Martes, 27 de mayo de 2008

Reanudan movilizaciones maestros de Oaxaca
pedro matías

* Por segunda ocasión bloquean aeropuerto y oficinas de gobierno

* Cumple ocho días el plantón magisterial en el zócalo de la ciudad


Oaxaca, Oax., 26 de mayo (apro).- Maestros de la sección 22 del SNTE reanudaron este día la jornada de movilizaciones que comenzaron hace una semana, en demanda de retabulación por zona cara, liberación de presos y emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia local.

Este lunes, los profesores bloquearon por segunda ocasión los accesos al aeropuerto internacional, el centro comercial Plaza del Valle y la Ciudad Administrativa, un conjunto de edificios que concentra las principales oficinas del gobierno estatal.

El secretario de Organización del gremio, Ezequiel Rosales Carreño, informó que afiliados a la sección 22 tomaron la caseta de cobro de la autopista México-Oaxaca y otro contingente de maestros sumó ocho días en plantón en el zócalo de la ciudad.

Por su parte, el arzobispo José Luis Chávez Botello instó a los maestros a levantar el plantón y emplear nuevas formas de manifestarse para exigir el cumplimiento de sus demandas.

También reprobó los convenios transitorios que año con año firman autoridades y profesores, pues argumentó que éstos no resuelven las causas de fondo. Sostuvo que, por el contrario, retardan la solución del conflicto magisterial que ha dañado gravemente la vida y el trabajo de cientos de familias.

Según el plan de acción magisterial, de las ocho de la mañana a las tres de la tarde unos 12 mil maestros de la región de la Costa retuvieron ocho camiones recolectores de basura para bloquear el acceso al aeropuerto de Oaxaca

Y otro contingente impidió la apertura de instituciones bancarias y comercios establecidos en Plaza del Valle.

Así mismo, unos 5 mil burócratas suspendieron labores una vez que se consumó el bloqueo a la Ciudad Administrativa, en que ubican las oficinas del gobernador Ulises Ruiz y las secretarías general de Gobierno, de Economía, de Administración, Técnica y Asuntos Indígenas, así como las coordinaciones de Planeación para el Desarrollo, Comunicación Social y de Delegaciones de Gobierno.

Finalmente, los maestros tomaron la caseta de cobro de Huitzo, en que dieron paso libre a los conductores en la autopista Oaxaca-México.

Los maestros solicitan la resolución de sus demandas políticas, sociales, educativas y sindicales para levantar su plantón, sin embargo, la demanda central es la emisión de la convocatoria para el cambio de la dirigencia de la sección 22.

 

 

 

El nuevo incendio oaxaqueño

Luis Hernández Navarro

No da la cara, pero su mano está metida hasta el fondo. No aparece públicamente, pero hace sentir su presencia. En silencio, Elba Esther Gordillo mueve sus piezas y apuesta por incendiar Oaxaca.

Decenas de miles de educadores oaxaqueños suspendieron labores desde el 19 de marzo, e instalaron un plantón rotativo en el zócalo de la capital del estado y las calles aledañas. Han programado un plantón de 21 días, con la participación rotativa de profesores de cada una de las siete regiones en las que se divide el estado.

Desde esa fecha han efectuado marchas masivas, tomado casetas de pago de autopistas federales, dejando pasar libremente a los automovilistas, y bloqueado la entrada a edificios públicos. Amenazan impedir la celebración de la Guelaguetza.

Sergio Bello Guerra, directivo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, asegura que la hostelería ha tenido pérdidas de un millón de pesos diarios. La asistencia a los restaurantes del centro de la capital ha disminuido 40 por ciento.

Los profesores demandan centralmente que se emita la convocatoria para el relevo de su sección gremial, la 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Exigen que las escuelas en poder de la sección 59 sean liberadas. Piden que cuatro de sus compañeros que son presos políticos salgan de la cárcel, y que se cancelen las órdenes de aprehensión contra muchos otros colegas suyos. Reivindican que se amplíen y mejoren los planteles educativos y que se eche a andar la segunda etapa de rezonificación salarial, acordada el 28 de octubre de 2006.

Las protestas forman parte de la Jornada Nacional de Lucha de la CNTE. Michoacán se encuentra en paro indefinido desde el 19 de mayo. El 29 se efectuará en la ciudad de México una marcha para consolidar un frente común contra el charrismo sindical.

El actual comité ejecutivo en funciones de la sección 22 fue elegido en mayo de 2004. Su duración estatutaria es de tres años. Esto significa que debió ser cambiado hace un año. Desde hace 12 meses se encuentra acéfalo, porque Enrique Rueda Pacheco, su secretario general, renunció ante las críticas y presiones de la base.

Para poder cambiar a sus representantes sindicales, los maestros necesitan hacer un congreso. Pero su convocatoria sólo puede ser autorizada por la dirección nacional del sindicato. Y Elba Esther Gordillo se niega a hacerlo, a pesar de que no tiene argumento legal alguno. Simple y llanamente apuesta a que los mentores oaxaqueños se desesperen y dividan para imponerles una dirección sindical a modo.

Simultáneamente, y de manera ilegal, ha cobijado la formación de una sección sindical alterna, la número 59. A ella pertenece un pequeño número de maestros disidentes.

La sección 59 surgió en oposición al comité ejecutivo dirigido por Enrique Rueda Pacheco y un bloque de siete corrientes sindicales que lo apoyaron. Las tendencias agrupadas en el Frente Sindical Primero de Mayo, la Coordinadora Magisterial Oaxaqueña y el Colectivo por la Educación y la Democracia, en las que participaron dos ex secretarios generales (Alejandro Leal y Humberto Alcalá Betanzos), acusaron a Rueda Pacheco de corrupción y formaron el Consejo Central de Lucha y, más tarde la sección 59 del SNTE.

En un primer momento, en la organización de la disidencia desempeñó un papel central Jorge Franco Vargas, en aquel momento secretario de Gobierno de Ulises Ruiz. Franco ha sido señalado, también, como responsable de los paramilitares que asesinaron a varios integrantes de la APPO, y de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Ulises Ruiz quiso de esta manera dividir y debilitar al sindicato magisterial, a tal punto, que no le importó aliarse en esta empresa con su archirrival: Elba Esther Gordillo. La maestra no tuvo empacho alguno en apapachar a la disidencia y atraerla a su seno, al punto de tomar el control sobre ella.

La situación es anómala. No hay ningún estado de la República en el que el SNTE tenga dos secciones nacidas de la escisión de una. Hay, sí, entidades donde coexisten dos secciones, pero ello proviene de que una de ellas agrupa a los maestros provenientes del sistema educativo federal y la otra a los profesores al servicio del sistema educativo estatal. Las otras dos excepciones son La Laguna y el Distrito Federal, donde, en el segundo caso, las secciones sindicales representan a los trabajadores de la educación dependiendo del nivel educativo en el que se desempeñan.

Pasada la parte más álgida del conflicto entre la APPO y el gobierno estatal, Ulises Ruiz dejó de requerir los servicios de la sección 59. Más aún, vio en ella, con toda razón, un instrumento de Elba Esther dentro de Oaxaca. Pero la maestra no está dispuesta a deshacerse de la pequeña cabeza de playa que tiene en el estado y, lejos de desaparecerla, la infló. Los conflictos entre los pequeños núcleos de afiliados a la sección 59 y los maestros de la sección 22 se hicieron frecuentes.

No siempre fue así. Recién nombrada secretaria general del SNTE, el 12 de mayo de 1989, la maestra asistió a una asamblea de los profesores oaxaqueños. Allí les dijo: “Mi respeto, mi reconocimiento a la combatividad del magisterio de Oaxaca... Como ustedes pienso que ¡duro contra la injusticia!, ¡duro contra la antidemocracia!” Muy pronto se le olvidaron sus palabras.

El conflicto oaxaqueño sería fácil de resolver si se convocara a celebrar el congreso de la sección 22 y se hiciera a un lado a la ilegal sección 59. Pero Elba Esther Gordillo no quiere hacerlo. Fortalecida a raíz de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, y con un canal de interlocución directo con Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, que le evita el trato con Josefina Vázquez Mota, la amiga de Felipe Calderón va a apostar todo para tratar de recuperar el control sobre el magisterio estatal. Si en su aventura Oaxaca arde, pues peor para el estado.

 

 

Corrupción en el Poder Judicial
Citlalli López

Padres de Iván Ortega Bravo, víctima del ex policía ministerial Jaime Ruiz Bartolo “El matón de Murguía” ex escolta del propietario del periódico Noticias de Oaxaca, denunciaron corrupción al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), luego de que los magistrados de la primera sala de lo penal reclasificaran “con argumentos legaloides”, la condena de “El matón de Murguía” de 32 años 6 meses a 15 años.
La reclasificación la otorgó el mismo magistrado de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mario Vargas García, quien ordenó la excarcelación del ex policía ministerial y ex edil de San Agustín Loxicha, Lucio Esteban Vázquez Ramírez.
Francisco Javier Ortega Martínez y María Ester Bravo Arango, padres de la víctima, señalaron en conferencia de prensa que los magistrados de la primera sala están actuando de manera ilegal por proteger a los dos ex policías ministeriales.
En la reclasificación con número 28/2008 los magistrados Mario Vargas García, Juan Jesús Vásquez Urdiales y Alejandro Enrique Pineda cambiaron de homicidio calificado con agravante de ventaja a homicidio simple.
Por ello los agraviados interpusieron un amparo para que así el caso sea conocido por la federación, pues señalaron que no existe confianza en el tribunal estatal.
De acuerdo con el abogado que lleva el caso, Gerardo Martínez Ortega, existe la sospecha de que “hay línea para favorecer a Jaime Ruiz”, ya que los argumentos usados para disminuir la condena “son muy ambiguos”.
Recordó que, cuando el juzgado 5to de lo penal sentenció al ex policía ministerial a 32 años 6 meses de cárcel, se consideraron que existieron todas las agravantes a la ley como son ventaja, premeditación y alevosía.
Luego de la sentencia, el inculpado apeló la condena y se retomó en la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) la cual determinó que el policía ministerial no estaba conciente de su superioridad ante las víctimas porque iba borracho, lo que permitió eliminar las agravantes y finalmente el crimen fuera recalificado a homicidio simple con agravante de ventaja.
“Son conceptos legaloides y eso da margen para maniobrar las cosas y cambiar el sentido de la sentencia”, señaló el abogado. “En Oaxaca no hay justicia”, agregó María Ester Arango
Además de haber disminuido a 15 años la condena, Ruiz Bartolo podría salir libre en cuatro años más con los beneficios que da la ley.
“Lo que queremos es que no haya impunidad e injusticia y que no se repitan hechos como en el caso del ex presidente de Loxicha quien también se desempeñaba como policía ministerial”, indicó el abogado.
En ese caso, el mismo magistrado lo exoneró de la sentencia de 40 años a la que había sido condenado; pero ocho días después volvió a caer en la cárcel por robo.
De acuerdo con la averiguación previa 620/CH/2003, la noche del crimen cometido la noche del 22 de mayo de 2003, Ruiz Bartolo había ingerido bebidas embriagantes.
Al circular por la calle de Murguía a bordo de una motocicleta V16, modelo 2001, marca Yamaha YBR, color gris, con placas de circulación N996D, Ruiz Bartolo tuvo un altercado vial con Iván Francisco quien viajaba a bordo de la camioneta Chevrolet tipo Blazer, color verde azul, placas THW-3424.
Luego de que presuntamente se hicieron de palabras, Ruiz Bartolo, le cerró el paso y le disparó a la cabeza con su arma de cargo 9 milímetros, provocando la muerte de manera instantánea.
Ruiz Bartolo, originario de Cuilapan de Guerrero, sin asistir a cursos de capacitación en la Academia de Policía, llegó a ser elemento de la PME, con placa 847.

La víctima se desempeñaba como empleado de la Coordinación de Servicios de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno. Luego de los hechos el ex policía ministerial quedó prófugo por más de un año y medio. Durante todo ese tiempo el Matón de Murguía fue buscado por el FBI y la Interpol.

La impunidad de que ha gozado el criminal incluso provocó que los familiares de Francisco Iván abandonaran su reclamo de justicia ante la Procuraduría, después de que en un principio no se les hicieran caso para investigar el paradero del criminal, que fue encontrado por los parientes de la víctima.

 

 

¿Sabe o no sabe?


El Duende Preguntón
27 de mayo de 2008

 

 

¿Faltan pruebas o falta otra cosa?

Un año se cumplió el domingo pasado, pajarracos, de la desaparición forzada de dos dirigentes del autonombrado Ejército Popular Revolucionario. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron vistos por última vez el 25 de mayo del 2007 en un hotel de la ciudad de Oaxaca.

Versiones confirmadas por las averiguaciones de la PGR dicen que fue en ese lugar donde los detuvieron agentes de la Policía Ministerial de Oaxaca, por órdenes del gobierno de Ulises Ruiz. Nunca más se volvió a saber de ellos.

Hace unos meses, cuando estallaron los bombazos del EPR en instalaciones estratégicas de Pemex en Tlaxcala, Puebla y Veracruz, el 11 de septiembre pasado, la demanda de que regresaran con vida a esos dos desaparecidos apareció detrás de esos atentados que han sido los más costosos, en términos económicos, en la historia reciente del país. Por esas fechas, pajaritos, me enteré que el gobierno le mandó un mensaje a los guerrilleros del EPR a través de congresistas del PRD con los que tienen contacto: paren los atentados y nosotros investigamos dónde están sus compañeros.

De entonces a la fecha han pasado casi ocho meses y de la investigación del gobierno, a cargo de la PGR, sólo se han sabido filtraciones y datos aislados. Todos apuntan a Oaxaca y señalan al gobernador Ruiz y a su ex secretario de Gobierno Jorge Franco como los autores intelectuales de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Pero en la Procuraduría afirman que si no han actuado contra estos personajes es “porque no se tienen todos los elementos para proceder”.

¿A qué creen ustedes que se refieran con eso de “todos los elementos”? ¿Será en verdad un asunto de falta de pruebas o más bien falta de güe…nas razones para atreverse a actuar contra el polémico Ulises?

En el gobierno federal estaban preocupados porque la fecha del primer aniversario de esas desapariciones no fuera a ser utilizada como pretexto por el EPR para hacer explotar nuevamente bombas en actos de sabotaje o acciones de terrorismo.

Pasó el domingo, y como dirían los antiguos gritones por las calles, ¡un año y todo sereno!, lo que nos hace pensar que algún tipo de pacto o de tregua logró el gobierno con los eperristas, que de otra manera no se entiende que se hubieran quedado tan tranquilos en la fecha de algo que ya habían utilizado en dos ocasiones como reivindicación de sus ataques con explosivos.

Pero yo sigo de preguntón, al fin que ese es mi nombre: ¿a cambio de qué el EPR aceptó la tregua?, ¿saben los del autonombrado “Ejército” algo que no sabemos el resto de los mexicanos sobre el desenlace que tendrá el caso de sus dos militantes desaparecidos? Si aceptaron quedarse tan tranquilitos y esperar a que el gobierno informe qué pasó con sus dos compañeros, es porque algo les prometieron al respecto.

A menos que algo haya de cierto en la versión que también manejan en el gobierno de que los desaparecidos, que eran cabecillas del grupo, en realidad no hayan sido capturados y eliminados por alguna fuerza policiaca o militar del Estado, incluidos los represores policías de Ulises Ruiz, y que su desaparición haya sido parte de una purga interna en el EPR, por las diferencias entre el líder principal de ese grupo, Tiburcio Cruz Sánchez, y su hermano Gabriel Alberto.

Esa hipótesis nunca la han descartado en el PGR, pero tampoco se ve que tengan elementos para sostenerla; de lo contrario ya hubieran exhibido pruebas que liberaran de responsabilidad a cuerpos oficiales.

Yo más bien, como dice la Mafufa, me inclino por la idea de que el gobierno de Calderón no ha tomado la decisión política de actuar en contra del gobierno de Ulises Ruiz, porque sabe las consecuencias que eso puede tener con el PRI, su principal aliado para sacar la reforma petrolera, que en estos momentos se discute en el Congreso. Y eso que dicen que buena parte del priísmo ya se deslindó del polémico Ulises y le dijo al Presidente que si hay pruebas contundentes, no impedirá que actúen contra el gobernador surgido de sus filas.

¿Qué esperará Calderón para terminar de aclarar el caso de los desaparecidos del EPR, otro bombazo?

 


Publicado por solaripa69 @ 9:38
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