Martes, 29 de abril de 2008

Acepta el EPR suspender acciones armadas, a propuesta de la comisión de intermediación

■ Reconoce la pronta respuesta y la autoridad moral de los convocados para formarla

■ Exige al gobierno federal que cese el hostigamiento contra sus familiares, simpatizantes y ONG

De la Redacción

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) aceptó todas las condiciones de la comisión de intermediación –entre ellas el compromiso de que se suspenderá de inmediato cualquier acción armada–, creada a propuesta del propio grupo armado con el propósito de entablar un diálogo con el gobierno calderonista que contribuya a la aparición con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

A cambio, el EPR exigió a las autoridades federales y de Oaxaca que, entre otras cosas, “su Ejército y policías dejen de hostigar e intimidar a las familias de nuestros compañeros, a sus amistades y a las organizaciones no gubernamentales que se han solidarizado” con el caso de ambos desaparecidos.

La semana pasada el grupo rebelde solicitó, a través de una carta, la participación del arzobispo emérito Samuel Ruiz, del escritor Carlos Montemayor, del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, del antropólogo Gilberto López y Rivas y del Frente Nacional contra la Represión –encabezado por la senadora Rosario Ibarra– en la formación de dicha comisión.

Todos aceptaron la propuesta del EPR, aunque exigieron que el grupo subversivo cese cualquier intento de realizar acciones armadas contra instalaciones estratégicas del gobierno federal, como ha ocurrido en meses anteriores en plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que han sido atacadas con explosivos.

“Les hacemos saber (a la comisión de intermediación) que aceptamos sus condiciones: a) que su intermediación tiene un carácter puntual referido a las gestiones necesarias para lograr la presentación y libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y c) que mientras dure esta intermediación no habrá acciones armadas de nuestra parte. Respecto al inciso b), corresponde al gobierno federal dar su posición pública frente esta iniciativa”, indicó el EPR mediante un comunicado.

En el boletín informativo difundido ayer el grupo armado también puso sus propias condiciones: además de que exigió al gobierno federal que se suspenda el hostigamiento contra los familiares de eperristas, solicitó “que deje de perseguir e investigar a quienes consideran son parte nuestra; que suspenda los operativos de búsqueda y captura de miembros de nuestro partido; ponemos a su consideración que sus buenos oficios abarquen a los demás desaparecidos del país”.

Asimismo, en el comunicado el EPR reconoció la pronta respuesta de las personalidades convocadas a conformar la comisión de intermediación, así como su labor profesional y/o intelectual.

“Al leer su respuesta constatamos que no nos equivocamos en la autoridad moral que ostentan por su trayectoria de lucha honesta por la justicia; recordamos su trayectoria al lado de otras personas que en algunos momentos históricos se han identificado con las causas justas.

“Todos tienen una trayectoria de lucha de muchos años denunciando a los regímenes pasados y actuales de las injusticias que han cometido, poniendo en peligro su vida y, sin embargo, continúan sosteniendo esa autoridad moral que es reconocida por nuestro pueblo”, puntualizó el EPR.

 

 

PAN: El partido de la impunidad.
Álvaro delgado

México, D.F., 28 de abril (apro).- Al tomar posesión del cargo que completará casi dos décadas de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco, el 1 de marzo del año pasado, Emilio González Márquez proclamó: “No venimos a robar ni a descansar, ni venimos por glorias humanas ni tampoco para abusar del poder.”

Pronto ese conjunto de compromisos quedó quebrantado, igual que su juramento, como alcalde de Guadalajara, de terminar el trienio, a pesar de sus recurrentes actos de falsa congruencia y su grosera ostentación de religiosidad.

“Soy católico. Por eso no robo, por eso no engaño… No soy ladrón, no soy narco, no soy maricón. De otras cosa podré tener un poquito, pero de eso no”, decía Emilio en julio del 2005, después de usar el presupuesto municipal para editar nada menos que 120 mil ejemplares de un libro apologético de la religión de su preferencia.

González Márquez, quien junto con sus cofrades Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, se declaró esbirro del ultraderechista Álvaro Uribe --como Felipe Calderón--, es protagonista de uno más de los escándalos que lo han acompañado en su carrera política, sobre todo después de dar el brinco del Partido Demócrata Mexicano (PDM) al PAN y de ocupar cargos mediante insanas prácticas políticas, incluyendo --como es el caso-- la manipulación de la fe.

Pero Emilio es, también, el prototipo de la clase política panista de la que tanto se ufana el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien exhibe con sus actos por qué Calderón lo colocó --mediante el ilegal e inmoral uso del aparato del gobierno-- en ese cargo.

Martínez Cázares ha exonerado a Emilio con celeridad, pero no por la transferencia de recursos del presupuesto de Jalisco a la Iglesia católica ni por el desprecio y la ofensa hacia ciudadanos que le exigen decoro, sino por el lenguaje que el funcionario utilizó para ufanarse de que en ese estado hace lo que le viene en gana, porque para eso fue electo y tiene asegurada la absolución del cardenal Juan Sandoval.

A Martínez le parece suficiente que Emilio haya ofrecido disculpas por su léxico, una patraña que oculta el patrimonialismo en el uso del erario --millones y millones no sólo a la Iglesia, sino a Televisa, a Televisión Azteca, al Teletón--, la insolencia hacia sus mandantes, hayan votado o no por él, y el atentado a una condición de paz en una democracia: el laicismo.

Más que las palabras utilizadas y aun si recurrió a ellas por el influjo de drogas o alcohol, esos son los ejes del debate sobre el comportamiento de González Márquez: el uso patrimonialista del erario, la rendición de cuentas, el respeto a los gobernados porque él es --hay que recordárselo-- un servidor público y la vigencia del laicismo, que garantiza el respeto por igual a todas las religiones y a la ausencia de credo.

Y esos son los temas que Germán Martínez, desde su cargo de presidente del PAN, soslaya en la expedición de un nuevo certificado de impunidad, el sello ya del partido de la derecha.

Como secretario de la Función Pública impartió la línea de Calderón Hinojosa para absolver a Vicente Fox de cualquier sospecha de corrupción --“meto las manos al fuego” por él, proclamó--, y hace poco emitió un fallo absolutorio a un miembro del mismo clan de la derecha, Juan Camilo Mouriño, el empresario español convertido a la política para seguir haciendo negocios y que ha sido exhibido, con documentos, en una inequívoca conducta delincuencial, conforme a lo que establece el Código Penal.

Martínez Cázares, quien integró el gabinete de Calderón durante una anodina gestión de nueve meses --apenas superado por priistas como Jaime Serra Puche, Fausto Alzati y Esteban Moctezuma--, hizo una encendida defensa de Mouriño, que concluyó en absolución, en el diario El Universal, que después ratificó a quien lo quisiera escuchar.

“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”, exclamó Martínez sobre Mouriño, a quien identificó como “orgullo” del PAN.

Con el reciente escándalo de Emilio --uno más en su larga lista de compra de popularidad con recursos públicos-- y su inmediata exoneración por Martínez, el PAN muestra su auténtica estatura moral y política, que es la que siempre ha tenido la derecha.

Declara la JFCA la existencia legal de la huelga en la mina de Cananea

La empresa, obligada a detener en definitiva las operaciones: STPS

Patricia Muñoz Ríos

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró legalmente existente la huelga en la mina de Cananea, Sonora –una de las de mayor producción de cobre en el país–, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que esa resolución obliga a Minera México a retirar todo el personal que tenía laborando dentro de la unidad y a detener en definitiva las operaciones.

La huelga en Cananea, iniciada el 30 de julio de 2007, fue declarada inexistente en primera instancia por la JFCA; sin embargo, el sindicato apeló de esa decisión. Posteriormente se emitieron dos resoluciones en las que los jueces señalaron que el paro era legal, pero que la empresa podía reiniciar operaciones con los sindicalizados que quisieran retornar a trabajar.

Incluso la empresa ofreció a los obreros un estímulo económico para que aceptaran reincorporarse a las labores, pero el objetivo no prosperó.

La JFCA emitió ayer su resolución final, en cumplimiento de lo ordenado por el primer tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito, el cual recientemente confirmó el amparo concedido por el juez sexto de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien señaló que la huelga debía ser declarada legalmente existente.

La STPS recordó que en Cananea se realizaban labores “de manera parcial” por obreros que regresaron a la mina, lo cual permitía un amparo interpuesto por la firma, el cual estaba en curso.

Sin embargo, detalló que, “a partir de la notificación de esta nueva resolución de la JFCA, no habrá labores en la referida unidad minera, en virtud de la huelga legalmente existente, hasta en tanto las partes arriben a un convenio que pueda dar por terminada la suspensión de labores”.

Agregó que la postura de la empresa acerca de que podría liquidar legalmente a los trabajadores que voluntariamente lo acepten sí se puede llevar a cabo.

“Esa medida unilateral daría por terminadas las relaciones individuales de trabajo con quienes así lo decidieran, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, no así la relación colectiva de trabajo, la cual se mantendría con el sindicato minero, por ser el titular del contrato colectivo de trabajo que rige en la unidad minera de Cananea.”

La secretaría reiteró su llamado tanto al sindicato como a Minera México a “continuar las negociaciones con un alto sentido de responsabilidad mutua, tendientes a resolver el conflicto laboral existente, habida cuenta de que con ello resultarán beneficiados los trabajadores, sus familias y también la actividad productiva en una industria de gran relevancia nacional e internacional”.

En Hermosillo, Sonora, integrantes de la sección 65 de dicho sindicato anunciaron que pedirán en el próximo Congreso Nacional Minero que se analice solicitar formalmente al gobierno federal y al Congreso de la Unión que sea retirada a Grupo México la concesión de Cananea.

En conferencia de prensa, Antonio Navarrete Aguirre, integrante del comité de difusión del sindicato en Cananea, negó que ya se estén entregando liquidaciones a personal de confianza y esquiroles, ya que al momento sólo se han realizado notificaciones al respecto, sin que se pague un solo peso.

“Si Grupo México ya se cansó de trabajar el más rico mineral de cobre del continente, pues entonces que le deje el paso libre a otros empresarios; hay muchos que sí van a respetar al obrero y a ver por su seguridad laboral.”

 

“No queremos otro Slim petrolero”, advierten alumnos del Tec a Kessel

■ Durante una conferencia rechazan que Pemex se convierta en monopolio privado

■ Aquí no se está hablando en ningún momento de privatización, replica la funcionaria federal

■ Tratamos de dar a la paraestatal las herramientas que le permitan ser más eficiente, sostiene

David Carrizales (Corresponsal)

Monterrey, NL, 28 de abril. Pese a la consistente negativa del gobierno federal a considerar que su proyecto de reforma energética sea un plan privatizador de Petróleos Mexicanos (Pemex), la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel Martínez, debió nuevamente rechazar la cuestión ante estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), una de las principales instituciones privadas del país, quienes le dijeron: “No queremos que Pemex se convierta en un monopolio privado, no queremos otro Carlos Slim del petróleo”.

La funcionaria federal expuso que es muy importante dar autonomía a Petróleos Mexicanos, pero también, junto con esa mayor autonomía, “es importantísimo contar con pesos y contrapesos”.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:41
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