Mi?rcoles, 09 de abril de 2008

Aún en pobreza, 45 millones de mexicanos, dice el Banco Mundial

■ Persiste en el país “sustancial diferencia de desarrollo entre regiones y grupos étnicos”

■ Sólo cuatro de cada 10 ciudadanos en edad de trabajar tienen acceso a la seguridad social

■ El organismo recomienda un crecimiento más acelerado para romper el patrón de desigualdad

Roberto González Amador y David Brooks (Enviado y corresponsal)

Washington, DC, 8 de abril. El Banco Mundial aseguró este martes que 45 millones de mexicanos siguen sumidos en la pobreza “en medio de una persistente y sustancial diferencia de desarrollo entre regiones y grupos étnicos” y en un entorno de inequidad en que sólo 4 de cada 10 ciudadanos en edad de trabajar tienen acceso a la seguridad social. El organismo advirtió que los pobres tienen hoy más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo que hace 15 años, cuando el país inició su inserción al área de libre comercio de América del Norte.

Este martes fue presentada aquí la nueva “Estrategia del Banco Mundial para México”, que cubrirá el periodo que va de este año hasta el final de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa. El organismo multilateral tiene comprometidos préstamos al gobierno mexicano por un monto de al menos 800 millones de dólares anuales, aunque esa cantidad puede incrementarse cuando el programa sea revisado dentro de tres años.

Avance desde los 90

El documento, de 110 páginas, señala que México necesita un crecimiento más acelerado para romper el patrón de disparidad en el desarrollo regional y en la distribución del ingreso.

En términos de reducción de la pobreza, indica el documento, México ha logrado avances desde la crisis de mediados de los 90, cuando se llegó al “pico” de que 70 por ciento de la población cayó en esta situación de precariedad.

“A pesar de los avances, los niveles de pobreza permanecen elevados, con al menos 45 millones de personas viviendo en pobreza actualmente y con una persistente y sustancial diferencia de desarrollo entre regiones y grupos étnicos. Más aún, los pobres pueden ser más vulnerables a los futuros choques del mercado laboral”.

La población del país es de 104 millones de personas.

El organismo establece que el alto grado de informalidad en la economía, las barreras de acceso a empleos formales y las características en la formación de los individuos pobres son factores que indican que “la inserción de los pobres en el mercado laboral puede ser peor que hace 15 años”.

“México ha hecho grandes avances en su desarrollo económico y social en estas dos últimas décadas; sin embargo, los beneficios de este progreso no se han distribuido equitativamente y esto representa un reto clave para el desarrollo”, dijo en una conferencia de prensa Axel van Trotsenburg, director del Banco Mundial para México.

El reporte destacó la existencia de “dos mundos” dentro de México: por un lado, el ingreso por habitante en el norte es más cercano al de los estados pobres de Estados Unidos que a los del sur de México; “las elites urbanas asisten a escuelas privadas exclusivas o estudian en el extranjero y disfrutan de servicios de salud que se acercan a los estándares internacionales”.

En contraste, para los más pobres las oportunidades de “progreso económico y social pueden ser asfixiadas por problemas de salud y la limitada cobertura y pobre calidad de los servicios de salud que necesitan”.

 

Senadores del FAP cierran filas con López Obrador en defensa del petróleo

■ La reforma, otro intento de Calderón y PAN para entregarlo a extranjeros

■ Mañana exponen medidas de resistencia civil pacífica para frenar la iniciativa oficial

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Después de una reunión en la que senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia cerraron filas con él en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador informó que el jueves dará a conocer las medidas de resistencia civil pacífica que se aplicarán para impedir que se apruebe la reforma que Felipe Calderón hizo llegar ayer al Senado de la República.

Acompañado por los legisladores, López Obrador dijo que el paquete de iniciativas forma parte del intento por entregar la renta petrolera a empresas extranjeras, similar al que se empleó en la industria eléctrica. Sin embargo, recalcó, “no nos van a engañar con eufemismos”, ya que lo que “el usurpador busca es privatizar el petróleo”.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la bancada del PRD en la Torre del Caballito y, de manera sorpresiva, la conferencia final que ofreció López Obrador se trasmitió en vivo por el Canal del Congreso.

El político tabasqueño recalcó que entiende por qué actúan así Calderón y su partido, ya que el PAN se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse precisamente a la decisión del general Lázaro Cárdenas del Río de regresar el petróleo, que estaba en manos de compañías extranjeras, al pueblo de México.

El PAN y el gobierno de Calderón están ahora en la misma ruta, sostuvo, “quieren regresarnos al porfiriato, pero no lo vamos a permitir”.

De inicio, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que el acuerdo final fue cerrar filas para defender Pemex y trazar una ruta de actividades, tanto en el Congreso como en las calles.

López Obrador, a su vez, celebró la realización de ese encuentro, en el cual, señaló, se adoptaron acuerdos importantes para actuar de manera unificada.

Incluso, aseveró que los legisladores del Frente Amplio Progresista –integrado por PRD, PT y Convergencia– están actuando a la altura de las circunstancias, a la altura de Belisario Domínguez, el senador que fue asesinado por oponerse al dictador Victoriano Huerta.

López Obrador destacó que las medidas de protesta que preparan serán pacíficas. “Siempre vamos a actuar de manera responsable, sin aceptar provocaciones; no queremos vivir en la confrontación ni en el conflicto y por ello exigimos que el petróleo continúe en manos de la nación, ya que ha sido un elemento de estabilidad”.

Informó que continuarán las reuniones con el FAP, en razón de que el propósito es trabajar de forma coordinada para preparar la estrategia.

Por su parte, el senador perredista Ricardo Monreal comentó que después de la reunión con López Obrador el siguiente paso es continuar con los preparativos para presentar un frente sólido en defensa del petróleo.

Para esto el FAP se declaró en sesión permanente e incluso, después de la reunión con López Obrador, los coordinadores Carlos Navarrete, del PRD; Alejandro González Yáñez, del PT, y Dante Delgado, de Convergencia, se quedaron platicando buen rato, porque en las próximas horas deberán tener lista la respuesta que darán dentro del Congreso para frenar la iniciativa privatizadora.

Uno de los puntos que se discuten es ir al debate, pero sólo en lo que se refiere al diagnostico sobre Pemex, y no a las iniciativas, además de seguir en alerta para impedir un albazo legislativo.

 

Propuesta oficial de abrir Pemex al capital privado

■ La reforma del Ejecutivo incluye los llamados contratos ampliados

■ Empresas extranjeras podrán participar en tareas de exploración, explotación y refinación

■ Ante controversias, jurisdicción de tribunales internacionales

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La reforma energética que el presidente Felipe Calderón envió ayer al Senado de la República abre Petróleos Mexicanos (Pemex ) al capital privado a través de los llamados contratos ampliados, figura que permitirá a empresas extranjeras participar en la exploración, explotación, refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

La reforma contempla también que Pemex se compromete a someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales ante cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de contratos.

Es una forma muy similar a la que se utilizó en el sexenio foxista para privatizar la explotación de gas, por medio de los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), sólo que ahora tienen otro nombre y van encaminados sobre todo a trabajos en aguas profundas.

Las modificaciones a cinco leyes que propone Calderón avanzan hacia ese fin, aunque en la exposición de motivos se asegura que la única intención es fortalecer Pemex.

En las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se propone legalizar y ampliar lo que fueron los CSM, toda vez que se faculta a Pemex y sus organismos subsidiarios a “convenir los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”.

Se mantiene la prohibición de contratos de riesgo, ya que se especifica que las remuneraciones a las empresas contratistas serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederá por los servicios u obras ejecutadas algún porcentaje de los hidrocarburos.

Otra modificación al artículo 4 de esa ley reglamentaria del 27 constitucional establece que “los sectores social y privado podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”.

Incluso se precisa que Pemex y sus organismos subsidiarios “podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”, sin que ello implique transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista. Sin embargo, en otro párrafo de ese mismo artículo se señala que las empresas que presten esos servicios “podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones vigentes”.

El esquema privatizador se concreta en la iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica de Pemex, ya que ahí se da autonomía y flexibilidad a la empresa para que pueda contratar con empresas privadas, y otorgar incluso adjudicaciones directas de obras o “invitaciones restringidas”, que son contrataciones sin licitación, no sólo en caso de emergencias o derrames de gases tóxicos. La paraestatal podrá llevar a cabo estas adjudicaciones directas “con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Pemex y sus organismos subsidiarios”. El párrafo tiene una referencia obvia a las exploraciones en aguas profundas del Golfo de México.

En la exposición de motivos se precisa que los cambios van encaminados a crear certidumbre jurídica tanto para proveedores y contratistas como para los servidores públicos que proponen la contratación de terceros.

También en la nueva Ley Orgánica de Pemex se define una “modalidad contractual que aplicará sólo a las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para atender las particularidades de sus actividades”, es decir, los llamados contratos de servicios ampliados, en los que se permite que tanto el contenido como el precio del contrato se determinen en el transcurso de la ejecución del mismo, “lo que también es una práctica común a nivel internacional”, según detalla la exposición de motivos.

Son contratos sujetos al “buen desempeño y generación de resultados en la ejecución de los trabajos”. Se pone un ejemplo: “En un contrato para exploración y extracción no es posible saber de antemano, aunque exista un área geográfica perfectamente definida, cuántas y qué tan profundas habrán de ser las perforaciones, por lo que tampoco es posible definir cual será el precio a pagarse o el alcance de los trabajos”.

De ahí que en el artículo 46 de esa nueva ley se señala que: “Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable.

“Lo anterior con base en las obras o servicios especificados al momento de la contratación, o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Pemex podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos.

“También podrá pactar incentivos que tienden a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo.”

En la ley se crea un comité de transparencia y auditoría, que aprobará todo lo relativo a adquisiciones y contrataciones, pero se deja claro que Pemex podrá privilegiar la licitación pública, optar en igualdad de circunstancias por el empleo de recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional. Sin embargo, no son obligatorios.

Otra iniciativa, la que reforma la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, avanza también hacia la apertura al capital privado, ya que adiciona el artículo 33 del ordenamiento a fin de que esa comisión pueda “promover la participación de los particulares en las actividades del sector”.

La nueva Ley Orgánica de Pemex incluye ampliar la integración del actual consejo de administración de la paraestatal, en la que se mantiene a miembros del sindicato petrolero con cuatro consejeros profesionales designados por el presidente de la República.

Dos de ellos trabajarán de tiempo completo, y se les considerará representantes del Estado, con lo que se robustece la injerencia del Ejecutivo en las decisiones de la empresa.

Asimismo, se faculta al consejo de administración de Pemex proponer al Ejecutivo federal la creación de organismos subsidiarios, cuya naturaleza será de órganos descentralizados que deberán realizar actividades inherentes al área estratégica del petróleo.

La reforma contempla vender parte del patrimonio de Pemex a través de los llamados Bonos Ciudadanos, que de acuerdo con la exposición de motivos estarán a disposición de la población en general y podrán ser adquiridos por personas “físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por intermediarios financieros”.

Se precisa que en este último caso, los bonos serán exclusivamente para servir “de formadores de mercado”. En la iniciativa se detalla que se trata de títulos de crédito emitidos por Pemex “que otorgarán a sus tenedores una contraprestación vinculada con el desempeño del mismo”.

No se precisa el monto de esos bonos, ya que la Secretaría de Hacienda determinará las formas y modalidades de obtenerlos y los límites de adquisición. En su exposición en cadena nacional Felipe Calderón precisó que se podrán contratar a partir de 100 pesos.

Por otra parte, el grupo parlamentario del PRD analizará a fondo las cinco iniciativas, toda vez que van en la ruta de la privatización total de Pemex, comentó el senador Ricardo Monreal Ávila.

Los tiempos políticos
josé gil olmos

México, D.F., 8 de abril (apro).- Desde 1992, cuando se reformó el artículo 27 constitucional y dejó de existir el ejido, no había habido tanta expectación por una reforma como hoy, con la iniciativa de cambios a legislación en materia energética.

Pero a diferencia de entonces, no había el encono y la confrontación que ahora existen, producto de la polarización surgida en las pasadas elecciones presidenciales en las cuales el país se dividió en dos proyectos antagónicos: el empresarial, de Felipe Calderón, y el nacionalista, de Andrés Manuel López Obrador.

Hace 16 años, la inconformidad que se expresó en las calles de parte de organizaciones campesinas en contra de un paquete de reformas constitucionales que enterraban uno de los símbolos emergidos de la Revolución, el ejido, al final fue apagada por el mismo sistema político dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hoy el escenario es completamente distinto: el Partido Acción Nacional (PAN) carece de la hegemonía que tuvo el PRI y este último instituto, convertido en oposición, se ha puesto a jugar el papel de “abogado del diablo”, que donde ve mayor ganancia, ahí se inclina para obtener su propio dividendo.

En tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como fuerza, se ha sumado a la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien ha diseñado una estrategia de resistencia en la que habrían de participar miles de personas, en su mayoría mujeres.

Sin embargo, Felipe Calderón mandó la iniciativa hasta el último momento, buscando con ello el menor daño posible a su imagen cuando ya diversos actores políticos, empresarios, intelectuales, organizaciones sociales y hasta grupos cristianos se habían instalado en la discusión del tema.

Por todas estas presiones, pero sobre todo pensando en ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en la elección del 2009, y, con ello, contar con mayores márgenes de maniobra política, el gobierno de Calderón Hinojosa tuvo que modificar la reforma constitucional que, en principio, se tenía prevista, y mandó un paquete de modificaciones a leyes secundarias, entre ellas a la Ley de Adquisiciones y de Obras Públicas; de la Comisión Reguladora de Energía; Administración Pública Federal; Federal de Derechos y la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.

Al parecer la clave está en que se buscaría darle la vuelta a la prohibición constitucional de que la iniciativa privada nacional y extranjera puedan invertir en la explotación del petróleo en tierra o en aguas profundas. Y el camino para evitar eso, es la propalada “autonomía de gestión”, que posibilitaría a Pemex asumir sus propias decisiones en materia de inversiones.

Otra figura legal sería la de “servicios ampliados”, la que posibilitaría a la iniciativa privada tener presencia en casi toda la cadena del proceso petrolero.

Los puntos finos de la iniciativa calderonista son, sin embargo, de manufactura priista, más en específico, del senador Manlio Fabio Beltrones que, desde hace unas semanas, en una entrevista televisiva, dio las pautas de la reforma en materia energética.

No obstante esas modificaciones, la iniciativa energética es la prueba de fuego del gobierno de Felipe Calderón.

Si es aprobada, no sólo se llevará el triunfo, sino que tendrá que compartirlo con el PRI y, en específico, con el senador Beltrones.

Pero también ambos, PAN y PRI, tendrán que asumir los costos sociales y electorales de la aprobación de este conjunto de reformas.

Y es que no sólo las organizaciones ciudadanas se han manifestado en contra de cualquier intento privatizador de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también las propias agrupaciones guerrilleras han definido, en conjunto, su postura en un “manifiesto a la nación”.

El documento fechado el 10 de abril, día que se recuerda la muerte de Emiliano Zapata, está firmado por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), Organización Insurgente 1º de Mayo (OI-1M), Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D) y Unidad Popular Revolucionaria Magonista (UPRM).

En el manifiesto piden cohesión y unidad a todas las organizaciones, incluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para detener “la ofensiva” del gran capital.

La estrategia gubernamental y del PRI es que la discusión se alargue hasta el próximo periodo de sesiones, y con ello desgastar las protestas sociales que encabeza López Obrador, y a las que se han sumado ahora las organizaciones guerrilleras.

Pero conforme pase el tiempo, el deterioro será para el gobierno y el PRI, a los que les urge una pronta aprobación de la reforma energética, con el fin de asimilar cualquier efecto negativo que les pueda impactar en el no tan lejano proceso electoral del 2009.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:38
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