Lunes, 28 de abril de 2008

Llegar a 10 millones de familias, meta de AMLO

■ Anuncia en el Zócalo la segunda etapa de la resistencia civil

■ Pide actuar de manera precavida para movilizarse si buscan imponer la reforma a Pemex

■ Amor, la mejor forma de hacer política, postula

Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer el inicio de la segunda etapa de la resistencia civil pacífica en defensa del petróleo, que consiste en ganar el debate, ampliar a 200 mil el número de brigadistas para junio, así como emprender la tarea de informar casa por casa –con una meta de 10 millones de familias visitadas para agosto– las razones del rechazo a las iniciativas de Felipe Calderón y las consecuencias de permitir la privatización de la industria petrolera.

Luego de encabezar una marcha que partió del Angel de la Independencia, el ex candidato presidencial dijo en el Zócalo que si bien con las acciones de resistencia civil PAN y PRI no aprobaron el paquete de iniciativas con un albazo legislativo, se debe actuar de manera precavida para volver a movilizarse en caso de que quieran imponer por sorpresa su reforma.

“Estoy seguro que ante la insistencia de violar la Constitución, de privatizar la industria petrolera y de agravar la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) reanudarán la resistencia civil pacífica en ambas cámaras, y estas acciones serán respaldadas por millones de mexicanos que no permitiremos semejante agravio.”

Anunció también que, con el propósito de continuar la resistencia civil, él reanudará sus giras por el interior del país para informar sobre “el atropello constitucional con el que pretenden entregar a particulares, tanto nacionales como extranjeros”, todas las áreas de Pemex.

Dijo que mientras los legisladores analizarán la posibilidad de llevar a cabo un referendo, plebiscito o una consulta popular, el grupo de intelectuales en defensa del petróleo organizará debates en centros de trabajo y universidades de todo el país.

Ayer, ante miles de personas que llenaron la Plaza de la Constitución y calles como Madero, López Obrador expresó su satisfacción por el resultado de la primera etapa de la resistencia civil que, dijo, permitió detener el madruguete y la andanada en radio y televisión, cuyos conductores, cuestionó, “se dedicaron a gritar y repetir una y mil veces la palabra secuestro”. En este punto preguntó a los asistentes: “¿Ustedes creen, por ejemplo, que ese burdo espot que difundió Televisa en contra mía y de los legisladores del FAP, lo hubiesen transmitido si fuera en contra de Felipe Calderón?” La respuesta unánime fue: “¡noooooo!”

Agregó: “Todavía no podemos cantar victoria, porque es mucha la codicia de quienes quieren convertir a la industria petrolera nacional en negocio privado; es indudable que por ahora hemos podido pararlos... Es un hecho que los potentados no podrán, en los próximos tres meses, consumar como lo tenían planeado el gran pillaje de la privatización del petróleo”.

Lo importante, sostuvo, es que se frenó una reforma que Calderón, de Mouriño y sus socios nacionales y extranjeros, quienes querían cometer “el oprobio de prisa, en sigilo y de puntitas, sin que se diera cuenta el pueblo de México”.

En el templete lo acompañó un grupo de senadores y diputados que tomaron las tribunas, así como coordinadoras de las brigadas de mujeres en defensa del petróleo, a quienes hizo un amplio reconocimiento por contribuir a frenar el albazo. “Y esto fue posible –resaltó– sin haber roto un solo vidrio, sin una pedrada, sin enfrentamientos en la calle; este movimiento es pacífico”. Porque, exaltó, la toma de las tribunas permitió frenar el intento de violar 12 artículos de la Constitución, con lo que el gobierno federal, el PAN y el PRI quieren “apropiarse de la industria petrolera a espaldas del pueblo. Calderón, Mouriño y sus socios están queriendo construir un andamiaje legal que los blinde y les permita atracar todo el sector energético”.

El ex candidato presidencial citó un discurso del dirigente de Convergencia, Luis Maldonado Venegas, donde asegura que “por encima de la rentabilidad electoral de las futuras elecciones están el porvenir de todos los mexicanos y la defensa irrestricta de la nación”, para anunciar que, bajo esas consideraciones y con la fuerza de las ideas, se iniciará una nueva etapa de resistencia civil pacífica.

El plan, dijo, es sencillo: seguir en la organización de las brigadas y que, si en éstas ya hay 100 mil personas, los grupos se fortalezcan y amplíen hasta llegar a 200 mil para finales de junio. “La tarea es ir casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera”, expuso.

Refirió que el objetivo es que cada uno de los 100 mil brigadistas visite 10 domicilios a la semana, dialogue con la gente y entregue los paquetes informativos para que, al terminar junio, se haya informado a 5 millones de hogares, mientras que entre julio y agosto, cuando los brigadistas sean ya 200 mil, se entre en comunicación permanente con 10 millones de familias. Sugirió que también se lleven a cabo, con los videos que ya circulan, círculos de estudio y reflexión sobre el petróleo.

Afirmó que si bien sus adversarios cuentan con dinero y los medios de comunicación, el movimiento en defensa de los hidrocarburos es respaldado por hombres y mujeres comprometidos y con convicciones. Porque, resaltó, el movimiento “desató la furia de nuestros adversarios que, como es comprensible, defienden con obsesión la rapiña y los privilegios”.

Pidió finalmente actuar con alegría, sin odios ni rencores, ya que no hay enemigos, sino adversarios a vencer. “Aceptemos la afirmación del amor como la mejor forma de hacer política. No deben caber en nosotros el odio ni la amargura. Seamos el amor que todo lo da. Amar es perdonar en todo instante. Que nos mueva el amor a la patria y la vocación humanista del amor al prójimo. Luchar por los pobres, los humillados y los ofendidos, es nuestro propósito esencial. Tengamos la confianza de que la fuerza del amor se impondrá sobre la codicia y la manipulación. Lo que se obtiene con amor se conserva para siempre.”

Corral Jurado critica a Gobernación por omisiones respecto del espot contra AMLO

■ La ley le otorga atribuciones para detener la propaganda negra, afirma el panista

■ Señala el constante desafío de Televisa y Televisión Azteca al gobierno de Felipe Calderón

Andrea Becerril

La Secretaría de Gobernación dejó de cumplir con su responsabilidad al no haber intervenido para sancionar a quien contrató y a quien difundió el anuncio publicitario en que se difama a Andrés Manuel López Obrador y se le compara con dictadores como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Javier Corral Jurado.

El ex senador panista resaltó que la dependencia que encabeza Juan Camilo Mouriño “ni siquiera le quiso entrar al tema”, a pesar de que la actual Ley Federal de Radio y Televisión le da atribuciones para intervenir en casos como el de ese anuncio, con el que se reditaron la “propaganda negra y la guerra sucia” de 2006.

En entrevista, consideró un error haber transferido al Instituto Federal Electoral (IFE) la decisión de sacar del aire esa propaganda contra López Obrador, mensaje que es muestra clara de “la intolerancia con que actúan los grupos radicales de ultraderecha para descalificar a cualquier adversario político”.

Resaltó que Televisa y Tv Azteca están en “franca provocación” contra el gobierno de Felipe Calderón y lo desafían constantemente. Dejar en la impunidad la transmisión del anuncio aludido permitirá a las televisoras “seguir en el mismo camino de sembrar el odio y polarizar a los mexicanos, en lugar de promover el amplio diálogo social al que las obliga la ley”.

Corral Jurado explicó que las recientes reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos E-lectorales prohíben a partidos políticos y a terceros contratar anuncios en radio y televisión en época de elecciones, pero en forma alguna señalan que sea función del IFE revisar toda la propaganda en medios electrónicos que tenga connotación política. “El IFE ha asumido una atribución que no le toca. López Obrador no es candidato a nada y no hay fines electorales en razón de la toma de tribunas.”

En cambio, expuso, la Ley Federal de Radio y Televisión confiere a la Secretaría de Gobernación atribuciones para realizar el análisis del contenido de toda la programación televisiva. Aclaró que, a su juicio, no es correcto que la dependencia siga teniendo esa facultad, ya que debería ser exclusiva de un órgano regulador, pero “así está en la actual legislación de medios que no se ha logrado modificar”. Experto en medios de comunicación e impulsor de la acción de inconstitucionalidad contra la llamada ley Televisa, hizo notar que, “estemos o no de acuerdo” con la actuación de López Obrador, el espot que se transmitió hasta la semana pasada le provoca daño moral, al imputarles hechos falsos, difamantes.

“Por más que no avalemos la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados, ese hecho nunca puede ser equiparado con lo que Hitler, Mussolini y Huerta hicieron al disolver el Congreso y cancelar el debate parlamentario.”

Lo que llama la atención, insistió, es que Gobernación no intervenga cuando se han violado los artículos 5 y 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El primero define la función social de los medios electrónicos y la obligación de los concesionarios de radio y televisión de respetar la vida privada y el buen nombre de todos los ciudadanos. El artículo 10 define la competencia de la Secretaría de Gobernación sobre los contenidos de la programación que incitan y promueven la comisión de un delito. “Hay materia para aplicar la ley y debieran hacerlo independientemente de la actuación del IFE”, añadió.

Este caso, recalcó, muestra cómo las televisoras “están calando y midiendo al gobierno federal ante una eventual reforma a los medios electrónicos”. Con esas actitudes de transmitir “propaganda negra” y de negarse al mismo tiempo a pasar al aire los espots de los partidos políticos en tiempos oficiales, le están enviando mensajes a Calderón y al Congreso.

 

La resistencia civil, obligación de conciencia, dice Sheinbaum

Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

■ Critica Suárez del Real a los medios, “púlpitos del siglo XXI”

La coordinadora nacional de las Brigadas en Defensa del Petróleo, Claudia Sheinbaum, anunció ayer que la resistencia civil pacífica continuará, porque, si bien se detuvo la aprobación de las iniciativas que pretenden privatizar los hidrocarburos, persiste la intención de las cúpulas de PAN y PRI por “violar la Constitución” y entregar estos recursos a particulares.

En sentido similar, los legisladores Rosalinda López y Alfonso Suárez del Real, en nombre del Frente Amplio Progresista (FAP), señalaron que continuarán con la lucha y se comprometieron a realizar asambleas en las principales ciudades y plazas públicas del país, para difundir la “inconstitucionalidad” de la contrarreforma calderonista y sus efectos.

Al intervenir como primera oradora en la asamblea informativa que ayer encabezó en la plancha del Zócalo capitalino Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum recordó que existe una clara intención de Felipe Calderón de entregar el patrimonio de la nación a las grandes empresas nacionales y extranjeras, y las iniciativas que envió al Senado dan muestra de ello, además de que, afirmó, “pretende ampliar y legalizar la corrupción” en Pemex.

La secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo” sostuvo que frente a esas intenciones “no renunciamos ni renunciaremos a la resistencia civil pacífica en la defensa del petróleo, de la Constitución y de la patria”. No sólo es nuestro derecho, indicó, sino una obligación legal y de conciencia.

Sheinbaum se refirió al contenido de las iniciativas de Felipe Calderón que, aseguró, tienen un corte privatizador. En el cuarto párrafo de la contrarreforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, sostuvo, se establece que el gobierno del panista y sus aliados pretenden dejar en manos privadas la nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de petroquímicos básicos, además de advertir que las nuevas refinerías quedarán bajo su control.

Criticó que el gobierno calderonista pretenda engañar al pueblo con la supuesta emisión de bonos ciudadanos, cuando los titulares de esos papeles, en caso de aprobarse la reforma, sólo podrán ser las administradoras de fondos para el retiro, los fondos de pensiones, las sociedades de inversión para personas físicas, así como otros intermediarios financieros, mientras que la Secretaría de Hacienda determinará los límites de su adquisición, montos y características.

Es decir, explicó, parte de la riqueza petrolera será “para los banqueros y la bolsa, y el señor (Agustín) Carstens dirá de a cómo les toca. Eso es privatización y eso es corrupción”. Por si fuera poco, resaltó, se busca permitir que los contratos de obra y servicios se hagan por medio de asignaciones directas.

“La verdad es que al gobierno usurpador y sus aliados no les interesa la reactivación y modernización de Pemex. Lo que les urge es cumplir con los compromisos establecidos en campaña para entregar el patrimonio de la nación”, afirmó.

Mientras, la senadora Rosalinda López resaltó que la resistencia civil evitó que el “gobierno espurio” de Felipe Calderón y sus aliados aprobaran la reforma para convertir a Pemex “en un negocio para beneficio de una minoría rapaz que aún se frota las manos, pero que se topará con mexicanos comprometidos con la defensa del patrimonio nacional”.

A su vez, el diputado Suárez del Real dijo que los legisladores del FAP impedirán cualquier reforma que viole la Constitución, privatice la industria petrolera, agrave la corrupción de la paraestatal o trunque el debate”, y alertó que si se quiere aplicar otro madruguete legislativo volverán a desplegarse acciones de resistencia civil, porque “al pueblo le tiene sin cuidado que desde los púlpitos del siglo XXI, es decir diarios, estaciones de radio y canales de televisión, se nos acuse y condene de ser un peligro para el país y de haber secuestrado al Congreso de la Unión”.

 

 

 

 

El debate de fondo

Bernardo Bátiz V.

El debate propuesto por el Frente Amplio Progresista y su dirigente Andrés Manuel López Obrador es indispensable para que la opinión pública conozca, primero, en qué consisten las propuestas presentadas al Congreso en materia de industria petrolera y, segundo, para que no sean unos pocos, sino el número mayor posible de mexicanos quienes participen en la discusión sobre el futuro de esta industria, que de muchas maneras es también el futuro de nuestra nación.

Pero, siendo importante el debate en sus aspectos técnicos, lo más trascendente es determinar si las propuestas están de acuerdo o no con los preceptos constitucionales vigentes, especialmente con los que forman parte del llamado capítulo económico de la Constitución; en este capítulo, integrado por los artículos 25, 26, 27 y 28, el constituyente delinea el sistema económico del Estado mexicano e incluye este programa precisamente en el capítulo de garantías individuales, para destacar que las normas en esta materia son consideradas derechos fundamentales de todos los mexicanos.

En este diseño constitucional se adopta el equilibrado sistema de economía mixta, en el cual concurren para la producción y distribución de los bienes, que no es otra cosa la economía, los sectores público, social y privado, todos reconocidos y protegidos por la ley y los tres sujetos a las reglas fundamentales de la Carta Magna.

A este tema, el constitucional, pareciera que no se quiere entrar, que se pretende evadir y nos tratan de llevar los interesados en la reforma, y sus corifeos de la radio y la televisión, a sesudas, pedantes y complicadas discusiones técnicas, con disquisiciones insondables que sólo ellos pretenden entender, de las aguas profundas y de las cifras estratosféricas.

Es importante sin duda lograr que Pemex sea una empresa eficiente y productiva: para ello se debió incluir en el diagnóstico que abrió el actual debate el tema de las causas de las inconsistencias de la paraestatal, el papel destructivo de los gobiernos neoliberales de los últimos años y el corrosivo de los líderes sindicales salvados del juicio de responsabilidad por acuerdos con el gobierno. (Impunidad a cambio de apoyo y silencio.) No se hizo así, y ahora postergan el problema principal de la constitucionalidad de las reformas y pretenden centrar la discusión en terrenos que parecieran más propicios para envolver y aturdir.

Un debate honrado se dirige a la inteligencia de los participantes y del pueblo interesado; no se debieran emplear, por tanto, espots reiterativos y simplones, dirigidos tan sólo a los ojos y los oídos, para aturdir e irracionalmente inducir, pero no para convencer.

Prevalece del lado de quienes esperaban sorprender con un albazo legislativo la técnica de los grandes empresarios y sus publicistas “geniales”, maestros de la mentira, que “venden” sus “productos”, como si las ideas fueran refrescos embotellados o alimentos chatarra; afortunadamente, la discusión ya está generalizada y gran parte del pueblo está alerta y no se deja engañar.

Por ello, el intento de linchamiento mediático a los y en especial a las brigadistas, las ya famosas adelitas, sólo ha tenido un efecto parcial en sectores poco informados y peor formados de la sociedad, y cada vez más mexicanos se han percatado de la trascendencia de lo que está en juego y del valor de la acción oportuna de los opositores al atraco.

Quienes parecen no estar totalmente al tanto son, lamentablemente, los legisladores que estaban dispuestos a votar sin leer, sin entender y sin discutir; ya se vio cómo en una sola breve sesión aprobaron más de 30 proyectos legislativos, sin el mínimo análisis y sólo formalizando con su dedo levantado su confianza ciega a lo que les mandan sus coordinadores.

Entre estas reformas aprobadas al vapor está la de la ley de adquisiciones, que privilegia a los empresarios extranjeros y posterga a los mexicanos; la senadora Yeidckol Polevnsky alcanzó apenas a denunciarlos, pero ya sabemos cómo actúan y cómo lo hubieran hecho con el petróleo de haber podido.

De nada servirá el debate ante legisladores acostumbrados, como en el PRI se ha estado haciendo desde hace muchos años, y como el PAN lo ha aprendido rápidamente, a callar y a obedecer, sin asumir realmente su responsabilidad.

De ahí que la acción rápida que frenó a tiempo las prisas de quienes ya veían aprobado el proyecto anticonstitucional y antinacional debe ser valorada en lo que ha significado, detener el atropello que parecía inminente y poner en el centro de la discusión pública, no el tiempo de duración del debate, ni si es algo gravísimo o no la llamada toma de tribuna, sino lo ciertamente importante, lo de fondo: si México va a continuar siendo el dueño de sus áreas estratégicas y por tanto de su destino, o si éstas van a quedar en manos de los ambiciosos empresarios trasnacionales.

En una democracia participativa el pueblo suple a un Congreso incapaz de sacudirse sus compromisos partidistas y actuar verdaderamente en representación de la nación, desde luego con las honrosas excepciones de los legisladores del Frente Amplio Progresista y algunos priístas que están rescatándose de su pasado nebuloso y poniéndose de lado de las causas populares y patrióticas.

Faltaría saber si a algunos otros, les queda algo de sus viejos principios, de sus ideales de la juventud, y también asumen su responsabilidad y se ponen del lado de la causa patriótica.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:14
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