Viernes, 25 de abril de 2008

Se mantiene en la impunidad ejecución policiaca de 2 estudiantes               alt=PDF align=middle name=PDF v:shapes="_x0000_i1025"> alt=Imprimir align=middle border=0 name=Imprimir v:shapes="_x0000_i1026">   alt=E-Mail align=middle name=E-Mail v:shapes="_x0000_i1027">

 

 

 

A tres meses de la "ejecución extrajudicial" de dos estudiantes cometida por la policía preventiva, el caso sigue en la impunidad, razón, por la que el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas emplazó a la autoridad estatal con llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



PEDRO MATIAS



El presidente de la Asociación Civil, Maurilio Santiago Reyes, lanzó el ultimátum: "Si en un mes no vemos ninguna respuesta del gobierno del estado para hacer justicia a los familiares de los dos estudiantes ejecutados por la policía preventiva presentaremos el caso de fondo en la CIDH".

La inconformidad de los familiares es que de los 12 policías implicados en la ejecución extrajudicial de los estudiantes Marco Antonio López Jacinto y José Luís Castillo Pérez, así como de las lesiones de Gerardo Salinas Vizarretea, Tomás Jesús Delgado Velásquez y Argeo Evair Ricárdez Gutiérrez, cometida el pasado tres de febrero, solo cinco fueron detenidos y el resto se encuentra laborando como policías  preventivos bajo la protección de sus superiores.

Además, existen contradicciones entre las versiones del procurador general de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y del coordinador de comunicación social, Héctor Pablo Ramírez Leyva, en cuanto al lugar donde se encuentran recluidos los cinco policías detenidos por el caso, ya que el primero sostiene que están en Juquila y, el segundo, en el penal de Etla.

Esta confusión los hace sospechar en la posibilidad de que ninguno de los implicados en esta ejecución extrajudicial este detenido.

Los familiares recordaron aquel fatídico tres de febrero cuando a cero horas con diez minutos, en el libramiento de Pochutla, a la altura de la escuela del COBAO, la policía tiroteo y asesinó a dos estudiantes e hirió a otros tres jóvenes que viajaban en una camioneta chevrolet tipo colorado, color azul, supuestamente por su nerviosismo debido a la ola de violencia registrada en la región.

Ante este hecho, el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, se comprometió no solo en apoyar a los familiares con los gastos médicos, el apoyo psicológico a las víctimas y a sus familias, becas y facilidades para continuar sus estudios, reparación del daño a los familiares de los ejecutados, sino a castigar a los policías.

Además, se comprometió que los policías asesinos Jorge Esteban Salinas, Tomás Velásquez Guerra, Andrés Vásquez Aquino, Luís Antonio Aguilar Martínez, Mario Alberto Hernández Luis, que tienen auto de formal prisión en la causa penal 13/2008 por el delito de homicidio, serían encarcelados en la cárcel de Pochutla, sin embargo, supuestamente fueron trasladados a Juquila y otros dicen que a Etla.

Mientras que el procurador general de Justicia, Evencio Martínez Ramírez,  se comprometió a que por éste hecho serian castigados los doce  responsables, sin embargo, Pedro Ramos Gonzáles y Avelino Reyes, comandante y subcomandante de la policía preventiva, así como otros cinco uniformados no han sido detenidos.

Por otra parte, los familiares de las víctimas denunciaron que lejos de que se haga justicia han recibido amenazas de muerte al hacer este tipo de denuncias, tal como sucedió el día 10 de marzo de 2008, frente al palacio municipal de Pochutla, en el momento en que el coordinar de comunicación social participaba en el programa televisivo denominado, "Encuentro con Oaxaca".

En esa ocasión, Marco Antonio López y José luís Castillo, padres de los jóvenes asesinados pedían entrevistarse con el funcionario estatal, sin embargo, fueron amenazados de muerte por un escolta de dicho funcionario,

Es por ello que el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas se pronunció por el respeto a los derechos de las víctimas y sus familiares,  y por el cumplimiento a los compromisos de indemnización a que se comprometió el gobierno del estado.

 

Flavio Sosa: siguen vigentes las causas que provocaron la revuelta de la APPO

■ “Vergonzoso”, que continúen impunes los autores de asesinatos y otros abusos: Miguel Concha

■ El líder excarcelado anuncia nuevas movilizaciones de la organización en la capital de Oaxaca

Emir Olivares Alonso

Flavio Sosa Villavicencio, uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), reconoció que el movimiento social oaxaqueño se encuentra disminuido, ya que por la represión gubernamental se logró desmovilizar a la ciudadanía en la entidad. Sin embargo, dijo que las causas que dieron origen al conflicto siguen vigentes, por lo que la asamblea ha comenzado una restructuración.

A cinco días de haber obtenido su libertad tras un año y cinco meses de prisión, y luego de que el gobierno oaxaqueño no aportó pruebas suficientes, el vocero más visible de la APPO durante el conflicto de 2006 en la entidad aseguró que los objetivos del movimiento oaxaqueño son restructurar Oaxaca por medio de la justicia y la democracia, castigar a los responsables de la represión y asesinatos durante el conflicto, y continuar con la agenda appista.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Cencos –último espacio público en el que estuvo antes de ser aprehendido el 4 de diciembre de 2006– Sosa indicó que su captura se presentó debido a un acuerdo entre Juan Camilo Mouriño, Manlio Fabio Beltrones y Ulises Ruiz, con el propósito de que Felipe Calderón no tuviera problemas en su acceso al poder, razón que convierte al Ejecutivo federal –subrayó— en responsable de la represión en la entidad; además de que esa “triada” criminalizó la protesta social en Oaxaca.

Acompañado de la senadora Rosario Ibarra, la diputada Aleida Alavez, integrantes de la APPO y defensores de derechos humanos como Miguel Concha Malo, del Centro Fray Francisco de Vitoria, Sosa indicó que otras de las acciones será exigir la liberación de las personas que aún están presas a raíz del conflicto, que se ponga fin a la represión, que se modifique el sistema penitenciario del país y que se repare el daño a víctimas y familiares de quienes resultaron afectados por las privaciones de libertad y los asesinatos.

Insistió que en Oaxaca hay violaciones a los derechos humanos. Recordó que hubo más de 20 asesinados; que aún están presas cuatro personas: Adán Mejía, Víctor Hugo Martínez, Javier Cruz y Miguel Ángel García; además de que la doctora Berta Muñoz –quien fue la emblemática locutora de Radio Universidad— y la profesora Carmen López están en una especie de “exilio”, pues no pueden regresar a la entidad porque han sido amenazadas.

En contraparte, planteó que no existe castigo para ninguno de los “criminales. Ese es el retrato de la justicia que existe en Oaxaca y en el país”.

Sosa, internado desde su captura en el penal de máxima seguridad Altiplano y trasladado el 16 de agosto de 2007 a una cárcel estatal, afirmó que es inocente de los delitos que se le achacaron, entre ellos secuestro, lesiones y robo calificado. Retó a quienes lo acusan a presentar una sola prueba sólida de su responsabilidad en esos delitos.

Agregó que siente preocupación por su seguridad, aunque no vive con temor. Denunció que durante su reclusión en el penal de Cuicatlán enviados gubernamentales le ofrecieron 10 mil dólares mensuales y su libertad a cambio de que estuviera tres años fuera del país.

En su turno, Miguel Concha Malo indicó que “es vergonzoso” que a casi dos años de que se inició el conflicto oaxaqueño no haya un solo funcionario federal y estatal preso por las violaciones a los derechos humanos.

Durante la conferencia se anunció que la APPO se sumará a las acciones del Frente Nacional contra la Represión, además de que realizará movilizaciones el primero y el 22 de mayo, así como el 14 de junio, esta última para conmemorar el intento de desalojo de los maestros en el zócalo de Oaxaca por el gobierno de Ulises Ruiz.

 

 

 

Se continúa violando la ley y la Libertad de Expresión                                      PDF Imprimir  E-Mail

 

Thursday, 24 de April de 2008

Oaxaca sigue siendo un estado donde no se respeta la Libertad de Expresión, y la ley se aplica de manera facciosa, porque el Congreso local se ha negado a legislar, respecto a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias, ya que los gobernantes se amparan en dicha ley como si fuera una arma, para alinear a los periodistas y medios de comunicación.



ISMAEL RIVERA



El diputado federal Humberto López Lena Cruz, Secretario de la Comisión Especial de Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara Baja, denunció que el gobernador Ulises Ruiz prohibió la participación de legisladores federales, principalmente de tres oaxaqueños, para que éstos no acompañaran a la Comisión de Periodistas Extranjeros "Artículo 19", quienes se reunieron este miércoles con el mandatario oaxaqueño.

Así mismo, el congresista anunció el establecimiento del Consejo Consultivo Ciudadano, que se instalará el 28 de abril en el Congreso de la Unión, para el esclarecimiento y seguimiento de atentados contra periodistas y medios de comunicación en México, compuesto por especialistas y directivos de diferentes medios de comunicación.

Detalló que dicho Comité estará integrado y contará con la participación de personalidades de talla internacional y nacional, como el director del diario norteamericano "New York Times", Per Estrenyer, así como del Presidente del Grupo NOTICIAS, Ericel Gómez Nucamendi, Raymundo Riva Palacios, director editorial de "El Universal," Raúl González, investigador de la UNAM, y representantes de radios comunitarias, entre otros.

Humberto López Lena informó que los trabajos que se están realizando en torno a los comunicadores, responden a que México se ha convertido en el país donde más agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas se registran a nivel mundial, así como atentados en contra de los medios de comunicación.

Ante ello, los trabajos legislativos se han encaminado a la vinculación e intercambio de experiencias con organismos internacionales. Tal es el caso del Colectivo Internacional de Periodistas "Artículo 19", quienes mantienen un especial interés por conocer los puntos de vista de gobernadores mexicanos.

Particularmente asentó que Guerrero, Michoacán, Sonora y Oaxaca, registran recurrentemente  un alto índice de agresiones contra reporteros y medios de comunicación.  

López Lena Cruz, acusó al titular de Comunicación Social del gobierno estatal, Héctor Pablo Ramìrez Leyva, de haber cancelado el encuentro pero solamente para los legisladores federales, integrantes de dicha comisión, compuesta por tres oaxaqueños de los cuatro miembros que la componen.

Solamente se permitiría la presencia de representantes de los medios de comunicación afines al gobierno del estado, para que cubrieran el encuentro, lo que representa un atentado directo a la Libertad de Expresión y trabajos legislativos, "ya que seguramente querían evitar nuestra presencia, porque les dirán puras mentiras, como es el caso de Rosario Villalobos, Subsecretaria de Desarrollo Humano," sostuvo.

El asambleísta reconoció el trabajo periodístico de Mario Jiménez Leyva, de NOTICIAS, quien obtuvo el primer lugar nacional en fotografía, al haber captado la brutal y lamentable golpiza que le fue propinada a Emeterio Cruz Martínez, quien desgraciadamente sigue en un estado físico deteriorado.

 

 

México, último lugar en infraestructura educativa
 

José HANNAN ROBLES

25/04/2008, 06:04:31 AM

“La infraestructura educativa debe reunir las condiciones de higiene, seguridad y pertinencia favorables para alcanzar mejores niveles de aprendizaje de los alumnos”
José Enrique Cruz Rivera
Gerente de Asuntos Jurídicos de Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa

LA LEY General de la Infraestructura Física, Educativa, emanada por el Congreso de la Unión, obliga a la Federación y a los estados a crear institutos que regulen la calidad educativa referente a la infraestructura física educativa, indicó José Enrique Cruz Rivera, gerente de Asuntos Jurídicos de Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, antes CAPFCE.

Al ofrecer su ponencia ayer en el 4º Congreso Nacional de Constructores de Infraestructura Física Educativa Oaxaca 2008, anotó que entre los países latinoamericanos, México ocupa el nivel más bajo en infraestructura educativa, hablando de la cuestión física de los inmuebles.

Consideró que esto es consecuencia de falta de observación en la administración, en el sostenimiento y reconstrucción de todos los inmuebles, y probablemente a la falta de coordinación nacional para reunir los esfuerzos de todos los estados y provocar que los recursos fluyan para la infraestructura educativa.

 

 

 

Miguelito recorre el centro para vender chicles
A sus cinco años, pretende ayudar a su familia con el gasto familiar  

José Luis ROSAS
24/04/2008, 21:04:03 PM

“Miguel tiene que aprender a trabajar desde chiquito, para que después no tenga que robar; nosotros somos gente honrada”, explicó su madre que lleva en la espalda a un recién nacido. La recién madre, acompañada de otra de sus hijas que con teléfono celular toma fotografías de la plática entre el reportero y su madre.

El pequeño, de no más de 5 años de edad, vende chicles en el Centro Histórico de la capital del estado, ante la mirada vigilante de uno de sus hermanos mayores o de la autora de sus días. En algunas ocasiones, el pequeño ofrece su producto a las personas que visitan el jardín de
La Constitución.

La madre del menor dice ser originaria del vecino estado de Chiapas. Junto con sus demás hijos, vende collares de ámbar; sin embargo, ante el temor de que pueda ser expulsada de la zona, reitera que sus actividades las realizan para sobrevivir “Es mejor trabajar y no robar”, asegura y se pone seria.

La joven madre explica que tiene que salir a trabajar para apoyar a su esposo que labora como ayudante de albañilería, ya que la situación está muy difícil, “Tenemos que pagar 2 mil 200 pesos de renta”, por el cuartito que alquilan por la iglesia de
La Soledad.

La mujer que se niega a dar su nombre, dice que su hijo -uno de los 8 que tiene- acude a recibir sus clases al jardín de niños y cuando sale, debe vender sus productos para contribuir al gasto familiar.

Con el temor por las fotografías que le tomaron al pequeño Miguelito y a ellas, la madre y el menor tratan de justificar ese trabajo que llevan a cabo todos los días en el Zócalo y la Alameda de León.

 

 

 


Publicado por solaripa69 @ 9:34
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