Jueves, 01 de mayo de 2008

Reprocha AI a México la impunidad en los casos Atenco y Texcoco.
lourdes godínez leal

México, D.F., 30 de abril (apro-cimac).- Amnistía Internacional (AI) sección México reprochó al gobierno mexicano su falta de voluntad para terminar con la violencia y tortura contra las mujeres en la República Mexicana.

En un comunicado difundido hoy con motivo de los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, donde varias mujeres fueron ultrajadas por policías del Estado de México y de la Federal Preventiva durante y después de su detención, AI lamentó que, a dos años de esos lamentables sucesos, no haya avances sustanciales para las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual.

Además, sostuvo que la falta de compromiso del gobierno sigue dando pie a la impunidad.

Pese a la existencia de una averiguación previa en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) presidida entonces por Alicia Elena Pérez Duarte, ésta no consignó a los responsables de los delitos, aun cuando había pruebas suficientes para ello, señaló Amnistía.

“El procurador General de la República (Eduardo Medina Mora) debe demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva fiscal especial para que concluya su investigación y proceda contra los responsables”, insistió el organismo defensor de los derechos humanos.

Recordó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza una investigación especial, ésta “no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos, por lo que no debe ser una razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes”.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, fue implementado un operativo policial en San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México, para terminar con las protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Durante el operativo, los más de 2 mil 500 policías federales y estatales hicieron detenciones arbitrarias, allanamientos, cateos sin orden judicial y mataron a dos personas. Como resultado del mismo, más de 200 personas fueron detenidas, 49 de ellas mujeres que fueron trasladadas al penal de Santiaguito, en el Estado de México.

Durante el trayecto al penal, cuyo recorrido duró más tiempo del que normalmente se realiza, un grupo de policías presuntamente violó y abuso sexualmente de varias mujeres.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó 23 “ataques sexuales” pero únicamente 14 mujeres denunciaron ante la Fevim, tres más desistieron y únicamente 11 continúan en espera de que esta instancia les haga justicia.

De la “investigación” realizada por las autoridades estatales, únicamente se levantaron cargos contra 21 policías. De éstos, los tribunales ya exoneraron a 15, mientras que seis agentes siguen procesados por abuso de autoridad y uno por “actos libidinosos”. Estos cargos, señaló AI, “no reflejan la gravedad de los hechos de tortura que cometieron los policías, ni el número de ellos implicados”.

Recordó que hasta este día, 70 personas siguen enfrentando procesos por delitos de ataque a las vías de comunicación, y 16 más permanecen en prisión, entre los cuales hay una mujer.

En el caso de las extranjeras deportadas de México, luego de haber sido detenidas en los operativos, violadas algunas de ellas y abusadas sexualmente por los policías (las españolas Cristina Valls y María Cristina Fernández; la chilena Valentina Palma y la alemana Samantha Dietmar), únicamente la española Cristina Valls decidió llevar el caso ante los tribunales.

El 25 de enero de 2008, la española presentó su caso ante la Audiencia Nacional Española. Denunció al Estado mexicano por tortura sexual y violación a sus derechos humanos. Está aún a la espera de que esta instancia admita su caso.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), la segunda semana de la organización Women's Link Worldwide, que apoya legalmente a Valls, visitará nuestro país para informar sobre el tema.

¿USTED LE CREE?

 

Niega líder del PRI haber creado un grupo paramilitar.
pedro matías

Rechaza para perseguir a miembros del EPR

Oaxaca, Oax., 30 de abril (apro).- El presidente estatal del PRI, Jorge Franco Vargas, rechazó que haya creado el grupo paramilitar Unidad Ministerial de Intervención Táctica que se dedicó a perseguir a los integrantes del movimiento social del 2006 liderado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a realizar “operaciones especiales” como la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.

Franco Vargas, exsecretario general de Gobierno, rechazó los señalamientos que lo involucran en la formación de dicho grupo paramilitar en complicidad con la exprocuradora de Justicia, Lizbeth Caña Cadeza, y del exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas.


Franco Vargas es señalado como el principal responsable del desalojo a los maestros que detonó en un conflicto social que dejó por lo menos 26 muertos, más de 500 detenidos y centenares de heridos en el 2006, se puso a disposición, “en los términos de ley”, de las autoridades que lo requieran para facilitar sus deliberaciones.


La información cita postestimonios contenidos en las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/057/08 y PGR/SIEDO/UEITA/048-08, donde un supuesto testigo protegido presenció el ingreso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado sin dar cuenta a la autoridad ministerial. Ese documento revela que el subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández, y Ángel Cruz Reyes, participaron en la detención de los eperristas.

A su vez, Nadin Reyes y Margarita Cruz, familiares de los desaparecidos Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, manifestaron su enojo y decepción por que la cita que tenían en la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) dependiente de la Procuraduría General de la República, sólo fue para practicarles una prueba de ADN para compararlas con algunos cuerpos que han sido ejecutados y enterrados clandestinamente.

Las integrantes del Comité “Hasta Encontrarlos” se negaron a realizar esa prueba, a menos que se lo solicitaran formalmente y por escrito; y que sus abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos tengan acceso a la averiguación previa que integró
la PGR.

Sin embargo, al ser denegada esta petición optaron por no practicarse la prueba de ADN y esperar hasta que haya “voluntad del gobierno federal” para atender su demanda de acceso al estado que guardan las investigaciones.

 

Los programas del GDF son populares, no populistas, asegura Marcelo Ebrard

■ Demagogia es hablar de estrategia social y provocar más desigualdad en el país, dice

■ Anuncia entrega de más de medio millón de apoyos para los beneficiarios del programa Liconsa

Bertha Teresa Ramírez

En respuesta a quienes califican de populista y demagógica la política social del gobierno capitalino, el titular del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard Casaubon, aclaró que los programas sociales de la administración local no son populistas, sino populares, y han tenido como propósito amortiguar el impacto que tiene la equivocada política económica del gobierno federal sobre la población.

“Demagogia es hablar de estrategia social cuando se está trabajando todos los días para que haya más desigualdad en México; populismo de derecha es decir que no se quiere privatizar Pemex y se manda una ley que viola la Constitución”, aseveró.

Al abundar en su respuesta a los detractores del gobierno perredista, Ebrard Casaubon se refirió a la última reunión nacional del panismo para asentar que “populismo de derecha también es anunciar programas sociales con miras a las elección de 2009”.

Al encabezar la presentación del Programa de Apoyo Emergente a la Economía Familiar, mediante el cual la administración local entregará poco más de medio millón de apoyos a los beneficiarios del programa Liconsa, dijo que con este programa se propone amortiguar los efectos de incrementar el precio de la leche a los sectores populares, una de las primeras acciones que emprendió el PAN al llegar a la Presidencia de la República.

Indicó que la administración local se opuso a esa medida, pues subir un peso a la leche tiene un efecto muy grave sobre las clases más necesitadas.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, detalló que como parte del programa que se inició el lunes, se entregarán vales de cien pesos canjeables por productos básicos, en apoyo al incremento de la leche Liconsa.

En ese contexto indicó que también hay preocupación “por lo que está pasando en el mundo respecto a los alimentos; apenas hace dos meses hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declararon que puede haber crisis alimentaria mundial debido a varios factores, entre otros, porque la superficie mundial que se destina al cultivo de alimentos para consumo humano está disminuyendo, entre otras razones porque una buena parte de estos alimentos se están destinando a generar biocombustibles.

“También porque los patrones alimenticios de países altamente poblados como China e India han cambiado, y esto está modificando el patrón de consumo de alimentos a escala mundial.

 

 

 

Diálogo
josé gil olmos

México, D.F., 30 de abril (apro).- Juan Camilo Mouriño sigue demostrando una enorme incapacidad e ignorancia para ejercer la figura de representante del gobierno. Ante la posibilidad de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) vuelve a errar tratando de que el grupo armado claudique antes de empezar las conversaciones, con lo que no hace más que cancelar cualquier acercamiento.

Débil como secretario de Gobernación, Mouriño desdeñó ser el representante directo en las conversaciones y designó al subsecretario Abraham González para que dé seguimiento a la propuesta de dialogo del EPR.

Además, de entrada constriñó la propuesta del EPR de que se formara una comisión de intermediación, al exigir que el diálogo sea directo y, además, le quitó valor a la principal petición de este grupo: la aparición de sus dos compañeros: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo del año pasado.

Lo que Mouriño pretende es que el EPR desista de sus principios de lucha, principios que han mantenido desde hace 40 años, pues los orígenes del grupo guerrillero se encuentran en el Partido de los Pobres y en el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), los cuales buscan un cambio de forma de gobierno en el país.

El amigo de Felipe Calderón quiere llegar a la mesa y encontrar una carta de rendición más que a un interlocutor con el que tenga que abordar temas nacionales, como la desaparición y asesinato de al menos 30 luchadores sociales en lo que va del presente gobierno y casi 500 desde la administración de Vicente Fox, de acuerdo con los datos de la propia guerrilla.

Mouriño pretende iniciar el dialogo ante un interlocutor postrado, vencido y amenazado de ser llevado a prisión por las bombas a los gaseoductos de Pemex “y otros actos delictivos que han sido denunciados”. Eso no es dialogo.

¿Cómo se le ocurre al joven campechano-gallego iniciar el diálogo con el EPR con la amenaza de que pueden ser detenidos en cualquier momento? ¿Cree que los eperristas acudirán al encuentro en una situación de desventaja? ¿Acaso no conoce cómo se fracasó cuando se dieron las negociaciones con el EZLN en San Andrés Larrainzar cuando se intentó amenazar a los indígenas con órdenes de aprehensión?

Es evidente que la única pretensión de Mouriño es la de rescatar su alicaída figura de secretario de Gobernación y fortalecer su imagen aprovechando el foro que puede proporcionarle una diálogo directo con el EPR, bajo las condiciones que él mismo quiere imponer.

Porque desde que llegó a la Secretaría de Gobernación, el empresario no ha dado una como político. Su capacidad de interlocución es mínima y nadie le da su lugar como responsable de la política interna.

Pero aun cuando sus intenciones sean muy individuales, el hecho de aceptar el diálogo con los eperristas tiene implicaciones que, al parecer, no ha previsto.

El EPR es una guerrilla con cuatro décadas de vida que tiene presencia militar en el sur y el Bajío, y en menor medida hacia el norte del país. Está considerado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional como la guerrilla más peligrosa por el manejo que tiene de los explosivos. Tiene bases de apoyo desde hace décadas y principios revolucionarios, como la transformación de la sociedad hacia el socialismo, que difícilmente habrán de ceder en una mesa de diálogo.

Es un grupo que ha demostrado tener capacidad de combate y de resistencia, y con posiciones más duras que las otras agrupaciones guerrilleras, como el EZLN.

Y si Mouriño quiere intimidarlos antes de sentarse a dialogar, lo único que va a provocar es tensar más la cuerda, radicalizar posiciones y las acciones guerrilleras, ocasionando una situación de mayor violencia, que bien pudo prevenir con una actitud menos soberbia y déspota, como lo está mostrando hasta el momento.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:54
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