Jueves, 24 de enero de 2008
Crece el espionaje telef?nico del Cisen, revelan jueces federales
Estas medidas forman parte de la estrategia antinarc?ticos elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional
Bajo la lupa, empresarios de casas de cambio, polic?as y legisladores
Alfredo M?ndez
La lucha en contra del crimen organizado en el pa?s ha desencadenado un sinn?mero de peticiones judiciales en busca de autorizaci?n para intervenir comunicaciones telef?nicas privadas.
Estas medidas forman parte de la estrategia antinarco elaborada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), integrado, entre otros funcionarios de primer nivel, por el presidente de la Rep?blica, los secretarios de Gobernaci?n, Defensa, Marina, Seguridad P?blica, y por el titular de la Procuradur?a General de la Rep?blica, seg?n lo establece la Ley de Seguridad Nacional.
Durante los primeros 23 d?as de este a?o, al menos en tres juzgados federales consultados ayer por La Jornada ?tan s?lo en el Distrito Federal hay 18 jueces facultados para autorizar estas medidas de vigilancia?, el Centro de Investigaci?n y Seguridad Nacional (Cisen) ha solicitado diez ?rdenes judiciales para intervenir comunicaciones telef?nicas privadas.
Vigilancia variopinta
Las personas vigiladas van desde propietarios de casas de cambio y empresarios, hasta funcionarios p?blicos federales, legisladores y mandos policiacos.
Un juez federal que pidi? el anonimato revel? que el CSN ha ordenado al Cisen que se vigile a un grupo de empresarios que presuntamente est?n lavando dinero procedente del narcotr?fico, ?pero tambi?n hay mandos de la Polic?a Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigaci?n, que brindan alg?n tipo de protecci?n a delincuentes, y por eso est?n bajo la lupa?.
La fuente consultada precis? que tan s?lo en el juzgado a su cargo recibi? en las primeras dos semanas de enero cuatro peticiones para intervenir tel?fonos celulares, de casa habitaci?n y de oficina. Destacan los casos de un empresario dedicado a las telecomunicaciones, de un alto mando de la Federal Preventiva y de un legislador.
El funcionario del Poder Judicial declin? proporcionar los nombres de las personas que est?n bajo observaci?n del Cisen. Tampoco aclar? si el legislador que est? siendo vigilado es senador o diputado.
En tanto, otras fuentes judiciales indicaron que los otros dos jueces federales que han conocido en estos primeros d?as de enero de seis casos de peticiones de intervenci?n telef?nica, incluyen a propietarios de casas de cambio en el Distrito Federal y los estados de M?xico, Jalisco y Nuevo Le?n.
Tambi?n se vigilan de cerca las llamadas de empresarios dedicados a los ramos textiles, del calzado y farmac?utico.
En ninguno de los casos se pudo conocer el nombre de las personas vigiladas, aunque las fuentes resaltaron la inclusi?n de al menos dos funcionarios p?blicos en Tamaulipas, que desde alguna dependencia estar?an dando protecci?n a integrantes del c?rtel del Golfo.
Procedimiento secreto
La Ley de Seguridad Nacional, que entr? en vigor en enero de 2005, durante el sexenio foxista, ampli? las facultades para que los ?rganos de inteligencia gubernamental puedan vigilar de manera discrecional a cualquier persona que consideren est? poniendo en riesgo la seguridad nacional, aunque las intervenciones telef?nicas s?lo ser?n por un lapso no mayor de 180 d?as naturales.
El art?culo 5 de esta norma en su fracci?n III considera una amenaza a la seguridad nacional cualquier acto que impida a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
De esta forma, el CSN ?que est? integrado por el presidente de la Rep?blica, por secretarios de Estado, el titular de la PGR y el director general del Cisen? tiene facultades exclusivas para solicitar intervenciones telef?nicas privadas.
El art?culo 33 del mismo ordenamiento refiere que ?en los casos de amenaza inminente a los que se refiere el art?culo 5 de esta ley, el gobierno mexicano podr? hacer uso de los recursos que legalmente se encuentren a su alcance?.
Mientras que el art?culo 34 establece: ?De conformidad con el p?rrafo noveno del art?culo 16 constitucional, el Cisen deber? solicitar en los t?rminos y supuestos previstos en la presente ley, autorizaci?n judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional?.
El car?cter de este tipo de procedimientos judiciales es ?reservado y ultra confidencial?, seg?n lo ordena el art?culo 37 de la ley. De hecho, s?lo un funcionario autorizado por el Centro de Investigaci?n y Seguridad Nacional, as? como el juez, auxiliado por uno de sus secretarios de acuerdos, pueden tener acceso a los expedientes de solicitud de intervenci?n telef?nica.
Adem?s, contrario a lo que sucede con todos los expedientes de las causas penales que se abren en alg?n juzgado de distrito, en este tipo de casos, una vez que concluye el periodo de vigilancia, el juez encargado est? obligado a destruir los archivos con los que se sustent? la orden judicial.
Ofrecen indemnizaciones de $22 mil a los ind?genas esterilizados mediante coacci?n
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 23 de enero. El gobierno estatal pretende pagar indemnizaciones de s?lo 22 mil pesos a cada uno de los 14 ind?genas que en 1998 fueron esterilizados mediante coacci?n en la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, asegur? Cuauht?moc Ram?rez, dirigente de la Organizaci?n del Pueblo Ind?gena Me?phaa (OPIM).
En entrevista, indic? que si bien las administraci?n que encabeza el gobernador Zeferino Torreblanca acept? la recomendaci?n 066/2007 de la Comisi?n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las esterilizaciones involuntarias realizadas en El Camalote, ?la Secretar?a de Salud (estatal, Ssa) s?lo ofrece 22 mil pesos. Los afectados demandan tambi?n que se castigue a los responsables, que vayan a pedir perd?n al pueblo de El Camalote, y despu?s ver lo material?.
Dijo que, con la asesor?a del Centro de Derechos Humanos de la Monta?a Tlachinollan, se exige una indemnizaci?n de 200 mil pesos para cada ind?gena afectado, pero la Ssa se niega a aceptar la petici?n. M?s a?n, la dependencia ?dice que deber?a ser menor a 22 mil pesos. No entienden que necesitamos hijos porque nos ayudan en el trabajo?.
A?adi? que la OPIM se reunir? el pr?ximo domingo en Ayutla de los Libres con el titular de la Ssa estatal, Luis Barrera R?os, pero ?no somos optimistas. Creemos que no habr? una respuesta favorable; por el contrario, el gobierno del PRD sigue presionando. Est? peor que los pri?stas: no respeta los derechos humanos de los ind?genas, no hay justicia, impera la impunidad?.
Ver?nica Castrej?n, responsable de la direcci?n de comunicaci?n social de la Ssa, dijo que en una reuni?n de trabajo efectuada el domingo pasado en Acapulco, Luis Barrera se reuni? con los ind?genas vasectomizados, a quienes inform? que el gobierno estatal ?acept? la recomendaci?n de la CNDH sobre tres puntos: resarcimiento del da?o, de acuerdo con los salarios m?nimos y la Ley Federal del Trabajo, aplicaci?n de la norma oficial mexicana sobre esterilizaciones, y un proceso administrativo contra tres trabajadores de la Ssa inmiscuidos en la esterilizaci?n de los ind?genas de El Camalote; el doctor (Ernesto Guzm?n Le?n), la enfermera (Mayra Ramos Benito) y el promotor (Rafael Almaz?n Sol?s).
?Se les va indemnizar de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, con 22 mil pesos, y eso se les dijo ante el notario p?blico n?mero 8 de Acapulco, Antonio Pano Mendoza.?
La vocera de la Ssa destac? que el secretario Luis Barrera ?dijo a los ind?genas que la indemnizaci?n tomar?a como base el salario m?nimo actual (no el que estaba vigente cuando fueron afectados). La secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra L?pez, les ofreci? apoyo mediante otros programas del gobierno del estado, como el de mejoramiento de vivienda, a trav?s de la dotaci?n de l?minas para los techos de sus casas; se comprometi? adem?s a revisar que todos ellos se encuentren registrados en el programa Oportunidades, a fin de garantizar que sus hijos est?n recibiendo las becas y los recursos de este programa?

Demanda Soberanes fechas para el retorno paulatino del Ej?rcito a cuarteles
La situaci?n de violencia se asemeja a lo que se vivi? en Chicago en los a?os 20, dice
Se le est? saliendo de las manos al gobierno, advierte el ombudsman ante la Permanente
V?ctor Ballinas, Roberto Gardu?o y Enrique M?ndez
El presidente de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jos? Luis Soberanes Fern?ndez, demand? en la Comisi?n Permanente que el gobierno presente cuanto antes un calendario para que el Ej?rcito Mexicano regrese a los cuarteles pero, precis?, ese retorno debe ser ?de manera paulatina, prudente y cautelosa para que el crimen organizado no vea al Estado como un tigre de papel?.
Luego, en entrevista, el ombudsman nacional destac? que ante los constantes homicidios, ajustes de cuentas entre bandas y la proliferaci?n de grupos delictivos como Los Zetas, se tiene una situaci?n verdaderamente complicada que ?nos est? llevando a un Estado policiaco; esto se parece a Chicago en los a?os 20. La situaci?n se est? saliendo de las manos?.
Al t?rmino de la entrega de su informe de actividades 2007, Soberanes insisti? en entrevista: ?Pienso que la situaci?n se le est? saliendo de control al gobierno por la cantidad de homicidios diarios que hay, los polic?as que mueren, los enfrentamientos, los ajustes de cuentas; hay un clima de violencia tal, que hace pensar que hay un fracaso gubernamental en el combate al crimen organizado?.
Abund?: ?El problema se complica porque el crimen organizado se extiende, las funciones de seguridad p?blica las asume cada vez en forma m?s importante el Ej?rcito, la polic?a se echa a un lado, el Ministerio P?blico, que deber?a ser fundamental, tambi?n lo vemos echado a un lado. No se est? cumpliendo el esquema constitucional y ello propicia violaciones a derechos humanos?.
Esta situaci?n ?continu? en un momento determinado va a tener que replantearse, porque cada vez hay m?s ejecuciones, m?s ajustes de cuentas, es una situaci?n complicada. ?No se trata s?lo que los militares regresen a sus cuarteles, sino es todo un proceso inteligentemente planteado y sobre todo de fortalecimiento al Ministerio P?blico y a la polic?a, que debe estar adecuadamente capacitada, armada, bien pagada. Deber?a haber una polic?a de elite que pueda dar la batalla al crimen organizado?.
En el mensaje que Soberanes dirigi? a los legisladores en la Comisi?n Permanente advirti? sobre la grave situaci?n de los derechos humanos en el pa?s: ?La participaci?n de militares en tareas policiacas los ha llevado a cometer violaciones graves de derechos humanos, incluso sexuales, asesinatos, detenciones ilegales, tortura; se sale de control la lucha contra el crimen organizado; la libertad de expresi?n est? amenazada por los asesinatos de periodistas; los migrantes siguen siendo vejados, y en Oaxaca, para muchos el conflicto sigue latente y se ve distante una reconciliaci?n?.
Soberanes Fern?ndez advirti? sobre la falta de disposici?n de algunas autoridades para atender las violaciones de derechos humanos. Dijo que los gobernadores de Guerrero, Colima y Baja California rechazaron aceptar, cada uno, una recomendaci?n. Tambi?n casi una docena de ayuntamientos en Oaxaca, Veracruz, Morelos y Tlaxcala se negaron a recibir los exhortos. Destac? en tribuna que la participaci?n de los militares en tareas de seguridad ha generado grav?simos atropellos a las garant?as individuales. ?Durante 2007 documentamos sobradamente casos de tortura, violaci?n, homicidio. Las autoridades militares han aceptado las recomendaciones y la CNDH ve con benepl?cito la creaci?n de una direcci?n general para tratar estos asuntos?.
Manifest? que ?la comisi?n no considera conveniente que el Ej?rcito abandone de inmediato la lucha contra el narcotr?fico, porque la ausencia de las fuerzas armadas condenar?a a millones de mexicanos a la indefensi?n, sobre todo en zonas rurales. Sin el vigor del Ej?rcito, el crimen organizado podr?a ver al Estado como un tigre de papel?. Sin embargo, dijo que es indispensable que se anuncie cuanto antes una ruta con un calendario claro, detallando qu? acciones se concatenar?n para regresar a los militares a los cuarteles.
Llam? la atenci?n sobre un asunto de la mayor importancia: la libertad de expresi?n. ?En la CNDH estamos convencidos de que un ataque a la libertad de prensa es un ataque a la democracia. Durante el a?o pasado abrimos 74 expedientes de queja por agravios a periodistas, cifra que est? muy lejos de ser tranquilizadora?, dijo.
El titular de la CNDH expuso que en 2007 se recibieron 5 mil 244 quejas por diversas violaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibi? casi una quinta parte de esos recursos, con mil 15; Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR), 571; Secretar?a de la Defensa Nacional (Sedena), 367; Instituto Nacional de Migraci?n (INM), 335, y Secretar?a de Educaci?n P?blica (SEP), 311. Asimismo, dio cuenta que el a?o pasado la CNDH emiti? 70 recomendaciones; el INM tuvo ocho y le siguieron el estado de Guerrero, el IMSS y la Sedena con seis cada uno.
Consider? que el sistema penal debe evolucionar y ser m?s equitativo. ?Es hora de que los delincuentes no sean m?s importantes que las v?ctimas, de que la reparaci?n del da?o sea tan relevante como el correctivo y la indemnizaci?n tan trascendente como la rehabilitaci?n social?.
Calderonomics o la nanocracia
jenaro villamil
M?xico, D.F., 23 de enero (apo).- Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se acu?? el t?rmino tecnocracia para describir a la nueva generaci?n de funcionarios de primer nivel, con un c?mulo de maestr?as y doctorados en universidades extranjeras, especialistas en econom?a pero sin ning?n cargo de elecci?n popular previo.

Su sucesor, Carlos Salinas, el tecn?crata por excelencia, neg? siempre este t?rmino por considerarlo peyorativo, y se invent? a s? mismo el mote de ?modernizador?. Ernesto Zedillo lleg? al poder con las mismas herramientas que De la Madrid y Salinas: su dogmatismo monetarista y su desd?n hacia la pol?tica tradicional.

Con Vicente Fox los tecn?cratas siguieron controlando los centros neur?lgicos de las decisiones econ?micas, diplom?ticas y sociales, en conflictiva relaci?n con los ?gerentes? o empresarios que se incorporaron al gobierno sin ninguna experiencia previa en gesti?n p?blica.

Francisco Gil D?az, el maestro de una generaci?n de funcionarios de las finanzas p?blicas, se mantuvo al frente de la Secretar?a de Hacienda durante seis a?os, extra?o privilegio que s?lo comparti? con Pedro Cerisola, titular de Comunicaciones y Transportes.

El gobierno de Felipe Calder?n se ha ido transformando ya no en un gobierno de gerentes o de tecn?cratas sino en una nueva generaci?n de funcionarios que se perfilan como la involuci?n de la tecnocracia y de los gerentes: los nan?cratas. Es decir, el gobierno de los estudiosos en el control y manipulaci?n de las micropart?culas de las ?reas p?blicas, sin visi?n de Estado ni de elite ni de naci?n.

El t?rmino nanocracia proviene de nanotecnolog?a, palabra com?n en las ciencias m?dicas para designar a los especialistas en computaci?n cu?ntica y motores moleculares.

Los nan?cratas en la pol?tica no ven la realidad sino como un nano (la mil millon?sima parte de un metro) y prefieren venderse no como especialistas en algo sino como artesanos de la operaci?n corta. Del poder del picaporte al picaporte con poder.

Los cambios recientes en el gabinete configuran a esta nueva generaci?n de nan?cratas: Juan Camilo Mouri?o, nuevo titular de Gobernaci?n; Ernesto Cordero, flamante secretario de Desarrollo Social, y los j?venes del entorno calderonista: C?sar Nava, jefe de la oficina presidencial; Alejandra Sota Mirafuentes, responsable ahora del discurso presidencial, imagen y an?lisis pol?tico, y Patricia Flores Elizondo, titular de la Coordinaci?n de Administraci?n de Los Pinos.

El problema de esta nueva generaci?n de funcionarios no radica en su juventud sino en la ausencia de un curr?culum tecnocr?tico, gerencial o partidista que los acredite para los cargos de alto nivel de responsabilidad.

Se les conoce en funci?n de su cercan?a con Calder?n, no en raz?n de sus m?ritos burocr?ticos, legislativos o intelectuales. Son nan?cratas porque se han vuelto parte del entorno milim?trico de Los Pinos que confunde la realidad del pa?s con las necesidades de control y de liderazgo a corto plazo de la casa presidencial.

El caso m?s emblem?tico es el de Juan Camilo Mouri?o. M?s all? de si es madrile?o, gallego o campechano, Mouri?o Terrazo encabezar? la secretar?a responsable de las ?reas claves de la pol?tica y la seguridad nacionales sin tener una trayectoria m?nima para ello.

Su paso por alguna universidad de Tampa, Florida, su papel como diputado y su cercan?a a Calder?n desde la Secretar?a de Energ?a lo perfilan como un buen colaborador del presidente, no como un ministro del Interior.

Mouri?o ni siquiera cuenta con el perfil tradicional de un panista sino de un eficaz gestor de recursos que le sirvi? a Calder?n para la campa?a electoral.

Una especie de Lino Korrodi al que pretenden convertir por golpe de suerte en la reencarnaci?n del mism?simo Fernando Guti?rrez Barrios. Sus promotores, con m?s lambisconer?a que realismo, ya lo perfilan como aspirante presidencial para el 2012.

El otro caso es el de Ernesto Cordero. Como Mouri?o, al licenciado en Actuar?a por el ITAM no lo distingue su conocimiento de la pol?tica social y mucho menos del combate a la pobreza, sino su breve trayectoria burocr?tica a la sombra de Calder?n.

Fue subsecretario de Planeaci?n Energ?tica y Desarrollo Tecnol?gico cuando el actual presidente era titular de Energ?a. Luego fue director de Administraci?n Integral de Riesgos en Banobras cuando Calder?n estuvo al frente de este organismo, y finalmente se desempe?? como director general de la fundaci?n ?Miguel Estrada Iturbide? de la fracci?n panista en la C?mara de Diputados, durante la ?poca en que Calder?n coordinaba la fracci?n.

La nanocracia tiene ahora la responsabilidad de los dos pilares gubernamentales: pol?tica interior y pol?tica social.

En los asuntos p?blicos pueden reproducir los mismos riesgos que la nanotecnolog?a: caer en una alta toxicidad potencial a partir de las nanosustancias que distorsionan las mol?culas y el sistema inmunol?gico. Eso es mucho m?s riesgoso para la salud pol?tica de un pa?s que reclama estadistas y no microprocesadores de las decisiones p?blicas.
Publicado por solaripa69 @ 9:38
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