Mi?rcoles, 14 de mayo de 2008

Marcan comicios de 2009 el arranque del debate petrolero

■ Guerra de adjetivos entre representantes de PAN, PRD y PRI

Blanquiazules, amarillos y tricolores miden pasos y juicios en el día 1

Arturo Cano

¿Una urna en mi pozo petrolero? Al revés del viejo anuncio de la paraestatal, en el que Pemex se aparecía en el armario de un ciudadano común, ahora es la elección de 2009 la que se aparece, domina, marca el debate petrolero.

Germán Martínez, presidente del PAN, pelea con el ausente de Andrés Manuel López Obrador, pero sus dardos sobre los “falsos nacionalistas” alcanzan a varios de los presentes.

Cuauhtémoc Cárdenas dice sin dobleces que la iniciativa de Felipe Calderón viola la Constitución. Habla el michoacano en el turno de los presidentes de partidos nacionales, pero cuando lo cuestionan, dice que él está ahí a título personal, a pesar de que ayer demandó la integración del consejo político del PRD, con lo que retomaría una posición en su partido, luego de abandonar todas en 2004.

Beatriz Paredes se trepa a los andamios de la ambigüedad, con un discurso que busca dejar contentas, sin conseguirlo, a todas las vertientes del PRI.

Pemex o el pretexto

Se miden pasos y juicios, se lanzan torpedos y adjetivos. Pemex o un pretexto para adelantar la contienda electoral.

Abre fuego Cárdenas sobre el diagnóstico presentado por la secretaria de Energía, Georgina Kessel: “visión falaz”, “pretendidamente catastrófica”, “alarmista”.

Se centra el hijo del presidente de la expropiación petrolera en algunos puntos. Sobre el artículo cuarto de la iniciativa, que plantea la participación de terceros en la refinación, dice: “Abriría el paso franco para la violación de la Constitución”.

“¡Pero no se propone ninguna reforma constitucional!”, suelta en el público un asesor de los panistas.

A eso va Cárdenas: “No se propone reformar la Constitución. Simplemente, sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Eso, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta más grave todavía que reformarla.”

La trampa, explica Cárdenas, está en el artículo 46 de la iniciativa de ley orgánica de Pemex, que plantea que la paraestatal podrá pagar a sus contratistas “según su desempeño” y otorgar “incentivos” si hay buenos resultados. “No son otra cosa que los contratos de riesgo prohibidos expresamente por nuestras leyes.”

En su réplica, Germán Martínez define lo que su partido entiende por “contratos de riesgo”: aquellos en que el contratante paga en especie, en este caso barriles de petróleo, los trabajos de exploración o explotación. Y, claro, cita el caso de Cuba, nuevo modelo de los panistas gracias al debate petrolero.

La “contraprestación”, dice el presidente del PAN, se pagará igual que se pagan los salarios de los trabajadores petroleros, y de ningún modo comprometiendo la renta petrolera.

El dirigente panista se sumerge en una explicación de por qué la iniciativa presidencial no toca los principios constitucionales, sólo para enseguida traer a cuento unas frases de Lázaro Cárdenas, de una iniciativa de 1940: “… no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada”.

Martínez anuncia la entrega del texto del general a Lorenzo Meyer, sentado a su derecha, quizá para que, en su calidad de historiador, le encuentre alguna utilidad.

Reacio habitualmente a la ironía, Cárdenas no resiste y se imagina a los contratistas formando sus pipas para recibir su pago en barriles. Ya en serio, asegura que en 1938 “había efectivamente muchas carencias de carácter técnico y profesional en la industria petrolera”, lo cual llevó al general Cárdenas a plantear la participación privada. Para 1960, cuando ya Pemex había “desarrollado sus propias capacidades”, se aprobó la legislación vigente y se reservaron “de manera exclusiva a la nación” áreas que ahora quieren abrirse con el argumento de la falta de recursos.

Cárdenas se agarra de una cifra mencionada por Martínez: 85 mil millones de dólares durante los siguientes 20 años para salvar a Pemex. Saca cuentas: serían 4 mil 500 millones, “una cantidad accesible”, dice, para una empresa que en el año que corre generará 20 mil millones de billetes verdes.

“¿Se está pensando que esos 85 mil millones sean todos de Pidiregas de créditos que impongan una deuda a la nación?”, pregunta Cárdenas en el remate.

Pero Germán Martínez ya no responde sino con una formuleja sobre la necesaria modernización de Pemex y con un “reconocimiento” al “nacionalismo” de Cárdenas. Porque hay otros nacionalismos que no le merecen ninguno.

La otra privatización

“En México no es posible separar nacionalismo de petróleo”, dirá más tarde Lorenzo Meyer, quien revisa el concepto, delinea las fronteras de nuestra soberanía posible dada la vecindad con Estados Unidos y recuerda que quienes plantearon, con los mismos argumentos de hoy, entregar el petróleo a la iniciativa privada fueron los presidentes Manuel González y Porfirio Díaz.

Eso será en otro bloque, en el que habla José Agustín Ortiz Pinchetti, en nombre de López Obrador, y anuncia que el tabasqueño presentará una iniciativa, ya dibujada en su discurso del 18 de marzo.

En el mismo bloque en el que el académico Carlos Elizondo Mayer-Serra acusa a todos los políticos de confundir los medios con los fines, porque si éstos “exigen un cambio constitucional llevémoslo a cabo”.

Solitario Elizondo, porque la estrategia calderonista es justamente decir que todo se puede “dentro de la Constitución”, aunque todos sus adversarios vean sólo una privatización que se avergüenza de decir su nombre.

El gobierno no pretende privatizar Pemex, evoca Germán Martínez el juramento más repetido de la temporada.

Es más, sigue, el gobierno y el PAN van a defender a Pemex “de la verdadera amenaza privatizadora, de esa privatización política que algunos buscan para desestabilizar a la democracia mexicana y para conseguir lo que no obtuvieron en las urnas”.

Esa “privatización política busca cancelar de tajo la posibilidad de cualquier discusión racional”, dice Martínez, como si el debate al que asiste no fuese resultado de las acciones de quienes califica de “privatizadores”.

El “falso nacionalismo” de los “pontífices del petróleo”, sigue Martínez, hace que no les importe que México haya dejado de producir 472 mil barriles entre 2004 y el presente año: 4.5 veces el presupuesto del programa Oportunidades.

No hay más ruta que la inversión privada, machaca el PAN. Y más: sin reforma, sin dinero privado, Pemex podría seguir explorando y explotando nuevos yacimientos, pero el dinero que requiera para ello “tendría que restarse de los fondos que aporta a la inversión en infraestructura, a la inversión en seguridad pública o al gasto social”. Es decir, reforma o menos carreteras, más delincuencia, más pobres.

Pemex Fidelidad

Dueña de una solemnidad con más reveses que sus huipiles, Beatriz Paredes reitera la posición que ha fijado desde hace unos meses: el PRI no acepta nada que signifique privatizar o traspasar la renta petrolera.

La intervención de la lideresa priísta está llena de huecos, de frases generales y no expresa, así lo hacen saber en los pasillos legisladores de su partido, a todas las corrientes del PRI.

Queda claro, eso sí, aquello a lo que su partido dice no, aunque no sucede lo mismo con lo que propone. “No apoyaremos cambio alguno que signifique compartir la renta petrolera con empresas privadas, nacionales o extranjeras, ya sea por la vía directa o por los llamados ‘contratos de riesgo. Los planteamientos que hacen las iniciativas en materia de contratos son oscuros, confusos y se prestan a interpretaciones discrecionales.”

Algunos puntos del discurso de la priísta dejan ver quiénes llevan mano a la hora de las propuestas: “Los gobiernos de los estados, cuando sea pertinente, podrán participar en paraestatales locales de servicios”.

Naturalmente, se trata de una demanda de los gobernadores de “estados petroleros”. Ya puede imaginarse el lector el brillo en los ojos y el frotamiento de manos de algunos mandatarios: ¿Pemex contratará con una empresa llamada Pemex Fidelidad creada por el gobernador de Veracruz? ¿O en Tabasco surgirá Pemex Químico Granier?

Quedan 70 días para que México se entere de todo lo que siempre quiso saber sobre el petróleo, aunque era inútil preguntar. En las próximas semanas habremos de saber incluso cuántos litros hacen un barril de petróleo. Mientras tanto, en el primer día de debates, el crudo mexicano llega a 104.57 dólares por barril.

Falaz visión calderonista sobre Pemex: Cárdenas

■ Documenta el enfoque “alarmista” de la iniciativa en materia energética

■ El PRI, por defender la renta petrolera, señala Paredes

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Las iniciativas de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado parten de una visión “falaz y alarmista”, y si bien no proponen modificar la Constitución alientan y permiten la violación de la Carta Magna, lo que resulta aún más grave que reformarla, advirtió Cuauhtémoc Cárdenas, al participar en la apertura del debate sobre reforma energética.

Cárdenas respondió así al dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, quien aseguró que “mienten” los que aseguran que el gobierno y su partido quieren vender la paraestatal al capital extranjero, y sostuvo que la oposición a las reformas de Calderón parten de un “nacionalismo falsario”, del “resentimiento por la derrota electoral de 2006”.

El panista se confrontó luego con Cárdenas sobre los contratos de riesgo que, aseguró el fundador del PRD, están presentes en las iniciativas del Ejecutivo y se aplican ya en la cuenca de Burgos. Martínez Cázares no pudo responder a algunas de las interrogantes que le planteó el michoacano e incluso para tratar de argumentar su tesis de que el propio general Lázaro Cárdenas abrió la posibilidad de la inversión privada en Pemex, en 1940, leyó el mismo párrafo que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, utilizó el jueves pasado, también ante senadores.

No fue un buen día para Germán Martínez, toda vez que no sólo Cárdenas vapuleó la iniciativa de Calderón al pedir “que no se quieran pasar de listos” cuando proponen entregar refinerías, ductos y petroquímica a particulares, cuando ello se prohíbe expresamente en la Constitución. También la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, reconoció que el tema divide a su partido, pero pidió a los legisladores del tricolor “revisar de manera exhaustiva el articulado” de las iniciativas para no permitir cambio alguno que signifique compartir la renta petrolera con empresas nacionales o extranjeras.

Paredes dijo que propondrán cambios a la reforma de Calderón, ya que los planteamientos en materia de contratos “son oscuros, confusos y se prestan a interpretaciones discrecionales”. Una de las modificaciones tiene que ver con las presiones de los gobernadores priístas: que al consejo de administración de Pemex “se incorporen algunos consejeros” propuestos por los gobiernos estatales.

Puso sobre la mesa el planteamiento de crear “empresas espejo” de Pemex –filiales necesarias, las llamó–, y que en ese contexto “los gobiernos de los estados, cuando sea pertinente, podrán participar en paraestatales locales de servicios”.

Aclaró que el PRI no aceptará “la privatización abierta o encubierta de las refinerías” –donde los gobernadores querían tener participación–, pero dejó en claro que su partido “habrá de cuidar y garantizar que los recursos participables provenientes de la renta petrolera por ningún motivo se vean disminuidos”, que es otra de las exigencias de los tricolores que gobiernan en entidades federativas.

A su vez, el dirigente del Partido Verde, Jorge Emilio González, dio el aval a las propuestas de Calderón y señaló que “resulta impostergable” realizar el trámite legislativo en el Senado, ya que “buscan fortalecer al sector dedicado al aprovechamiento de los hidrocarburos”. El único pero que puso a las iniciativas es que “dejan de lado las fuentes de generación de energías alternas”.

El único de los dirigentes partidistas que se retiró antes de que concluyera el debate fue el panista Germán Martínez. Ya no esperó el turno de los intelectuales y académicos y abandonó el recinto de Xicoténcatl. Varios legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) lo lamentaron, ya que no pudieron contestar a los calificativos de “teólogos y sumos pontífices del petróleo”, que el panista les endilgó. “Vino a provocar y se fue”, dijo el senador perredista Arturo Núñez.

Martínez Cázares dedicó la mayor parte de los 30 minutos con que contó cada uno de los ocho oradores a criticar a los opositores a la privatización de Pemex. Sin atreverse a llamar por su nombre a Andrés Manuel López Obrador, no dejó de aludirlo. Se privatiza Pemex, sostuvo, “cuando se busca conseguir fines políticos, sacar los resentimientos de derrotas electorales, conquistar el liderazgo de un partido. Se privatiza Pemex cuando se usa el petróleo para fomentar odio, división y violencia”.

Un párrafo adelante, el líder del PAN insistió: “Ese falso nacionalismo que en el fondo, qué paradoja, es un argumento conservador, no permite tocar nada, no propone nada, no busca nada. Desde ese vacío, durante más de dos meses, sólo se escucha el resentimiento por la derrota electoral de 2006”. Luego repitió las cifras del diagnóstico de Pemex.

El tercero en intervenir fue Cárdenas Solórzano y respondió a Martínez Cázares con un análisis minucioso de las cinco iniciativas. Concluyó que “el gobierno está proponiendo que se admitan dineros de inversionistas privados para mover actividades estratégicas de la industria petrolera”, aduciendo razones que no tienen solidez.

Hizo notar que en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional se prohíben expresamente los contratos de riesgo, pero en la iniciativa de Calderón para modificar la ley orgánica de Pemex se introduce una modalidad de los mismos, los llamados contratos de buen desempeño.

Germán Martínez lo refutó: en las iniciativas, dijo, “bajo ninguna circunstancia se transfiere a los particulares la posibilidad de explotar para sí la riqueza petrolera”, o de recibir como pago parte del petróleo.

“No habría que esperar a que el contratista forme sus pipas para recibir el pago”, los contratos de buen desempeño significan pagar menos o más a los inversionistas y eso es un riesgo, fue la respuesta.

Cárdenas aprovechó para aclarar a Martínez Cázares –quien entregó a Lorenzo Meyer la iniciativa que el general Cárdenas envió al Congreso en 1940, en la que, según él, se justifica toda inversión privada en Pemex– que luego de la expropiación las carencias técnicas y profesionales eran muchas. Esa fue la razón de que se abriera la posibilidad de que particulares participaran en la naciente industria petrolera mexicana, pero al desarrollarse Pemex, se reformó la Constitución y en 1960 quedó establecido que los hidrocarburos son una actividad reservada al Estado. Es innecesario que se modifique la Carta Magna o la ley reglamentaria del 27 constitucional.

Le pidió al panista que especificara cuánto requiere Pemex para realizar sus actividades prioritarias, dado que Martínez mencionó en su intervención que son necesarios 85 mil millones de dólares para las actividades prioritarias de la paraestatal en los próximos 20 años. “Si la aritmética no me falla, estamos hablando de 4 mil 250 millones de dólares por año, y creo que es una cantidad accesible para los recursos que Pemex genera. ¿Están pensando en que esos 85 mil millones de dólares sean todos de Pidiregas o de créditos que impongan una deuda a la nación?” El dirigente panista no contestó.

Hay ya una desincorporación hormiga de funciones en Pemex, alerta David Ibarra

■ Inviable económicamente e imposible políticamente, la privatización, dice el ex titular de SHCP

■ ¿Qué le quita al país que hubiera refinerías privadas?, pregunta Carlos Elizondo Mayer-Serra

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

La privatización total de Pemex es “inviable económicamente e imposible políticamente”, pero hay que evitar que la “desincorporación parcial, hormiga de funciones” que se lleva a cabo, “siga creando conglomerados de actividades privadas con funciones cada vez más estratégicas”, advirtió el ex secretario de Hacienda David Ibarra Muñoz.

Al participar en el primer debate sobre la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), el también ex director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de Nacional Financiera (Nafin) resaltó la debilidad y el empobrecimiento financiero a que se ha llevado a la paraestatal, debido a “las trasferencias desproporcionadas de sus ingresos a las finanzas públicas y a un autoritarismo solapado que ha cambiado las reglas del juego a trasmano”.

Ibarra Muñoz se manifestó por reconstruir Pemex, a fin de que recobre su papel de sector estratégico en el desarrollo del país. Con él coincidieron el perredista José Agustín Ortiz Pinchetti y el historiador Lorenzo Meyer, quien sostuvo que es necesario el “nacionalismo vivo” para defender a la empresa.

La única voz discordante en esa segunda parte del debate entre intelectuales, académicos e investigadores fue la de Carlos Elizondo Mayer-Serra, quien hizo que saltaran de su asiento los demás panelistas, y que Cuauhtémoc Cárdenas endureciera aún más el gesto, al sostener que es inútil el debate sobre la constitucionalidad o no de las iniciativas de Felipe Calderón, y que tampoco le parece interesante debatir sobre la privatización o no de Pemex, porque es (una discusión) semántica, no de fondo.

“La Constitución no es un texto sagrado –ya ha sido reformada 473 veces–”, recalcó Elizondo, ex embajador de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Abogó por la modificación constitucional, la celebración de contratos de riesgo, dar a particulares la construcción y operación de nuevas refinerías, y “por repensar el pacto fiscal de los mexicanos; cualquiera que diga que a Pemex hay que desendeudarlo hay que ver de dónde van a salir los recursos, porque no se están escondiendo, se están usando en gasto corriente, en inversión, salud, maestros”.

Preguntó a los legisladores: “¿Qué le quita al país que hubiera dos refinerías privadas? Le quitaría simplemente que deja-ríamos de explotar la de Estados Unidos, de la India, y estar generando empleos en esos países, y tendríamos dos refinerías privadas en México. No pasaría nada, Pemex seguiría siendo industria integrada”.

Cuestionó el que la reforma propuesta por el Ejecutivo esté encadenada. “Pensemos cuál es la mejor reforma. ¿Por qué no asociarnos con contratos de riesgo?, que suena a una cosa espantosa, pero limitados constitucionalmente en el número, y al final veamos qué nos dieron con un plazo definido. En seis años, si no les gusta los cancelamos”.

Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer refutó al dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien señaló que “hay un nacionalismo falsario” en la defensa de Pemex, “que en realidad tiene otros fines”. Sí, sí ha habido falsos nacionalismos, pero en el tema del petróleo, aseveró Meyer: “México tiene necesidad de vivir un nacionalismo real, porque es vecino del país con el mayor grado de nacionalismo que existe hoy; conduce su política totalmente en ese nacionalismo y a veces es agresivo. El país necesita uno (un nacionalismo) vivo, no agresivo, pero sí defensivo, no xenófobo, pero sí bien pensado”.

Desde el Senado, el investigador Meyer subrayó que la idea de dar el petróleo al sector privado viene de los ex presidentes Manuel González y sobre todo de Porfirio Díaz. “La razón (que esgrimían) era muy simple, muy parecida a la que se da ahora: ‘el país lo requiere, hay que invertir mucho, es muy arriesgada la tecnología, el petróleo es complicadísimo, hay que facilitar al sector privado su presencia ahí, porque el país la requiere”’.

Por su parte, David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda en la administración del presidente José López Portillo, dijo que “todos somos responsables del debilitamiento de Pemex en más de un sentido, al avalar una distribución irracional de la renta petrolera y al defender de modo distinto el estrato público. Los empresarios lo hacen para gozar de impuestos bajos. Los gobiernos estatales porque más de una cuarta parte de sus participaciones tributarias tienen origen petrolero. Los partidos políticos y el fisco federal, porque les ahorra los costos políticos de implantar reformas tributarias, siempre impopulares, y los inversionistas extranjeros por cuanto la crisis nuestra les abre las puertas de par en par para tomar más y más funciones rentables antes reservadas al Estado”.

Se manifestó por no traspasar la refinación a empresas privadas, porque ello llevaría al país a especializarse en la producción de artículos sin elaboración, y por evitar la privatización “a retazos” de una o de algunas de las funciones más importantes de Petróleos Mexicanos. Otro criterio que debe tomarse en cuenta en la reforma de la paraestatal es la prelación ineludible de abastecer el mercado nacional por encima de las demandas del exterior, que seguramente se intensificarán ante el desajuste crónico entre requerimientos y disponibilidades universales de hidrocarburos.

A su vez, José Agustín Ortiz Pinchetti se refirió a lo expresado por Carlos Elizondo y dijo que “por fin vemos surgir en su intervención con toda crudeza la vocación por la privatización, es decir, finalmente se nos dice lo que está pasando en forma oscura, confusa, en las iniciativas de Calderón”.

Por su lado, Ibarra Muñoz dijo estar un poco confundido, porque ahora resulta que la constitucionalidad de las reformas y mandatos no es importante. “Esto es, el estado de derecho dejó de ser importante. Eso es verdaderamente notable, pero ahí lo dejo.”

Ante los cuestionamientos a su intervención, Elizondo Mayer-Serra reviró a Ortiz Pinchetti: “Yo vengo en nombre propio, no estoy acostumbrado a leer textos de otros; entonces estoy aquí describiendo lo que yo pienso; no tiene nada que ver con la política del gobierno; no saque usted conclusiones que no debe sacar”.

E insistió en su tesis: “Si tenemos que cambiar la guía reglamentaria, cambiémosla; si necesitamos cambiar la Constitución, cambiémosla”. Luego precisó: “Ojo, yo no quiero privatizar Pemex, estoy diciendo que ensayemos formas distintas de maximizar el ingreso de la nación. Eso significa refinerías, por qué no privadas, si lo pueden hacer más barato y nos quitan una carga administrativa de una empresa que tiene una enorme tarea enfrente”.

En su turno, el senador del Partido de la Revolución Democrática Pablo Gómez cuestionó a Elizondo respecto de su aseveración de que “a Pemex no le ha faltado dinero”.

El también perredista Arturo Núñez preguntó a Lorenzo Meyer si podría explicar por qué “nuestra derecha se ha vuelto tan vergonzante y por qué no se atreve a hablar de privatización cuando está haciendo una iniciativa privatizadora”.

Meyer le respondió: “El miedo a decir privatización es parte de la visión que dominó en México; la derecha tiene todavía cierta pena de decirse derecha, pero yo creo, senador, que ya lo está perdiendo, ahora ya se puede decir ‘de derecha’, que hace 20, 30 años no, pero eran de derecha, y en una buena medida el propio gobierno presidido por el PRI fue de derecha en muchos sexenios; no querían decirlo, pero lo eran”.

Un engaño, el acuerdo educativo entre Calderón y Gordillo: CNTE

■ Sólo buscan maquillar acciones para despojar de recursos a la enseñanza pública, señala

■ Se inicia el noveno congreso nacional de la organización, “en el que se juega su futuro”

■ El dirigente Ezequiel Carreño rechaza la propuesta de que se efectúe un encuentro de bases

Laura Poy Solano

Con el grito de “¡unidad, unidad!”, para enfrentar una de las mayores “ofensivas del charrismo sindical y del gobierno federal contra el magisterio democrático”, se inició el noveno congreso nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyo objetivo central es definir el rumbo en la lucha por la defensa de la seguridad social, la enseñanza pública y la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Dirigentes magisteriales admitieron que en el encuentro, que reúne a 449 delegados de 20 estados del país, se debate el futuro “no sólo del movimiento democrático, sino de la propia CNTE, entre dos visiones que comparten muchos objetivos pero no los mecanismos de acción”.

Aseguraron que con la anunciada alianza por la calidad, que suscribirán este 15 de mayo Elba Esther Gordillo Morales, dirigente nacional del gremio, y el presidente Felipe Calderón Hinojosa, “habrá que afrontar momentos decisivos para contrarrestar estrategias de simulación y evitar acciones que sólo pretenden maquillar el despojo de los recursos destinados a la enseñanza pública, que hoy se entregan para el beneficio de unos cuantos”.

Tras manifestar “repudio total” a cualquier alianza que encabecen Gordillo y Calderón, dirigentes históricos de la CNTE afirmaron que “nadie puede creer en un proyecto gestado en lo oscurito y sin consultar a la base magisterial, y mucho menos si quien lo avala es uno de los personajes más corruptos y rechazados por los docentes”.

Agregaron que nadie puede creer a quien “lleva 37 años fuera de las aulas y ha alcanzado cargos de relevancia no por su capacidad, sino por el apadrinamiento desde el poder político”.

En tanto, al inaugurar los trabajos del congreso, Ezequiel Carreño Rosales, secretario de organización de la sección 22 de Oaxaca, convocó al magisterio disidente a fortalecer la unidad, pero “organizados y bajo una dirección única y con disciplina clasista”.

Advirtió que la CNTE atraviesa una etapa de “dispersión, en la que algunos compañeros, sin un análisis profundo de la realidad, confían en derrotar el cacicazgo elbista aliándose con charros inconformes pero irredentos”.

En abierta oposición a los planteamientos de profesores de Michoacán, encabezados por su secretario general, Artemio Ortiz Hurtado, así como de Guerrero, valle de México, Zacatecas, Tlaxcala y de las regiones centro y norte del país, quienes impulsan la realización de un congreso nacional de bases, en el que se dará cabida a todas las corrientes sindicales que busquen derrocar el cacicazgo gordillista, Carreño Rosales expresó que hay quienes “sueñan con derrocar el charrismo aliándose con inconformes y vulnerando en los hechos la fortaleza de la CNTE, que radica en unidad, organización, disciplina y combatividad, probadas en 28 años de lucha.

“Confiamos –agregó– en derrotar el charrismo sindical y hacerlo pronto, pero consolidando al magisterio democrático en cada rincón del país con un solo proyecto que tienda a la unidad, no a su liquidación.”

Reunidos en el auditorio 15 de Mayo de la sección nueve del Distrito Federal, llamó a reconocer “nuestra diferencias, porque las hay, pero vamos a enfrentarlas con respeto, con un debate de altura y con madurez política”.

Docentes de todo el país corearon “¡fuera, fuera!” cuando se mencionó a Elba Esther Gordillo, a quien responsabilizaron de haber “nulificado” al SNTE como sindicato y convertirlo en “maquinaria electoral al servicio del mejor postor, robando y derrochando las cuotas del magisterio, que en 19 años de cacicazgo suman más de 35 mil millones de pesos”.

Al respecto, Ortiz Hurtado y Refugio Flores, secretario general de la sección 31 de Tlaxcala, aseveraron que uno de los retos de este congreso es “salir unificados y establecer cuál es la perspectiva real para impulsar una movilización nacional y, con ello, consolidar el llamado a un paro nacional indefinido que establezca los parámetros de la lucha magisterial”.

Sin embargo, varios profesores reconocieron que se espera un “debate muy duro, en el que nos jugamos nuestra visión del futuro, pero en el que también esperamos salir fortalecidos”.

Alianza sin consolidación

En tanto, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE manifestaron que, como parte de los ejes centrales de la denominada Alianza por la calidad de la educación y el fortalecimiento de la escuela pública, se prevé el robustecimiento no sólo de la infraestructura y el equipamiento escolar en un plazo no mayor a tres años en todos los planteles educativos del país, sino también la capacitación docente y un esquema más “transparente” en la operación de programas, como carrera magisterial, que están vinculados con el desempeño de los maestros y el logro académico de los alumnos.

Sin embargo, advirtieron que suscribir un convenio para una “nueva revolución educativa tampoco es suficiente si en los hechos no hay voluntad del gobierno federal por avanzar en esa dirección, por lo que aún está por verse cuáles serán sus alcances reales”.

Desincorporación de PEMEX.


raciel garrido

México, D.F., 13 de mayo (apro).- Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –en el año 2005--, en su defensa que hizo él mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados —en su papel de Jurado de Procedencia—, denunció la urgencia de los gobiernos neoliberales por “privatizar” el sector energético nacional (el término jurídico correcto es desincorporar, ya que aquél no existe en el lenguaje técnico-jurídico). El escenario actual es de carácter programático en la agenda de los gobiernos de derecha, misma que les impone el carácter neoliberal al que se adscriben en su forma de gobernar.

El Consenso de Washington (paradigma de los gobiernos neoliberales), en su punto ocho, ordena la “privatización” de las empresas estatales, o cualquier actividad que deba estar --según John Williamson (que es quien formuló estas recetas económicas para los países latinoamericanos en su trabajo llamado What Washington Means by Policy Reform “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas&rdquoGui?o--, expuesta a las fuerzas del mercado.

Es cierto. La urgencia de la actual administración federal por llevar a cabo esos planes salta a la vista, y cumplir con el recetario impuesto por ese dudoso consenso es el compromiso que adquirieron por llegar “haiga sido como haiga sido”. No es, pues, una ocurrencia del excandidato presidencial de izquierda la defensa del petróleo. Es una lucha que desde hace por lo menos cuatro años ha venido anunciando.

Podríamos hacer un análisis de las reformas a leyes secundarias que se proponen para “permitir” el falso “fortalecimiento” de la industria petrolera; pero, para cualquier estudiante de derecho, es de elemental conocimiento entender que las leyes secundarias no pueden estar contra los preceptos constitucionales. Es como si dijésemos que los Diez Mandamientos ordenan no matar, pero el Código Canónico establece que se puede matar un poquito; entonces ¿la Biblia pasa a segundo plano?

El artículo 28 de la carta magna, en su párrafo cuarto, señala:
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

El
monopolio es una situación de mercado en que un solo vendedor controla la oferta de un producto, sin que exista competencia. La Constitución no designa como monopolio a la actividad que el Estado mexicano efectúa para operar empresas de su propiedad que intervienen en áreas estratégicas del desarrollo nacional, aun cuando sólo él tiene la obligación de llevar a cabo estas actividades, sino que las denomina como exclusivas, que es una forma técnica-jurídica de nombrar al monopolio estatal.

El artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, dispone:
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva
. Esta norma constitucional refuta el argumento de que únicamente se modificarán leyes secundarias para efectuar lo que, absolutamente, la ley suprema prohíbe: celebrar contratos y concesiones en cuestiones energéticas.

En áreas estratégicas del desarrollo nacional, el Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios. Tales áreas se refieren a las actividades que el Estado salvaguarda para sí, en aras de la protección de la soberanía nacional, es decir, son cuestiones que afectan directamente a la seguridad nacional. El petróleo, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera, son determinantes en estas cuestiones de seguridad nacional.

Un experto en temas de derecho administrativo de la UNAM, al hacer un estudio de derecho comparado, reveló que Francia incluye todos los aspectos enumerados, y muchos más, en sus áreas estratégicas. Sobre todo le da muchísima importancia a los puertos marítimos y aeropuertos (por la amarga experiencia que vivieron con la primera y segunda guerra mundial) y a sus energéticos.

Pero la ola de “privatizaciones” sigue adelante. Los gobiernos neoliberales tienen que adelgazar al obeso Estado mexicano, cueste lo que cueste. El siguiente paso será privatizar la procuración y administración de justicia, y pronto veremos algunos anuncios en este sentido: “se rentan jueces”.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:03
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios