Martes, 27 de mayo de 2008

Procesarán a casi un centenar de ex agentes de la dictadura chilena

■ Es la más amplia orden judicial dictada en el país por violaciones a los derechos humanos

■ Los cargos son secuestro permanente y la muerte de 42 personas en la Operación Colombo

■ Militares en retiro, civiles y personal jubilado de la armada y carabineros, entre los implicados

Enrique Gutiérrez (Corresponsal y agencias)

Santiago, 26 de mayo. En lo que es hasta ahora la más amplia orden judicial dictada en Chile por violación a los derechos humanos, casi un centenar de ex agentes de la dictadura que encabezó el fallecido general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, serán procesados por su participación en la denominada Operación Colombo, mediante la cual fueron secuestrados y asesinados 119 opositores al régimen militar.

El caso se encuentra en manos del juez Víctor Montiglio, que investiga concretamente el “secuestro permanente” y la muerte, en 1975, de 42 víctimas de la Operación Colombo, y afecta en total a 98 ex agentes, entre militares en retiro, ex agentes civiles de la policía secreta y escuadrón de la muerte, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), y personal jubilado de la fuerzas aérea, la armada y carabineros.

Montiglio notificó este mismo lunes de su procesamiento a unos 30 ex agentes, entre ellos a los tres miembros de la cúpula de la Dina que ya se encuentran detenidos acusados de otras violaciones a los derechos humanos, el ex director, ex general Manuel Contreras; el brigadier en retiro Miguel Krassnoff Martchenko, y el coronel Marcelo Moren Brito.

El montaje informativo del régimen de Pinochet

La Operación Colombo consistió en un montaje informativo que preparó la dictadura para encubrir la muerte de los 119 opositores, que fueron asesinados en la conocida Operación Cóndor que coordinó las acciones de represión de las dictaduras militares del cono sur en la década de los años 70.

De esta manera, se mantuvo una campaña de prensa que daba cuenta del supuesto reagrupamiento de izquierdistas en Argentina con el objeto de cruzar la frontera y emprender la lucha armada en Chile. Así fue como se difundió en una revista argentina llamada Lea, de sólo un número, el 15 de julio de 1975, la información sobre el “asesinato de alrededor de 60 extremistas chilenos que habrían sido ultimados en los últimos meses en ese país, Colombia, Venezuela, México, Panamá y Francia por sus propios compañeros de lucha”.

Días después, en otro diario simulado que circuló por única ocasión, O´Día, de Curitibia, Brasil, publicó una lista de 59 “extremistas chilenos” que fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia argentina de Salta.

El diario oficialista chileno La Nación avaló en aquel momento estos informes para desvirtuar las denuncias que apuntaban al régimen de Pinochet en la Organización de Naciones Unidas y otros foros internacionales.

“Fue una operación yo diría especialmente siniestra, no sólo porque significó asesinatos de numerosos opositores al régimen militar, sino además acciones de encubrimiento bastante, yo diría, repugnantes”, dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien advirtió que los inculpados iniciarán una batalla legal para recuperar su libertad ante la Corte Suprema, que hasta ahora ha ratificado la mayoría de las condenas emitidas por los tribunales de primera instancia.

La vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, calificó la resolución del juez como “un paso extraordinariamente positivo en favor de la justicia”, aunque manifestó que aún “quedan muchos casos” por ser esclarecidos.

Para el abogado querellante del Ministerio del Interior, Boris Paredes, el dictamen muestra “el compromiso con los derechos humanos” del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

No obstante, el abogado de Espinoza, Jorge Balmaceda, denunció que todo el proceso se basa en una ficción jurídica, al argumentar que “los desaparecidos están muertos” y no es posible juzgar a su defendido por el delito de secuestro permanente, debido a que no están los cadáveres.

Cuando finalicen los procesamientos será la más amplia orden judicial que haya dictado la justicia en Chile por un caso de violaciones a los derechos humanos atribuidas al régimen militar de Pinochet, que dejó más de 3 mil víctimas, entre desapariciones y asesinatos de opositores.

Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 a los 91 años, por una falla cardiaca múltiple, y sin haber sido condenado por los abusos a los derechos humanos durante la dictadura ni por delitos económicos vinculados a cuentas secretas por unos 27 millones de dólares, por los que se le investigó. No obstante, fue desaforado y procesado, y permaneció bajo arresto domiciliario por este caso.

Los detenidos ingresarán a la cárcel especial de Punta Peuco y al penal Santiago 1, dijo el ministro Maldonado.

Pero “falta conocer en el fondo el destino de las personas desaparecidas, si fueron realmente eliminadas o no, cómo lo fueron y en qué circunstancias”, dijo el juez Montiglio, quien agregó que su dictamen fue el resultado de “un trabajo de 33 años del Poder Judicial”.

En este contexto, Joana Jara, viuda del cantautor chileno Víctor Jara, solicitó hoy a la Corte Suprema la reapertura del proceso que un juez cerró hace dos semanas sin ubicar al autor material del asesinato de su esposo, perpetrado por militares en septiembre de 1973.

Derechos humanos: otro retroceso
alvaro delgado

México, D.F., 26 de mayo (apro).- Así como han quedado exhibidas las mentiras del gobierno de Felipe Calderón en materia de empleo, justamente el puntal de su oferta de campaña y de sus transitorias proclamas triunfalistas --que ya dieron paso a su temperamento cada vez más irascible--, otro tema fundamental que observa un acelerado retroceso en el México actual es el de los derechos humanos, que ya ni siquiera forman parte del discurso oficial.

Se ha hecho pública ya la despedida de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no en razón de su voluntad de cambiar de domicilio, sino por presiones del gobierno de Calderón, irritado por señalamientos certeros, como los que publica en el semanario Proceso en la edición de esta semana.

Por encima del discurso, dice Amerigo, prevalece el déficit y aun la regresión en materia de derechos humanos, como la violación sistemática de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública y, añade, situaciones de abierta represión como Oaxaca, Atenco y la mina de Pasta de Conchos.

El diplomático italiano de la ONU --quien salió del país el viernes 23 de mayo, después de casi tres años de someter a escrutinio al Estado en el tema de los derechos humanos-- sólo describió lo que otros organismos nacionales e internacionales han documentado ampliamente, como lo hizo por ejemplo Human Rights Watch (HRW), en febrero, y como seguramente lo hará, esta misma semana, Amnistía Internacional en su informe internacional y sobre México.

HRW hizo montar en cólera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encabeza José Luis Soberanes, porque describió lo que es evidente: Su incompetencia, a pesar de contar con el más grande presupuesto en América Latina y de los más grandes del planeta.

“Cuando se trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones de derechos humanos en México, a través de asegurar un recurso efectivo a las víctimas y de promover reformas estructurales, la actuación de la CNDH ha sido decepcionante”, dijo el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, en la presentación del informe, que acredita que ese organismo constitucional autónomo es “pasivo” se “autolimita” y se aboca sólo a “describir el statu quo”.

Y en efecto, son numerosos los casos en los que la CNDH, que es el último eslabón en la cadena de defensa de los derechos humanos, emite recomendaciones que, al final, no sirven para nada, si acaso para exhibir la nula voluntad política de autoridades de todos los niveles en temas fundamentales.

Hay cuatro casos que son sintomáticos de la acción de la CNDH, en el mundo de violaciones sistemáticas a lo largo del territorio mexicano y todas tienen que ver con autoridades del Partido Acción nacional (PAN): La primera tiene que ver con el asesinato de la señora Ernestina Ascensión Rosario, la indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió de una anemia mal cuidada, según dictaminó Calderón y encontró en Soberanes el cómplice para encubrir a soldados que, conforme a testimonios, acometieron sexualmente contra ella y le dieron muerte.

Otro caso fue el asesinato del joven Marco Antonio Hernández Galván, asesinado a tiros, en noviembre de 2004, en la capital de Querétaro, presuntamente por Federico Ruiz Lomelín, un junior de la familia concesionaria de la Coca Cola, defendido –debajo del agua-- por Diego Fernández de Cevallos. La CNDH emitió una recomendación por la ineptitud para investigar el caso, pero el asunto sigue en la impunidad.

Hay otros dos casos que tienen que ver con la libertad de expresión, sobre los que la CNDH emitió sendas recomendaciones, y el saldo es el mismo: nada.

En efecto, el gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, presionó a una estación de radio para despedir al periodista Rodolfo Franco Ramírez, y su colega de Guanajuato, el también panista Juan Manuel Oliva, acometió contra los directores de los periódicos A.M., de León, y Arnoldo Cuellar, de Correo, de la capital.

Recientemente, y así lo informó con oportunidad el semanario Proceso, se registró un hecho ominoso que ratifica la involución de los derechos humanos en México, que se extiende a todos los ámbitos: Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, identificó como “enemiga del Estado” a Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Encolerizado, este prócer del panismo por sus supuestas habilidades jurídicas y parlamentarias, nada menos que subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, lanzó la amenaza contra la mexicana frente a los miembros de una misión internacional de observación que, el 21 de abril, se entrevistaron con él justamente para saber los avances sobre agresiones a profesionales que ejercen la libertad de expresión en México.

Castro, quien como consejero jurídico de Vicente Fox diseñó el alegato jurídico del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y después retomó la diputación para exponerlo directamente –y luego volvió a la alta burocracia--, sólo actúa como lo hacen otros miembros de la clase política nacional: en la lógica de impunidad.

Seguramente ahora que Amnistía Internacional emita su informe sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas las que cometen soldados y cuerpos policiacos en esta simulación sexenal que es el combate a una parte del narcotráfico, habrá de expresarse la irritación de un gobierno de derecha que, en efecto, tiene como doctrina la hipocresía.

 

 

■ Las compras de frijol libres de arancel serán por 100 mil toneladas

Al menos un lustro seguiremos importando maíz, dice Sagarpa

■ Se reúne Cárdenas Jiménez con ministros de agricultura de CA y el Caribe

Matilde Pérez (Enviada)

Texcoco, Méx., 26 de mayo. Por más esfuerzos productivos que se hagan, México seguirá importando maíz amarillo y blanco al menos durante los próximos cinco años, sostuvo el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, al iniciar una reunión con ministros y responsables de agricultura de 13 países de Centroamérica y el Caribe.

Al detallar algunos aspectos de las acciones para apoyar la economía de las familias, cuyo programa se dio a conocer el pasado domingo por el presidente Felipe Calderón, el titular de Sagarpa puntualizó que las importaciones de frijol libres de arancel serán por 100 mil toneladas y para los fertilizantes la institución destinará 300 millones de pesos, y que con un apalancamiento de Fira y Finrural se llegará así a 5 mil millones de pesos para la adquisición de 1.8 millones de toneladas de agroquímicos, los cuales serán distribuidos principalmente a productores con menos de 3 hectáreas.

La ayuda para que los campesinos con menor superficie productiva accedan al agroquímico consiste en darles un apoyo de 500 a 600 pesos por hectárea y en el momento en que vendan su cosecha paguen dicho monto, pero será para formar una bolsa común “con nombre y apellido para el siguiente ciclo productivo; funcionará como un fondo revolvente destinado exclusivamente a la compra de fertilizantes”, explicó.

En entrevista, durante la reunión técnica sobre seguridad alimentaria, con ministros de agricultura de Centroamérica y el Caribe, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Cárdenas Jiménez insistió en que el país no enfrenta un problema de desabasto de alimentos, sino de precios elevados, y de ahí las acciones que el pasado domingo se iniciaron en apoyo a la producción agrícola y a la economía familiar. Por eso se estudia la posibilidad de elevar el subsidio del Procampo (que actualmente asciende a 100 dólares por hectárea) y la determinación de destinar 4 mil 300 millones de pesos anuales, en lo que resta de esta administración, al programa ganadero, el cual ya se amplió a ovinos, caprinos y avicultores.

Agregó que otra de las metas es atender “el puente roto” que desde hace décadas se tiene con la ciencia y la transferencia de tecnología para el campo; a este rubro en 2008 se destinarán 300 millones de pesos, pero se invertirán en investigaciones que sean utilizadas y asimiladas por los productores, “ya no se invertirá en estudios que se queden en los anaqueles de las instituciones o que beneficien exclusivamente a sus autores”, acotó.

Antes, el director general del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Thomas A. Lumpkin, asentó que ante el aumento del precio de los alimentos es urgente cambiar la visión hacia la agricultura. “Hoy hay que afrontar los graves problemas que surgieron en décadas recientes y que no fueron atendidos por descuido a las cuestiones de seguridad alimentaria; hoy nos damos cuenta de que hay que actuar con urgencia y transformar, con una visión de largo plazo y haciendo inversiones inteligentes, la producción de alimentos.”

A los ministros de agricultura de Centroamérica y el Caribe, el director del CIMMYT los convocó a tomar decisiones estratégicas, considerando la producción de alimentos como un recurso nacional y a la agricultura como sustento para millones que viven en la pobreza.

Les pidió su ayuda para convencer a organismos patrocinadores de que financien proyectos que favorezcan la investigación en las áreas donde se concentra la pobreza extrema, y que replanteen sus relaciones con dicha institución internacional, ya que en varios países latinoamericanos –Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay– se tuvo que cerrar las oficinas por falta de presupuesto. “Consideren –dijo– brindar apoyo directo a la investigación que realizamos en aras de incrementar la producción de alimentos y la productividad agrícola en América Latina.”

Finalmente insistió en que ante las cambiantes circunstancias económicas y climáticas, los agricultores necesitan apoyo técnico y sugirió el uso de tecnologías avanzadas, como cultivos genéticamente modificados y la promoción de un comercio justo.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:34
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