertas, robaban y golpeaban a los que estaban ah?, sac?ndolos de los cabellos, arrastr?ndolos y llev?ndolos a c?rceles clandestinas o al Campo Militar n?mero Uno para torturarlos. ?Quieren volver a eso? Volteen a Oaxaca, a Atenco, a todos los lugares donde los gobernantes hacen las mismas cosas?.
A su vez, el tambi?n perredista Ricardo Monreal, quien emiti? un voto particular, alert?: ?Con esta reforma se est? destruyendo un sistema de libertades que nos ha costado d?cadas construir. No ser? un sistema expedito y eficiente de justicia, sino uno autoritario, con ampl?simas posibilidades de avasallar a los ciudadanos, dejando la puerta abierta para combatir con violencia a los enemigos pol?ticos?.
Se quieren legitimar, acus?, acciones como las de Atenco, Oaxaca y Zhenli Ye Gon.
El pri?sta Jes?s Murillo Karam se enfrasc? en un debate con Pablo G?mez, pero consider? ?rid?culas? las preocupaciones del perredista. La disposici?n, sostuvo, s?lo es para que la polic?a pueda irrumpir en domicilios para salvar vidas.
Los panistas Alejandro Gonz?lez Alcocer y Ulises Ram?rez desestimaron tambi?n los argumentos de G?mez e insistieron en que la disposici?n es para proteger a posibles v?ctimas.
La minuta proveniente de la C?mara de Diputados fue aprobada en el Senado en menos de 16 horas. Al mediod?a se vot? en comisiones, despu?s se present? en primera lectura y por la noche se vot? ante el pleno. En lo general, se aprob? con 80 votos de las bancadas de PRI, PAN y PVEM.
En contra hubo 27 votos: 20 del PRD ?cuatro legisladores del sol azteca se abstuvieron: los zacatecanos Claudia Corichi, Tom?s Torres y Antonio Mej?a Haro, as? como el michoacano Silvano Aureoles?, cuatro de Convergencia, dos del PT y uno de la senadora Irma Mart?nez, de Nueva Alianza.
Los petistas Alberto Anaya y Alejandro Gonz?lez Y??ez no estaban en el sal?n de sesiones a la hora de la votaci?n. Se dijo que salieron a cenar.
Desde la reuni?n de comisiones dictaminadoras, los perredistas propusieron modificar las disposiciones de la reforma que vulneran garant?as reconocidas en la Carta Magna y derechos humanos, como los arraigos hasta por 80 d?as, la incomunicaci?n de detenidos y los allanamientos policiacos.
La discusi?n se centr? en el p?rrafo 12 del art?culo 16, que en la minuta de la C?mara de Diputados se?alaba: ?La polic?a podr? ingresar sin orden judicial a un domicilio, cuando exista informaci?n o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas, as? como en el caso de flagrancia, cuando se est? persiguiendo materialmente al inculpado?.
El PRD propon?a suprimir todo el art?culo, pero PAN y PRI s?lo accedieron a hacerle una modificaci?n, que elimina la presunci?n por parte de la polic?a. El p?rrafo qued? as?: ?La polic?a podr? ingresar, sin orden judicial, a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, as? como en el caso de flagrancia, cuando se est? persiguiendo materialmente al inculpado?.
Redactaron al rev?s
En el debate en el pleno, Pablo G?mez dijo que era atroz tal redacci?n, ya que, en todo caso, deb?a decir que toda persona tiene derecho a recibir auxilio de la polic?a para defender su vida y su integridad corporal, pero ?lo redactaron al rev?s? y dieron a la polic?a derecho de allanar domicilios.
El otro cambio a la minuta fue para suprimir el p?rrafo 10 de ese controvertido art?culo 16, en el que se se?alaba que el Ministerio P?blico, autorizado en cada caso por el procurador general de la Rep?blica, tendr? acceso directo a la documentaci?n fiscal, financiera, fiduciaria, burs?til, electoral y de car?cter reservado y confidencial, relacionada con investigaciones del delito.
Aqu? s?, PRI y PAN consideraron riesgosa tal disposici?n y le enmendaron la plana a los diputados. Ninguna otra de las 28 reservas de diversos art?culos fue aprobada.
Despu?s de la medianoche se aprob? en lo particular la reforma y se regres? a la C?mara de Diputados, donde deber? esperar mejor suerte hasta febrero. Con esto concluy? el periodo de sesiones en el Senado y se confirm? que el debate de la reforma judicial se empat? con la discusi?n de los nombramientos de los consejeros del Instituto Federal Electoral.
Ambos casos quedaron pendientes para el pr?ximo periodo de sesiones.
El Estado policiaco
Luis Javier Garrido

La sumisi?n del gobierno de facto de Calder?n a los dictados de la administraci?n de Bush, que pretende se apruebe una contrarreforma judicial que atenta contra los derechos individuales de los mexicanos, abre una nueva dimensi?n a las luchas sociales en M?xico.
1. El albazo legislativo de fin de a?o de la alianza PRI-PAN en la C?mara de Diputados, aprobando al vapor el 12 de diciembre con el respaldo de un sector de la bancada del PRD un paquete de modificaciones constitucionales y legales en materia de justicia y de seguridad p?blica con el pretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra ?el narcotr?fico y el crimen organizado?, constituye un serio retroceso institucional en la vida del pa?s, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un r?gimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en M?xico un Estado policiaco.
2. La aprobaci?n de estos cambios aberrantes al marco constitucional del pa?s por el Senado y las legislaturas locales (necesaria para que proceda una reforma de la Constituci?n) terminar?a con el r?gimen de derecho en M?xico, pues, por un lado, a) dar?a a los funcionarios federales atribuciones propias de un r?gimen dictatorial o de excepci?n, al permitirles allanar y catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensi?n y, por el otro, b) cancelar?a una garant?a fundamental, la de seguridad jur?dica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona si no media un mandamiento escrito, conforme al art?culo 16 constitucional.
3. La b?rbara decisi?n de los diputados, que no puede entenderse m?s que como un acto de irresponsabilidad o de sumisi?n a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas hist?ricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por M?xico.
4. La contrarreforma que ahora se busca imponer de improviso se hab?a venido fraguando desde buen tiempo atr?s con el argumento de que en virtud del NAFTA o TLC de Am?rica del Norte de 1993 era necesario homologar el derecho mexicano al estadunidense, a pesar de sus or?genes hist?ricos distintos (de ah? la pretensi?n de sustituir los procesos escritos por los orales), pero fue reformulada en t?rminos pol?ticos m?s dr?sticos al subordinarse los gobiernos de Fox y de Calder?n a la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Am?rica del Norte (ASPAN), de la cual el Plan M?xico o Iniciativa M?rida es una de sus vertientes, por lo que de llegar a aprobarse por el poder constituyente permanente ser?a un paso adelante en la integraci?n de M?xico a Estados Unidos.
5. El Plan M?xico, que supone el dominio por parte de empresas trasnacionales de recursos b?sicos de nuestro pa?s, y en particular de los energ?ticos, y el control permanente de agencias estadunidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visi?n totalitaria de los republicanos estadunidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio a?reo y el mar territorial de M?xico, pero tambi?n de las personas; de ah? la pretensi?n de instaurar aqu? mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganist?n como en Irak.
6 El gobierno espuriete de Calder?n, obsesionado como est? por el malestar social que despiertan sus pol?ticas, y enfilado ya en la v?a de criminalizar los movimientos sociales ?como ha advertido al mantener detenidos a Flavio Sosa y sus compa?eros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y a Ignacio del Valle y los campesinos de Atenco? vio por consiguiente en este proyecto un punto de apoyo para su esquema represivo, en el que prev? que el Ej?rcito federal siga actuando como su polic?a pol?tica, en especial ante la cr?tica situaci?n que se agravar? en el campo en 2008, al entrar en vigor varios principios del TLC.
7. La afirmaci?n oficial de que no hay guerra sucia en M?xico se derrumba estrepitosamente todos los d?as, y los hechos siguen desmintiendo a la Secretar?a de Gobernaci?n, como se?alaba Rosario Ibarra (presidenta de la Comisi?n de Derechos Humanos del Senado) al recordar los casos de 30 desaparecidos, entre ellos 15 trabajadores petroleros de Cadereyta que se suman a los dos eperristas de Oaxaca (La Jornada, 12 de diciembre).
8. Resulta por ello una verg?enza que s?lo 52 de los 127 diputados del PRD hayan votado en San L?zaro contra esta contrarreforma y que su propio coordinador, Javier Gonz?lez Garza, la haya avalado, pues los legisladores del sol azteca que en esta legislatura aprobaron ya el Cofipe parecen empe?ados en demostrar a los mexicanos que por la v?a institucional todos los caminos est?n cerrados por la corrupci?n de la ?clase pol?tica?.
9. La contrarreforma judicial dar?a al traste con las posibilidades de que alg?n d?a exista un real Estado de derecho en M?xico, pero tiene a?n, sin embargo, un largo camino que recorrer para entrar en vigor y puede ser detenida por las opiniones de los juristas y las movilizaciones sociales, aunque es tambi?n la Suprema Corte de Justicia, que tanto se ha desprestigiado en los ?ltimos tiempos, la que podr?a en uso de sus facultades declarar su improcedencia y erigirse en un verdadero ?rgano de control de la constitucionalidad del pa?s.
10. El conflicto que se avecina de no dar marcha atr?s el r?gimen en esta cuesti?n podr?a ser de enorme gravedad, pues las luchas sociales van a radicalizarse, a pesar del gobierno.
Con la nueva ley M?xico incumplir? acuerdos
Habr? retroceso en protecci?n de garant?as individuales: ONG
?ngeles Cruz y Emir Olivares
La minuta de reforma constitucional del sistema de justicia significa un retroceso en la protecci?n de los derechos fundamentales, se?alaron integrantes del Consejo Consultivo de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y acad?micos.
Resaltaron que el dictamen aprobado el mi?rcoles pasado por la C?mara de Diputados contiene aspectos positivos, pero con los negativos su aprobaci?n llevar?a al pa?s a incumplir los compromisos que tiene firmados a escala internacional.
Edgar Cortes, de la Red Todos los Derechos para Todos, afirm? que esa reforma es violatoria de las garant?as individuales, y que la ampliaci?n de facultades a los agentes del Ministerio P?blico se ha venido aplicando en los 10 a?os recientes y no ha servido para mejorar la impartici?n de justicia.
A su vez, Humberto Guerrero, director de Incidencia de la Comisi?n Mexicana para la Defensa y Promoci?n de los Derechos Humanos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust?n Pro Ju?rez, se?alaron que los legisladores hicieron caso omiso de las opiniones y propuestas que les hicieron llegar en un diagn?stico elaborado por las organizaciones civiles y el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se trata de un documento que plantea una serie de modificaciones con pleno respeto a los derechos humanos, indic?.
Las reacciones al dictamen votado en el Palacio Legislativo de San L?zaro tambi?n provinieron de la CNDH, en particular de integrantes del Consejo Consultivo, quienes se pronunciaron por una reforma penal que equilibre el leg?timo deseo de mayor eficacia en la persecuci?n de la criminalidad con la debida protecci?n de los derechos de todas las personas.
Estas garant?as y la seguridad p?blica, aseguraron, son dos objetivos del Estado mexicano que pueden y deben convivir arm?nicamente.
Mencionaron que la reforma plantea la constitucionalizaci?n del arraigo, figura que va en contra de las recomendaciones que la Organizaci?n de las Naciones Unidas ha enviado a M?xico, adem?s de que pone en peligro la inviolabilidad del domicilio al permitir la entrada de la polic?a sin orden judicial.
Otros aspectos que se?alaron los integrantes de la comisi?n y las organizaciones civiles se refieren a la facultad que se otorga a la autoridad ministerial para intervenir las comunicaciones privadas y darles valor probatorio en un juicio penal. Tambi?n est? la ampliaci?n de facultades al Ministerio P?blico Federal para recabar informaci?n bancaria, burs?til, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.
En el mismo sentido se pronunci? Jorge Zorrilla, acad?mico de derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatl?n de la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico. Dijo que ?falt? que la discusi?n fuese m?s madura? antes de aprobar el dictamen. ?Esto no es m?s que el producto natural de la capacidad de nuestros gobernantes. Debieron encaminar la reforma con una perspectiva de derechos humanos; no es sano combatir la criminalidad violentando las garant?as ciudadanas; cualquier gobierno razonable no lo har?a?.
Dijo que con estos cambios constitucionales se vulnerar?n ?de forma legal? las garant?as de la ciudadan?a. ?Todos debemos ser inocentes hasta que no se demuestre lo contrario; pero ahora la autoridad nos va a investigar discrecionalmente porque suponen que somos culpables y nosotros tendremos que demostrar que somos inocentes?.
Los diputados aprobaron una legislaci?n retr?grada, afirma el ombudsman
La reforma penal afecta garant?as: Soberanes
Julia Antonieta le Duc (Corresponsal)
Matamoros, Tamps., 13 de diciembre. Jos? Luis Soberanes Fern?ndez, presidente de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), critic? a los legisladores federales que aprobaron el mi?rcoles las reformas penales, porque ?stas ?representan un retroceso en materia de derechos humanos, pues no se puede combatir la ilegalidad pisoteando las garant?as m?s elementales?.
Durante una gira de trabajo por Matamoros, Soberanes fue interpelado por activistas de la organizaci?n Defensa y Promoci?n de los Derechos Humanos Emiliano Zapata AC, quienes lo recibieron con mantas y gritos de protesta por su ?t?mida actuaci?n? en los casos Ernestina Ascensi?n Rosario, presuntamente violada y asesinada por militares en la sierra de Veracruz, y la represi?n en Oaxaca y Atenco.
El ombudsman se?al? que elevar a rango constitucional el arraigo domiciliario, la validaci?n legal de las intervenciones telef?nicas y los cateos sin autorizaci?n judicial, son claras acciones violatorias de los derechos de los mexicanos.
?Las medidas que ha aprobado el Congreso representan una reducci?n de nuestras garant?as fundamentales y no podemos estar de acuerdo que con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado se reduzcan los derechos humanos, cuando creo que se deber?an ampliar?, se?al? Soberanes.
Publicado por solaripa69 @ 10:25
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