Lunes, 05 de mayo de 2008

Dudas sobre los alcances del informe

Jesús Aranda

Después de que la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso Atenco entrevistó a 301 personas, de las cuales 228 eran policías, diez altos funcionarios federales y del estado de México, nueve agentes de Migración, además de 19 atenquenses que obtuvieron su libertad, 26 que permanecen recluidos y nueve personas más, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo tiene elementos suficientes para determinar que sí hubo violación grave de garantías y uso excesivo de la fuerza pública, confiaron fuentes del máximo tribunal.

Sin embargo, existen dudas sobre el alcance del informe que entregará el ministro respecto de la posible responsabilidad de dos funcionarios de primer nivel que siguen en activo: el gobernador Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Por primera vez la Corte defina los alcances de la fuerza pública cuando ésta sea utilizada para contener acciones de grupos sociales y esté en riesgo la paz.

El análisis también tendrá que ver con las acciones que en su momento adoptaron las autoridades federales, estatales y municipales, y determinar si estuvieron a la altura y realizaron acciones necesarias para evitar la confrontación y la violencia policiaca excesiva contra pobladores y los detenidos durante su traslado al penal de Santiaguito.

Límites al uso de la fuerza pública

En este contexto, los magistrados estudiaron el uso de la fuerza pública desde el punto de vista de la legislación nacional e internacional, y llegaron a la conclusión que los principios que la rigen son: legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, racionalidad, necesidad de proporcionalidad, diferenciación, no discriminación, oportunidad, prevención, preservación de la vida e integridad física, uso excepcional y extremo de las armas de fuego, y capacitación.

También la comisión analizó a los dos actores principales de los hechos: las corporaciones policiacas, “sus virtudes y deficiencias”, y el FPDT, “sus orígenes y su proceder histórico”.

Para determinar qué autoridades son responsables de violar las garantías individuales en Atenco, el informe destaca los elementos que serán definitivos en el juicio del ministro Gudiño determine: toma de decisión para el uso de la fuerza, planeación del operativo, coordinación de acciones, supervisión y ámbitos de control, entre otros.

Niegan derecho a abortar a joven violada

Sufrió ultrajes de su padrastro, en Guanajuato; omisiones de autoridades en el caso

Martín Diego Rodríguez (Corresponsal)

Salamanca, Gto., 4 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) consignó el 27 de abril a Martín Rodríguez González, de 44 años de edad, por abusar sexualmente de su hijastra durante tres años; producto de esa violación, la menor de 15 años tiene tres meses de embarazo cumplidos.

La detención ocurrió el día en que la madre se enteró y pidió ayuda a la policía. La adolescente platicó lo sucedido y relató que su padrastro, además de violarla, la amenazó con hacer daño a su progenitora si lo delataba. La madre de la afectada promovió una averiguación previa, pero no se le dio la opción de que la víctima abortara, como lo prevé el Código Penal de Guanajuato.

El artículo 163 de esa norma expresa que “no es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea resultado de una violación”. La directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, Ángeles López García, señaló que esa opción no fue planteada a la madre de la menor.

“El estado no informó a la familia de la joven que tenía esa posibilidad y que aún estaba en tiempo de hacerl.” La posibilidad de interrumpir el embarazo no fue planteada ni como opción legal, relató.

La activista expuso que, más allá de la nota publicada en los diarios locales como un hecho aislado, la situación conlleva una parte legal y de cumplimiento de las instituciones, ya que “se violentaron los derechos humanos de la menor”. Ni la subprocuradora de Atención Integral Especializada (SAIE) ni la coordinadora estatal de Atención a Víctimas del Delito, dependiente de la PGJEG, Beatriz Genoveva Galván Carrillo y Laura Edith Ortega Pérez, plantearon ese contexto legal a la familia.

En 2000 la fracción del PAN en el Congreso de Guanajuato intentó penalizar el aborto, aun en casos de violación; sin embargo, el veto del gobernador Ramón Martín Huerta evitó las reformas al Código Penal.

Ortega Pérez reconoció que ni la madre ni la menor fueron informadas de esa posibilidad y comentó que “en el estado no existe un procedimiento legal previsto en el Código Penal” para dar aviso a la familia sobre la opción de interrumpir el embarazo, pues el marco legal prevé “una excusa absolutoria dentro del delito de aborto”.

López García señaló que la procuraduría estatal no informó a la madre que su hija tenía posibilidad de abortar, por lo que se violentó el precepto de la adolescente para obligarla a ser madre.

Argumentó que “el acceso al aborto seguro es un derecho de la víctima de una violación y las autoridades están obligadas a facilitar que las mujeres ejerciten ese derecho proporcionándoles la información necesaria sobre cómo reclamarlo”.

Argumentó que la Ley Orgánica del Ministerio Público es clara, “pues ordena restituir a la persona ofendida el goce de sus derechos, dar a la víctima asesoría jurídica, atención médica y sicológica, así como solicitar medidas para su seguridad y auxilio”.

El 27 de abril, cuando fue detenido el presunto violador, la adolescente pudo haber interrumpido el embarazo, pues cumplió tres meses de gestación el 30 de abril.

Haber negado a la víctima información sobre las opciones legales a su alcance (abortar, conservar a su hijo o darlo en adopción) “pone de relieve la manifiesta deficiencia de la Procuraduría de Justicia y la violación a los derechos humanos perpetrada directamente contra la menor violada”.

Recordó que en Guanajuato el número de menores embarazadas va en aumento. “Hay falta de información de las estructuras de gobierno, así como una deficiente orientación legal a las víctimas de violación. Es un abuso que se repite constantemente en Guanajuato, como una política pública que, además, viola el Estado laico garantizado constitucionalmente en México”.

La directora del centro de derechos humanos conminó a la procuraduría de Guanajuato a que “cumpla con su obligación de proporcionar información sobre el acceso al aborto legal y seguro para las víctimas de violación, se abstenga de obstaculizar esta elección y cumpla con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito”.

Un antecedente

En marzo de 2003, la madre de una mujer con retraso mental pidió a la PGJEG (encabezada desde entonces por Daniel Federico Chowell Arenas) una orden judicial para interrumpir el embarazo de su hija, quien fue violada. La solicitud fue rechazada y el caso tuvo que ser llevado a tribunales internacionales.

Guarderías de la Sedeso violan derecho a la enseñanza inicial

■ “Dan educación chatarra a los niños pobres”, aseguran expertas

Angélica Enciso L./I

Las guarderías y estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que ofrecen a madres de escasos recursos servicios de “cuidado y atención” de sus hijos menores de cuatro años, violan el derecho a la educación inicial y pasan por alto la normatividad en la materia. Son espacios que dan “formación chatarra” a los niños pobres, aseguran expertas.

Ese programa se puso en marcha hace 15 meses, a iniciativa del presidente Felipe Calderón, y a la fecha han sido abiertas 6 mil 262 estancias, que dan atención a 139 mil 302 niños. En total se han registrado 160 mil, y la meta es atender a 500 mil al final del sexenio. Las guarderías las pueden instalar amas de casa con estudios de secundaria, quienes adaptan con un máximo de 35 mil pesos parte de sus viviendas para recibir a hijos de trabajadoras, estudiantes y padres solos que perciban hasta seis salarios mínimos.

“Con ese plan se chatarriza la atención, pero al gobierno le sale barato. Además, se deja a los niños en el círculo de la pobreza y la violencia. Es necesario hacer una evaluación de lo que ha ocurrido desde que se puso en marcha”, señalan, por separado, las especialistas Nashieli Ramírez Hernández y María Elena Sánchez Azuara.

En respuesta, la responsable del programa, Lía Limón, directora de políticas públicas de la dependencia, admite que no se busca dar enseñanza a menores de 4 años, ya que ésta se obtiene en prescolar. “Son sitios de cuidado y atención, no es un esquema escolarizado ni pretende serlo. De hecho, en las reglas de operación se establece la obligación de los padres de inscribirlos en prescolar cuando estén en edad.”

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que, desde que nace, el niño tiene derecho a enseñanza inicial, lo cual es uno de los seis objetivos del programa Educación para Todos, el cual expresa que las acciones de atención e instrucción de primera infancia son fundamentales para el desarrollo físico y mental, y para mejorar la captación cognitiva y contribuir a incrementar la escolarización. Además, el aprovechamiento de la formación y el índice de terminación de estudios primarios.

“Los niños más pobres y desfavorecidos no tienen acceso, por regla general, a los programas de atención y educación de primera infancia, aun cuando son los que más provecho pueden sacar de ellos en el plano de la salud, la nutrición y el desarrollo cognitivo”, asegura el informe más reciente. Revela que sólo 53 por ciento de países tienen esos planes.

Cuando el 11 de enero de 2007 en Chalco, estado de México, se abrió la primera guardería, el presidente Felipe Calderón dijo que éstas podrán “cuidar a los niños mientras las mamás trabajan. Ponerles juegos, educarlos con cosas muy sencillas, tenerlos tranquilos y entretenidos sanamente”.

Se estima que la población femenina en el mercado laboral representa 41 por ciento de la población económicamente activa, y alrededor de 3.5 millones de hogares tienen ingresos hasta de 6 salarios mínimos.

Dan buen cuidado

“Hay muchas historias de niños que se quedaban solos, encerrados, a veces con el hermanito de seis años al cuidado de los menores, y para las madres contar con un lugar seguro donde dejar a sus hijos representa un apoyo importante”, puntualiza Lía Limón, y explica que se han adecuado las reglas de operación para atender a niños desde 12 meses hasta 3 años 11 meses.

En entrevista, afirma que en las estancias se da “buen cuidado” a los niños, lo cual significa que hay “una rutina, un menú a la vista de los padres, balanceado. Cuando éstos llegan pueden revisar a los niños, para constatar que no tienen golpes ni están enfermos. Hay actividades lúdicas. El tema de la rutina es importante, y también que el inmueble tenga condiciones de seguridad e higiene”.

Agrega que con ese modelo se ha formalizado el esquema de cuidado que ya existía, y ayuda a muchas madres a resolver el problema de dónde dejar a sus pequeños mientras trabajan. “El esquema no pretende suplir la educación prescolar. Se busca un espacio de cuidado a los niños”, puntualiza.

Frente a la omisión de la enseñanza inicial en el modelo de la Sedeso, Nashieli Ramírez Hernández, directora de Ririki Intervención Social –institución que apoya a organizaciones sociales, grupos y personas en el desarrollo de capacidades y habilidades–, indica que los niños, desde que nacen, tienen derecho a educación, pero la dependencia no tiene “una sistematización ni una propuesta en la materia. La Secretaría de Educación Pública no está involucrada en ello. El enfoque es dar de comer a los niños y cuidarlos, con el argumento de que para ello no se necesita una persona preparada. Participan amas de casa, porque si los niños pudieron crecer con sus abuelas y nosotros la libramos igual, no se requiere más capacitación”.

La norma oficial mexicana 167, publicada en 1997, establece los requisitos que deben cumplir las guarderías, pero “para evadir la regulación cambiaron el nombre y dijeron que son estancias de desarrollo infantil. El gobierno emite una norma que todos deben cumplir y hace un programa que le da la vuelta”, sostiene.

Para la prestación de servicios de asistencia social en guarderías, la norma especifica que las instalaciones deben tener salas separadas de lactantes, maternal y usos múltiples. Esta última debe utilizarse para actividades de entrenamiento, recreación y físicas en tiempo libre, con el propósito de “enriquecer las esferas cognitiva, afectiva y sicomotora”.

Indica que son actividades inherentes a los servicios de asistencia social, y que la atención al menor debe estar “sustentada en principios científicos, éticos y sociales. De igual forma, en actividades educativas y recreativas que promuevan el desarrollo de las esferas cognitiva, afectiva y sicomotora”.

En contraste, la Sedeso, en las reglas de operación del programa de guarderías y estancias infantiles, estipula que los niños deben recibir “servicio atento, seguro, higiénico y de calidad”, así como “supervisión y cuidado en todo momento mientras permanezcan en las estancias infantiles”.

Si se hace una evaluación sobre percepción y satisfacción del cliente, “naturalmente las mamás van a decir que están encantadas. Cualquiera que pueda dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras se va a trabajar está tranquila”, agrega Ramírez Hernández. Lo que hacen estos programas es “chatarrizar la atención. Damos a los niños pobres atención chatarra. Al gobierno le sale barato otorgar eso”, expresa.

Se deja a los niños en el círculo de la pobreza y la violencia, por lo que “se debe hacer una valoración de lo ocurrido este año con los menores, dar seguimiento a lo que pasó con ellos y las cuidadoras”, indica, por su parte, María Elena Sánchez Azuara, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y experta en bienestar en la infancia y la adolescencia.

Historial académico de Mouriño, una incógnita más
rosa santana

Campeche, Cam., 5 de mayo (apro).- La forma en que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, obtuvo la maestría en Administración, con especialización en Finanzas, por la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) es, igual que su nacionalidad, todo un enigma.

Y es que, inexplicablemente, las autoridades universitarias decidieron clasificar como “confidencial” el expediente académico del exjefe de la Oficina de
la Presidencia.

Lo más que se sabe es que Mouriño curso la maestría de 1998 a 2000, cuando fungía como dirigente estatal del PAN y que la maestría que presume en su currículo la obtuvo siete años después, en 2007, ya como jefe de la Oficina de
la Presidencia.

Personal académico de la UAC consultada por esta reportera comenta que durante el periodo que Mouriño cursó la maestría fue cuando más vigilada estuvo la universidad. Aunque la vigilancia en torno de su persona data de 1995, luego de que fue víctima de un secuestro.

No obstante, nadie en la universidad campechana sabe, a ciencia cierta, cómo, con qué trabajo y quiénes fueron los sinodales del actual secretario de Gobernación para obtener el grado de maestro en Administración, con especialización en Finanzas.

Ni siquiera la directora de la Facultad de Contaduría, Rosalinda Echavarría Sánchez. En entrevista con la agencia Apro, la académica asegura que Mouriño Terrazo cursó la maestría en Administración de 1998 a 2000; que el examen de titulación lo presentó apenas el semestre pasado, y que eligió la elaboración de una tesina como opción para obtener la maestría en Administración, con especialización en Finanzas.

Sin embargo, en la biblioteca central de la UAC no hay rastros de dicha tesina.

Echavarría Sánchez explica que la normatividad escolar ni fija ningún plazo para titularse en posgrado y reitera que Mouriño eligió la tesina como opción para titularse. Esta vía es el procedimiento más rápido para obtener el título.

Al preguntarle sobre el tema de la tesina que presentó Mouriño, la directora de la Facultad de Contaduría de la UAC responde, esquiva: “Él estudió una maestría con formación en Finanzas, luego su tema de tesis tenía que versar sobre lo que estudió, independientemente de la vida profesional, tiene que versar lo que estudió, no tuvo nada que ver con el actual empleo en el que está.”



--¿Pero cuál fue el tema?, insiste la reportera.

La catedrática universitaria responde: “No recuerdo el tema. Debe estar… yo los mando todos los ejemplares a la Biblioteca Central y ahí ya es acceso público. La verdad yo insisto mucho, hay ciertas informaciones que ya con la Ley de Transparencia no nos permiten proporcionar, no es porque se trate precisamente de él, para mí, él aquí es un estudiante más y así siempre se ha manejado, no hay concesiones absolutamente para nadie.

Subraya, así mismo, que aparte de la tesina, Mouriño presentó un examen oral.

--Entonces, ¿se puede saber la fecha de titulación?,

--Ese dato, la verdad… no tengo un dato exacto de la fecha en que se tituló.



--Sus sinodales, ¿quiénes fueron?

--Pues…. Ja, ja, ja…



--¿Su asesor de tesis? --se le pregunta.

Rosalinda Echavarría niega con la cabeza.



--¿El coordinador de posgrado?

--Él no da información si yo no autorizo. No es cuestión de triangular, es cuestión de respeto a la información personal.



--¿Aprobó por unanimidad?

--!Tiene el título! Eso es un dato confidencial que no puedo dar, ni de él ni de nadie. Ni por la Ley de Transparencia, la normatividad marca que el voto secreto.

--¿Fue un alumno brillante? --se le inquiere a la directora de la Facultad.

--Esos son datos que… creo que… todos los alumnos que estudian con nosotros desde que concluyen es que son brillantes pero de manera general --responde titubeante.

--¿Destacado? --se le insiste.

--Si era un alumno destacado --acepta, pero se resiste a divulgar la calificación del secretario de Gobernación.

--¿Más que el promedio?

--Para nosotros fue un alumno más --ataja. Y embiste impaciente: “Sí, sí fue un alumno destacado; sí, sí tuvo un excelente promedio; pero no nada más él estuvo en esta generación, y nosotros como Facultad, como institución, vemos alumnos, su función académica aquí, aquí lo que buscamos son alumnos independientemente a nivel licenciatura o a nivel posgrado que sean comprometidos con la institución educativa. Y a cualquiera, al gobernador, el presidente, el que sea que venga a estudiar aquí la exigencia es la misma.”

--¿Él sí era comprometido?

--Sí, como cualquier alumno. Sí, sí era comprometido, realmente sí. Pero nosotros como institución educativa, repito, sí somos muy exigentes. Eso lo puedo garantizar y como institución estamos acreditados en un programa de licenciatura, hemos logrado primeros lugares en Ceneval, por la exigencia que se tiene.

Argumentó que no puede revelar el promedio con el que se tituló el actual secretario de Gobernación porque “esos datos ya son muy personales” y como institución educativa no puede proporcionar porque hay una ley que le impide hacerlo.

--Paradójicamente la ley que aduce es la Ley de Transparencia y Acceso a la información.

--Allá se señala lo solicitado como dato personal. Y no es porque sea él, eh? De ningún alumno en general y alguien externo a él me venga a pedir información, no la damos.

--¿Se puede conocer su récord de asistencia?

--Aquí los alumnos deben cubrir 90% de asistencia para que puedan acreditar y concluir sus estudios. Insisto, él como cualquier otro alumno fue tratado de la misma manera.

Atendiendo a la sugerencia de Echavarría Sánchez se buscó la supuesta tesina en la Biblioteca Central de la UAC, pero en los registros bibliotecarios no apareció ningún autor de apellido Mouriño.

La reportera solicitó, entonces, la información a través de la Unidad de Enlace de la UAC., pero ésta fue denegada.

La respuesta al folio 71, con el que se marcó la solicitud, fue que “con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 4 Fracción IX, 27 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Campeche, no es posible otorgarle la información que requiere en razón de estar clasificada como confidencial de conformidad con los preceptos antes invocados.

“En razón de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, es pertinente señalar que la información solicitada encuadra en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 27 de dicha ley, máxime que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona al establecer en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”

“En razón a lo anterior, es claro que el Estado Mexicano ha consolidado el respeto a los datos personales y a su vez ha claramente delimitado en dicho precepto que los datos personales se encuentran dentro de la esfera de la vida privada de una persona y que cualquier contravención a ello debe ser considerado como actos autoritarios carentes de la legalidad que caracteriza a las acciones de los entes y dependencias del Poder Público.

“Por tal motivo, como se señala en líneas previas al consolidarse el derecho a la vida privada como garantía individual de primera generación, que únicamente pueden ser suspendidas en los casos y condiciones que la propia Constitución precisa, al no actualizarse ninguno de dichos supuestos, es de resolverse que no es posible acceder su solicitud.”

 


Publicado por solaripa69 @ 11:59
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