Lunes, 26 de mayo de 2008

La crisis alimentaria exige renegociar o desaparecer el TLCAN, señala el CAM

■ El gobierno está obligado a hacerlo si quiere que permanezca algo de agricultura, advierte

Gabriel León Zaragoza

La seguridad alimentaria es un asunto de Estado, por lo que ante la crisis mundial del precio de los productos el gobierno de México está obligado a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), si es que quiere que permanezca algo de la agricultura de este país, consideró el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El organismo, dependiente de la Facultad de Economía, consideró también que la administración federal “tiene que detener de inmediato”, como medida de protección para beneficiar a los productores y consumidores, las importaciones de las grandes cadenas comerciales, en tanto se estabiliza el mercado de precios internacionales.

“Las grandes empresas agroalimentarias tendrían que sacrificar un poco sus ingresos en pro de estos sectores, si se quieren mantener en el mercado nacional”, destacó el CAM.

Investigadores del centro alertaron que estimaciones del Banco Mundial (BM) refieren que, a partir del cómo se empiecen a determinar los precios internacionales de los energéticos y de las reservas que tienen los países graneros del mundo, “a fines de junio o principios de julio va a haber una primera escalada de precios, sobre todo en artículos agrícolas que son base de elaboración de otros”.

Indicaron además que en el país “todavía no hemos visto los efectos que habrá en los próximos meses por la parte financiera al campo, porque si sube el precio de los productos se va a mover el indicador de riesgo que se utiliza para el indicador agrícola, y el crédito que tenían muchos campesinos o productores se va a escalar y nos va a escalar”.

En el país, el alza en el costo de artículos, refirieron, va a depender mucho de cómo se determina el mercado de precios en el mundo, y las grandes cadenas comerciales, como Wal-Mart, ya han empezado a aplicar medidas –como racionar la venta de arroz– ante un posible incremento de precios.

“Ellos acaban de abastecer sus reservas en los mercados internacionales. Lo que les preocupa es que suban los precios en estos meses, cuando empiezan a arreglar la compra de alimentos a nivel internacional”, expuso el investigador del CAM David Lozano. Señaló que los sectores más afectados serán los productores agrícolas, debido a que son los grandes adquirientes de granos; los consumidores, que padecerán los incrementos ante la falta de alimentos en el mercado internacional, y la pequeña y mediana industrias, que viven de la producción agrícola, ya que son los que se dedican a elaborar productos, venderlos o colocarlos.

Precisó que ante la crisis mundial de alimentos que se ha generado, en lo que va de la presente administración sólo se han ha aplicado medidas de contención para dar algunos ingresos a los campesinos, sin resolver el fondo del problema.

“Tienen que cambiar su política económica, porque en este gobierno vamos a empezar a ver los efectos que habrá ante la baja del ingreso de remesas, que son más altas que la inversión directa en el país”, señaló. Agregó que aunque los socios comerciales de México no lo quieran, éste es el momento en el que el gobierno “debe tomar la determinación de suspender el TLCAN”, ya que a consecuencia de la apertura comercial “se derrumbó el agro nacional”, y a Estados Unidos le ha significado la creación de un mercado con 360 millones de consumidores y la adquisición de mano de obra barata y materias primas a bajo costo, “ante la cómplice observación de autoridades”.

■ Malos cálculos del instituto obligan a ex empleados a hacer trámites hasta por décadas

Cientos de jubilados del ISSSTE no reciben su pensión completa

■ La demanda dura unos 2 años si se contrata un abogado, el cual cobra hasta 50% del adeudo

Ángeles Cruz Martínez

Cuando cumplió 30 años de servicio como maestra de primaria, Lucía pensó que podría llevar una vida tranquila como jubilada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Jamás imaginó que las dos décadas siguientes y hasta la fecha, a sus 72 años de edad, se las pasaría entre trámites administrativos y procesos judiciales, sólo para lograr que el instituto le pague la pensión justa.

Al momento de su retiro, el ISSSTE calculó el monto de la pensión de Lucía tomando en cuenta sólo su salario tabular, cuando por ley tenía que haber incluido las compensaciones que también formaban parte de su ingreso, con las cuales su pensión sería 60 por ciento superior.

Tras 16 años de trámites burocráticos, “pérdida” de documentos y seudoabogados que la timaron, Lucía logró, en 2006, que el instituto le pagara lo que hasta ese momento le debía. Pero para entonces la maestra ya llevaba ocho años en un nuevo trámite para reclamar la pensión por viudez que le toca, y aún no termina.

Después de un rato de conversación, los datos y las fechas que ella maneja a la perfección se vuelven un galimatías para quien la escucha. Sin embargo, Lucía –quien prefiere mantener en reserva su identidad por temor a represalias– no pierde la calma y cuenta su historia, muestra los papeles que corroboran su dicho hasta que quede claro. Al fin, maestra.

Su problema actual es que, según el ISSSTE, no puede cobrar más de 10 salarios mínimos de pensión, y resulta que entre la propia y la que le dejó su marido, la cantidad es superior. Ella, con la experiencia de 20 años de trámites, lecturas de leyes y reglamentos, asegura que el mencionado límite se aplica a cada pensión de manera individual. Y un abogado lo confirma.

Tal vez, dice Lucía, ya no habría peleado nada si no fuera porque en enero de este año, el instituto le empezó a descontar lo que supuestamente cobró de más desde 2006, cuando su pensión por años de servicio se incrementó.

La de Lucía es una de las cientos de historias que hay en las oficinas centrales del ISSSTE, adonde jubilados y pensionados acuden cada martes y jueves a preguntar cómo va el trámite para regularizar su pensión. Todos tienen en común que el ISSSTE “se equivocó” al momento de calcular el ingreso mensual que recibirían en el retiro y por eso tuvieron que interponer juicios que pueden durar cuatro años o más, si los llevan solos, o dos y medio si contratan un abogado, por cuyos servicios deben pagar entre 30 y 50 por ciento de lo que les entregue el instituto.

Quienes más padecen son los jubilados y pensionados que realizan el trámite de manera individual porque, una vez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emite la sentencia definitiva, “tenemos que estar yendo al ISSSTE para corroborar que ya recibió la notificación judicial y que ya no falta ningún documento”.

Casi siempre falta algún papel y, a veces, hasta la sentencia, que ellos mismos tienen que llevar al departamento de consulta y regularización, a cargo de Víctor Gómez Cituk, para luego esperar entre dos o tres meses y en ocasiones hasta más de un año para que el ISSSTE les pague lo que les debe.

Los mismos empleados que atienden a los jubilados en la planta baja del edificio principal del instituto, en Plaza de la República, comentan que “el tiempo es variable y aquí lo único seguro es que tienen que estar viniendo a preguntar cómo va el trámite”.

Otro problema que enfrentan los afectados es que el departamento de consulta y regularización sólo atiende a 15 jubilados y pensionados los días martes y jueves. Así que para alcanzar una ficha es menester llegar a formarse a las 5 horas, o antes, aunque el servicio se inicia a las 9:30 o después, según la “carga de trabajo” que tenga Gómez Cituk, como ocurrió el pasado jueves, cuando los trabajadores en retiro empezaron a ser llamados de cinco en cinco cerca de las 10:30 de la mañana para que subieran al quinto piso.

El funcionario los despacha en menos de cinco minutos; apenas los mira, sólo para decirles cuándo deben volver, para ver si ya salió la resolución del trámite, lo que puede ser desde una semana hasta uno o dos meses después, según cada caso.

Un panorama distinto es el de los jubilados y pensionados que contratan los servicios de un despacho jurídico. Los abogados se encargan de dar sus vueltas al ISSSTE, de completar los papeles que falten (sin formarse), y el interesado sólo se presenta el día que va a cobrar su cheque. Así, a lo largo de la mañana pasan por el “módulo de demandas de pensión”, en la planta baja del edificio, varios abogados o gestores a checar las listas por si sale el nombre de alguno de sus clientes.

A quienes llegan a las cinco de la mañana les llama la atención la “eficiencia” con la que trabajan los abogados. No es para menos cuando se sabe que, según el despacho de que se trate, pueden llevar los trámites de 500 o hasta mil personas, aunque también existen otros que trabajan con cifras bastante menores.

Uno de estos abogados comentó que cuando llegó Gómez Cituk quiso eliminar la gestoría de los despachos, pero “el caos fue mayor”, pues el espacio del quinto piso y la planta baja fueron insuficientes para dar cabida a los demandantes. Tuvo que desistir y regresaron los litigantes.

El mismo Gómez Cituk reconoció ante una de las jubiladas, que el rezago es grande y que, desde su llegada al departamento de consulta y regularización, en la actual administración, ha resuelto alrededor de 2 mil casos, pero están pendientes muchos más, que obtuvieron sentencia definitiva del TFJFA en 2007 y años atrás.

Probablemente con la nueva Ley del ISSSTE se terminen estos trámites, debido a que en su artículo 17 define como sueldo básico el “sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado”.

La ley anterior establecía en su artículo 15 que el sueldo básico incluía “el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación”; en tanto que el Reglamento de Prestaciones Económicas puntualizaba que para el cálculo de la cuota diaria pensionaria se debía tomar en cuenta la información de la hoja única de servicios, la que contiene “las cantidades por concepto de sueldo, sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y años de servicio prestados por el trabajador”.

Plan Mérida
jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- La aprobación del Plan Mérida por el Congreso estadunidense resultará en dividendos políticos para el gobierno de Felipe Calderón, pero en importantes costos para el país, sobre todo para las Fuerzas Armadas.

Con el paquete de asistencia, que oscilará entre 350 y 400 millones de dólares en equipo y tecnología, regresará la certificación de Washington a la actuación de México en materia de narcotráfico.

Desaparecida a principios del sexenio foxista, la revisión del gobierno estadunidense se reeditará con el pretexto de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo de Estados Unidos deberán velar por el respeto de los derechos humanos en México en el combate al narcotráfico.

Pero ahora con un componente más delicado. Los principales beneficiados con la entrega de los recursos serán el Ejército y la Marina, lo que significa que los militares mexicanos tendrán que rendir cuentas a Washington de la manera en que utilicen esa ayuda.

El proyecto original negociado entre los gobiernos de George Bush y Calderón consideraba para este año la entrega de ayuda por 500 millones de dólares. El pasado 15 de mayo, la Cámara de Representantes (Cámara de Diputados) aprobó que el paquete fuera de 400 millones, pero el pasado jueves 22 el Senado lo fijó en 350 millones.

Ambas Cámaras tendrán que ponerse de acuerdo en los próximos días. Pero en todo caso, de acuerdo con las proyecciones originales, las Fuerzas Armadas mexicanas aparecen como las que se quedarán con la mayor parte de los recursos.

Esto significa que el secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza –los principales aliados de Calderón en su estrategia contra el narcotráfico– serán los primeros en rendir cuentas a Estados Unidos.

El plan surgió en enero de 2007 por iniciativa de los congresistas estadunidenses Silvestre Reyes y Henry Cuéllar, y no como propuesta de Calderón Hinojosa a Bush durante su encuentro en Mérida a fines de ese año, como lo promocionó aquí el gobierno mexicano.

El proyecto original, el de los congresistas estadunidenses, era mucho más ambicioso que lo que se consiguió ahora, previos recortes en ambas Cámaras. Consideraba recursos anuales por 170 millones de dólares entre 2008 y 2012; es decir, 850 millones en total, y no los mil 400 millones que Bush buscó inicialmente en el Congreso para los próximos tres años.

El paquete quedó mucho más disminuido al menos para su primer año, pero en todo caso serán las Fuerzas Armadas las que captarán más recursos.

El Ejército recibirá helicópteros, entrenamiento y capacitación para su mantenimiento, escáneres y otros instrumentos de inspección. La Marina, aviones de vigilancia y capacitación.

La PGR, Secretaría de Seguridad Pública federal, Instituto Nacional de Migración, Comunicaciones y Transportes, Hacienda –a través de Aduanas y de la Unidad de Inteligencia Financiera–, Cisen y Salud también tendrán que dar informes a Estados Unidos.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la llamada sociedad civil están consideradas como receptores de la ayuda.

El principal objetivo estadunidense lo clarificó el presidente del Comité Judicial del Senado, el senador demócrata Patrick Leahy, quien consideró fundamental que la Casa Blanca reporte cada tres meses al Congreso sobre la ayuda. Los reportes, desde luego, se harán con información que proporcione el gobierno de Calderón.

Dijo el senador: “Por años hemos entrenado a las fuerzas policiales de México y Centroamérica, y es bien sabido que algunos de ellos han terminado trabajando para los cárteles de la droga”.

Además, siguió, “es un hecho que las fuerzas militares y policiales de México y Centroamérica tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos”.

Bajo esa perspectiva, que iguala a los militares mexicanos con los centroamericanos, Calderón aceptó colocar a las Fuerzas Armadas bajo la vigilancia estadunidense por una limitada ayuda que no se compara con los millones de dólares que cada año gasta México en seguridad. (23 de mayo de 2008)

 


Publicado por solaripa69 @ 16:17
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