Mi?rcoles, 30 de abril de 2008

Obligación federal, garantizar derechos de los niños en operativos militares: Unicef

■ La presencia masiva del Ejército afecta la vida cotidiana de éstos y sus comunidades

■ Llama a cerrar brechas de desigualdad; viven en la pobreza 20.9 millones de menores mexicanos

Emir Olivares Alonso

Si bien es cierto que en México hay “avances aceptables” en las acciones para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, aún existen rezagos, por lo que es necesario “cerrar las brechas de desigualdad y exclusión”, advirtió Susana Sottoli, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país.

En el contexto del Día del Niño, Sottoli aseguró que el gobierno federal está obligado a garantizar la protección y derechos de los menores durante los operativos militares contra la delincuencia organizada. “En cualquier contexto, la presencia masiva del Ejército influye en la vida cotidiana, lo que afecta no sólo a los niños, sino a toda la comunidad. No es una situación ideal en la que éstos puedan desarrollarse libremente y sin temores, por tanto, es muy importante monitorear la situación y ver en qué caso les está afectando”.

En conferencia de prensa, presentó algunos datos oficiales respecto a la situación a que se enfrentan los infantes mexicanos. Indicó que en aún viven en pobreza 20.9 millones (53.2 por ciento) de los 37.9 millones de niños y adolescentes.

Dijo que de 1999 a 2006, México ha logrado disminuir la desnutrición en 5 por ciento, aunque advirtió que los retos aún existen, pues alrededor de 7.5 millones de menores padecen pobreza alimentaria y 12.7 por ciento del total de dicho sector poblacional sufre desnutrición crónica.

El Unicef alertó que 1.2 millones de infantes no acuden a la escuela a pesar de que se ha logrado alcanzar coberturas de 67 por ciento en prescolar, 99.7 en primaria y 74.4 en secundaria. Agregó que existen disparidades en el acceso y la calidad educativa, “no sólo es que vayan a la escuela, sino que en verdad aprendan”.

En términos de salud, alertó que es “inaceptable” que aún mueran en el país 74 mil menores al año por enfermedades prevenibles, sobre todo en comunidades pobres e indígenas.

Sottoli destacó que en México hay avances en cuanto al marco legal para prevenir el trabajo infantil, aunque se estima que 3.3 millones de entre seis y 14 años desarrollan alguna actividad laboral. Además de que menos de 10 por ciento de los hijos de jornaleros migrantes agrícolas asiste a la escuela.

Agregó que 28 por ciento de niños entre seis y nueve años reporta haber sido víctima de violencia en el hogar, y 32 por ciento en la escuela, por lo que es necesario que todas las instancias gubernamentales y la sociedad en su conjunto mejoren los sistemas de prevención, denuncia y penalización.

Migración y VIH-sida

Sobre el tema de migración, el organismo de la ONU subrayó la problemática que atraviesan los menores al intentar cruzar hacia Estados Unidos, por lo que propuso mejorar los mecanismos de protección en ambas fronteras y al darse la repatriación se asegure el retorno de los menores hasta sus hogares.

En el caso del sida, Sottoli resaltó que hay 2 mil 786 casos de mexicanos de cero a 18 años que padecen esa enfermedad, los cuales representan 2.4 por ciento del total. Dijo que hay carencia de datos desagregados, además de que debido a la limitada cobertura de servicios de prevención para evitar el contagio “vertical”, es decir, de la madre al feto durante el parto, en 2007 nacieron 42 con VIH.

Ante esa problemática, el Unicef consideró que es necesario que el Estado establezca mejores mecanismos para garantizar los derechos infantiles.

 

Presentó el FAP en la Cámara de Diputados iniciativa de ley de amnistía

■ Posibilitaría la distensión de conflictos sociales, considera la legisladora Aleida Alavez

■ Persiste persecución por el movimiento de 1968, el halconazo de 1971, Atenco y Oaxaca

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aprobar una ley de amnistía en beneficio de ciudadanos en contra de quienes el Estado mexicano haya ejercido o ejerza acción penal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su vinculación, real o supuesta, con movimientos armados.

La diputada perredista Aleida Alavez explicó que, de aprobarse la iniciativa, ello posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y, en consecuencia, fortalecer la gobernabilidad del país, y constituiría un punto de partida para continuar la transformación de México en un régimen en el que impere un verdadero estado de derecho.

En la exposición de motivos señaló que hasta el momento la persecución, encarcelamiento y asesinato de mexicanos que participaron en los movimientos de 1968 y 1971, así como quienes fueron reprimidos por el gobierno de Vicente Fox, y de Enrique Peña Nieto, en San Salvador Atenco, así como en Oaxaca por las administraciones de Felipe Calderón y Ulises Ruiz, no han recibido justicia y en cambio se mantienen el silencio y la impunidad.

“La guerra (sucia) que padecimos en las décadas de los 60, 70 y 80 en México simplemente han merecido olvido y simulación. De la matanza de la noche de Tlatelolco de 1968, y del halconazo de 1971, ni un culpable, pero sí centenares de desaparecidos, como el caso de Jesús Piedra Ibarra, quien el pasado 18 de abril cumplió 33 años de haber sido secuestrado por las brigadas de Luis Echeverría.”

En el cuerpo de la iniciativa se señala que la amnistía se extendería a todos los indiciados, procesados y sentenciados, cualquiera que haya sido su grado de participación en los delitos de carácter político o de su presunta participación en grupos armados; se argumenta que la ley tiene como objetivo obligar a la presentación de desaparecidos a causa de su participación en movilizaciones políticas, así como garantizar la integridad física y la libertad de todas aquellas personas detenidas por esas actividades.

También detalla que la amnistía extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se imputen, incluyendo la responsabilidad civil derivada de éstos, así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.

El proyecto incluye un capítulo específico sobre la presentación de desaparecidos políticos, en el cual se considera que el gobierno federal ordenaría al Ejercito, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y corporaciones de seguridad del país, así como a los elementos bajo sus órdenes, la inmediata libertad de desaparecidos que se encuentran en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.

La responsable de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos sería una comisión especial permanente, integrada por ocho miembros del Frente Nacional contra la Represión, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno más por el ombudsman capitalino, así como por los presidentes de las comisiones de derechos humanos de las dos cámaras del Congreso y un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La iniciativa fue suscrita por los coordinadores del FAP, Javier González Garza, del PRD; Alejandro Chanona, de Convergencia, y Ricardo Cantú Garza, del PT, así como por los perredistas José Antonio Almazán, Juan Guerra y Aleida Alavez.

Limitan el diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR, dicen mediadores

■ Preocupa a Montemayor y López y Rivas la figura de “testigos sociales”

■ “Cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación no está proponiendo capitulación”

Blanche Petrich

El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como parte de un grupo mediador en un eventual proceso de negociación con el gobierno federal, señalaron que para que esta iniciativa prospere es indispensable que la Secretaría de Gobernación entienda “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”.

Extrañados por la formulación que se hizo en Bucareli en respuesta al segundo comunicado del EPR, proponiendo un “diálogo directo”, sin intermediarios y relegando a los mediadores propuestos por el grupo armado al papel de “testigos sociales”, Montemayor y López y Rivas consideraron, en entrevistas por separado, que el tema “será analizado”.

Este jueves el grupo de mediadores –que incluye al obispo emérito Samuel Ruiz, a la senadora Rosario Ibarra, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al Frente Nacional contra la Represión (FNCR)– sostendrá su primera reunión formal para analizar el escenario planteado.

“Entonces veremos cuál puede ser el segundo paso”, indicó López y Rivas, quien participó en el proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Pese a que el proceso es incipiente y está cargado de dificultades, para Montemayor –uno de los investigadores más acuciosos de los movimientos armados– el momento representa “una oportunidad de poder vivir la experiencia de un diálogo entre un sector inconforme y el Estado”. En principio, “celebra” los comunicados del EPR y de Gobernación, porque revelan que, en los dos frentes, “los más duros fueron convencidos de la necesidad de una salida política”.

En el caso del EPR, que con los sucesivos alzamientos de sus organizaciones de origen (Partido de los Pobres, Procup y otras fuerzas) suma una historia de más de 40 años de lucha armada, es la primera vez que habla de una negociación con el Estado.

Pero no deja de apuntar que esta oportunidad está preñada de riesgos. “En la historia moderna hay dos ejemplos de negociación entre fuerzas insurgentes y el Estado. La primera, entre el gobierno de Adolfo López Mateos y el morelense Rubén Jaramillo, que culminó, después de la capitulación de los jaramillistas, con la traición y el asesinato del líder, su esposa embarazada y sus tres hijos, en Xochicalco, en 1962. La segunda fue la del EZLN con el gobierno de Ernesto Zedillo. Los zapatistas fueron reconocidos como fuerza beligerante y luego perseguidos. Se formó la Cocopa como un acuerdo parlamentario ejemplar, pero que no llevó los acuerdos de San Andrés Larráinzar a su materialización.

“Esta es la tercera oportunidad. No sabemos si el Estado mexicano quiera continuar en la tradición de las dos experiencias anteriores o abrir un capítulo nuevo. Habrá que esperar para saber si en el gobierno de Felipe Calderón hay una contrapartida que no confunda el diálogo con la capitulación ni la mediación con un invitado de piedra. Este paso que ha dado el EPR es la demostración contundente de que el recurrir de manera extrema a medidas policiales no soluciona ni erradica la inconformidad social que se alza en armas.”

Para López y Rivas, la respuesta de Gobernación a la iniciativa del EPR es contradictoria. “Percibo que se pudo resolver la oposición de los sectores más duros del calderonismo, contrarios a cualquier acercamiento; el presidente del PAN, Germán Martínez, por ejemplo. Pero también observo que ha impuesto condiciones que complican el acercamiento”.

Sin querer adelantar vísperas, expresa su preocupación por varias de las condiciones planteadas por Bucareli. Entre otras, la propuesta gubernamental de un “diálogo directo”, sin la mediación que propuso el EPR –a la que Segob adjudica un papel de testigos sociales. “No digo que no se pueda negociar sin intermediación. Lo hizo Estados Unidos con el vietcong, y el Ejército Republicano Irlandés con Londres. Pero es un esquema que puede fracasar, como ocurrió en el caso vasco-español. ETA y Madrid realizaron diálogos directos que concluyeron con el arresto de los interlocutores. Una negociación directa no ofrece ninguna garantía”.

López y Rivas consideró que el tema propuesto por el Ejército Popular Revolucionario como punto único de la negociación –la aparición con vida de sus dos compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz– es sustancial.

“Creo que lo es para todos los que aceptamos participar. No existe una razón de Estado suficiente que justifique una desaparición forzada. Es preocupante que, de inicio, la Secretaría de Gobernación diga que no tienen nada que ver con el caso” referido, concluyó.

“Electorero”, el plan de Calderón contra la pobreza: Moreira
arturo rodríguez garcía

Saltillo, Coah., 29 de abril (apro).- El plan contra la pobreza extrema esbozado ayer por el presidente Felipe Calderón no fue del agrado del gobernador Humberto Moreira, pues hoy lo calificó de “electorero” y excluyente de las entidades federativas.

Por eso, a pregunta expresa de reporteros sobre el proyecto social del mandatario federal, expresó: “Es puro pedo”.

El lunes anterior, Calderón Hinojosa presentó su plan contra la pobreza y anunció que se convertiría en el eje rector de su política social.

Sin embargo, para Humberto Moreira se trata sólo de un programa “populista” con fines electorales de cara a los comicios generales del próximo año.

El gobernador priista recordó que los panistas siempre criticaron la política social del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador durante su gestión al frente del Gobierno del Distrito Federal (GDF), pero ahora los mismos panistas anuncian la aplicación de recursos muy superiores en programas “populistas” que no contribuyen a abatir la marginación social ni la pobreza extrema.

“¿No les da vergüenza?, tanto que criticaron al Peje y ahora están gastando. Están como el borracho que tiene dinero y es un señor divertido y alegre; pero si es un borracho pobre, le dicen corriente, cochino, lépero pelado”, comparó.

La queja principal de Moreira Valdés consiste en que de los programas sociales anunciados, sólo tres podrán ser operados en conjunto con las entidades federativas, mientras que el resto serán ejecutados en su totalidad por el gobierno de Calderón.

“No se pueden olvidar de banderas políticas y por eso no aceptaron la participación, con recursos, de los estados. Eso es perversidad y manipulación político-electoral de los programas”, acusó.

“Lo que están construyendo es un plataforma para el 2009, es un plan electorero”.

Moreira refirió que en Estados Unidos existe una política federal que permite una aplicación directa de recursos en las órbitas municipales, e insistió en la falta de sentido federalista del gobierno de Felipe Calderón.

Dijo que el esquema ideal radica en hacer acciones conjuntas en los tres órdenes de gobierno, principalmente permitir la operación de programas a los municipios, pues son los que están más cerca de la gente.

“No quisieron trabajar juntos y eso es entrar en una dinámica de construcción de programas electorales para seguir siendo el país de las despensas y los apoyos electoreros”, expresó.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:07
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