Jueves, 27 de marzo de 2008

Impunes, los casos de desapariciones forzadas en México: AI
pedro matías

Oaxaca, Oax., 26 de marzo (apro).- Amnistía Internacional (AI) calificó como un “paso positivo” el hecho de que México haya ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aunque consideró que la medida es “insuficiente” porque no ha adoptado todas las medidas necesarias para investigar y sancionar adecuadamente todos los casos cometidos en el pasado, que continúan impunes y cuyos responsables no han comparecido ante la justicia.

En un oficio AI: AMR 41/015/2008, AI ve con preocupación la falta de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas de dicho crimen o sus familiares o representantes.

AI puso como ejemplo el hecho de que, en 2006, el proyecto de esclarecimiento de la verdad histórica llevada a cabo por la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado contabilizó no menos de 700 desapariciones forzadas cometidas entre los años 1968 y 1985.

Sin embargo, hasta donde tiene conocimiento AI, ninguna persona ha sido condenada hasta ahora por casos de desaparición forzada de personas.

Una de las razones por las que la AI considera que contribuye decisivamente a tal impunidad, “es la desmedida competencia atribuida a los tribunales militares para conocer de los delitos perpetrados por el personal militar, incluyendo bajo su jurisdicción --en contravención con el derecho internacional-- numerosos casos de desapariciones forzadas, torturas, homicidios extrajudiciales, violaciones y otros crímenes de naturaleza sexual”, entre otros.

Para AI, si las autoridades mexicanas desean con sinceridad acabar con las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, deben poner fin al manto de impunidad que rodea la investigación de las mismas.

Por ello, el organismo recomienda se haga permitir que los tribunales ordinarios --no los militares-- conozcan de tales hechos sin interferencia alguna y el sometimiento cabal del Estado mexicano a las obligaciones consagradas en los tratados de protección de los derechos humanos, incluida la inaplicabilidad de la prescripción a los crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado.

Consideró que estas medidas, entre otras, que se deberían adoptar con premura, contribuirían sin duda a una eficaz aplicación de las disposiciones de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, recientemente ratificada por México.

En su comunicado, AI señala que México es un Estado parte en casi todos los tratados de protección de los derechos humanos, y se ha comprometido a adaptar las disposiciones de los mismos en su normativa interna. Sin embargo, dice, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad son generalizadas.

Entonces, añade, el fracaso de sucesivas administraciones para asegurar que las personas responsables de esos crímenes, incluyendo cientos de desapariciones forzadas cometidas durante las décadas del 60 al 80, son investigadas y perseguidas, continúa denegando a las víctimas y sus familiares el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Respecto de las desapariciones forzadas, la representante del Comité “Hasta Encontrarlos”, Nadin Reyes Maldonado, a 10 meses de la desaparición forzada de su padre, Edmundo Reyes Amaya, y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes son reclamados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), afirma que no han aparecido aún.

“A pesar de la terrible falta que el Estado mexicano está cometiendo al no impartir justicia y presentar con vida a nuestros familiares; a pesar de la intimidación desarrollada en nuestra contra, les decimos que nosotros seguiremos en nuestra lucha hasta encontrar a nuestros seres queridos, pues estamos convencidos de que este crimen que se ha cometido en contra de ellos no debe permanecer impune y, mucho menos, permitir que estos hechos se sigan desarrollando en nuestro país”, puntualizó.

Señaló que, “para quienes dicen que la desaparición forzada no existe en México, les preguntamos: ¿en dónde están entonces Edmundo, Gabriel, Daniela, Virginia, Francisco, Lauro, Gregorio y todas aquellas personas más de las que no sabemos sus nombres porque han sido

invisibilizados por el Estado, al violentar y amenazar a sus familias para que no alcen la voz y digan que hay mas desaparecidos en México?

“La respuesta la sabemos. Sin embargo, a veces es mejor pensar que nada sucede y que todo esta bien, pues el pensar lo contrario, nos trae grandes conflictos”, afirmó.

Plantea FACMEO marchas por liberación de presos
Iván Castellanos / Tiempo de Oaxaca

[07:06] El Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), indicó que este 31 marzo realizarán movilizaciones en esta capital y el Istmo de Tehuantepec, para exigir la liberación de los llamados presos políticos, por lo que realizarán marchas y bloquearán carreteras como medida de presión a las autoridades.
El dirigente de esta organización, Rafael Rodríguez Enríquez, aseguró que contarán con el apoyo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), la Nueva Izquierda de Oaxaca (NIOAX) y el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP).
“El FACMEO decidió llevar a cabo acciones políticas coordinadas con otras organizaciones en el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata”, detalló Rodríguez Enríquez.
Primeramente, señaló, exigirán la libertad de los presos políticos recluidos en las diferentes penitenciarías del país, en particular los indígenas loxichas, Flavio Sosa Villavicencio, Pedro Castillo Aragón, Isabel Almaraz Matías, Gonzalo López Cortés y miembros del FPR.
También demandan la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, vinculados con el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), además de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez.

 

 

Congelados, 3 mil mdp federales para el campo
Iván Castellanos / Tiempo

[07:15] La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aún no han dictaminado la declaratoria de emergencia para más de 450 municipios siniestrados por sequía atípica en 2007; ante ello, mantienen en la congeladora la entrega de alrededor de 300 millones de pesos para que los campesinos puedan superar las pérdidas.
El director de Desarrollo Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Noel García Aguilar, agregó que para los diferentes programas federales aún no se han realizado las adjudicaciones para cerca de tres mil millones de pesos que deberán aplicarse en el presente año.
La falta de un dictamen por la sequía atípica genera pérdidas para los productores, principalmente los que cultivan granos básicos como maíz y frijol; parte fundamental de la economía de estas personas.
Detalló que las reglas de operación, por las cuales se rigen las instancias federales, emplean demasiado tiempo, mientras que las afectaciones continúan en el campo oaxaqueño.
Estas reglas frenan la aplicación de recursos que son necesarios para este sector, por lo que consideró, deberán modificarse para evitar mayores problemas.
“El Congreso de la Unión ya debe realizar modificaciones a esta situación, ante el retraso para destinar recursos económicos para el campo, ya sea en situación de siniestros o para los diversos programas sociales”, detalló García Aguilar.
El funcionario advirtió que urge modificar normas y que se legisle respecto al sector rural, para que no sólo se beneficie a los campesinos del norte del país, sino se abarque a todas las regiones, principalmente al Sur-sureste, con los mayores rezagos.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:50
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