Lunes, 21 de abril de 2008

La promoción del odio.
alvaro delgado

México, D.F., 21 de abril (apro).- “Mejor sociedad, mejor gobierno”, que firma el spot que compara a Andrés Manuel López Obrador con dictadores como Adolfo Hitler, y que desde la noche del pasado jueves 17 se transmite por televisión en horario estelar, es uno de los organismos que auspiciaron, en la campaña presidencial de 2006 y al margen de la ley, campañas en medios contra el entonces candidato presidencial perredista y en favor de Felipe Calderón.

El presidente de “Mejor Sociedad, mejor gobierno” es Guillermo Velasco Arzac, coautor, junto con José Antonio Ortega Sánchez, de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de “terrorismo” contra los mexicanos asesinados en Ecuador a manos del ejército de Colombia, con cuyo presidente, Alvaro Uribe, ambos se entrevistaron, apenas la mañana del miércoles.

El tercer invitado en la entrevista con Uribe, quien calificó de “terroristas” a los cuatro jóvenes mexicanos muertos por las tropas colombianas y la sobreviviente Lucía Morett, fue el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, quien paga del presupuesto estatal un sueldo de asesor a Ortega Sánchez. Este último es también abogado del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, a quien el mandatario recientemente le dio un donativo de 90 millones de pesos.

Velasco Arzac preside la Coordinadora Ciudadana, agrupación política nacional registrada ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y Ortega Sánchez --quien preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, un organismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-- son operadores de El Yunque, la organización de extrema derecha a la que pertenecen, por ejemplo, el secretario particular de Calderón, César Nava, y la subsecretaria de Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda.

Los dos tienen un abultado expediente de andanzas como activistas de El Yunque y las numerosas fachadas que ha tenido esta organización secreta en su medio siglo de historia:

Velasco Arzac, cuyo seudónimo es Jenofonte, se inició como miembro del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) en la Universidad Iberoamericana, en la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y luego en México Unido contra la Delincuencia, del que fue expulsado, junto con Ortega Sánchez, por pretender utilizar la agrupación como una fachada más de El Yunque.

Fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública en los albores del del gobierno de Vicente Fox, pero fue despedido por Alejandro Gertz y se refugió como asesor de Marta Sahagún, de quien su hijo, Guillermo Velasco Barrera, fue su publirrelacionista, junto con otra militante de El Yunque, Ana García García.

Ortega Sánchez, por su parte, milita en El Yunque desde que era estudiante de preparatoria y fue compañero de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien pretendió, en coordinación con el cardenal Sandoval Iñiguez, reabrir las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo para acreditar la tesis del complot y convertirlo en santo.

De hecho, con ese propósito el gobierno de Jalisco le paga una asesoría a Ortega Sánchez, cuyo jefe inmediato es el secretario general de gobierno del estado, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, penúltimo presidente de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), otra fachada de El Yunque.

“Mejor sociedad, mejor gobierno” inició anoche la campaña con tiempos que compró en la televisión y, por ello, el IFE inició este mediodía un procedimiento para determinar si Velasco Arzac, quien preside una agrupación política nacional, tiene prohibido hacerlo, conforme al artículo 41 de la Constitución, y también a solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, presentó una queja con solicitud de medidas cautelares para que deje de difundirse en Televisa un spot contratado por miembros y simpatizantes del PAN, como Velasco Arzac, quien a su vez, en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, reconoció públicamente que es suya la idea del spots, pero rechazó revelar el origen del financiamiento para transmitirlo por televisión.

El spot, en el que aparece el rostro de López Obrador, junto con los dictadores, es relatado por una voz en off: “¿Quiénes clausuran los Congresos? 1933, Adolfo Hitler en Alemania; 1939 Benito Mussolini en Italia; 1973, Augusto Pinochet, en Chile; 1913 Victoriano Huerta fue el último que había clausurado el Congreso en México. Ahora, 2008, PRD, PT y Convergencia han clausurado el Congreso. ¡Nuestra democracia está en peligro, nuestra paz está en riesgo! ¡México no merece esto!.”

Un spot semejante se difundió profusamente en televisión en el proceso electoral del 2006, cuando López Obrador fue comparado con Hugo Chávez no en funciones de presidente de Venezuela, sino cuando encabezó un golpe de Estado, en el 2001, y que mezclaba imágenes de armas y cadáveres en las calles de Caracas.

Los spots estaban firmados por el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), Compromiso Joven y Alianza Sindical Mexicana (ASM), organismos formados por Velasco Arzac y encabezados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), como el caso de los hermanos Terrazas Torres, dueños de Cementos Chihuahua.

Tal como se acredita en el libro El engaño. Prédica y práctica del PAN, cuyo autor es el reportero, Celiderh, Compromiso Joven y ASM contrataron tiempos en radio y televisión contraviniendo la ley electoral que, en su artículo 48, establece: “Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo...”.

A pesar de esta prohibición expresa, el Consejo General del IFE presidido por Luis Carlos Ugalde impidió la difusión de las campañas de estos organismos vinculados con el PAN que, además, formaban parte de la organización Sociedad en Movimiento, patrocinado por la Coparmex y por otros organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que, también, ilegalmente, contrataron tiempos en radio y televisión para hacer campaña por Calderón y contra López Obrador.

“Mejor sociedad, mejor gobierno” fue, también, uno de los membretes que formaban parte de Sociedad en Movimiento y, de hecho, Velasco Arzac fue habilitado como vocero y uno de los representantes era el jefe nacional del Yunque, Bernardo Ardavín Migoni.

Tal como se describe en los capítulos “Los financieros del odio” y “El jefe Ardavín”, Velasco Arzac hizo abierta campaña contra López Obrador, a menudo de manera ilegal como lo acreditó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y a favor de Calderón, a quien supuestamente le hizo ganar más de un millón de votos.

Después de que el TEPJF decidió que Calderón era el ganador de las elecciones, y como habían hecho campaña por él, Velasco Arzac hizo pública su intención de ser tomados en cuenta en el nuevo gobierno.

“No le hemos pedido ningún premio, no estamos cobrando facturas, pero que tome en cuenta la agenda de los ciudadanos que lo apoyamos, que fuimos muchos”, declaró velasco Arzac, el 3 de octubre.

Velasco Arzac no consiguió chamba en el gobierno de Calderón, pero sí prominentes miembros de El Yunque y, al mismo tiempo, militantes del PAN: Uno de ellos es José Ramón Ardavín Ituarte, hijo del jefe nacional de la organización, quien es subdirector de la Comisión Nacional del Agua, con José Luis Luege, y otro es César Nava, secretario particular de Calderón, entre decenas de ellos en el gobierno federal...

Fascismo

John M. Ackerman

El fascismo es una ideología basada en la razón del Estado y la fidelidad total al jefe de la nación. “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”, decía Benito Mussolini. Es un sistema político profundamente conservador, cuyo propósito original era combatir la expansión de los movimientos obreros en Europa después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El fascismo está basado en la violencia y la intolerancia a la oposición, la pluralidad y la crítica. Tal régimen utiliza la propaganda y los medios de comunicación para generar un clima de miedo y odio a todos los que sean “diferentes”.

Quien peligrosamente se ha acercado al fascismo durante los últimos días no es Andrés Manuel López Obrador, sino el actual gobierno y los grandes monopolios privados, además de amplios sectores del PAN, el PRI y sus aliados intelectuales. Ellos son los que se niegan a debatir de manera amplia y plural el futuro del petróleo. Ellos son los que difaman y buscan eliminar desde las cúpulas del poder político, económico y mediático a cualquier disidente u opositor.

El Congreso de la Unión de ninguna manera está “secuestrado”, como afirmaron Enrique Krauze, José Woldenberg, el Consejo Coordinador Empresarial y la asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores han podido sesionar y despachar sus asuntos más urgentes. Las tribunas están tomadas en un acto simbólico de resistencia civil pacífica para demostrar que no hay “normalidad” democrática en el país, que nuestras instituciones políticas se encuentran en crisis.

Esta crisis resulta del hecho de que una mayoría parlamentaria ha decidido darle la espalda al electorado y aprobar reformas en materia energética que, además de violar la Constitución, van en contra de la voluntad mayoritaria de la población mexicana. Cuando los representantes populares traicionan la confianza de los electores y se colocan por encima de la Carta Magna, la protesta social no es peligrosa, sino saludable, ya que ayuda a rencauzar la democracia. De otra forma, los políticos se acostumbrarían a ignorar a la ciudadanía y, como ocurre en nuestro país, terminarían utilizando sus cargos para perseguir fines particulares, familiares o de gremio. La presencia de una fuerte movilización social no es una amenaza para la democracia, sino un claro indicador de su vitalidad.

Al clausurar sus respectivos congresos, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta usurparon el poder desde las cúpulas de la autoridad estatal. Desaparecieron el Poder Legislativo con el propósito de centralizar aún más el poder en sus manos. Por el contrario, al salir a las calles y ocupar las tribunas, López Obrador y el Frente Amplio Progresista (FAP) pretenden abrir las negociaciones y asegurar que los ciudadanos puedan ser escuchados antes de la aprobación de la reforma energética.

Es un grave error reducir la democracia, el “gobierno del pueblo”, a la actividad de los gobernantes. Los senadores, los diputados y el Presidente de la República tienen la obligación de mantenerse en permanente contacto y comunicación con sus representados. Asimismo, los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de llamar constantemente a cuentas a sus autoridades. Recibir más votos en una elección no otorga al candidato ganador un cheque en blanco para hacer o deshacer a su antojo, sino una gran responsabilidad de representar a la sociedad. Cuando permanece una gran incertidumbre con respecto a la validez de la victoria misma, esta responsabilidad se multiplica y se expande.

Lamentablemente, como espejo y continuación del conflicto poselectoral de 2006, la coalición gobernante ha decidido de nueva cuenta recurrir a la diatriba y la cerrazón para imponer el resultado que desea. En lugar de acercarse a la coyuntura política con valentía y apertura, el actual presidente esconde la cabeza y manda a sus agentes políticos, económicos e intelectuales a tronar toda oposición y crítica. Así como ayer Felipe Calderón se negó a aceptar un recuento total de la votación por miedo a conocer la verdad, hoy se niega a exponer su iniciativa al debate popular por temor a enfrentarse con un pueblo informado y consciente.

Los defensores de “las instituciones” a secas olvidan que en un sistema democrático los ciudadanos son los que tienen la última palabra. En la peor de las tradiciones fascistas, los ideólogos actuales privilegian la estabilidad y el orden por encima de la justicia y la participación social. El mejor antídoto para el fascismo es la construcción de una sociedad crítica y participativa, dispuesta a cuestionar y llamar a cuentas a nuestros gobernantes, no un pueblo doblegado de forma pasiva a las decisiones que violan gravemente sus derechos.

Huevos de serpiente

Gustavo Esteva

Es cierto: se trata de una engañifa, una maniobra tramposa. Pretende dar una cosa por otra. Pero lo que está ocurriendo es aún peor que la inaceptable entrega de Pemex. Incuba lo inenarrable.

Desde hace tiempo, de modo sutil, el discurso del gobierno se instala en el eufemismo, ese “modo de decir o sugerir con disimulo ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. No es sólo que las autoridades encubran sus acciones o que su propaganda esconda sus errores y exagere sus realizaciones. Es que pervierten la naturaleza del discurso público al encerrarlo en eufemismos enfermizos.

La construcción de oximorones es práctica habitual en gobiernos políticamente débiles o ilegítimos, que no se atreven a llamar a las cosas por su nombre. Hablar de protección nuclear o inteligencia militar son ejemplos clásicos de esta escuela de gobierno.

El creciente ejercicio del eufemismo en el discurso gubernamental lleva mucho más lejos esa operación. Los ejemplos abundan.

* Un programa oficial que busca la privatización de las tierras ejidales y la expulsión de los campesinos se denomina Programa de Certificación de Derechos Ejidales.

* Un conjunto de disposiciones legislativas que pone abiertamente en riesgo la riqueza biológica del país se llama Ley de Bioseguridad.

* En Chiapas, un programa que se ocupa activamente de destruir su inmenso patrimonio de semillas criollas de maíz para que los campesinos se vuelvan dependientes de las semillas transgénicas de Cargill, Monsanto y Dupont se llama Maíz Solidario.

* También en Chiapas, se intensifica cada día una guerra abierta contra las bases de apoyo zapatistas, en la cual se emplean medios legales e ilegales, militares y paramilitares, y toda suerte de recursos públicos, para desalojar a los campesinos de sus tierras, expulsar a los indígenas de sus comunidades, intimidar a todos, socavar la autonomía de los pueblos y proteger los intereses de caciques y de planes y empresas trasnacionales. Todo esto se llama Programa de Seguridad Interna, en el lenguaje de la Secretaría de la Defensa Nacional.

* Dentro de esa estrategia, se emplea especialmente a un grupo paramilitar, conocido ampliamente por la violencia e impunidad de sus dirigentes y concentrado actualmente en la entrega legal de tierras zapatistas a grupos no zapatistas de campesinos, con apoyo de las autoridades agrarias. El grupo se ha constituido ya como asociación civil y se denomina Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos.

No se trata de simple cinismo. No es la astucia de quien grita ¡Al ladrón! para poder alzarse con el botín, como la que emplea Calderón para demandar que se abran al diálogo quienes no hacen otra cosa que exigirlo. No es un mero truco mediático el que presenta como reforma energética un conjunto de enredadas disposiciones, cuidadosamente empacadas en lenguaje técnico, para entregar la renta petrolera a intereses privados. No se entrega el petróleo mismo: hasta quienes concibieron la propuesta saben que ese intento podría costarles la corta vida política que les queda. Pero hacen irrelevante el carácter nacional de ese patrimonio al entregar los aspectos más lucrativos de su empleo.

En la década de 1930 George Orwell desnudó la técnica que empleaban entonces los regímenes totalitarios: se bombardean pueblos indefensos desde el aire, se lanza a los habitantes al campo abierto, se ametralla el ganado, se prende fuego a las chozas con bombas incendiarias: esto se llama pacificación. Roban sus granjas a millones de campesinos y los hacen caminar por las carreteras con lo que puedan cargar: eso se llama transferencia de población o rectificación de fronteras. Se encarcela por años a las personas, sin someterlas a juicio, se les da el tiro de gracia o se les manda a morir de escorbuto a los aserraderos del Ártico: esto se llama eliminación de elementos indeseables. Este tipo de fraseología es necesaria si uno quiere nombrar las cosas sin evocar una imagen mental de lo que se está diciendo.

Poner la vida social en manos del mercado y la policía o el ejército implica desertar de la función de gobierno. Persiste, empero, la necesidad de controlar a la población, cada vez más reacia a aceptar la insensatez autoritaria de los gobernantes. Con ese fin se instala en el discurso público el reino del eufemismo, que llega acompañado de su consorte habitual: la propaganda que siembra odio y miedo en el sector de la población que constituirá la base social del ejercicio totalitario.

No me parece exagerado afirmar que esta pretensión es mucho peor que la mera entrega del petróleo. Necesitamos detenerla antes de que sea demasiado tarde.

Ofensiva de Uribe en México
jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- Álvaro Uribe, presidente de Colombia, está ensoberbecido. Tan orgulloso está de su ataque militar a las FARC que ahora se empeña en que, el gobierno de su asesorado Felipe Calderón, confirme que los mexicanos muertos por el ejército colombiano en Ecuador eran unos consumados terroristas y narcotraficantes.

No sólo ha copado al gobierno mexicano con información de sus servicios de inteligencia, sino que ha obtenido el apoyo de los sectores más conservadores de la derecha mexicana, con los cuales tuvo una reunión la semana pasada en Cancún, cuando participó en el Foro Económico de América Latina.

El gobierno de Colombia ha encontrado un amplio margen de acción ante la pasividad del gobierno de Calderón, quien, forzado por las destempladas declaraciones de Uribe, tuvo que pedirle a su asesor en asuntos de narcotráfico que no adelantara juicios sobre la condición en que se encontraban los mexicanos muertos en esa acción militar.

Peor todavía es que el representante de Uribe en México, el embajador Luis Camilo Osorio, desestime la defensa que ha hecho la UNAM de los cuatro universitarios muertos y de Lucía Morett, quien resultó herida en el ataque.

“Nadie ha invitado a la UNAM a este debate, en el sentido de que se le hay citado, acusado o señalado. El rector (JoséGui?o Narro le abrió al presidente (de Ecuador, Rafael) Correa un escenario para que entre en debate una cosa que él debía internamente más bien en centrarse a hacer la tarea de qué está ocurriendo en su universidad”, declaró el embajador a Apro.

Tres de los cuatro mexicanos muertos en el bombardeo de la milicia colombiana pertenecían a la comunidad universitaria; por ello, las autoridades de la UNAM han tenido que responder a los cargos de terrorismo internacional que el gobierno de Uribe les imputa.

Pero no son sólo cinco los universitarios acusados. Por lo menos, una docena más están siendo investigados por la PGR, a instancias del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presidida por José Antonio Ortega, y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, encabezada por Guillermo Velasco Arzac.

Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, por cierto, es la autora del spot que, la semana pasada, empezó a transmitirse por televisión, en el que se compara a Andrés Manuel López Obrador con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta, por haber “clausurado” el Congreso mexicano.

Ortega y Arzac se reunieron durante más de una hora con Uribe en Cancún. La información no trascendió en México, pero la prensa colombiana reportó que, además de Ortega y Arzac, en el encuentro también participó el gobernador de Jalisco, Emilio González. Los tres fueron presentados en Colombia, como los “nuevos aliados” de Uribe.

Con información que les entregó la embajada de Colombia en México y de los propios servicios de inteligencia mexicanos, ambas organizaciones le piden a la PGR que concentre sus pesquisas en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde, según la denuncia de hechos que Ortega y Arzac presentaron el 25 de marzo pasado, se ubica un núcleo de las FARC en México.

El argumento del gobierno colombiano es que ese grupo formaba parte de la célula que las FARC tienen en México, en particular en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM.

De acuerdo con esa línea, la sobreviviente, Lucía Morett, es el núcleo de esa célula, pues habría sustituido a Olga Marín, hija del jefe de las FARC, Manuel Marulanda, y esposa de Raul Reyes, el segundo al mando las FARC, muerto en la acción del ejército de Colombia en el campamento que la guerrilla colombiana tenía en Ecuador.

Marín fue representante de las FARC en México hasta que la organización guerrillera fue expulsada en 2002 por el gobierno de Fox. Su lugar habría sido ocupado por Morett.

Ese es el argumento principal de la demanda interpuesta por Ortega y Arzac en contra de los mexicanos que estaban en el campamento guerrillero, y que, según los mismos, eran al menos 14.

Y como las FARC están consideradas internacionalmente como un grupo narcoterrorista, los mexicanos que entran en contacto con ellos, “por extensión”, también lo son.

Acusado él mismo de haber fomentado el paramilitarismo en su país, Uribe utilizó la reunión de Cancún, para desplegar una intensa actividad en la opinión pública mexicana, con el propósito de convencerla de que ese grupo de nacionales no se encontraba por razones académicas ni humanitarias en el campamento de las FARC bombardeado el pasado 1 de marzo.

Uribe es el gran surtidor de la información con la que la PGR hará la investigación. De avalarla, el gobierno de Calderón tendrá que iniciar acciones legales contra mexicanos bajo el cargo de terrorismo internacional. Uribe no dejará de presionar para que así sea. (18 de abril de 2008)

 

 


Publicado por solaripa69 @ 9:47
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