Mi?rcoles, 21 de mayo de 2008

Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro.

■ El Ejecutivo eligió una vía impertinente para contradecir la Constitución, afirma

■ Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.

Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.

Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.

Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”

Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.

Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.

De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.

El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.

Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.

Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.

De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”

Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.

Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.

De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”

Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.

Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.

Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.

“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”

 

El debate petrolero.


jenaro villamil

México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.

Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate.

Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado.

A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.

Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera.

La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional.

Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros.

Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.

Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos).

La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera.

Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.

Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla.

Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates.

Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.

 

Mediadores entre el EPR y el gobierno se abocarán al tema de los desaparecidos

■ La comisión recién formada no opera como “glosador” del grupo armado: Montemayor

Fabiola Martínez

El gobierno federal y la comisión de mediadores propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) acordaron anoche enfocar el diálogo en el análisis sobre al paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos desde el año pasado.

Al término del primer encuentro formal entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y los siete integrantes de la comisión de mediación, ambas partes calificaron la cita de “positiva y productiva”; los personajes propuestos por el EPR dejaron claro que sólo tratarán el tema de los desaparecidos.

“La comisión de mediación no opera como ‘glosador’ del EPR; tampoco actúa como vocera ni en respuesta a los comunicados del EPR, sino que nos vamos a concentrar en el punto de los desaparecidos”, señaló el escritor Carlos Montemayor, vocero de esa instancia.

Precisó que en las dos horas y media de diálogo con los funcionarios encabezados por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, analizaron algunos temas relativos a la problemática de las desapariciones forzadas en el país, con el fin de ampliar la información del contexto histórico de estos casos y también del estado que guardan las investigaciones judiciales acerca del paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

El EPR emitió el lunes pasado un comunicado en el que pide al gobierno la liberación de “presos políticos”, y también exige una fecha precisa para la presentación de los desaparecidos, así como pruebas fehacientes de distensión.

En tanto, fuentes consultadas señalaron que los funcionarios de Gobernación mostraron preocupación respecto del contenido del comunicado en referencia y exhibieron algunos datos sobre el estado que guarda la investigación federal sobre los desaparecidos.

En la reunión se abordó también la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte acerca del carácter no prescriptible de las desapariciones forzadas y, aunque no se habló específicamente de la labor de las fuerzas armadas, sí se trató la responsabilidad y tarea de las diversas instancias del gobierno federal involucradas.

Para los mediadores resulta un avance que las diversas aristas que debe incluir la investigación para dar con el paradero de los eperristas sean motivo de intercambio de información. En este último punto, los mediadores convocaron a la sociedad civil para que aporte elementos que contribuyan a alcanzar los objetivos de su tarea.

La reunión ocurrió en la biblioteca Manuel Gómez Morín de Gobernación, donde hubo, dijo Montemayor, una atmósfera de cordialidad y de reflexión, y se acordó que el próximo encuentro será en las oficinas de Serapaz en una fecha aún no definida, con el fin de seguirse allegando de información de “los aspectos históricos y políticos que permitan entender el caso de las desapariciones forzadas”.

En el encuentro, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Frente Nacional contra la Represión, indicó a los funcionarios que no los están acusando (de las desapariciones de los eperristas), pero les dejó claro que cuando los casos no encuentran respuesta por la vía legal y el Ministerio Público no arroja resultados, entonces es necesario mirar hacia la voluntad política del gobierno.

Antes, Ibarra de Piedra, quien no ha había pisado las instalaciones de Gobernación desde 1982, comentó a la prensa: “nosotros estamos seguros de lo que queremos; vamos a ver si los señores del otro lado también están seguros de lo que quieren”.

A su vez, Enrique González Ruiz, también integrante de la comisión, dijo que en el encuentro hubo un acercamiento al tema de la presentación con vida de los eperristas, pero comentó que serán muy cuidadosos en su papel de mediadores: “Tenemos que movernos como hipopótamos, con cuidado extremo, para pisar y no romper el piso, porque está muy reciente el (último) comunicado del EPR”.

Mediadores y funcionarios, estos últimos encabezados también por el comisionado para el Desarrollo Político de Gobernación, Alejandro Poiré, estuvieron acompañados por sus respectivos asesores jurídicos.

“En esta productiva reunión fue posible avanzar en temas sustantivos de interés del diálogo”, señaló Gobernación en un comunicado difundido al término del encuentro.

 

Altos réditos triplican deudas de las familias de menores ingresos

■ Un pequeño comerciante paga tres pesos por cada uno de financiamiento adquirido

■ Por un bien de 5 mil pesos terminan por pagar 14 mil después de un año de abonos semanales

Roberto González Amador

Por una lavadora con valor de 5 mil pesos, una familia debe pagar hasta 14 mil pesos si la compra a plazos en una cadena comercial. Si un pequeño comerciante acude a una microfinanciera para obtener financiamiento tendrá que devolver tres pesos por cada uno recibido de crédito. Son datos recabados por el Banco de México, divulgados este martes, que muestran que las personas y familias de menores ingresos se han convertido en un filón para compañías otorgantes de crédito.

En los pasados tres años, tanto los bancos comerciales como empresas vendedoras de bienes de consumo duradero han buscado ampliar su base de clientes en los estratos de menor ingreso. Miles de familias han recibido por primera vez un crédito, aunque los datos ofrecidos por el banco central muestran el costo que debe pagar quien menos poder adquisitivo tiene.

Una familia que adquiere a crédito una lavadora con valor promedio de 5 mil pesos, en pagos fijos semanales a plazos entre 48 y 52 semanas, deberá pagar en Famsa una tasa de interés total –incluidos comisiones y gastos de gestión, lo que se denomina el costo anual total o CAT– de 100 por ciento sobre el valor original de la pieza; esa tasa de interés, para la misma lavadora, sube a 170 por ciento en Elektra y roza 180 por ciento en Bodega Aurrerá, subsidiaria de Wal-Mart. En este último caso, por el bien con valor de 5 mil pesos el comprador termina pagando 14 mil, de acuerdo con los datos divulgados por el banco central.

La institución cita también los costos que pagan los usuarios de “microcréditos”, generalmente pequeños comerciantes, incluso vendedores callejeros de alimentos, o artesanos.

Costo anual total de 300 por ciento en microfinancieras

En este caso, una persona que obtenga de una microfinanciera un crédito de 7 mil pesos, liquidable en pagos semanales a plazos entre 16 y 78 semanas, pagará una tasa de interés total o CAT de 50 por ciento en la microfinanciera Bajío; de 150 por ciento anual en Compartamos; de 200 por ciento en Banco Azteca –al igual que Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dueño también de Tv Azteca– o de 300 por ciento en Pronegocio.

Son tasas de interés similares a las de las empresas dedicadas a los créditos prendarios. Para un crédito de 7 mil pesos, el Monte de Piedad cobra un CAT de 80 por ciento; Monte Pío Luz Aviñón, 180 por ciento; Prenda Mex, 220 por ciento, y El Diamante, 320 por ciento. Así, en este último caso, una deuda de 7 mil pesos se convierte, al término de un año, en un pasivo de 29 mil 400 pesos, según los datos divulgados por el banco central.

Aunque menor, el CAT por el financiamiento con tarjetas de crédito bancarias no deja de ser varias veces superior a la inflación, que hoy es en México de 4.5 por ciento anual.

El costo anual total para el usuario de tarjetas de crédito es de 42 por ciento en el caso de los plásticos emitidos por Inbursa, 44 por ciento en Santander, 51 por ciento en Scotiabank, 60 por ciento en BBVA Bancomer y 62 por ciento en Banamex, en todos los casos en términos anuales, de acuerdo con el banco central que, para estos ejemplos, toma de referencia un crédito revolvente de 10 mil pesos con pago mensual a tres años.

En las tiendas departamentales, el CAT más bajo es el de Coppel, de 40 por ciento anual; luego está El Palacio de Hierro, que cobra 52 por ciento anual; Sears y Mixup, 54 por ciento en cada caso; Liverpool, 61 por ciento y C&A Modas, con un costo anual total de 81 por ciento. Para estas referencias, el Banco de México usó como base de cálculo una línea de crédito revolvente de 10 mil pesos, con pago mensual a tres años.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:51
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