Mi?rcoles, 02 de abril de 2008

El gobierno de Calderón, a la Corte Interamericana
jorge carrasco araizaga y gloria leticia díaz

México, D.F., 1 de abril (apro).- Debido a que el gobierno de Felipe Calderón desatendió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzosa del campesino guerrerense Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia de los setenta, el caso finalmente fue turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta será la primera ocasión en que el gobierno mexicano será sometido a jurisdicción internacional como consecuencia de delitos perpetrados por militares contra la población civil. A continuación el reportaje que publicó Proceso el 16 de marzo pasado:

La falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya provocó que su gobierno sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas.

Se trata del primer caso en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil.

La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte de Derechos Humanos, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12.511, después de casi tres años deque el caso fue admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del gobierno mexicano a sus recomendaciones.

El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares.

El 15 de octubre de ese año, una delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la Comisión acerca del cumplimiento de dichas medidas, pero solicitó una prórroga de ocho meses. La Comisión sólo le concedió 120 días. La fecha límite se venció el pasado domingo 9, sin que el funcionario federal cumpliera con la exigencia del organismo.

En su respuesta, la delegación encabezada por el subsecretario Gómez Robledo informó que como parte del cumplimiento de esas peticiones “lleva a cabo actualmente amplios esfuerzos institucionales en materia de investigación y reparación respecto de los hechos que configuran el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Sus acciones, dijo, tendrán “resultados contundentes”.

La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos --una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo--, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.

Contra el fuero militar

En una sesión realizada el jueves 13 en la sede de la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del gobierno mexicano informaron que no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico.

A este militar, que en Guerrero estuvo al frente de la Brigada Blanca, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) lo consignó el 11 de agosto de 2005 por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla.

Sin embargo, el proceso judicial terminó en la jurisdicción militar, lo que fue considerado por la Comisión como violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.

La delegación mexicana refirió también que para localizar a la víctima se procedió, el pasado 2 de febrero, al escaneo del terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Así mismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y que pagaría alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.

Para Sirvent, la determinación de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a la deficiente respuesta del gobierno de Calderón, “desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.

Desde Washington, Sirvent destaca en entrevista telefónica que fue tan mala la respuesta del gobierno mexicano, que “ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la guerra sucia. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”.

Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos” en aquellos años.

De acuerdo con Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al período de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, padre de Tita fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.

Crímenes de Estado

La noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita.

La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”.

Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.

Las secuelas de la represión fueron más allá de la desaparición de Radilla. “Hubo hostigamiento, persecución, militarización del estado, comunidades de la sierra arrasadas, violaciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La gente aún no puede superar ese trauma”.

Dice que los 122 casos de desaparición forzada entre julio y noviembre de 1974 formarán parte de un expediente que se enviará a la Comisión. “Pensamos que va a tener el mismo trato que el de mi padre, porque en todas esas desapariciones los responsables son los mismos”.

A su vez, María Sirvent asegura que, cuando la Comisión notifique a los familiares de Radilla y sus abogados su decisión de turnar el caso a la Corte “tendremos dos meses para presentar nuestra demanda con pruebas, testigos y peritos”.

El gobierno de Calderón tiene 60 días para responder. Después de ello, los jueces del organismo jurisdiccional interamericano analizarán el caso para decidir su admisión.

La abogada confía en que el caso sea atraído por la Corte. Optimista, sostiene que una sentencia favorable no sólo beneficiaría a los Radilla, sino a familiares de otras víctimas.

Los familiares de desaparecidos piden la creación de una instancia para conocer la verdad histórica, cambios legislativos como garantía para que no se repitan los hechos; reformas a la Ley de Amparo con el fin de combatir la desaparición forzada; supresión de la jurisdicción militar; así como la aprobación de una ley general de desaparición forzada y otra para la reparación del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Sirvent sostiene que la decisión de la Comisión va a tener un impacto y un costo político muy grande para el gobierno federal “porque va a evidenciar que mientras no haya un cambio en estructuras y en legislación, se van a seguir cometiendo este tipo de delitos”.

En cuanto a la actuación del Ejército mexicano, dice la abogada, será una prueba más de que “no es el competente para hacer labores de seguridad pública, cosa que está pasando actualmente”.

Añade que en las audiencias ante la Corte, la familia Radilla y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ofrecerán los testimonios de especialistas como Sergio Aguayo y Carlos Montemayor.

Hubo represión

En entrevista con este semanario, Montemayor resalta la importancia del caso, porque es el primero referente a la guerra sucia llevado a esa instancia internacional y su ventilación “permitirá que puedan conocer esas atrocidades que ocurrieron en México y que no sabemos si siguen pasando”.

Destaca que su participación consistirá en “una exposición sucinta de la guerra sucia en México, que ha sido negada por las autoridades gubernamentales, quienes han rechazado cualquier imputación de tipo político en las actuaciones policiales y militares, a pesar de que hay suficientes investigaciones como para demostrar que sí hubo una represión sistemática e ilegal que se basó fundamentalmente en el secuestro de personas, en la tortura y en el asesinato”.

Para el autor de Guerra en El Paraíso --novela que aborda hechos de represión contra pobladores de la sierra guerrerense durante el período en que el Ejército combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas--, es de esperar que una de las consecuencias del juicio al Estado mexicano en beneficio de las víctimas y sus familiares sea la ubicación de restos, demanda que ha prevalecido durante más de 30 años.

La existencia y ubicación de fosas comunes o clandestinas, apunta, se documentó por el equipo de investigación historiográfica de la Femospp.

Y agrega: “Lo importante es identificar y recuperar los restos de esas víctimas, que es uno de los reclamos de los familiares; después podría pasarse al restañamiento de heridas sociales por parte del Estado mexicano, que van desde la entrega de los restos hasta indemnizaciones diversas, y por supuesto la identificación de los cuadros de oficiales y subordinados que perpetraron esos hechos”.

Más allá de que se difunda a nivel internacional el papel del Estado mexicano durante la guerra sucia, sostiene el historiador, lo más importante será que “no desaparezca la presión ciudadana ni la actividad de los organismos de defensa de derechos humanos y de familiares de desaparecidos en México”.

Lo que se busca es conocer la verdad y conservar “los documentos inconclusos de los historiadores de la Femospp para posteriores investigaciones”.

El gobierno mexicano tendrá que responder en la Corte a los señalamientos que le hizo la Comisión en agosto de 2007. De acuerdo con el informe 60/07 de la Comisión relativo al caso Radilla, México ha incumplido con distintos ordenamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José sobre derechos y deberes del hombre.

Ese documento establece que pese al trabajo de la Femospp, “no se ha determinado el paradero del señor Radilla Pacheco ni se ha establecido la verdad de los hechos, y el proceso penal ha sido llevado en la justicia militar, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.

Precisa que las actuaciones de la fiscalía, que desapareció desde finales del gobierno de Vicente Fox, “no dieron resultados concretos” en ese caso, ya que “sólo se ha procesado a una persona (Quirós Hermosillo), la cual fue absuelta”.

Sobre la jurisdicción penal militar a la que fue remitida el caso, la Comisión señala que el gobierno mexicano “no cumplió con los estándares del sistema interamericano respecto de casos que involucran a violaciones a los derechos humanos”.

Explica que en el sistema jurídico interamericano se prohíbe la aplicación del fuero penal militar en investigaciones relacionadas con la violación a derechos humanos. Precisa que los juicios se deben realizar en la justicia ordinaria, independientemente de que los responsables sean militares.

Como conclusión, establece que el gobierno mexicano “no proveyó a la víctima Rosendo Radilla Pacheco y a sus familiares Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez de un recurso judicial efectivo y garantías judiciales, tendientes al esclarecimiento de los hechos como a la sanción de los responsables y obtención de una eventual reparación de los daños sufridos”.

En definitiva, agrega: “Pese a las investigaciones que se iniciaron con el fin de esclarecer los hechos, investigar y sancionar a los responsables, éstas no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables materiales e intelectuales”.

 “Con sigilo”, cúpula elbista convoca al 25 consejo para renovar dirigencia del SNTE

■ Los delegados fueron llamados a Toluca, pero nadie sabe dónde será el cónclave, dicen maestros

■ Con su ambición desmedida, Gordillo mantendrá la presidencia vitalicia, afirman en la CNTE

Laura Poy Solano

En un clima de total incertidumbre y con la consigna de mantener “absoluto hermetismo”, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fueron convocados por la cúpula elbista para asistir al 25 Consejo Nacional Extraordinario, cuyos trabajos se prevé que empiecen este miércoles para renovar el Comité Ejecutivo Nacional y nombrar un nuevo secretario general del gremio.

Los consejeros asistentes abandonaron sus entidades de origen desde las primeras horas de este martes, para concentrarse en Toluca, estado de México, pero “sin ninguna certeza del lugar preciso donde se realizará el encuentro y con la consiga de tener apagado el celular”, aseguraron líderes magisteriales, por lo que no se descarta “algún punto de la capital del país o del estado de México”.

Agregaron que la advertencia de la cúpula elbista es que “no pasarán consejeros que no garanticen total y absoluta institucionalidad, y la estrategia es despistar a muchos o simplemente dejarlos en el camino, porque la orden de Elba Esther Gordillo es que el ingreso al encuentro sea selectivo”.

Es evidente que las “fracturas en las cúpulas elbistas son más fuertes de lo que se suponía y no quiere arriesgarse a que les revienten el consejo si el nombramiento del nuevo secretario general recae en personajes como Sanjuana Cerda o Alfonso Cepeda, quienes al parecer, son los candidatos de Gordillo y sus más allegados”.

Muchos maestros –aseguraron– “han permanecido retenidos durante horas en el aeropuerto de la ciudad de Toluca, sin que se les haya dicho dónde se va a realizar el encuentro, lo que ha comenzado a generar más incertidumbre y nerviosismo”.

Por su parte, líderes históricos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que la realización del consejo nacional elbista “no es más que un simple cambio de fichas, ante la presión que ha ejercido el gobierno de Felipe Calderón sobre su operadora política para que haga a un lado a quienes ya no son útiles o simplemente le fallaron”.

“No se va a tocar la figura de presidenta vitalicia, porque Elba Esther tiene un ego tan grande y una ambición tan desmedida que es incapaz de retirarse por su propio pie, a pesar de la oferta que le han hecho para garantizarle un retiro cómodo”, afirmaron.

Elbazo en puerta

Advirtieron que Gordillo “tiene todo listo para perpetrar un nuevo elbazo, como hizo en 2004 y 2007, utilizando las viejas tácticas del charrismo sindical, para arreglar en lo oscurito un CEN a modo, donde el yerno, Fernando González Sánchez, actual subsecretario de Educación Básica, “se quede como parte del poder detrás del trono, y con él, amigos, familiares e incondicionales de Elba Esther”.

 

 

Repsol venderá a CFE el gas más caro del mundo, denuncia AMLO

■ Favorecida por Calderón, traerá el combustible desde Perú para utilizarlo en generación eléctrica

■ Esa intermediación de la empresa española le costará a México 21 mil millones de dólares entre 2011 y 2016, dice

■ La trasnacional se benefició de información privilegiada, acusa

Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

La intermediación de la trasnacional española Repsol para la compra de gas licuado a Perú, y su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generación de energía eléctrica, le costará 21 mil millones de dólares a México, entre 2011 y 2016, debido a que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa aceptó adquirir el combustible a esa empresa con base en el índice Henry Hub, el más caro del mundo.

Al presentar ayer los detalles del contrato, Andrés Manuel López Obrador confirmó –como lo publicó La Jornada el 29 de febrero pasado– que Repsol se benefició de información privilegiada de la actual administración federal para hacerse del negocio. Sin embargo, explicó, debido al alto precio del gas se elevará el costo de la energía eléctrica que, alertó, será trasladado al consumidor.

En cambio, explicó, para Repsol, “que se ha convertido en la empresa favorita” del presidente Felipe Calderón, esta operación constituye una de las más importantes y rentables, debido a que a Perú sólo le pagarán 6 mil 26 millones de dólares por el gas durante 15 años, por lo que su utilidad únicamente por ser intermediario será de aproximadamente 15 mil millones de dólares.

En conferencia de prensa, el ex candidato presidencial presentó ayer un conjunto de documentos que comprueban cómo la trasnacional española se beneficiará con la venta de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas importado de Perú, a partir de un convenio suscrito durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Informó que se constituirá una comisión anticorrupción que investigue este caso, y que entregará la información a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que ésta a su vez requiera una investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Anticipó también que cuenta con información adicional sobre contratos obtenidos por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar, y advirtió que no se permitirá un albazo legislativo que pretenda aprobar una reforma administrativa para permitir la participación de empresas privadas en la explotación y exploración de petróleo.

Este martes, López Obrador proporcionó detalles del contrato entre la CFE y Repsol, avalado por funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Reguladora de Energía, como resultado de la licitación pública internacional 181664067-009-006 (LI-509-06), por un “servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima”, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso.

Sostuvo que la firma del contrato entre Repsol, la CFE y Pemex es “un botón de muestra de cómo la privatización del sector energético significa jugosos negocios para las empresas extranjeras, en perjuicio de los intereses nacionales”, y además afecta a la economía del país y representará “un daño al erario”.

Explicó entonces que, a partir de un análisis del “gobierno legítimo” basado en información pública y fidedigna, se detectó que el costo máximo del gas que Repsol traerá de Perú es de 2.45 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas).

Dicho costo se desglosa, a su vez, de la siguiente manera: costo de producción, 60 centavos de dólar por millón de BTU; transporte por gasoducto a la planta de licuefacción, 40 centavos de dólar; licuefacción, un dólar, y transporte por barco a Manzanillo, 45 centavos de dólar.

Así que, detalló, en suma los 500 millones de pies cúbicos diarios durante 15 años representan un costo real de apenas 6 mil 26 millones de dólares.

Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad –acusó– aceptó pagar a la trasnacional española, a precios actuales, 21 mil millones de dólares, y por lo tanto, Repsol tendrá una utilidad extraordinaria de aproximadamente 15 mil millones de dólares.

El negocio para Repsol, dijo, se deriva del hecho de que mientras el gobierno de Calderón firmó el contrato con la trasnacional española con el índice más caro del mundo, fluctuante y con tendencia al alza, la empresa ibérica “tuvo la ‘oportunidad’ de firmar con el gobierno de Perú un tope al precio del gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior a 5 por ciento en los primeros seis años del suministro, y de 7 por ciento en los cinco años siguientes”.

Refirió que la Contraloría del gobierno peruano inició, desde 2006, una investigación sobre las condiciones del contrato para la explotación de yacimientos de gas en Camisea, en la zona desértica central de ese país, a diferencia de México.

López Obrador sostuvo que desde 2005 la CFE trabajaba de manera interna en la elaboración de un proyecto para el suministro de gas natural y otro para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo, e “inexplicablemente” Repsol conoció de esos planes y, con la información privilegiada, operó para meterse al negocio.

Así, dijo, la empresa española se sumó al consorcio que originalmente había obtenido en 2000 la concesión para la explotación de gas en la región de Camisea, y en diciembre de 2005 el entonces presidente Alejandro Toledo firmó el decreto para permitir la venta de gas a México y en la costa oeste de Estados Unidos.

Sin embargo, en México la Comisión Federal de Electricidad publicó hasta junio de 2006 las bases de licitación para el suministro de gas y la construcción de la planta de regasificación; esto significa que Repsol amarró el contrato para la obtención del gas desde año y medio antes que la paraestatal iniciara los trámites oficiales.

El contrato, dijo, tiene vigencia a partir de 2011, pues desde 2008 y hasta esa fecha, se prevé concluir la planta de licuefacción, cuando Repsol estaría en condiciones de comenzar el suministro del gas a México.

Sería conveniente, concluyó López Obrador, que se iniciara una auditoría a la CFE, porque esta operación podría implicar una quiebra de la empresa, y consideró que éste también es el propósito del gobierno federal: terminar de arruinar a Petróleos Mexicanos para justificar su privatización.

La nueva batalla por Pemex

Luis Linares Zapata

Los escarceos anteriores a la batalla por Pemex y la soberanía energética han terminado. Enfrente se observa ahora un territorio inhóspito, lleno de trampas y contendientes belicosos que están dispuestos a entrar al debate directo de las visiones, los programas precisos y los conceptos rectores del sector energético. Aspectos indispensables para, después, manejar tiempos, los modos y la agenda de temas que seguirán en la disputa. En paralelo se lleva a cabo la profundización organizativa para conducir, con éxito, la refriega cuerpo a cuerpo que exigirá la movilización social, palanca de apoyo clave de la oposición.

Calderón, el presidente del oficialismo, ha declarado una retirada táctica de la disputa. Permanecerá, por ahora al menos, en la retaguardia de los discursos de ocasión, las giras protegidas por férreos dispositivos de seguridad y las inauguraciones a modo. Ha decidido lanzar por delante a sus subordinados partidistas, un conjunto de amedrentados panistas que carecen de los arrestos personales y los indispensables instrumentos requeridos para el combate avizorado. No presentará Calderón, al menos por el momento, la iniciativa abarcadora que tanto prometió y a la que, en un principio, pareció atar su gobierno. El sueño de cambiar el texto constitucional que acarició, la adecuación de leyes secundarias para permitir la injerencia del capital privado a las paraestatales de la energía y las modificaciones operativas de las mismas, fue abandonado lirón por lirón. Sólo le queda el subterfugio de la soterrada autonomía de gestión (AG) para Pemex, misma que sería calcada para la CFE.

El alegado 35 por ciento del voto triunfador no le prestó, ni de cerca, el sustento efectivo a la hora de las aventuras de gran calado, sobre todo aquellas en las que el diseño unilateral era evidente ante la atónita vista de los ciudadanos. Simplemente la administración calderonista no tiene la fuerza para dar la pelea de cara a los ciudadanos. Ni aun con el homogéneo auxilio de los medios de comunicación a su entero servicio. Llegó a Los Pinos baldado en su legitimidad y sus pretensiones transformadoras no se empatan con lo que señalan la historia y el espíritu nacionales. La alianza con el priísmo tardío apenas le da para cambios menores, cosméticos o en aquellos renglones donde su fofa enjundia se cruza con los intereses particulares de los grupos de presión. Ahí donde se hacen tan presentes como ominosas e impresentables las ambiciones personales, de grupo o de la cofradía de sus socios. La valentía que alardeaba para enfrentar los riesgos inherentes a tan osada intentona de reforma estructural sucumbió ante el desgaste que su imagen ha sufrido a últimas fechas por sus desmedidas pretensiones de alterar el espíritu constitucional (artículo 27), tan arraigado en el trasfondo de los mexicanos.

Pero a Calderón, los poderosos de dentro y fuera que lo sostienen, y esos que esperan meter la mano, el codo y, a veces, hasta la ancha cadera revestida con bolsas sin fondo, agrandadas por los privilegios, les queda una ruta para rescatar algo del naufragio: la cacareada AG. Toda una puerta de escape, entrevista para contrarrestar el fracaso de las alianzas estratégicas, las concesiones arbitrarias, los contratos múltiples o de riesgo disfrazado, la salida a bolsa para captar inversiones o la capitalización de los voluminosos pasivos (Pidiregas y otros) con que se lastró a las paraestatales en cuestión. Es por medio de la AG por donde pueden colar sus planes de entrega y apañe de riquezas disponibles, tal y como se hizo en los casos de Venezuela y Brasil (PDVSA y Petrobras).

Otorgar, mediante un cambio a modo en el marco regulatorio actual de Pemex, el margen de maniobra requerido para adoptar todas las decisiones operativas que se vayan imponiendo en cada caso particular es el sustituto a los cambios constitucionales extraviados. Un terreno coincidente con el priísmo de elite, que está por demás preparado para entrar al quite de la ineficacia panista. Una estratagema funcional que parece adecuada para la modernización, y hasta apreciada por muchos que, de otras maneras, se opondrían con tesón a dichos cambios. La AG posibilitaría el contratismo acelerado y redituable. Por eso proponen el cambio al marco regulatorio de las leyes y normas que rigen el otorgamiento de contratos para obras y servicios o la integración de los órganos de gobierno de la empresa. Por eso quieren retocar el consejo de administración, máximo instrumento decisorio. El objetivo es situar ahí a los personajes adecuados, ya sea por su proclividad ideológica o, más todavía, por su docilidad para recibir instrucciones y facilitar negocios.

Fue mediante la AG que PDVSA se independizó hasta llegar a erigirse como un Estado dentro del débil Estado nacional venezolano previo. Fueron sus administradores los que, contrariando la misma Constitución, regalaron a las empresas trasnacionales parte sustantiva del enorme tesoro de esa nación (Orinoco). Fueron también los independientes directivos de Petrobras los que concibieron la salida a bolsa y otros medios que privatizaron 60 por ciento del valor de aquella empresita de antaño. Empresa capitalizada por socios visionarios que, hoy en día, gozan de reservas que alcanzan, a valor actual, 4 o 5 billones de dólares. Una onerosa estrategia, similar en ambas naciones, que impide a sus respectivos pueblos el pleno aprovechamiento de la renta petrolera, y para que los solícitos inversionistas (aliados) de dentro y fuera de esos países hermanos se hinchen de billetes.

Esa, la AG envisionada para Pemex, es una ruta alterna para colocar dentro del cuarto de las decisiones cupulares y maniobreramente soberanas a la tecnocracia priísta de otros tiempos, aquellos que saben hacer el trabajo requerido, colonizados por el neoliberalismo entreguista y corrupto, personajes que de inmediato llegarían a esas cúspides impulsados por sus patronos y guías políticos.

El paso subsiguiente se otea con claridad meridiana: un contratismo rampante. Una feroz entrega de la operación a los traficantes de influencias privados. Un contratismo totalizador, libre de ataduras, protegido contra la vigilancia y reacio al rendimiento de cuentas, que asegure los negocios de los poderosos. La elevación de la plataforma de exportaciones seguiría imperando como exigencia de clientes voraces de crudos disponibles, baratos y seguros. Una estratagema, la AG, que terminaría, de aprobarse sin el cuidado suficiente de la oposición, por acrecentar la dependencia tecnológica que se padece y el rompimiento definitivo de la integración industrial del sector. Es por eso que el debate, además de reincidir, una y mil veces, en el espíritu constitucional y el contexto político, no puede soslayar el sensible tema de la AG, terreno donde se dará el combate final.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:29
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