Martes, 06 de mayo de 2008



En sus partes a la Sedena, el divisionario Alfredo Oropeza Garnica reseña sus encuentros con el actual secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, “fuente” que empujó las aprehensiones de oficiales de la Marina.


Desde la semana previa a las capturas que hace dos viernes emprendieron agentes federales y tropas del Ejército en cuarteles de Oaxaca, la Presidencia de la República tiene un informe que sugiere la probabilidad de que los dos activistas que reclama el Ejército Popular Revolucionario fueron “desaparecidos” por soldados de la Octava Región Militar que comandó, hasta abril, el general Alfredo Oropeza Garnica.

Y desde el jueves reciente, sobre el escritorio del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, reposan dos carpetas informativas: una con los partes de Oropeza Garnica “a la superioridad” (la Secretaría de la Defensa Nacional), con intrigantes chismes del actual secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, y la hipótesis del jefe militar sobre la que parecen estar actuando las autoridades federales, en el sentido de que, “posiblemente”, el autor intelectual de las desapariciones de los guerrilleros Andrés o Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, es Jorge Fernando Franco Vargas, a quien apodan El Chucky, predecesor de García Corpus en el segundo cargo en importancia después del gobernador.

El documento enviado a Los Pinos dice que el 24 de mayo de 2007 fue la última ocasión en que, según Nadín Reyes, hija de uno de los desaparecidos, fueron vistos los eperristas en el hotel Del Árbol de la capital oaxaqueña.

La carpeta contiene fotografías impresas en papel bond, en las que aparecen transportes y tropas militares frente al hotel de referencia.

Diego Osorno publicó en MILENIO que ese día hubo una inspección militar en el sitio:

“En un minuto, el hotel Del Árbol quedó rodeado. Hummers, camiones y vehículos de la 28 zona militar se apostaron sobre la céntrica calzada Madero (&hellipGui?o. Según el EPR, un día después fueron detenidos Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo, o Alberto Cruz Sánchez. Mediante un comunicado emitido el 5 de junio, el grupo guerrillero responsabilizó a la policía ministerial de Oaxaca y al Ejército…”.

Del contenido de las carpetas que Abraham González entregará hasta este martes a su jefe Juan Camilio Mouriño (¡“por el puente 1-5 de mayo”!), queda claro que el secretario de Gobierno de Ulises Ruiz fue un informante decisorio para que el general Oropeza Garnica orientara la persecución hacia Franco Vargas, hoy dirigente del PRI estatal.

Uno de los documentos data de finales de octubre de 2007 y es una obra conjunta de la delegación del Cisen en la entidad y la comandancia militar en Oaxaca. Concluye con ocho “observaciones” que sugieren los pasos a seguir, la última de las cuales reza:

Identificar la red de corrupción y lavado de dinero del grupo que encabeza Jorge Fernando Franco Vargas (se encuentra en Europa por sugerencia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz), así como su círculo pederasta y homosexualidad.

El aludido cayó de la Secretaría de Gobierno tras el estallido del conflicto con la CNTE y
la APPO.

Lo de “pederasta”, dice a MILENIO Franco Vargas, es una insidia del general Oropeza Garnica, a partir de que su papá (abogado, ex procurador de Justicia de Oaxaca) representó a la escuela donde se dio un caso de probable abuso sexual a un menor, y lo de la “homosexualidad”, supone, porque el militar así cree entender “el cariño” que Ulises Ruiz le tiene a El Chucky.

Para Franco Vargas, a quien se apunta en los papeles como el principal operador de la “guerra sucia” oaxaqueña, los responsables de las desapariciones deben ser buscados en la Policía Ministerial, la Policía Judicial y la Procuraduría de Justicia estatales; en la delegación local de la Procuraduría General de la República y, sobre todo, en la Octava Región Militar.

En el informe que tiene la Presidencia se indica que, entre las diversas hipótesis del caso, ha sido notable el activismo del divisionario Juan Alfredo Oropeza Garnica, única autoridad “convencida” de que los autores principales del delito son Franco Vargas y dos oficiales de la Marina, los tenientes de Navío y Fragata (respectivamente) Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigieron las policías Ministerial y Preventiva cuando se supo de la desaparición de los guerrilleros.

La información se conoció después del asesinato del director de la policía bancaria, Alejandro Barrita, entre cuyas pertenencias inventariadas aparecieron elementos que apuntan hacia una “invención” del general Oropeza.

Los partes del general

Sin fecha, un informe (que parece haber redactado a principios de 2007) del comandante Oropeza Garnica dirigido a “esa superioridad” (la Sedena) relata que, por iniciativa del secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, Manuel García Corpus, se reunió con éste en las oficinas de la Octava Región, donde hablaron del problema CNTE-APPO, “desde los antecedentes con el ex gobernador José Murat, haciendo énfasis en el alto grado de corrupción administrativa que distinguió a ese gobierno”.

En esa reunión, García Corpus dijo que su predecesor en el cargo, Jorge Franco Vargas, El Chucky, prácticamente manejó discrecionalmente y fuera de los cauces institucionales al gobierno del estado, situación que se agravó por la ausencia del gobernador, quien abandona el estado de Oaxaca para participar en la campaña política del Lic. Roberto Madrazo.

Otras conclusiones a que llegó el general Oropeza después de escuchar al secretario de Gobierno de Ulises Ruiz fueron:

—Considera el Lic. García Corpus, que es un error que el gobernador Ulises Ruiz no se haya deslindado todavía de Jose Murat, que inclusive este ultimo le prometió al C. Lic. Jesús Ángel Diaz Ortega, alias “Chucho Bolas”, quien fue presidente municipal de Oaxaca y actualmente se desempeña como director del Instituto de Vivienda, que el iba a suceder a Ulises Ruiz en cuanto cayera, haciendo esto mismo, con otros funcionarios, incluyendo al Lic. Franco Vargas, alias “El Chucky”, y al Lic. Heliodoro Diaz Escarraga, anterior secretario general de gobierno, por lo que las consecuencias no se hicieron esperar y fueron destituidos de sus cargos los dos últimos funcionarios mencionados.

—El Lic. García Corpus considera también que el conflicto de la APPO nunca se extendió al resto de las regiones, y que se presentó totalmente en forma local en la capital del estado, mencionó también que actualmente están interviniendo en el conflicto más de 2,000 organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, aunque una gran cantidad de éstas son solo de membrete.

—El problema magisterial y de la APPO, en sus inicios, fue tratado como siempre lo había hecho el gobernador estatal, esto es, sobornando a los líderes con diversas cantidades de dinero, pero las negociaciones fallaron por la falta de tacto y habilidad política del C. Lic. Jorge Franco Vargas, quien se desempeñaba en esos momentos como secretario general de gobierno, influyendo en esto la ausencia del gobernador.

—Lo tardío de la intervención federal recrudeció el conflicto, ocasionando que se montaran en él elementos de organizaciones radicales e incluso armadas, como es el caso del grupo denominado Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), que radicalizaron el conflicto.

—Al permitir que las organizaciones radicales participantes en el conflicto se apoderaran de las estaciones de radio y televisión estatales, las autoridades provocaron que se exacerbaran los ánimos y se sacara a relucir el rencor social del pueblo que se siente marginado por los altos índices de pobreza, constatando que el mal ejemplo contagia a la población.

—El Lic. García Corpus, secretario general de gobierno, mencionó que se le atribuye al Lic. Jorge Franco Vargas, alias “El Chucky”, exsecretario general de gobierno, el haber dispuesto de $200’000,000.00 (doscientos millones de pesos), aunque el Lic. García Corpus no lo ha podido comprobar, para el pago en sobornos a los líderes de la APPO, con quienes llegaba a diversos acuerdos, y posteriormente el Lic. Franco Vargas los desconocía, por lo que los referidos lideres de la APPO lo calificaron de traidor, y fue por este manejo discrecional que hizo de los recursos en mención, lo que provocó que lo relevara del cargo el gobernador Ulises Ruiz.

—Otro aspecto que influye en el problema es el hecho de que exista una gran cantidad de funcionarios heredados por el gobierno de José Murat incrustados en el gobierno del Lic. Ulises Ruiz, como es el caso del Tte. de Fragata Manuel Moreno Rivas, director de la Policía Ministerial, al que se le involucra incluso en muchos de los actos ilícitos que se cometieron durante el conflicto magisterial-social; la Lic. Aurora López Acevedo, secretaria de Transporte Público, que ya para terminar José Murat su administración, expidió 16,000 concesiones para transporte publico (taxis y autobuses), y muchas de ellas las han estado clonado, lo que ha generado un megaproblema en todo el estado.

—De igual forma, José Murat dejó incrustados como proveedores de las diversas dependencias del gobierno estatal a los hermanos Samuel, Saúl y David Gurrion Matías, propietarios del grupo corporativo “Gurrion”, S.A. de C.V., de los cuales se tienen antecedentes en esta comandancia de región militar, en relación a que se encuentran involucrados en el crimen organizado.

—Existe actualmente un problema de carácter religioso en la entidad, debido a que un número considerable de sacerdotes que practican la Teología de la Liberación, constantemente tratan de subvertir a diversas comunidades marginadas que se ubican en las zonas serranas, haciéndose hincapié de que actualmente existen en el estado 8,000 comunidades indígenas, de las cuales 2,000 localidades presentan una población de menos de 2,500 habitantes y carecen de los servicios básicos, lo que las hace altamente susceptibles a la penetración ideológica de los sacerdotes mencionados.

—Es indudable que el gobierno del estado quiere un acercamiento con las autoridades militares de la VIII R.M., ya que anteriormente, por orden del C. Gral. Ricardo C. G. Vega García, no se tenia ningún tipo de relaciones públicas con el gobierno del estado, por lo que actualmente el gobernador del estado, esta mostrando interés en participar en la agenda de riesgos que semanalmente será revisada en este cuartel general, como quedó establecido en la reunión que se tuvo con el grupo “Oaxaca”, 21 Dic. 06, con la finalidad de restaurar integralmente los acuerdos institucionales con el gobierno federal.



Contra oficiales de la Marina

En
otro informe, Oropeza Garnica reporta:

Desde el 7 sep. 2007 se ha detectado que en la Cd. de Oaxaca, Oax., un grupo de gente armada portando armas largas y cortas, uniformada de negro, con siglas en las camisetas de la “A.F.I.”, se dedica a realizar asaltos en diferentes lugares del área conurbada de la capital de Oaxaca (Bar La Habana, Bar La Rinconada, Bar El Encanto, Bar Parada del Carmen, Las amenazas al Dir. de Delincuencia Organizada de la Proc. Gral. de Just. del Edo.), este grupo utiliza tres vehículos: una Escape Ford color blanco, una Durango color negro y un Tsuru blanco, se tiene conocimiento que posterior a sus actividades ilícitas, escapan con dirección a Xoxocotlán y Santa Rosa Panzacola, tomando la ruta hacia la Cd. de México; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado determinar el lugar en el que se ocultan.

…algunos informes no confirmados del Cisen y otras autoridades de seguridad pública del estado señalan que se trata de gente que adiestraba el grupo conocido como “Los Marineritos”, el cual es encabezado por los Ttes. de Navío José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, quienes a pesar de ser ex funcionarios del gobierno estatal, siguen cobrando sus emolumentos en el citado gobierno, operando bajo la tutela del Lic. Jorge Franco vargas (a) “Chucky”, exsecretario general de gobierno.

Franco Vargas opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado, en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial del estado y una cantidad no precisada de elementos de la policía preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos, inicialmente operaban cuatro casas de seguridad (Bungalows “Los Cárdenas” en Av. Hidalgo No. 300, propiedad de Aristeo López Martínez, coord. Gral. de Sgd. Pub. Vialidad y Transito Mpal. de Oaxaca, dom. en Calle Margarita Maza de Juárez No. 112, Col. Reforma; dom. Av. Guadalupe Hinojosa de Murat s/n. en el fracc. “Casas Geo” de Xoxocotlan, Oax., propiedad del Tte. Nav. Manuel Moreno Rivas y dom. en calle José López Alavés Esq. con Prolongación Naranjos, Col. Reforma, propiedad del Tte. Nav. José Manuel Vera Salinas).

Asimismo, se tiene la sospecha de que Franco Vargas maneja a varios asesinos, como el Prof. Rafael Vicente Rodríguez Enríquez (a) “Andrés”, vinculado al EPR y con antecedentes de secuestrador, posiblemente Franco Vargas tiene que ver con la detonación de los artefactos explosivos en Sears de Plaza del Valle el 1°/. Ago. 2007, así como el que no explotó y que fue colocado en la sucursal de Banamex ubicada en la esq. de las calles de Naranjo y Dalias, Col. Reforma de Oaxaca, Oax., ya que este individuo llegó al lugar de los hechos sin ninguna causa justificada y antes que cualquier autoridad, además, existe el dato proporcionado por un agente del Cisen, que cuando el personal militar recogió las armas a la policía ministerial de Oaxaca el día 8 dic. 2006, observó en las oficinas de dicha corporación otros paquetes de aspecto similar al colocado en la sucursal de Banamex (&hellipGui?o

Muchos de los políticos locales, así como el suscrito, no se explican el por qué del apoyo y confianza ilimitada del gobernador Ulises Ruiz Ortiz hacia el Lic. Jorge Franco Vargas, quien es hijo del ex senador Jorge Eduardo Franco Jiménez; cabe destacar que Franco Vargas es un individuo impulsivo y megalómano, quien maneja abundantes recursos económicos del estado, entre ellos de seguridad pública, directamente del “Fondo Federal de Apoyo”, del cual ha dispuesto de 4 millones de pesos, mismos que no ha podido justificar; asimismo, este ex funcionario quita y pone funcionarios estatales de acuerdo a sus intereses de manera recurrente.

De igual modo, se sabe que 40 vehículos pertenecientes a la Dir. Gral. de Sgd. Pub. del Edo., se encuentran a disposición de manera irregular del Lic. José Murat Casab y del Tte. Nav. José Manuel Vera Salinas, entre los cuales se encuentra el vehículo que corresponde al director de dicha dependencia y que emplea Vera Salinas, y el de espionaje electrónico, destacando que cuando la Auditoria Superior de la Federación inspeccionó al gobierno del edo. recientemente, se negó a presentarla por medio del director de dicha dependencia, haciéndolo él directamente.

Así también, la misma dependencia, al pasar revista a las policías de su personal y equipo, pero Franco Vargas logró la anuencia del gobernador para que no se concentrara la gente comisionada con él. Sus elegantes oficinas y teléfonos de las mismas (Av. San Felipe No. 321-A, Tel. 5200935), son pagados por el gobierno del estado, con recursos del “Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo”; existe una erogación entre 5 y 6 mil pesos por concepto de pago de teléfono, destacando entre los números telefónicos con los que mantiene comunicación los de Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección Ciudadana y del Sr. Evencio Nicolás Martínez Ramirez, procurador gral. de Just. del Edo.

El sospechosismo del general

En otro reporte, Oropeza Garnica señala:

Esta comandancia sostiene la hipótesis de que posiblemente Franco Vargas haya ordenado el secuestro de los dos integrantes del EPR que esa organización reclama, por lo que hay necesidad de realizar pesquisas a fondo con el propio Franco Vargas y los dos Ttes. de Navío que fueron autoridades y siguen lucrando con recursos del gobierno del estado.

Por tal motivo, solicito que esta información se haga del conocimiento de la Secretaria de Gobernación y que políticamente se bloquee la existencia de este tipo de organizaciones ilegales, y que se realice una amplia investigación para confirmar la veracidad de este informe por parte de instancias federales, para que de acuerdo a lo que disponga la superioridad, se impida la operación de organizaciones al margen del estado y se devuelva a las corporaciones de seguridad publica los recursos humanos y materiales que les han sido segregados en detrimento de las seguridad y confianza institucional de la sociedad oaxaqueña en general.

A partir del año 2007, en las regiones del Istmo de Tehuantepec y Costa hubo un incremento de la delincuencia organizada, mediante actividades de narcotráfico, amenazas telefónicas, secuestros y extorsiones, principalmente los fines de semana en contra de comerciantes y personas que cuentan con solvencia económica; lo anterior en virtud de que las bandas delincuenciales actúan con apoyo y complicidad de algunos policías ministeriales y agentes del ministerio público corruptos que se coluden y los protegen, además de la existencia de un poder fáctico dirigido por Jorge Franco Vargas “El Chucky”, y con la complicidad de 2 ex jefes policiacos con formación militar en la Armada de México, amalgamaron un grupo de policías ministeriales y preventivos del estado de Oaxaca, que se ocuparon durante todo el año pasado de realizar espionaje político, pero también de propiciar actividades delictivas clasificadas dentro de la delincuencia organizada, que han ocasionado reposicionamiento de los grupos delictivos, asesinatos, secuestros, extorsiones, levantotes y disputas por las plazas de narcomenudeo, en virtud de que los informes de inteligencia, dicen que estos sujetos vendieron las plazas al cartel del Golfo.

Como éstos, son múltiples los reportes “a la superioridad” inspirados por el secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, creídos y estructurados por el divisionario a quien el gobernador de Oaxaca despidió la semana pasada con una cena.

 

 

Busca la CNDH la verdad histórica de la desaparición de eperristas
josé gil olmos

* Es un delito de naturaleza imprescriptible, advierte

México, D.F., 5 de mayo (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que continúa investigando la desaparición de Gilberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), para determinar la “la verdad histórica de los hechos que propiciaron su ausencia”.

A través de un comunicado, la Comisión advirtió que la desaparición de las dos personas, reclamadas por el EPR desde el 25 de mayo del año pasado, es un delito de naturaleza imprescriptible, “cuya impunidad es contraria a los principios y al funcionamiento del Estado democrático de derecho”.

El organismo que preside José Luis Soberanes Fernández afirmó que, de confirmarse la desaparición de las dos personas, se estaría ante una conducta criminal de “lesa humanidad” y, en consecuencia, frente a un delito de naturaleza imprescriptible.

La CNDH informó que desde el 14 de marzo pasado solicitó información al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en específico a las subsecretarías de Derechos Humanos y de Control de Procesos, así como al director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado, pero todas estas instancias “negaron contar con cualquier tipo de información relacionada con las dos personas desaparecidas”.

Desde los primeros días de la desaparición, el EPR acusó al gobernador Ulises Ruiz de ser el autor intelectual; incluso, el grupo rebelde afirmó que tenía pruebas de que sus compañeros fueron detenidos por policías estatales el 25 de mayo del 2007 y entregados al Ejército.

La CNDH dijo que también se hicieron 241 solicitudes de información a diversas autoridades como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como reclusorios, centros de prevención y readaptación social y dependencias encargadas de los servicios médico forenses en todo el país.

Indicó que hasta el momento, el expediente tiene más de 5 mil fojas de información recabada en diez reuniones, entre ellas con los familiares de los desaparecidos.

"La CNDH está a la espera de consultar los expedientes que, a raíz de algunas aprehensiones recientes, se tienen radicados en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR", manifestó el organismo.

 

 

 

 

Diputados del PRD pedirán a la CNGV expulsar a legisladores locales de Oaxaca
pedro matías

Oaxaca, Oax., 5 de mayo (apro).- Diputados federales del PRD interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) de su partido en contra de legisladores locales de Oaxaca, a quienes acusan de ser “cómplices del gobierno represor y corrupto” de Ulises Ruiz.

La diputada federal de ese partido, Aleyda Alavés Ruiz, adelantó que, en la queja que presentarán ante la CNGV, exigirán la expulsión inmediata de los diputados locales del PRD en Oaxaca.

En entrevista, antes de participar en el foro en defensa del petróleo y en contra de la reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón, la legisladora recordó que en la pasada legislatura los diputados perredistas aprobaron la entrada de la Policía Federal Preventiva a la entidad para reprimir el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y validaron reformas “en lo oscurito”.

Agregó que en la actual legislatura local, los perredistas votaron en favor de que la exprocuradora de Justicia, Lizbeth Caña Cadeza, fuera nombrada auditora superior del estado, aun cuando es investigada por la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Lamentablemente, dijo, “ese es el PRD de Oaxaca, el que quiere reconocer a Jesús Ortega; es completamente corrupto y cuenta con la complicidad de Ulises Ruiz”.

Por otra parte, dio a conocer que diputados federales del PAN, PRI, PRD, PT y Convergencia solicitarán a la Secretaría de Gobernación que establezca una mesa de diálogo que dé seguimiento a las investigaciones de todos los casos de represión, desapariciones y asesinatos en el estado de Oaxaca ocurridos durante la crisis social del 2006.

Alavés Ruiz afirmó que no es permisible que exista un “estado de excepción” en el país, por lo que consideró necesario investigar todo lo ocurrido hace dos años.

Adelantó que el grupo parlamentario del PRD en el Congreso del estado, promoverá una ley de amnistía que garantice la libertad de los presos políticos que hay en el estado.

Caso de eperristas: espera CNDH expediente radicado en PGR

La investigación se mantiene en curso para dar con el paradero de los presuntos integrantes del EPR, desaparecidos en mayo de 2007.

La Jornada On Line
Publicado: 05/05/2008 18:39

México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que continúa la investigación para encontrar el paradero de Raymundo Rivera Bravo y/o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y/o Andrés Reyes Amaya, señalados por el Ejército Popular Revolucionario, como integrantes del grupo y que presuntamente se encuentran desaparecidos desde mayo de 2007.

Al respecto, el organismo encabezado por José Luis Soberanes detalló que está pendiente integrar a la indagatoria la información de los expedientes que están radicados en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (PGR), y que están relacionados con las recientes aprehensiones de funcionarios y policías de Oaxaca.

Asimismo, precisa un boletín de la CNDH, se solicitó información específica a la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal, a la Subprocuraduría General de Control de Procesos, y al Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad Federativa, pero dichas instancias y personas negaron contar con cualquier tipo de información relacionada con las dos personas desaparecidas.

El organismo señaló también que si al concluir su investigación se comprueba que hechos que propiciaron la  desaparición de las personas referidas, se estaría frente a un delito de “lesa humanidad”, el cual, por su carácter, es  imprescriptible.

Abunda que hasta el momento, el expediente está integrado por más de 5 mil fojas. El archivo incluye la información derivada de las reuniones testimoniales de los familiares de los desaparecidos, así como de personas de diferentes grupos civiles.

También contiene las 241 solicitudes de información dirigidas a los titulares de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Instituto Nacional de Migración; del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; así como de los reclusorios y centros de prevención y readaptación social en las 32 entidades federativas y las respuestas que han emitido las citadas autoridades.

Villa de San Blas Atempa, Oaxaca. Mayo 5 de 2008

Al pueblo de San Blas Atempa, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, al magisterio democrático de la Sección XXII SNTE-CNTE, a las organizaciones sociales, políticas, colectivos, sindicatos, ong´s, individuos, etc. que componen el movimiento popular oaxaqueño, a los esfuerzos unitarios de lucha a nivel nacional.

El día de ayer, domingo 4 de Mayo, nuevamente la represión política y el terror contra el pueblo trabajador sellaron una página más en la lucha del heroico pueblo blaseño, quien ha tenido que pagar con la sangre de un compañero más su lucha por democracia, justicia y libertad ante el caciquismo PRIísta encabezado por Agustina Acevedo Gutiérrez y su actual títere: Jaime Rito Gutiérrez, impuesto como presidente municipal.

Los hechos ocurrieron en el marco de las fiestas de Mayo en la Agencia Municipal de Santa Rosa de Lima, misma que actualmente representa el baluarte de la lucha del pueblo blaseño por haber obtenido el triunfo legal en las elecciones y el reconocimiento por parte del gobierno del estado ante la pujante lucha de sus pobladores.

Desde muy temprana hora los provocadores PRIístas arribaron hasta el lugar donde se preparaban los trabajos para el jaripeo del pueblo, iniciando las agresiones con piedras e insultos que minutos más tarde, ante su incapacidad para enfrentar la combatividad del movimiento popular, se convirtieron en disparos de armas de fuego en contra de la población desarmada y en contra las autoridades de la agencia municipal. En este enfrentamiento perdió la vida el compañero Paulino Salud Landíz, Tesorero de la Agencia Municipal y militante de la Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP), resultando además varios heridos por armas de fuego, lesiones de golpes, etc. en medio de la impunidad que desde siempre ha caracterizado a los grupos armados al servicio de Tina Guada y el PRI en nuestro municipio.

Los testigos y los compañeros que resultaron heridos señalan a Racial Roldan (alias “Tachen&rdquoGui?o como el autor material del homicidio contra el compañero Tesorero, aunque para el movimiento popular blaseño es claro quienes son los autores intelectuales de este crimen: Agustina Acevedo Gutiérrez, Jaime Rito Gutiérrez y Paulino Velásquez Margariño (a quien Jaime Rito a nombrado ilegalmente como su “agente municipal”). Por su parte el arribo de las policías estatal y municipal preventivas solo sirvió para cubrir la retirada de los agresores pues su posición fue la de simples espectadores que, ¡eso sí!, intimidaban a la población con un cerco armado que patrullaba la agencia y las calles de la cabecera municipal.

Cabe destacar que precisamente, hace tan solo tres semanas, estos mismos personajes, liderados por Velásquez Margariño, agredieron físicamente a los compañeros militantes del movimiento popular en Santa Rosa de Lima, en su afán de sabotear las obras públicas que la agencia municipal está llevando acabo con el respaldo de la abrumadora mayoría de sus pobladores; hecho que en su momento fue denunciado ante las autoridades competentes sin obtener ningún tipo de respuesta favorable. Hoy los resultados de la cerrazón política del estado y sus esbirros se reflejan con la muerte de un compañero más y el enardecimiento generalizado de todo un pueblo dispuesto a defender sus demandas más sentidas y sus intereses de clase.

Debemos recordar que precisamente el 4 de Mayo de 2006 fue asesinado de forma artera el compañero Faustino Acevedo Bailón, militante del Concejo Ciudadano Indígena Zapoteco a fuera de su domicilio en la Villa de San Blas Atempa, al igual que lo fueron los camaradas Alfredo Errestre Vázquez el 13 de Octubre de 2007 en la agencia municipal de Tierra Blanca y Rosalino Díaz Barrera el 31 de Enero de 2008 en la Villa de San Blas Atempa, ambos militantes del Grupo Guenda Racané-Frente Popular Revolucionario. Hoy la muerte de Paulino Salud Landíz se inscribe dentro del alto precio que nuestro movimiento popular blaseño ha tenido que pagan en contra del caciquismo, y sin embargo refuerza nuestra convicción política y nuestro compromiso histórico de continuar los esfuerzos por la construcción de un amplio movimiento popular a nivel local, regional, estatal y nacional, que bajo las características del Frente Único de todo el pueblo impulse con mayor rigor la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad y la construcción de un gobierno de los obreros y los campesinos pobres, arrebatando el poder a los explotadores y sus lacayos.

Por lo anterior nos solidarizamos con la destacable lucha de los compañeros de la Coordinadora Democrática de Pueblos y los pobladores de Santa Rosa de Lima, con José Gutiérrez López como agente electo por el pueblo y la familia del compañero Paulino Salud Landíz y hacemos un llamado serio, comprometido y responsable a todas las organizaciones y grupos que componen el movimiento popular democrático en San Blas Atempa para que construyamos un lenguaje común que nos ayude a privilegiar nuestras coincidencias y compromisos con el pueblo trabajador para luchar contra el enemigo común.

¡Viva la Coordinadora Democrática de Pueblos!

¡Viva Santa Rosa de Lima, su Agencia Democrática y su pueblo valiente!

¡Viva el compañero Paulino Salud Landíz!

¡Vivan Faustino Acevedo Gutiérrez, Alfredo Errestre Vásquez y Rosalino Díaz Barrera!

¡Viva el movimiento popular blaseño!

¡Desaparición de poderes y salida inmediata de Jaime Rito Gutiérrez!

¡Cárcel para Agustina Acevedo y sus sicarios!

Fraternal y combativamente:

“Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria”

Grupo Guenda Racacé

Frente Popular Revolucionario

 


Publicado por solaripa69 @ 10:39
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