Martes, 20 de mayo de 2008

■ Hay gran indiferencia de gobierno y sociedad sobre las violaciones a derechos humanos

Bustamante: los inmigrantes de CA sufren peores vejaciones que los mexicanos en EU

■ Nadie ha hecho nada por evitar las redadas de la migra, señala el relator de Naciones Unidas

Mirna Servín Vega

Ampliar la imagen Jorge Bustamante, durante la conferencia ofrecida en la CDHDFJorge Bustamante, durante la conferencia ofrecida en la CDHDF Foto: Notimex

Ampliar la imagen Redada y detención masiva de migrantes en Postville, IowaRedada y detención masiva de migrantes en Postville, Iowa Foto: Ap

Las violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, durante la conferencia magistral denominada Las migraciones de las grandes urbes: retos y obstáculos para la defensa y promoción de los derechos humanos, realizada ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En su ponencia, Bustamante consideró que hay gran indiferencia de la sociedad civil mexicana hacia las graves violaciones a los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como también sobre las que sufren los centroamericanos que entran a México por la frontera sur, con la intención de llegar al vecino país.

“Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a la mexicana, es un cáncer respecto del cual no hacemos nada”, expresó.

Asimismo, lamentó que ni la sociedad ni el gobierno mexicano hayan hecho algo para neutralizar o evitar las redadas policiales en contra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, iniciadas de manera sistemática y continua en mayo de 1996.

El especialista de la Organización de Naciones Unidas aseguró que estas redadas, donde se dan la separación de las familias y el allanamiento de domicilios, constituyen gravísimas violaciones a derechos humanos básicos. Advirtió que la política de inmigración de Estados Unidos caracteriza a México como “enemigo” y a los migrantes indocumentados como “criminales”.

Jorge Bustamante detalló que la impunidad con la que se llevó a la práctica la criminalización de los judíos en tiempos de la Alemania nazi “es de la misma naturaleza sociológica que la criminalización a priori de todo aquel que por el color de su piel parezca mexicano en Estados Unidos”.

Explicó asimismo que la propuesta Sensenbrenner –hecha por el congresista James Sensenbrenner– para endurecer el cierre de las fronteras y centros de trabajo, entre otras medidas restrictivas aplicadas en contra de los inmigrantes, significa una criminalización a priori de todo un grupo étnico.

“Toda proporción guardada –dijo– es algo semejante al proceso de criminalización del que fueron víctimas los judíos en la Alemania nazi, después de ser aprobadas las leyes de Nurenberg en 1935.”

Detalló que no sugiere una comparación entre las experiencias históricas vividas por el pueblo judío con las de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, sino que intenta “una comparación jurídica entre las leyes de Nurenberg y la propuesta Sensenbrenner”.

Cabe recordar, añadió, que las leyes de Nuremberg fueron de carácter completamente antisemita y se adoptaron incluso por unanimidad el 15 de septiembre de 1935.

“La resistencia de Estados Unidos a reconocer la demanda de la fuerza laboral de los migrantes mexicanos está conectada con el crecimiento de la xenofobia en esa nación y también de las propuestas antinmigrantes, incluidas las redadas policiales”, apuntó.

Bustamante remarcó que aunque las marchas de hace dos años, donde participaron más de 2 millones de personas en unas cien ciudades de Estados Unidos, fueron el fenómeno más importante en favor de los derechos de los inmigrantes, no provocaron ninguna reacción pública en México.

Estos migrantes, dijo, son los mismos que han mantenido y mantienen la economía del país, ya que tan sólo el año pasado enviaron remesas por 23 mil millones de dólares.

Comentó que los migrantes mexicanos subsidian también la economía más fuerte del mundo y esto no es reconocido por la mayoría de la población estadunidense. “En esta resistencia está el origen de la xenofobia, los sentimientos antinmigrantes, las prácticas de las redadas policiales, que han sido propuestas como solución de largo plazo como base de la política migratoria” de Washington.

El relator de la ONU indicó finalmente que en 2007 se expulsó de Estados Unidos a cerca de 250 mil mexicanos, en el contexto de una “estrategia que ha tenido amplia aceptación y apoyo por la población de ese país”.

■ Expertos: los resultados no se han convertido en acciones para una política integral

“Debate abierto”, la aplicación de pruebas escolares estandarizadas

■ Se ha utilizado como herramienta para fincar responsabilidades, ante los bajos resultados

■ Coinciden investigadores en que es impostergable canalizar más recursos a la enseñanza

Laura Poy Solano/I

Ampliar la imagen Alumnos de la Escuela Primaria Miguel F. Martínez, en el Distrito Federal, momentos antes de que les aplicaran la prueba Enlace, en abril pasadoAlumnos de la Escuela Primaria Miguel F. Martínez, en el Distrito Federal, momentos antes de que les aplicaran la prueba Enlace, en abril pasado Foto: Guillermo Sologuren

La aplicación de pruebas estandarizadas para conocer logros académicos y la generación de competencias y habilidades ha provocado no sólo en México, sino a escala regional y mundial, un amplio debate sobre qué se debe evaluar, cómo y cuál es el objetivo de identificar el grado de desarrollo de habilidades y competencias educativas.

Especialistas, académicos y profesores de enseñanza básica del país aseguran que la aplicación de éstas es un “debate abierto, pues sus resultados no se han traducido en acciones que concreten una política educativa integral, al percibirse como herramienta para determinar responsabilidades ante los bajos resultados académicos, pero no para construir soluciones”.

Investigadores de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (Preal) expresan que si bien dichas evaluaciones se han convertido en elemento para conocer la dinámica de los procesos educativos, con el fin de detectar logros y estancamientos, sus resultados “no van a resolver los problemas si no van acompañados por mayor inversión, uso transparente de los recursos y un amplio e incluyente debate social sobre las decisiones que se deben tomar”.

Incluida como uno de los ejes prioritarios de la agenda educativa del gobierno calderonista, la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), que este año se aplicó a más de 11 millones de alumnos de enseñanza básica y por vez primera a cerca de 900 mil estudiantes de bachillerato de planteles federales, genera posiciones encontradas ante lo que maestros y especialistas han calificado de herramienta para “maquillar el creciente abandono, por parte del Estado, de la escuela pública, sin que se asuma que los resultados son generados por diversos factores, incluidos los que están fuera del aula y de la escuela”.

Diagnóstico sin atención

De acuerdo con especialistas del Preal, quienes elaboraron el informe Las evaluaciones educativas que América Latina necesita, difundido en enero pasado, si bien las pruebas estandarizadas pueden tener efectos positivos si son “concebidas, percibidas y empleadas” como mecanismo de responsabilidad pública que involucre a todos los actores del quehacer educativo, “siempre existe el riesgo de que la política en la materia se concentre a la implementación de pruebas, pero luego no se instrumenten acciones concretas para enfrentar y resolver los problemas que las mismas ponen de manifiesto”.

El documento advierte que muchas veces las autoridades se limitan a informes sobre los resultados y transfieren “toda la responsabilidad para la solución de los problemas detectados a escuelas y familias. Otras veces se atribuye a los docentes, quienes por su parte tienden a transferir la responsabilidad a los padres y al contexto”.

Por ello, destaca, es prioritario “evitar ingresar en una dinámica de culpabilización. Por el contrario, hay que intentar construir una lógica de responsabilidad compartida en torno a la enseñanza”.

Carlos Muñoz Izquierdo, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad Iberoamericana (Uia), afirmó que la prueba Enlace “es una herramienta poderosísima para transparentar muchos procesos educativos, porque nos permite ver el avance por alumno, pero el problema es que los resultados no se usan adecuadamente”.

Agregó: “los resultados de Enlace han funcionado como diagnóstico que se da a un paciente enfermo, quien finalmente no hace nada para solucionar su padecimiento, situación que no es un problema de voluntad, sino de verdadero esfuerzo colectivo que aún no hemos querido realizar”.

El informe del Preal destaca que la evaluación estandarizada es condición necesaria, “pero no suficiente, para mejorar la enseñanza”, pues se considera sólo uno de los elementos claves de la política educativa, que debe sumarse a la atención de la formación docente inicial y en servicio, las condiciones laborales de los maestros, el diseño curricular, la gestión escolar, libros y materiales educativos, así como una “inversión de recursos proporcional a las necesidades de las diversas poblaciones y como acción más decidida de los responsables en la materia”.

Enlace, sin juicio de valor

Esmeralda Matute Villaseñor, directora del Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, experta en neurosicología y neurolingüística, destacó que el objetivo de la prueba Enlace “no es dar un juicio de valor. Por el contrario, se trata de establecer parámetros que nos permitan identificar cómo se está formando a los niños en distintas regiones del país”.

Es común, agregó, que se haga una “interpretación equivocada, pues no se trata de determinar si un niño está bien o mal, sino de utilizar una herramienta que nos permita identificar cómo estamos a escala nacional, en cada una de las entidades, con todas las diferencias que eso implica”.

Cuestionada sobre la aplicación de pruebas estandarizadas a estudiantes en contextos socioeconómicos y culturales distintos, aseguró: “lo más importante que aporta la prueba Enlace es que nos permite conocer cómo estamos a escala nacional y precisar cómo avanza un niño de la Mixteca oaxaqueña respecto de uno del Bajío. Lo primero es reconocer cómo estamos y luego adoptar estrategias”.

Calderón: Mentiras oficiales
alvaro delgado

México, D.F., 19 de mayo (apro).- La corrupción y la pobreza son las enfermedades nacionales más graves de México, pero están acompañadas por la simulación, la mentira y la impunidad, que degradan sobre todo si, como es el caso, son alentadas desde el poder público.

No hace mucho, a final de su sexenio y en el marco del proceso electoral sucesorio, Vicente Fox proclamaba la eficacia de su gobierno en todos los ámbitos, entre ellos la generación de empleos y el combate al narcotráfico.

Para amplios sectores de la sociedad, los que jamás creyeron la demagogia del ranchero ladino y ladrón, eran mentiras que pronto encontraron confirmación nada menos que en sus propios compañeros de partido: Fue Felipe Calderón, y la facción que lo impuso en el gobierno, los que exhibieron que el desempleo y el crimen organizado florecieron con Fox, a quien sin embargo se ha solapado por un pacto de mafia.

Como cuando se impuso Carlos Salinas en el gobierno, también mediante el fraude electoral que pretende hacer olvidar con su más reciente mamotreto, con Fox los capos del narcotráfico se solazaron en el negocio, tal como lo presagió desde el inicio del sexenio la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo transexenal que, en el mejor de los casos, será capturado cuando deje de ser funcional y su exhibición o muerte sirva sólo para espectáculo con réditos de popularidad y cuando –claro-- ya esté afianzado su sucesor con toda la protección desde el poder.

Por eso, histriónica y demagógicamente, Calderón repudia en sus discursos la “cobardía” de sus antecesores, proclama los “ya basta” a la delincuencia y llama a pactos de unidad nacional --de suyo imposibles por su nula autoridad moral y política--, porque sabe que desde ahora está condenado a la derrota y quiere hacer de ella una victoria, ante su ineptitud para afrontar el otro grave problema nacional: El empleo, su principal oferta de campaña.

Y es en este renglón que Calderón entrega, en año y medio de gestión, tan malas cuentas como su antecesor: Resulta que las cifras de las que se ha ufanado son, simplemente, falsas, puras mentiras.

Se trata, además, de un engaño que comparte con Fox y el priista Ernesto Zedillo, que todos los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) idolatran no sólo por haberles cedido el poder, sino por los “10 años de estabilidad” que ofrecieron en la campaña de 2006.

La información al respecto la dio a conocer el diario Reforma y sus réplicas de Mural de Guadalajara, Jalisco, y El Norte, de Monterrey, Nuevo León, en sus ediciones correspondientes al miércoles 14 de mayo: Resulta que, durante 11 años, el gobierno federal difundió cifras de empleo que eran inexistentes.

Por ejemplo, detalló Reforma, los números oficiales mostraban que, entre 2005 y 2007, se habían creado 2.21 millones de empleos formales. Pero, en realidad, en ese lapso sólo fueron 1.55 millones las nuevas plazas, según la corrección. Es decir, se registraron 660 mil empleos inexistentes.

La información, dada a conocer en vísperas del Día del Maestro (que, dicho sea de paso, ratificó la alianza que Calderón y el PAN mantienen con Elba Esther Gordillo no en favor de la educación --esa es una tontería--, sino para las elecciones de 2009), establece que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que hay errores en la metodología para medir el empleo.

En 2006, por ejemplo, Fox dijo que ese año se generaron 903 mil empleos y que seguramente, al concluir ese lapso, se superarían el millón, pero no fueron ni una ni otra cifra, sino apenas 616 mil.

Con Calderón el engaño es el mismo: El 14 de febrero de este año, en su visita a Estados Unidos, aseguró que, en 2007, se crearon en México alrededor de 800 mil nuevos empleos. Pero el nuevo dato oficial para ese periodo es de 529 mil nuevos empleos.

La razón, según el IMSS, es que se trata de errores metodológicos. El principal de ellos es que muchos trabajadores reportados como nuevos no lo eran, pues simplemente migraron del empleo eventual al permanente.

Así de grave es la manipulación de cifras y no es, desde luego, una acción fortuita, sino claramente deliberada para fortalecer percepciones falsas, en este caso sobre el empleo, uno de los principales problemas del país y que Calderón ofreció combatir, ahora vemos que sólo con maquillaje.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) aporta, también, otro dato escalofriante: En los tres meses de este año desaparecieron 685 mil empleos en los sectores formales e informales.

Calderón ofreció, también, otros asuntos que ya puede afirmarse que son mentiras, mentiras oficiales: en el ámbito de los impuestos, sino que bajarían y, además, que las fórmulas para que los ciudadanos lo hicieran serían sencillas. Inclusive, hacía el chiste de que la complejidad para presentar la declaración hacía que, hasta el secretario de Hacienda, tenía necesidad de contratar a un contador.

La realidad: No solo aumentaron impuestos, sino que aparecieron nuevos, como los aplicados a gasolinas y el IETU, que además introdujo complejidades que vuelven loco a quienes somos causantes cautivos.

Pero hay más datos sobre las mentiras de Calderón, que se encargan de ocultar muy bien los jilgueros y amanuenses oficiales en el grueso de los medios de comunicación --que han resultado más panistas que el PAN--, como la protección que presta a los sátrapas priistas Mario Marín y Ulises Ruiz, así como el panista Emilio González Márquez.

En 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados envió un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, conforme a sus atribuciones, emitiera un dictamen sobre si González Márquez violó la Constitución y la ley al comprometer un donativo de 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros, al margen inclusive de la insolencia con la que se dirige a sus críticos.

Pero, en vez de abocarse a lo que establece el artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe a las autoridades mostrar preferencia por alguna religión en particular, la encargada de esa responsabilidad, Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, extendió licencia de impunidad a su cofrade de Jalisco.

Justo el día del maestro, el jueves 15, Aranda --vecina de nacimiento de González Márquez: ella es de León y él de Lagos de Moreno, distantes apenas 37 kilómetros-- declaró, tramposamente, que en la “macrolimosna” de 90 millones de pesos a la Iglesia católica no se usaron fondos federales. Y ya.

Pero lo que la Cámara de Diputado planteó no fue si Emilio dispuso de los 90 millones de pesos de recursos federales, que obviamente eso no le corresponde a la Secretaría de Gobernación, sino si vulneró el principio de laicidad, como es evidente y, como también lo es, se encubre.

Y luego dicen que Calderón está peleado con el Yunque, de cuya organización ultraderechista Aranda y Emilio son dos de sus ejemplares. En realidad, Calderón y El Yunque son lo mismo.

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A propósito de Emilio González: La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco enviará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el expediente de las más de 6 mil quejas contra él y que, si actúa conforme a la ley José Luis Soberanes, derivará en una recomendación. Por supuesto, vale anticipar que a Emilio también le valdrá “madres”, como a los gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que las recibieron por atentar contra la libertad de expresión en sus respetivos estados… Germán Martínez, el confeso empleado de Calderón en el PAN, ya va agarrando color en el cargo: Lo suyo no es el debate, sino el pleito de arrabal, junto con los gandallitas Javier Lozano Alarcón y José Luis Luege. ¿Ideas? ¡Qué tontería!

 

El indigenismo en tiempos de Calderón

Magdalena Gómez

Después de la distorsión a los Acuerdos de San Andrés expresada en la contrarreforma indígena de 2001, de las estridencias del foxismo en esta materia y del contexto en que el actual gobierno se hace del poder, la tentación de hacer el vacío a las políticas oficiales es muy grande. Sin embargo, crecientemente se observan los signos del abierto retroceso en la definición y práctica del indigenismo. El calderonismo transita en sentido contrario a los instrumentos internacionales vigentes. Muestras de ello encontramos en el documento que el gobierno de México presentó al séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, realizado del 21 de abril al 2 de mayo pasado.

El texto contiene las respuestas a recomendaciones del Foro Permanente en su sexto periodo de sesiones, en 2007, además informa sobre las actividades, programas y políticas relacionadas con los pueblos indígenas (E/C.19/2008/5/Add.2).

Una de las recomendaciones centrales se refiere a la necesidad de establecer en la Constitución el consentimiento libre, previo e informado, derecho contenido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al respecto, el gobierno se refiere al derecho a la consulta que se contiene en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual tampoco se ha respetado, pues éste se debería realizar ante las instancias propias de los pueblos indígenas y no en “foros” o en un “consejo consultivo”, como se reivindica en el documento. En ningún momento aparecen evidencias de que se asuma la diferencia entre ser “consultado” y otorgar “consentimiento”. Temas tan complejos como los relativos a propiedad intelectual se justifican con la asistencia de funcionarios a reuniones internacionales.

Por otra parte, el espíritu “crítico” del gobierno aflora: “En cuanto al número de recomendaciones, sería conveniente reducirlas a un menor número (sic), y enfocarlas a resultados concretos que faciliten su seguimiento” (parágrafo 30). Dejan ver los obstáculos que enfrentan y recurren al conocido argumento de que no es lo mismo un país con “pocos” indígenas que otro con “muchos”: “En cuanto al porcentaje de población indígena en cada país, la disparidad en este factor dificulta el cumplimiento para aquellos países con alto porcentaje de población indígena, pues tienen que destinar presupuestos mayores (parágrafo 31). Y ya en plan “sincero” señalan: “Otro obstáculo es la negativa de algunas comunidades indígenas a participar” (parágrafo 32).

No obstante que se distorsiona el contenido de la contrarreforma de 2001 (por ejemplo, se dice que incluye el derecho a la tierra y al territorio), se reconoce lo obvio: “Más lento aún ha sido el desarrollo legislativo a nivel federal; los cambios han sido de menor impacto y de manera poco profunda”. Y se quejan: “Tal parece que entender y comprender la interculturalidad no es tarea fácil y requiere un ejercicio de reflexión interna y compromiso personal” (parágrafo 37).

La supuesta autonomía y libre determinación que dijeron reconocer en el artículo 2º de la Constitución no aparece; en cambio la reiteración del concepto de “servicios”, es decir, el asistencialismo, permea sus programas, muchos de ellos marcados por la ya añeja continuidad, como es el caso de los albergues escolares y los fondos regionales que ya no tienen el apellido de “solidaridad”. La innovación del panismo se centra en el programa de infraestructura, que por cierto requiere una auditoría urgente.

La llamada transversalidad aparece con precariedad manifiesta. “Sólo los rubros de educación, salud, acceso a la justicia y protección de los derechos humanos tienen alguna estructura para la atención a pueblos indígenas; el resto de la administración pública adolece de mecanismos específicos de atención” (parágrafo 43).

La perla de cierre en el documento que comentamos es la postura referida a la promoción de la declaración de la ONU, donde, para nuestra sorpresa, después de décadas de discusiones sobre el concepto de pueblos indígenas, se abre paso la denominación de “los derechohabientes”, cual clínica del maltrecho ISSSTE y, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se propone la difusión de la declaración citada en los idiomas oficiales de la ONU. “La (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) CDI recomienda que el Foro Permanente organice un seminario con sus expertos, dirigido tanto a informar a los derechohabientes (sic mayúsculo) como a las autoridades encargadas de hacer efectivos los derechos contenidos en la declaración. Asimismo, la CDI propone que dicho seminario sea grabado y reproducido en medios digitales con traducción a los idiomas oficiales de la ONU, material que permitirá a los estados difundir su contenido entre un mayor número de personas” (parágrafo 57).

La ausencia de mecanismos de exigibilidad permite que los espacios de la ONU reciban informes de los gobiernos sin dar cuenta de sus inconsistencias. Así andamos.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:31
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