Jueves, 29 de mayo de 2008

El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI

■ Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma

■ Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño

Emir Olivares Alonso

Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”.

Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.

En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.

“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.

Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.

El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.

En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.

“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.

Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.

Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.

En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.

Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.

Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

Con información de Fabiola Martínez

Reprobado
josé gil olmos

México, D.F., 28 de mayo (apro).- El gobierno de Felipe Calderón ha sido puesto en el banquillo de los acusados por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. No hay una sola que le dé su aprobación. Al contrario, critican su falta de política en la materia y su desinterés porque se aplique la justicia, principalmente contra los militares que han incurrido en abusos contra la ciudadanía en su función de persecutores de la delincuencia organizada.

La comparación que se está haciendo del gobierno de Calderón no es nada agradable, pues se asemeja a las peores administraciones que tuvo el PRI, en las cuales la constante era la tortura, la violación a las garantías individuales, casos de desapariciones forzadas, la persecución por cuestiones políticas y la esquizofrenia de defender los derechos humanos en los foros internacionales, mientras que a nivel nacional es todo lo contrario.

A principios de año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos puso el dedo en la llaga al criticar la utilización de tropas militares para la persecución de los narcotraficantes. Louis Arbour, titular de ésta representación de las Naciones Unidas, consideró “inapropiado” darle esta función policiaca al Ejército y alertó del peligro para la población civil de abusos de los militares.

La muerte de civiles en los retenes militares de Sinaloa y Tamaulipas, así como los casos de violaciones a mujeres en Michoacán por soldados en un operativo contra el narcotráfico, dieron la razón a los representantes de
la ONU.

Pero, en lugar de corregir, el gobierno de Calderón y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, criticaron y presionaron para que Amerigo Incalcaterra, representante en México de dicha oficina de las Naciones Unidas, saliera del país.

Este hecho, jamás desmentido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, deja un antecedente muy preocupante para el gobierno mexicano, pues confirma la insensibilidad y la intolerancia de Calderón para con el tema de los derechos humanos.

Amnistía Internacional, por su parte, en su Informe Anual 2008 recriminó al gobierno de Calderón su indolencia para detener la práctica de la tortura, la corrupción, la impunidad, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en México y, aún más, el regreso de delitos considerados de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, como es el caso de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La respuesta del gobierno calderonista ahora fue descalificar las observaciones de la agrupación internacional, con sede en Londres. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño dijo que en México no hay “desaparecidos políticos” y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora puso en duda la veracidad de las observaciones hechas por Amnistía Internacional.

Human Rights Watch también ha hecho observaciones muy críticas sobre la situación de los derechos humanos en México, pero sobre todo a la actuación limitada y “decepcionante” de la CNDH que no ha ejercido todo su peso ni sus facultades para mejorar las condiciones.

Los juicios que a nivel internacional se han hecho a Felipe Calderón en materia de derechos humanos, no se habían formulado a los últimos presidentes.

Las organizaciones mexicanas de derechos humanos, como el Centro Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) advierten que esta deficiencia del gobierno federal se debe a la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos y la polarización social que provocó en su campaña electoral, en que utilizó la llamada “guerra sucia” de spots

Explican que, ante esta deficiencia, Calderón echó mano del Ejército para ganar legitimidad y, al mismo tiempo, combatir el narcotráfico. Pero que ante los nulos resultados obtenidos ha salido contraproducente el ejercicio de la fuerza militar, porque ni ha conseguido el reconocimiento social, ni tampoco ha logrado abatir al crimen organizado.

De ahí una de las causas de la grave crisis por la que atraviesan los derechos humanos en el país. Pero también está la ausencia de una política clara en la materia y el desinterés por aplicar la justicia en los casos en que soldados y policías han cometido graves faltas contra la población.

Por la actitud que ha mostrado el gobierno calderonista ante las críticas de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, es previsible que no veamos cambios en las políticas oficiales ni en la forma en que las autoridades vienen desempeñándose.

La intolerancia y la soberbia del gobierno de Calderón quedarán así demostradas. Mientras tanto, no se descarta que se sigan presentando casos de impunidad, tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de parte de policías, soldados y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

 

Exige la Permanente a Carstens informe detallado sobre excedentes petroleros

■ Existen más de $56 mil millones, pero desconocemos cómo se administran: Pablo Gómez

■ Aprueba punto de acuerdo

■ También solicitan reporte sobre el destino de las erogaciones

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Ante una propuesta del PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, que remita a la brevedad a ese órgano legislativo un informe detallado sobre el total de recursos petroleros excedentes generados en el país a partir de 2000 y el destino que se ha dado a esos ingresos millonarios.

El senador perredista Pablo Gómez argumentó en favor del punto de acuerdo, porque, dijo, “es hora de que el Congreso conozca todo sobre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, creado a partir de 1999, ya que tiene informes de que contiene más de 56 mil millones de pesos, pero no se cuenta con un informe completo de su administración”.

El debate se dio en el contexto de la información difundida tanto por Hacienda como por Petróleos Mexicanos (Pemex) acerca de que no existen excedentes petroleros, porque la tercera parte se destinó al pago del subsidio a la gasolina.

“La danza de las cifras”

En la sesión, Gómez Álvarez se enfrascó en una discusión con el panista Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, sobre “la danza de las cifras”, ya que el perredista puso en duda la afirmación de que el subsidio a la gasolina es de 200 mil millones de pesos.

Preguntó: ¿cómo es que le subieron 50 mil millones de pesos a ese subsidio, que hasta hace poco el propio gobierno federal ubicó en 150 mil millones?, y acusó a los panistas de quererle “dorar la píldora”. Madero respondió que eran 200 mil millones, aunque luego rectificó.

Sostuvo que cada día se importan más de 400 mil barriles de gasolina, con un costo de 110 mil millones de pesos al año. A esto, agregó, hay que sumarle “el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) del costo de la extracción del petróleo en México contra lo que se vende y ahí se llega a los 150 mil millones de pesos en subsidio y déficit que tenemos en el tema de las gasolinas”.

Después Gómez Álvarez propuso el punto de acuerdo que fue aprobado por todas las fuerzas políticas, para solicitar al secretario de Hacienda que, a la brevedad, remita a la Comisión Permanente “un informe detallado respecto de los ingresos y egresos” del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros desde su conformación, para el ejercicio fiscal de 2000, hasta la fecha.

Se pide a Carstens que especifique el destino que han recibido las erogaciones con cargo a ese fondo, particularmente las relativas a la compra de coberturas financieras. Se trata de “dineros del pueblo”, por lo que el Congreso debe enterarse cómo se han administrado.

Ayer la Comisión Permanente recibió un informe de Pemex sobre sus “ingresos netos” durante el periodo enero-abril, en el que precisa que la paraestatal recibió 50 mil millones de pesos menos de lo programado debido al incremento en la importación de combustibles y el pago de derechos.

Madero detalló que, de acuerdo con ese informe, Pemex debía recibir en los primeros cuatro meses del año ganancias por 77 mil 888 millones de pesos, pero sólo obtuvo 27 mil 366 millones. Aseguró que eso no significa que la paraestatal tenga pérdidas, ya que sí recibió recursos adicionales.

Hubo un aumento en el pago de derechos, reconoció, toda vez que la contribución fiscal de Pemex al gobierno federal se elevó de 250 mil millones de pesos a 385 mil millones, debido a que el barril de petróleo se vendió por arriba de los 49 dólares estimados en el presupuesto.

El informe de Pemex fue turnado a la comisiones de Hacienda y Energía del Senado y la Cámara de Diputados. De acuerdo con Madero, ese documento revela “que la reforma energética es impostergable, a fin de parar las importaciones de gasolina”.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:02
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