Viernes, 23 de mayo de 2008

 

García Ramírez, Carrancá y Garrido: la reforma a Pemex, inconstitucional

■ Se busca dar la vuelta a la Carta Magna con modificaciones a leyes secundarias, advierten

■ Se “traslucen” cambios a la ley suprema que “no confiesan su identidad”, dice el primero de ellos

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron ayer que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias.

García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”.

El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”.

Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de Pemex al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas recalcó también que las iniciativas del Ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar con leyes secundarias.

¿Caballo de Troya o iniciativa?

Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que Pemex celebre contratos de obra con personas físicas y morales.

Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar este paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó ayer en ese foro, realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante violación constitucional”.

En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo Luis Javier Garrido pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón –al que se refirió siempre como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”.

Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se viola el principio de exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas.

Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales con modificaciones a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes”.

García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el artículo 27, reservó para la nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido y gaseso”, y una vez hecha la expropiación petrolera el presidente Lazaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, con el propósito de que sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”.

Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes: “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de Pemex, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento– las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 constitucional”.

Por su parte, Carrancá y Rivas advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó de “tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma por medio de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios”.

 

 

 

 

 

CCIODH: “Extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México
lourdes godínez leal

* Reprueba la impunidad; la represión de los movimientos sociales se ha convertido en política de Estado, afirma

México, D.F., 22 de mayo (apro-cimac).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) calificó de “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México, debido a la impunidad y la falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de violar las garantías fundamentales en los casos de San Salvador Atenco, Oaxaca y Chiapas.

Al dar a conocer el informe de su visita a México en febrero pasado, el organismo internacional sostuvo que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura siguen siendo una práctica del gobierno actual, y comparó dicha situación con la “guerra sucia” de la década de los años setenta.

Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión que surgió en 1997, a raíz de los acontecimientos de Acteal, Chiapas, reconoció que pese a que ha habido “avances”, como la excarcelación de los presos de San Salvador Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas han sido insuficientes.

Para el activista, el hecho de que no haya procesados por las 26 violaciones sexuales cometidas por las fuerzas del orden contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo del 2006, y tampoco se hayan castigado a los responsables de los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano con los derechos humanos.

“No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos”, tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, afirmó.

Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos en España, enfatizó que hay “un cuestionamiento” internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio en Ciudad Juárez.

Luego de reconocer la “falta de capacidad” de la justicia mexicana, cuestionó su “independencia” y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.

Sobre el alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas, las cuales no han sido consideradas por el gobierno federal.

El sexto informe de la CCIODH será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y los gobiernos estatales de Chiapas, Oaxaca y México.

En su informe, la CCIODH responsabiliza al presidente Felipe Calderón de las violaciones a los derechos humanos y de la falta de respuestas concretas, y lamenta que no haya “avances sustanciales” en los casos de Oaxaca, Chiapas y Atenco.

Durante 2007, agrega la CCIODH, se acrecentó el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y las cárceles se han llenado de presos políticos y de conciencia. Como en informes anteriores, reitera que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, son ejemplo de una situación muy general caracterizada por un patrón de comportamiento que se ha convertido en una política de Estado para reprimir a los movimientos sociales en México.

En sus recomendaciones, la CCIODH exhorta a hacer una revisión a fondo del sistema y el tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos con el fin de conseguir una “confianza” a la labor que desempeñan. “Actualmente muy desacreditada”, enfatiza.

Y exige la reparación de los daños moral y emocional de las personas afectadas por esos sucesos.

 

Aprueba Senado de EU la Iniciativa Mérida, pero pone condiciones
j. jesús esquivel

Washington, 22 de mayo (apro).- La Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense aprobó un paquete por 350 millones de dólares, para financiar la instrumentación del primero de los tres años de la llamada Iniciativa Mérida, pero puso condiciones en cuanto al escrutinio y fiscalización del personal de las fuerzas armadas y agencias federales mexicanas.

Con 75 votos a favor y 22 en contra, la Cámara de Senadores aprobó la enmienda del programa bilateral antinarcóticos previsto en la Iniciativa Mérida, como parte del presupuesto adicional para las operaciones militares en Irak por 165 mil millones de dólares.

El paquete aprobado por el Senado para financiar la instrumentación de la Iniciativa Mérida durante el año fiscal en curso, que comenzó el 1 de octubre de 2007, tendrá que ser unificado o negociado con la Cámara de Representantes, la cual aprobó la semana pasada un paquete por 400 millones de dólares para financiar el programa bilateral contra el narcotráfico.

La sesión bicameral para consolidar un solo paquete de asistencia a México en la lucha contra el narcotráfico, se llevará a cabo en los próximos días.

Varios asesores legislativos consideran que no habrá muchos problemas para unificar las dos versiones, ya que el resultado final podría terminar en un paquete de 400 millones de dólares que irá acompañado de varios condicionamientos que deberá cumplir el gobierno de Felipe Calderón para poder recibir la asistencia antinarcóticos.

Originalmente el presidente George W. Bush, pidió al Congreso federal de su país la aprobación de un paquete por 500 millones de dólares para financiar a la Iniciativa Mérida en su primer año, fondos que el gobierno mexicano recibiría en equipo militar, entrenamiento, asesoría en materia de inteligencia y equipo tecnológico.

A diferencia de la posición de la Cámara de Representantes, el Senado estadunidense considera que un primer “enganche” en el programa de apoyo al gobierno de Calderón para combatir al narcotráfico, debe estar sujeto a condiciones e invertir más dinero en el proceso de las reformas judiciales, más que dar equipo militar a las fuerzas armadas y agencias policiales mexicanas, que a nombre de la lucha contra el narcotráfico, podrían incurrir a violaciones de los derechos humanos.

La versión de la Cámara de Representantes no incluye condicionamientos, pero sí reduce en 100 millones de dólares la petición original de Bush para apoyar con equipo militar al gobierno calderonista.

Patrick Leahy, senador demócrata por el estado de Vermont, presidente del Comité Judicial de la Cámara alta, quien es el autor de los condicionamientos, explicó, en un comunicado de prensa, que la fiscalización que se haría al uso de los fondos para apoyar la guerra mexicana contra el narcotráfico, no es por un interés de injerencia en los asuntos nacionales de México, sino porque están obligados a rendirle cuentas a los contribuyentes estadunidenses sobre el buen manejo del dinero que se destina para la asistencia a otros países.

“Esto es fundamental, por años hemos entrenado a las fuerzas policiales de México y Centroamérica, y es bien sabido que algunos de ellos han terminado trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento de todos que la corrupción no se ha podido contener dentro de las instituciones de la aplicación de la ley, las entidades que precisamente vamos a respaldar”, apuntó el senador Leahy.

Las condiciones aprobadas por el Senado para apoyar a México en la guerra contra el trafico de narcóticos, obligan al Departamento de Estado a entregar al Capitolio un reporte cada 90 días respecto al personal militar y policial mexicano que esté involucrado con el uso del paquete financiado por Estados Unidos, con el fin de evitar que algún soldado o policía que tenga antecedentes de violaciones a los derechos humanos esté al mismo tiempo utilizando equipo o recibiendo entrenamiento pagado con el dinero de los contribuyentes de la Unión Americana.

“Por encima de cualquier disputa, es un hecho que las fuerzas militares y policiales de México y Centroamérica tienen un largo historial de violación a los derechos humanos, que van desde arrestos arbitrarios, tortura, violación y ejecuciones extra-judiciales, delitos por los cuales raramente son castigados”, acotó el senador Leahy.

 

 

 

■ La educación superior tiene que reconocerse como derecho humano y bien público

Debe ser la sociedad el referente de las universidades, no el mercado: expertos

■ En estudio sobre AL y el Caribe alertan sobre riesgos de ajustar el conocimiento al modelo económico

Laura Poy Solano

El fortalecimiento de la responsabilidad social de las universidades no sólo está vinculado a mayor autonomía y libertad académica, sino al reconocimiento de la educación superior como un derecho humano y un bien público que, a pesar de la creciente “presión” del mercado por asociarla a mejores desempeños laborales y productivos, no puede limitarse a una visión “economicista”, advirtieron expertos de América Latina y el Caribe.

En el documento base para la discusión de la Conferencia Regional de Educación Superior 2008, que en junio próximo reunirá a especialistas de 33 naciones, destacan que seguir únicamente los parámetros de calidad que impone la economía global, donde el desarrollo está asociado al crecimiento económico y al progreso de las bases de producción de las riquezas materiales, la calidad implicaría “ajustarse al mercado y realizar adecuadamente funciones de la economía, especialmente en capacitación profesional y fortalecimiento de la industria, pero si concebimos la educación como bien público, tenemos que ir mucho más allá de estos objetivos”.

Convocados por el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para presentar un diagnóstico sobre los retos que enfrenta este nivel educativo, especialistas de la región elaboraron el documento Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe, donde alertan sobre los riesgos de tratar de ajustar los conocimientos y sus usos al fortalecimiento de un modelo económico de acumulación privada, y destacan que la universidad es “una institución cuyo referente es la sociedad, no el mercado”.

Si bien reconocen que ante las demandas y problemas actuales estas instituciones deben abrirse al medio social, “no significa limitar su tarea central a la inserción profesional y a dar respuestas pasivas a las estructuras económicas. Más allá de funcional, y calibrada al mercado, la educación superior tiene un papel civilizador justificada por valores comunes en los miembros de las comunidades académica y científica”.

Los especialistas, coordinados por José Dias Sobrinhos, ex director de la Facultad de Educación de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, abordaron el tema de calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad latinoamericana y caribeña; afirmaron que las respuestas de la enseñanza superior a los problemas vigentes en las sociedades de la región deben basarse en la “capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria cuando define sus finalidades y asume sus compromisos”.

Imprescindible, la autonomía

Por ello, advirtieron que son imprescindibles la autonomía, “sin la cual la universidad no puede repensar sus compromisos”, y la libertad académica, que permite definir prioridades y tomar decisiones de acuerdo con los “valores públicos que fundamentan la ciencia y el bienestar social”.

“Frente a un modelo de globalización, donde prevalece la exclusión de grandes sectores de la sociedad, e incluso de la humanidad, lo que fomenta pobreza, violencia, hambre, analfabetismo y depredación de la naturaleza, la universidad –advirtieron– debe enfrentar graves retos, como un nuevo tipo de exclusión en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información, que perfilan mayor desigualdad entre quienes lo tienen todo y aquellos que en rigor están excluidos del mundo del trabajo, la educación, la ciudadanía, y con ello, de cualquier posibilidad de vida digna.”

 


Publicado por solaripa69 @ 11:50
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