Martes, 15 de abril de 2008

Abortó el plan de Calderón.
alvaro delgado

México, D.F., 14 de abril (apro).- El bajacaliforniano Cuauhtémoc Cardona, subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, se desplazaba, con sigilo, por las instalaciones del Senado, aun cuando se trata de un funcionario desconocido hasta para muchos legisladores panistas.

--¿A qué hora llega hoy la iniciativa al Senado? --le pregunté.

--No te puedo decir nada.

--¿Usted trae el paquete de iniciativas?

--No, vengo a otra cosa --evadió.

--Pero hoy se entregan --insistí.

Sólo asintió con la cabeza.

Era el mediodía del martes 8 de abril y, una vez hecho el pacto con el priista Manlio Fabio Beltrones, que prácticamente le garantizaba el acceso a Los Pinos, en 2012, Felipe Calderón había ya decidido firmar el proyecto de iniciativas de ley, en vez de los senadores panistas, como había adelantado Santiago Creel y que le valió otro regaño de los jerarcas de su partido, tan severo como cuando acepó debatir sobre el tema con Andrés Manuel López Obrador.

Dos senadores del Partido Acción Nacional (PAN), y uno priista --de la burbuja manlista--, habían confirmado al reportero que, en el curso del día, llegarían las iniciativas firmadas por Calderón y que, aseguraban, serían aprobadas con celeridad en este mismo periodo ordinario de sesiones.

¿Y el debate que, más allá de si lo exigían los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), es indispensable por ser el petrolero un tema fundamental para el país, sobre todo en el contexto de quienes afirman que en México prevalece la democracia?

“Habrá debate en la tribuna del Congreso”, dijo, riéndose, uno de los senadores, en sintonía con la posición de su jefe, Germán Martínez, el gerente en turno del PAN. El otro coincidió: Ya no hay tiempo, porque apenas si alcanza para dictaminar las iniciativas en las comisiones, entre ellas la de Energía.

El arreglo con Beltrones era acelerar el trámite legislativo y aprobar la reforma antes de que López Obrador pudiera activar la resistencia civil pacífica y bloquear los accesos a las dos cámaras del Congreso, sobre todo al Senado, a donde llegaría la iniciativa.

--¿Se reforma la Constitución? --le pregunté a uno de los senadores, que contestó a condición del anonimato.

--No, porque no nos alcanza. Pero el acuerdo con el PRI es que sólo aprueben leyes, inclusive con algunos senadores y diputados que voten en contra para que parezca que hay disidencia.

El otro senador reconoció que las iniciativas garantizan al sector privado nuevos negocios en la industria petrolera, no como lo quería Calderón y lo demandan los magnates, pero era un primer paso para una apertura mayor. “Es como cuando quieres abrir una puerta: a veces no se puede completa, pero al menos logras meter el pie para que esté entreabierta. Pero ya no está cerrada.”

Y sí. Más tarde, y en los días que han seguido al envío del paquete de iniciativas, algo está muy claro: se trata de un proyecto que, en la parte sustantiva, burla el artículo 27 constitucional y confirma lo que tanto negaron y siguen negando quienes consideran estúpidos a los mexicanos: la entrega del petróleo al sector privado nacional y extranjero.

Pero, además de esta mentira, se evidenció otra: la que tiene que ver, como se describió arriba, con el debate sobre una reforma que tiene impacto en la vida cotidiana de las personas y que por tanto les concierne.

Calderón y sus empleados, Georgina Kessel y Jesús Reyes-Heroles, ofrecieron un debate nacional para discutir qué hacer con esta industria que ha sido estratégica durante casi siete décadas y que hoy --renegando del compromiso de la discusión-- se pretende entregar, sin más, a empresas privadas, como si fuese de su propiedad.

Cualquiera que lea el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria sabe que el proyecto de Calderón trastoca esas disposiciones, tal como lo expone Cuauhtémoc Cárdenas en el documento que hizo circular el viernes 11, sobre la “iniciativa entreguista”.

La apertura de áreas estratégicas propuesta por el Ejecutivo representaría la desintegración de las cadenas productivas de la industria, ya de por si erosionadas ante la falta de inversión, el desplazamiento de Petróleos Mexicanos de esas actividades y su substitución, en ellas, por intereses privados, que usufructuarían los mercados correspondientes, y dejar casi como únicos campos de actividad pública la exploración y la extracción, y a ésta como fuente de ingresos casi única también para la industria petrolera nacionalizada.

Pero tanto o más grave que la afectación del interés público, de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo respecto a esta ley reglamentaria que pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, sería la flagrante violación que se haría a la Constitución. Hacerlo, como plantea la iniciativa, por medio de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o por recurrir al subterfugio de cambiar la palabra concesión por la de permiso, que en este caso resultan equivalentes, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional.

Dejar pasar esta reforma sería hacerse cómplice de un atraco a la Constitución. Los legisladores no pueden traicionar la palabra empeñada de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.


Tiene razón.

Apuntes

El documento de Cárdenas, que el sábado apenas mereció notas breves y superficiales --que lo devolvieron a la condición de enemigo del régimen, sobre todo en 1988 y 1994--, circuló un día después de que los senadores y diputados tomaron las tribunas de las dos cámaras del Congreso, lo que frustró el plan de Calderón y Beltrones, que montaron en cólera. Otros “pacíficos”, como Felipe González González, exgobernador de Aguascalientes, de plano mostraron su talante frente a los senadores fapistas: “¡Vamos a bajar de ahí a los hijos de su puta madre!”, dijo González, en el lenguaje que usan los panistas en los correos amenazadores que envían a quienes ellos identifican como sus enemigos y en los foros, como los del diario Reforma. Y, cuidado, González es un sujeto que porta armas de fuego y si las trae, él mismo lo dice, es para usarlas.

 

Soberanía petrolera: péndulo de la historia

Luis Hernández Navarro

Rafael Correa, presidente de Ecuador, dijo al mandatario mexicano Felipe Calderón: “ser de derecha ya pasó de moda en América Latina”. La afirmación del ecuatoriano no es una frase de ocasión. Efectivamente hay un vuelco importante en la orientación política de los gobiernos de la región.

Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Brasil y Argentina muestran que los vientos soplan en dirección hacia la izquierda. El posible triunfo del ex obispo católico Fernando Lugo en los próximos comicios del 20 de abril en Paraguay, que pondría fin a más de 60 años de dominio del Partido Colorado, confirma esta tendencia.

Por supuesto, está a discusión el sentido y el alcance de las transformaciones políticas y sociales emprendidas por esa izquierda y su relación con los movimientos populares, que en muchas ocasiones se encuentran detrás de sus victorias electorales. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos gobiernos han dado marcha atrás o frenado las privatizaciones rapaces que sus bienes naturales y servicios públicos sufrieron durante los años 90. La soberanía nacional sobre los recursos naturales es uno de los ejes.

Con el nuevo siglo, uno de los elementos centrales de las nuevas políticas de estos gobiernos ha sido la renegociación de los contratos firmados por gobiernos de derecha con las empresas petroleras trasnacionales. Con la expansión de las explotaciones de gas y los precios del oro negro al alza, los estados han decidido cambiar las reglas del juego. El precio del petróleo prácticamente se ha duplicado en los pasados tres años.

Hace tres décadas el nacionalismo petrolero alcanzó su cenit después del alza en el precio del crudo de 1973. En los 80 comenzó su repliegue. Desde hace ocho años ha resurgido. Los gobiernos de economías de hidrocarburos han ampliado y profundizado su control en la producción y explotación del gas y el petróleo.

La desconfianza en las grandes potencias, la importancia del petróleo en la generación de ingresos y el descontento con los resultados de las grandes empresas y los desfavorables contratos firmados con ellas son algunas de las causas que explican la nueva dirección en la que se mueve el intervencionismo estatal en el sector. El petróleo es una herramienta formidable para alcanzar la independencia económica o para profundizar la dependencia hacia las metrópolis.

La ola de nacionalizaciones de la década de los 70 dejó como saldo una serie de grandes compañías petroleras nacionales propiedad de los estados, además de las que ya existían, como la mexicana Pemex: Arabian American Oil Company-Aramco (Arabia Saudita); National Iranian Oil Company-NIOC; Iraqi National Oil Company-INOC (lrak); Kuwait Oil Company- KOC (Kuwait); Abou Dhabi Company for Onshore Oil Operations-ADCO (Emiratos Árabes Unidos, el Estado posee 60 por ciento de sus acciones); Petróleos de Venezuela SA-PDVSA (Venezuela).

El nuevo intervencionismo estatal en el petróleo y gas ha permitido a varios países el crecimiento de las arcas públicas. La limitada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales permitió que la empresa YPBF sea ya no solamente el regulador de los contratos con las grandes empresas, sino la propietaria de todo el gas que posee la nación. Es el Estado quien define los precios, los volúmenes y los lugares de producción. De esta manera pasó de controlar 6 por ciento del PIB a 19 por ciento. Quiere llegar a 30 por ciento.

Pero el nacionalismo petrolero en sus distintas variantes no es exclusivo de América Latina. El gobierno laborista inglés aumentó la tasa de impuestos para compañías que producen gas o petróleo en el Reino Unido a 50 por ciento, a pesar de que se necesita un aumento de la inversión para contener la caída de la producción de los envejecidos campos del Mar del Norte.

Un papel preponderante en esta nueva ola lo juega Rusia. El gobierno de Vladimir Putin incrementó el tamaño del sector público en hidrocarburos, sin cerrar la puerta a la inversión privada, tanto rusa como extranjera, al tiempo que apoyó la expansión de Gasprom, megacorporación bajo control mayoritariamente estatal.

El malestar hacia las grandes empresas privadas también ha irrumpido en otras naciones. Es el caso de Argelia con Repsol/Gas Natural y de Kazajstán con ENI. Los gobiernos de esos países han exigido una modificación de los contratos, o su rescisión.

A pesar de todo ello, la reciente iniciativa de reforma al sector energético del gobierno de Felipe Calderón marcha en dirección contraria a la ruta por la que transitan los gobiernos de América Latina y los de la mayoría de los países petroleros. Lo hace cuando el precio de barril del petróleo alcanzó más de 112 dólares el barril en Nueva York, y cuando el Fondo Monetario Internacional prevé que en 2009 baje apenas un dólar. Llega cuando el tiempo para cubrirla con el manto de la legitimidad se agotó. Camina contra la historia reciente del sector.

El Ejecutivo no parece darse cuenta de que el resto de las naciones marchan en sentido contrario porque la ruta que él ha trazado ha resultado ya un fracaso.

 

Todos con Lucía Morett

René Drucker Colín

Desconozco si a Lucía Morett le preparan o no una acción penal en cuanto retorne a México. Sin embargo, por como el actual gobierno mexicano ha actuado a la fecha, es bien probable que esto se convierta en la realidad que le esperaría.

Vergonzoso fue el escaparate que mostró el Estado mexicano cuando dio respuesta vigorosa e inmediata a Venezuela en el asunto Cemex, y muy, muy tardíamente y con tímida intensidad, respondió a la pérdida de vida de los jóvenes mexicanos, a raíz del artero ataque colombiano al campamento de las FARC en Ecuador.

Independientemente de las confusiones y opiniones que cualquiera de nosotros pueda tener sobre los extraños sucesos que se dieron en aquella región, la pobre respuesta de las autoridades mexicanas en defensa de connacionales es realmente preocupante. Más preocupante aún es la ausencia total de apoyo a una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y la posible amenaza que se cierne sobre su futuro. Desde luego, los oligofrénicos ataques a la universidad nacional, tratando de vincularla con guerrillas, muestran la repugnante cara de un segmento de la sociedad mexicana que no pierde oportunidad alguna para tratar de ensuciar la imagen de una institución pública que tanto ha dado y seguirá dando a la nación.

Pésele a quien le pese, la fuerza de la UNAM está precisamente en el hecho de que tiene en sus filas el más amplio abanico de alianzas con la sociedad. En el caso de Lucía Morett, quien tuvo el valor de ir a hacer lo que hizo en Ecuador, no se le ha fincado ninguna demanda legal allá, no cometió ningún ilícito, palabras más palabras menos del presidente Correa. ¿Por qué se le prepararía aquí en México una acción penal?

Las autoridades judiciales del país, en lugar de estar contemplando fincar responsabilidades en un asunto de poca monta para el Estado, pero devastador para el futuro de Lucía, ¿por qué no mejor se esfuerza en armar un expediente penal sobre aquellos que desfalcaron al país durante el sexenio anterior, por ejemplo? ¿Será porque son del mismo equipo?

La gente de dentro y fuera del gobierno, que tiene la costumbre de procurar desprestigiar a la máxima casa de estudios, institución insustituible, haría más bien al país si buscara formas de ayudar a ésta a impulsar, aún mejor de lo que lo hace hoy día, sus actividades sustantivas.

Está clara la evidencia del gran desprecio y desconfianza que se le tiene en éste y en el anterior sexenio a la educación pública, a la ciencia, y de paso a la cultura. Para muestra un botón: sólo hay que ver el desastre que es hoy el Conacyt, resultado de casi ocho años de apatía e incompetencia.

La UNAM es la conciencia de este país y como tal se esfuerza día a día por encontrar los cauces más apropiados por los cuales pudiera transitar la nación, para que logre ser mejor para la mayoría de los mexicanos. Es la universidad el centinela crítico y propositivo de esta sociedad. Los miembros de esta institución participan en las más variadas y amplias tareas de la sociedad. Algunas quizá no gusten, asusten y preocupen, pero son necesariamente parte de la vida universitaria.

Lucía Morett es ejemplo de eso y no hay que perder de vista que es importante preservar esto. Por eso hay que defenderla a ella y a la libertad de pensar diferente. Los límites legales del pensamiento diverso están en la Constitución.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:51
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