Jueves, 24 de abril de 2008

 

■ Exige que presenten pruebas de sus acusaciones o que se retracten

La UNAM rechaza tajantemente “sugerencias injerencistas” de Osorio

Emir Olivares

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que de ninguna manera aceptará “sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia dónde habrán de dirigir sus pasos”, lo anterior en respuesta a la petición que el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, realizó al rector José Narro Robles en el sentido de condenar a los universitarios que fueron asesinados en Ecuador, y no al presidente Álvaro Uribe.

La oficina de comunicación social de la UNAM dirigió un escrito de respuesta al diplomático, en el que lamenta “la confusión subyacente en las líneas de su carta”, pues aclara que la máxima casa de estudios “jamás ha considerado la posibilidad” de que el campamento de Raúl Reyes fuese “un campus universitario”, y remata: “y menos como usted irónicamente lo hace, lo ha comparado con ‘el gran proyecto cultural y educativo de nuestra sociedad’”.

Ante las acusaciones que formuló recientemente el presidente colombiano Álvaro Uribe y que el diplomático remarcó en la misiva enviada a Narro de que los mexicanos eran parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la UNAM afirma que si el embajador o su gobierno cuentan con pruebas que demuestren las graves acusaciones que hizo Uribe sobre los cinco estudiantes mexicanos que se hallaban en el campamento en Ecuador, está obligado a presentarlas ante las instancias correspondientes, según los principios de derecho. O, “de lo contrario, deben retractarse y abstenerse de hacer señalamientos en ese sentido”.

La máxima casa de estudios agrega que desde que se conocieron los hechos del pasado primero de marzo, la institución condenó la violencia. Y reitera su desacuerdo con las conclusiones “condenatorias” hacia los mexicanos asesinados a partir de evidencia indirecta o de presunciones.

La institución subraya que desde el inicio de este conflicto dejó “claramente establecido” que los miembros de su comunidad son responsables de sus propios actos, incluidos aquellos que realizan en el pleno ejercicio de sus libertades, “con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás”.

Por otra parte, los diputados perredistas Humberto Zazueta Aguilar, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y Camerino Eleazar Márquez Madrid rechazaron “rotundamente” las declaraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el sentido de calificar de terroristas y narcotraficantes a los estudiantes mexicanos ultimados en Ecuador.

En un comunicado, los legisladores exhortaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, a solicitar una rectificación al mandatario colombiano por sus declaraciones ofensivas llevadas a cabo en suelo mexicano, en el sentido de prejuzgar o calificar a las víctimas del ataque antes de que concluyan las investigaciones y se cuente con todos los elementos pertinentes.

 

 

Se entrampa la negociación del debate; Beltrones y Creel lo niegan

■ PRD y Convergencia solicitan más tiempo para analizar el presunto acuerdo del pasado martes

■ “El problema se arregla hoy a como dé lugar”, sostiene el senador Graco Ramírez

■ Él y Navarrete enfrentaron críticas del FAP por la firma del primero en representación del sol azteca

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Al cumplirse 14 días de la toma de la tribuna en el Senado, se aplazó la discusión para formalizar la realización del debate nacional en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia pidieron más tiempo para analizar el presunto “acuerdo inicial” de un día antes en la Comisión de Energía, firmado por el perredista Graco Ramírez.

Pese a ello, tanto el coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones Rivera, como el panista, Santiago Creel Miranda, sostuvieron que las negociaciones no están entrampadas y expresaron confianza en lograr un acuerdo lo antes posible. El perredista Graco Ramírez Garrido Abreu sostuvo que “el problema se arregla hoy a como dé lugar”.

En la sesión de ayer de la Junta de Coordinación Política, PRD y Convergencia demandaron diferir el acuerdo a fin de consultarlo con sus bancadas, mientras que el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, no se presentó a la reunión ya que, dijo, no le entregaron a tiempo el proyecto de calendarización del debate.

En ese contexto, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete Ruiz, tuvo que enfrentar la molestia de sus aliados en el Frente Amplio Progresista (FAP) y de sus compañeros de bancada, pero en todo momento rechazó “las descalificaciones al trabajo de Graco Ramírez”, que se dieron dentro del citado frente.

Navarrete sostuvo varios encuentros. Platicó a puerta cerrada con los senadores del PRD, luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política, y por la tarde volvieron a encontrarse.

Se discutió lo tratado por los coordinadores del FAP la noche anterior con Andrés Manuel López Obrador, y cómo salvar la situación con los legisladores de PT y Convergencia, a quienes incomodaron las declaraciones que un día antes formuló el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa, en el sentido de que Graco Ramírez firmó el acuerdo en representación del FAP.

El propio Navarrete informó después que se acordó que Pablo Gómez Álvarez y Arturo Núñez Jiménez entren como “relevo fresco” en las negociaciones que se den en el Senado de la República. El primero será el conducto para mantener informados a los legisladores del Partido del Trabajo y el segundo a los de Convergencia.

Navarrete aseguró luego ante la prensa que no hubo ninguna discrepancia, y que siguen firmes en la exigencia de que no haya periodo extraordinario de sesiones entre mayo y agosto.

Hubo versiones de que varios integrantes de su bancada lo presionan para que se acepte el acuerdo y se entreguen ya las instalaciones del Congreso, pero Navarrete Ruiz lo rechazó. “Por unanimidad 26 senadores trazamos nuestra ruta de actuación”, en la que “lo más importante en este momento es salvar el debate energético”.

Por su parte, el senador Graco Ramírez justificó su firma en el proyecto de debate ya que, dijo, lo hizo en nombre del PRD únicamente, porque ni Convergencia ni el PT tienen representación en la mesa directiva de la Comisión de Energía.

Refutó las críticas que le han hecho por haber aceptado –según la versión de Labastida Ochoa– que no quede en el documento el compromiso de que no se llamará a un periodo extraordinario de sesiones. Aseguró que el fast track quedó eliminado “implícitamente” en el calendario de los foros.

Explicó que no podía pactarse que por escrito PRI y PAN se comprometieran a ello, pero recalcó que lo que quedó en el texto “le sirve a todos sin menoscabo de ninguno de los interlocutores”.

Aludió al punto 16 del documento, en el que se extiende el debate nacional hasta el mes de julio y se expresa que hasta después de los foros se comenzará a dictaminar. Es decir, ello se daría en agosto “y no veo cuál periodo extraordinario se pueda hacer antes”. Es un compromiso, insistió el legislador, “firmado y honrado por la junta”.

Graco Ramírez anunció que el Partido de la Revolución Democrática presentará hoy ajustes al proyecto para abrir un foro sobre renta petrolera. Por la tarde, los perredistas alistaron otra adición para incluir en la negociación un foro completo en materia de corrupción en Petróleos Mexicanos, excedentes petroleros y tribunales internacionales.

También se comentó que los legisladores perredistas presentarán un manifiesto para responder a las críticas de Felipe Calderón al sol azteca, vertidas en Estados Unidos.

■ Advierte que es “claramente privatizadora”; el coordinador panista rechaza el análisis

Centro de estudios de San Lázaro califica de “inconstitucional” proyecto sobre Pemex

■ Los gobiernos recientes han convertido al petróleo en área de negocios del sector privado, dice

Ciro Pérez Silva y Roberto Garduño

La reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por el gobierno “es anticonstitucional y claramente privatizadora”, concluye el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, que dirige el priísta Alfredo Ríos Camarena, análisis que descalificó el coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, por tratarse del estudio “de un priísta”.

El CEDIP sostiene que los gobiernos recientes “han convertido a la industria del petróleo y los hidrocarburos en una vasta área de negocios del sector privado, sobre todo extranjero, porque se han invadido áreas medulares de la explotación petrolera mediante contratos de servicios múltiples o integrales. De modo que empresas privadas se hallan participando en actividades que constitucionalmente sólo pueden ser realizadas por el Estado”.

En conferencia de prensa, Ríos Camarena enfatizó que el proyecto de reforma energética está incompleto y “no podemos llegar a conclusiones de ningún debate si no existe la reforma completa del Ejecutivo federal. Hay un debate falso, puesto que todavía el Presidente no ha presentado la iniciativa de carácter fiscal y está muy cerca de que termine el periodo de sesiones”, argumentó.

Dijo que antes del 30 de abril se debe presentar la iniciativa de reforma fiscal en materia petrolera, y afirmó que sería un error grave si el Ejecutivo esperara a la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, “ya que no sabríamos de lo que estamos hablando si no existe la base financiera para hacerlo”.

Esta información fue descalificada en entrevista por el coordinador del PAN, Héctor Larios, al señalar que no comparte el análisis del centro de estudios de la propia Cámara, y enfatizar que “no hay ninguna prueba de que violente la Constitución, así lo han afirmado ya varios juristas”, aunque no consideró necesario mencionarlos.

Dijo además que si el problema es que el Presidente no ha presentado la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos en Materia de Régimen Fiscal de Pemex, “que no tenga preocupación, porque se presentará en los próximos días”.

Acompañado por Onosandro Trejo Cerda, director general del CEDIP, Ríos Camarena aseveró que “no estamos tampoco frente a una reforma energética, es una reforma petrolera que tiene que ver con un viejo apetito de las grandes trasnacionales del petróleo, y del modelo neoliberal que vivimos, de apropiarse de los energéticos en el mundo”.

Insistió en que son inconstitucionales las cinco iniciativas que el Ejecutivo presentó ante el Senado de la República en materia energética pues, dijo, “consideramos que estas reformas no corresponden a una interpretación adecuada de la Constitución y por lo tanto no deben ser atendibles por ninguna de las cámaras del Congreso”, agregó.

Al referirse a la propuesta de los bonos petroleros, señaló que éstos podrían dar buen rendimiento, pero están limitados “a un cajoncito muy pequeño de inversión”, lo cual no significa nada en relación con la inversión petrolera. En tanto, Trejo Cerda puntualizó que el centro de estudios procedió a revisar dichas iniciativas y a elaborar un documento que deriva del análisis jurídico y constitucional. Consideró que el planteamiento que se ha hecho en esas iniciativas ha sido respecto de la industria petrolera y a la de los hidrocarburos, y que sería ése el motivo de la discusión, por lo que en una primera instancia el fin sería no privatizar Pemex.

“Debe quedar muy claro que cuando se habla de esa propuesta privatizadora se refiere a las actividades que forman parte de la industria petrolera; esto tiene que ver, por supuesto, con la exploración, con la perforación, con la extracción del petróleo, con la refinación, con su transportación, con su almacenamiento y, por supuesto, con la venta de los derivados del petróleo”, sostuvo.

“Sí vamos al debate que acuerde el Senado”, anuncia López Obrador
rosalía vergara

* Convoca a una asamblea informativa el próximo domingo, en el Zócalo

México, D.F., 23 de abril (apro).- El “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que está dispuesto a aceptar el debate nacional sobre la reforma energética que se está discutiendo actualmente en el Senado.

En dos reuniones con legisladores y miembros de los partidos Convergencia y del Trabajo –la agenda no incluyó ningún evento con el Partido de la Revolución Democrática al que pertenece el político tabasqueño--, López Obrador alabó la actitud de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) al tomar la tribuna del Congreso de la Unión en rechazo de la reforma energética adelantada por el gobierno de Felipe Calderón.

Sostuvo que el debate amplio fue una propuesta del FAP, pero que “los senadores entreguistas emitieron su propia propuesta de debate, esto es un logro, está por decidirse qué características va a tener ese debate.

“Nosotros estamos planteando que sea un debate plural e incluyente, porque todos tenemos derecho a opinar. Vamos a esperar los resultados de estos acuerdos, pero esto ya es un avance: que se haya logrado el debate antes de la elaboración del dictamen de reforma energética”.

Insistió en que las acciones de resistencia civil, y las tomas de tribunas, impidieron “el albazo de la reforma energética. También fue propuesta del FAP hacer un debate nacional, aunque ellos no están dispuestos a debatir. Nosotros queremos un debate incluyente, donde participen todos”.

Por ello convocó a una “asamblea informativa” el próximo domingo a las diez de la mañana, después de una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo, “porque el movimiento de defensa civil por el petróleo seguirá paralelo al debate nacional”.

Por su parte, el senador petista Alberto Anaya observó que desde antes del conflicto interno del PRD, el PT “decidió jugársela con Andrés Manuel López Obrador. Estamos con él ahorita y estaremos con él en el 2012”. Al encuentro también asistió la senadora Rosario Ibarra de Piedra.

Más tarde se tenía programada una reunión en las oficinas “del gobierno legítimo”, con los coordinadores del Frente Amplio Progresista. Sin embargo, al encuentro no acudió el senador perredista Carlos Navarrete, quien ayer por la noche salió visiblemente molesto de una reunión previa con López Obrador.

Sin embargo, esta misma noche Navarrete buscó aclarar el supuesto desencuentro.

Navarrete Ruiz desmintió así supuestas divisiones en el FAP sobre la liberación de las tribunas. Admitió además que el FAP no tiene prevista una fecha específica para responder a la propuesta de la Comisión de Energía del Senado sobre para el debate de 70 días.

Sostuvo que una muestra de la unidad del FAP es que este miércoles 26 legisladores sostuvieron una reunión para trazar la ruta de actuación y mañana harán lo propio.

“Hoy se ratificó el mandato al coordinador para multiplicar sus contactos con Santiago Creel y con Manlio Fabio Beltrones; hoy, se les dio un mandato a Pablo Gómez, a Graco Ramírez y a Arturo Núñez para que entren como relevo fresco en las negociaciones que se lleven a cabo en el Senado”.

Insistió en que se le pidió a Pablo Gómez ser conducto con el PT y con Convergencia para mantenerlos informados, y hoy “se me pidió a mí que mantenga el contacto con los coordinadores del FAP en las cámaras de Diputados y Senadores”.

Afirmó que continuarán teniendo acercamientos en las próximas horas con los coordinadores del PAN y PRI, aunque descartó fijar una fecha para la entrega de tribunas.

“No veo una fecha fácil de señalar, mientras no tengamos una fecha integral que satisfaga al movimiento y a los grupos parlamentarios del FAP, la posición se mantiene firme”, agregó.

Carlos Navarrete aclaró que todavía no hay información, porque cada fracción que integra el FAP analiza por separado la propuesta de la Comisión de Energía. Insistió en que cualquier decisión deberá tomarse en consenso con los seis coordinadores del FAP.

■ Falta la notificación oficial al instituto para que deje de aplicarla

Dan amparo contra Ley del ISSSTE a 5 mil 200 trabajadores de BCS

Raymundo León (Corresponsal)

La Paz, BCS, 23 de abril. La justicia federal concedió la suspensión provisional contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a 5 mil burócratas de los poderes del estado y de los municipios, y a 200 maestros de Baja California Sur.

El dirigente de la sección de La Paz del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Maximino Iglesias Caro, dijo que los tribunales notificaron al ISSSTE el resolutivo que ampara las solicitudes de 5 mil burócratas de los cinco ayuntamientos de la entidad, las cuales fueron presentadas el año pasado en 14 expedientes.

Con lo anterior –agregó– se espera que a partir de la próxima quincena el instituto deje de aplicar la nueva legislación a dichos empleados. Aclaró que no se dejarán de hacer efectivos los descuentos, sólo que se cobrarán de acuerdo con el régimen anterior.

Por su parte, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Esteban Ojeda Ramírez, dio a conocer que el juzgado primero de distrito en materia de amparos, con sede en la ciudad de México, concedió las primeras 200 suspensiones provisionales, de las 6 mil 500 solicitadas por trabajadores del ramo, que a diferencia de los burócratas de Baja California Sur, las presentaron en forma individual.

Explicó que en 2007 se pidieron 3 mil 500, y en enero pasado otras 3 mil, pero por ahora sólo se han recibido 200 notificaciones, todas concediendo la suspensión provisional contra la nueva Ley del ISSSTE. Dijo que los trabajadores beneficiados sólo esperan que dicha información se notifique de manera oficial a las autoridades del instituto y de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que les regresen los descuentos aplicados y ya no les apliquen la nueva legislación.

Ojeda Ramírez puntualizó que de acuerdo con los primeros resolutivos, la expectativa es que todas las solicitudes presentadas reciban respuesta favorable a los trabajadores, que representan 60 por ciento del magisterio sudcaliforniano.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:54
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