Jueves, 29 de mayo de 2008

Oaxaca: Mantienen maestros por tercer día consecutivo los bloqueos.
pedro matías

Oaxaca, Oax., 28 de mayo (apro).- Mientras que representantes de la “Comisión negociadora ampliada” de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, viajaron a la ciudad de México para reunirse con una delegación del Comité Ejecutivo del SNTE, en Oaxaca, por tercer día consecutivo, los maestros bloquearon centros comerciales, instituciones bancarias y oficinas gubernamentales.

Ahora, los maestros bloquearon Plaza Oaxaca.

Con ello, resultaron afectados cerca de 120 comercios de las plazas del Valle y Oaxaca, cuyos dueños afirmaron que no tienen que ver nada con las demandas magisteriales, por lo que no deberían resultar afectados.

Sin embargo, los comerciantes de Plaza del Valle se enfrentaron verbalmente con maestros de la Sección 22, quienes los obligaron a cerrar sus negocios, debido a que los profesores llegaron alrededor de las 11 de mañana.

Los maestros reclaman la emisión de la convocatoria para el relevo de la dirigencia de la Sección 22; la libertad de los presos políticos; la cancelación de las órdenes de aprehensión y de los procesos jurídicos iniciados en contra de los maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); la segunda parte de la rezonificiación, además de desayunos, becas y calzado para escolares.

Además, los maestros bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa, donde impidieron que laboraran cinco mil burócratas, y tomaron la caseta de cobro de Huitzo para dar paso libre a los automovilistas que transitaban por la supercarretera Oaxaca-México.

 

Medina descarta al Ejército en las desapariciones

Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habló ayer de los avances sobre la desaparición de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Ya se descartó por completo, dijo, la hipótesis que apuntaba al Ejército mexicano como probable responsable de esas desapariciones, y sin querer entrar en más detalles, sólo indicó que “es un hecho que todo aconteció en ese estado (Oaxaca)”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario aseguró que la PGR aún no tiene certeza sobre si ambos eperristas están vivos o muertos.

–¿Hacia dónde apunta la investigación que lleva la PGR sobre esas dos desapariciones?

–No tenemos aún una determinación concluyente que nos explique el asunto. Sí podemos afirmar que hemos ya descartado muchas de las hipótesis que se manejaron inicialmente.

–¿Está descartado el Ejército?

–Absolutamente, está descartado; no tenemos ningún indicio, ningún indicador de participación de alguna institución federal.

Improvisación en la procuración de Justicia
Citlalli López

[03:14] El sistema de procuración de justicia del estado enfrenta serios problemas ocasionados por la falta de profesionalización, la burocracia y el régimen de usos y costumbres que son usados a conveniencia.
Así lo señaló la jefa académica del Colegio Libre de Estudios Universitarios CLEU), Edith Reffreger Ramos, quien señaló que la falta de peritos capacitados al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha ocasionado una pésima aplicación de la justicia.
La falta de preparación académica deriva en una mala integración de averiguaciones previas, lo que permite lagunas legales y que se deje en libertad a delincuentes. “Por un solo elemento puede echarse abajo un caso”, enfatizó.
La también perito y jurista egresada de la Barra Nacional de Abogados, aseguró que ninguno de los peritos en Oaxaca tiene una especialidad, ya que se hicieron en la práctica. De ahí que los peritos en el estado “sean peritos en todo y especialistas en nada”.
Reffreger Ramos, quien se desempeñó como perito en el Distrito Federal durante 8 años, indicó que en Oaxaca una misma persona hace los peritajes en dactiloscopía, balística, grafoscopía y en todo lo que se requiera, lo cual no da una certeza de sus investigaciones. “La falta de profesionalización ocasiona que no haya una buena integración de averiguación previa”, manifestó.
Por otro lado los peritos no se interesan en tener la formación académica y son pocos los que se actualizan.
Y es que hasta hace algunos años no existía la carrera para profesionalizar a los que se encargan de auxiliar al Ministerio Público y reunir las pruebas para integrar una averiguación previa con elementos sólidos y garantizar que un delincuente pague por el delito cometido.
Si el Ministerio Público no aporta elementos suficientes, el juez puede determinar inocencia, aún en caso de culpabilidad.
La también abogada indicó que la procuración de justicia en el estado es muy burocrática, pues incluso para sacar unas copias certificadas se tiene que notificar, “cuando son trámites que podrían agilizarse”.
A su juicio la justicia no es expedita “porque la carga de trabajo no lo requiere, aunque sí es una demanda ciudadana”.
Recalcó que faltan peritos especializados en la Procuraduría estatal.
Agregó que los sistemas de usos y costumbres son un freno para el sistema judicial porque los ciudadanos, al cometer un delito, se amparan en el sistema de usos y costumbres y se les permiten muchas violaciones a otras leyes; en este sentido la administración de la justicia se da a criterio del juez.
Insistió que la falta de profesionalización ocasiona que no haya una buena integración de averiguación previa”. Los peritos no se interesan en tener la formación académica y son pocos los que se actualizan, concluyó la especialista.

Flavio Sosa entregó a magistrados “pruebas” de la represión en Oaxaca

■ Durante dos horas rindió su testimonio como víctima de los hechos

Alfredo Méndez

La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga si hubo violaciones a los derechos humanos en el conflicto de 2006 en Oaxaca posee información certificada que documenta que autoridades federales, estatales y municipales afectaron las garantías de cientos de personas de esa entidad, informaron ayer integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)

Flavio Sosa y César Mateos, quienes durante dos horas dieron sus testimonios como víctimas de esos hechos ante los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, indicaron que los juzgadores cuentan con pruebas que supuestamente comprueban actos de tortura, violación a los derechos humanos y al debido proceso de quienes –como le ocurrió a Sosa– pasaron varios meses en prisión sin que se les pudiera comprobar responsabilidad penal alguna.

A su vez, la diputada federal Aleida Alavez, quien acompañó a Sosa y Mateos en su encuentro, reveló que a más tardar en septiembre próximo los magistrados emitirán un informe sobre la investigación del caso.

Al referirse al conflicto magisterial y social que inició en Oaxaca en 2006 por diferencias con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y que a la fecha continúa vigente, la legisladora perredista indicó que los magistrados deben abrir su espectro de investigación para que no queden impunes las autoridades que resulten responsables de esos hechos.

“Nosotros pedimos que toda esta información quede bien documentada, certificada, que haya de parte de la SCJN y de los magistrados que llevan la investigación esta solicitud a las autoridades para saber quién habilitó las órdenes para esta represión en Oaxaca; para que llegara la Marina, la Policía Federal Preventiva (PFP); para que se diera el traslado de los compañeros a penales de alta seguridad, cuando sus presuntos delitos son del fuero común, y para dar con los responsables de la violación constante de garantías de los presos, porque no se les hizo valer el debido proceso”, agregó la diputada.

Flavio Sosa reveló que durante la entrevista con los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar les entregó diversos expedientes “mediante los cuales pruebo que durante más de un año y medio estuve preso injustamente y se violaron mis garantías individuales y constitucionales, así como la de muchos oaxaqueños”.

Añadió que también presentó “una reseña general de cómo se desarrollo el movimiento de 2006 y 2007 en Oaxaca; documenté lo que considero que son las violaciones de casos individuales por tortura de decenas de compañeros y asesinatos de otros más; reseñé también las violaciones de la PFP; la complicidad de la clase política a escala nacional con el poder en Oaxaca, y les dije cómo el gobierno del estado ha usado los dineros para reprimir y contener un movimiento social en el cual se expresaron cerca de millón y medio de personas”.

Finalmente, César Mateos, de la comisión de prensa de la APPO, refirió que él fue reprimido severamente por agentes federales durante el conflicto de 2006, y refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le “practicó” el Protocolo de Estambul, en el que “se demostró que fue sometido a actos de tortura”.

La comisión especial para el caso Oaxaca tiene cómo limite el próximo mes de septiembre para ofrecer un resultado de la indagatoria prevista.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:05
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