Viernes, 30 de mayo de 2008

Habrá consulta sobre Pemex en el DF; pide Ebrard rechazar plan calderonista.

Godoy se opone a la propuesta de gobernadores priístas de crear empresas mixtas

■ El funcionario capitalino solicitará al Congreso y mandatarios estatales que hagan lo mismo

Andrea Becerril y Víctor Ballinas


Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el foro de debate celebrado ayer en la Cámara de SenadoresMarcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el foro de debate celebrado ayer en la Cámara de Senadores Foto: Marco Peláez

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, anunció que el próximo 27 de julio se llevará a cabo una consulta popular en la ciudad de México con el propósito de que los ciudadanos de la capital del país decidan si están de acuerdo con la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se propone en las seis iniciativas de Felipe Calderón.

Al participar en el foro denominado Importancia del sector energético en el desarrollo nacional y regional, propuso que la consulta sea nacional y pidió desechar la reforma de Calderón. “Es una grave deshonestidad”, resaltó, querer rebasar la Constitución mediante leyes secundarias.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, también calificó de inconstitucionales las iniciativas de Calderón y se manifestó en contra de la creación de empresas mixtas con las que se pretende que los gobiernos estatales participen, junto con Pemex, en la refinación de petróleo y en la explotación de pozos abandonados, como plantearon en el mismo foro mandatarios locales de PRI y PAN.

Excedentes contra Carta Magna

Ebrard recalcó, de entrada, que la discusión no es sobre cómo se van a distribuir los recursos provenientes de los excedentes petroleros a los estados, sino lo que se pretende hacer con el artículo 27 constitucional.

El jefe de Gobierno recalcó que mediante subterfugios y con la modificación a la ley reglamentaria, en las iniciativas de Calderón se plantea sustituir el dominio exclusivo de la nación sobre los recursos petroleros para dejar en manos de particulares la refinación del petróleo, su distribución y almacenamiento.

Agregó que para justificar esa acción se presenta un diagnóstico “terrible” de Pemex, pero nada se dice de que la situación por la que atraviesa la paraestatal se debe a los últimos ocho años de administraciones panistas, que han encabezado la peor gestión de la empresa en toda su historia.

A su juicio, lo que primero tendría que hacerse es exigir cuentas a esos gobiernos que de 2000 a la fecha lograron que Pemex pasara de ser la quinta empresa petrolera más importante del mundo a la número 14, después de aplicar una política basada en incrementar la producción sin buscar más reservas.

“En los años de los precios más altos en la historia del petróleo, nunca México había tenido tantos recursos y nunca se había manejado tan mal Pemex.”

Ebrard explicó que nadie plantea que Pemex se quede como está, ya que requiere de cambios urgentes, pero ninguno de ellos tiene que ver con privatizar la empresa. También se refirió a la campaña mediática “que nos dice que para ir por el tesorito hay que permitir que lo hagan otros, porque nosotros no podemos”. Ese argumento, agregó, es insostenible, y expuso que es el mismo que se manejó después de la expropiación petrolera, cuando se aseguró que no había capacidad para desarrollar la industria y había que recurrir a empresas extranjeras.

Aludió a la privatización de la banca y a las ideas que se usaron para decir que México no podía con el sistema bancario, y preguntó: “¿Cuál es el resultado hoy? Que el sistema de pagos está en manos extranjeras y que estemos pagando 280 mil millones de pesos por intereses que no deberíamos erogar para el pago a las instituciones financieras y crediticias”.

Después anunció que el próximo 27 de julio se llevará a cabo una consulta popular en la ciudad de México; señaló que invitará al Instituto Electoral del Distrito Federal para que la conduzca y que propondrá al Congreso de la Unión y a los gobernadores que hagan lo mismo en sus respectivas entidades, con la finalidad de que todos los mexicanos puedan dar su opinión sobre una decisión “de la envergadura” de que la que debe tomarse en relación con Pemex.

Insistió en que no hay ningún argumento para eludir una consulta pública, salvo que se tenga el temor de que la mayoría de la población no esté de acuerdo con lo que se está planteando.

Ebrard insistió en que la situación actual de Pemex se puede corregir, “pero no tratando de cambiar el artículo 27 constitucional por la puerta de atrás”.

Si quieren discutir el 27, indicó, “hagámoslo de frente, hagamos un debate nacional sobre eso y si hay argumentos que se presenten, pero intentarlo con una ley secundaria es una grave deshonestidad”.

Por su parte, el también perredista y gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, se pronunció en contra de las iniciativas que presentó Calderón y de la propuesta que en voz de Fidel Herrera enarbolan gobernadores de PRI y PAN para participar en la privatización mediante alianzas estratégicas con Pemex, que permitan a los gobiernos de los estados refinar petróleo o explotar pozos petroleros.

“Como gobernadores debemos dejar en claro que a nadie conviene aprobar normas que contravengan principios constitucionales. Los gobiernos estatales somos garantes del pacto federal y de la soberanía nacional, por lo que reafirmamos que la defensa de la soberanía empieza por la defensa de sus recursos naturales.”

Godoy destacó que el gobierno federal ha utilizado los ingresos excedentes derivados del alto precio del petróleo en el mercado internacional para subsanar sus deficiencias de planeación y administración presupuestal, para realizar pagos de gasto corriente, intereses mal calculados y compromisos derivados del salvamento financiero.

No obstante, reconoció que el esquema de asignación de excedentes petroleros ha sido benéfico para los estados, aunque lo sería más si el reparto se diera con reglas claras y no con decisiones discrecionales.

EPR a Mouriño: Sí hay desaparecidos y presos políticos.


isaín mandujano

* El gobierno apuesta “al desgaste y olvido”, acusa

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 29 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reviró hoy al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño: el grupo rebelde aseguró que en México si hay presos y desaparecidos políticos, lo que no existe, dijo, es voluntad política del gobierno, que “le apuesta al desgaste y al olvido”.

En el editorial de su órgano de difusión, El Insurgente 106, el EPR denuncó que, a un año de la detención y desaparición de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz insisten en negar su responsabilidad, “con la pretensión de mantener a toda costa la impunidad en estos crímenes de lesa humanidad”.

En esta edición, en que compiló sus más recientes comunicados, el EPR indicó que “ante este crimen, la respuesta del gobierno de Calderón ha sido dilatoria, producto de su nula voluntad política para encarar la magnitud de ese delito, pretendiendo se diluya con el paso del tiempo y, con argucias legaloides, apostar al desgaste y al olvido”.

Las fotografías de los dos eperristas desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, ilustran la portada del número que está en circulación.

En el editorial, el EPR advirtió que “para el pueblo organizado y consciente, así como para nosotros los revolucionarios, no fructificará esta intentona del gobierno, porque aquí hay voluntad y disposición de seguir luchando por su presentación con vida de nuestros compañeros”.

Criticó, además, el actual debate sobre la reforma energética que se lleva a cabo martes y jueves en el Senado de
la República.

Sostuvo que esos foros “sólo han servido para que los hombres de la ultraderecha lleguen a exhibirse tal cual son, agrediendo a quienes sostienen posiciones progresistas y nacionalistas”.

Así mismo, consideró que la soberanía nacional sigue estando en riesgo ante la insistente pretensión de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), en beneficio del capital oligárquico y trasnacional:

Señaló que la privatización de Pemex sólo se evitará con la combinación de diferentes formas de lucha, entre ellas la parlamentaria, la jurídica, así como la “resistencia popular”.

Y advirtió que si todo ello fracasa, el pueblo tiene el derecho de “hacer valer el artículo 39 constitucional”. Con este argumento, el EPR en anteriores ocasiones ha justificado la vía armada para cambiar la forma de gobierno en México.

Remachó: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y esto no es un mito ni tiene que ver con cargas y creencias ideológicas, solamente un ignorante y un retrógrada puede sostener semejante estupidez”.

Exige CNTE a la Corte resolución de amparos contra la Ley del ISSSTE

■ Ningún acuerdo, tras reunión con integrantes del máximo tribunal

Laura Poy Solano

Ampliar la imagen Aspecto de la manifestación que aglutinó este jueves a profesores disidentes y sindicatosAspecto de la manifestación que aglutinó este jueves a profesores disidentes y sindicatos Foto: Francisco Olvera

Con música de banda, pancartas y consignas, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon nuevamente en la capital del país para exigir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una resolución definitiva a los amparos interpuestos desde hace más de un año contra la Ley del ISSSTE, y advirtieron al gobierno federal que “mantener una política de oídos sordos a las demandas de miles de trabajadores del Estado profundizará la crisis social en México”.

Por ello, dirigentes magisteriales advirtieron que mantendrán sus movilizaciones en las próximas dos semanas, y de no obtener una respuesta satisfactoria, “convocaremos a una segunda marcha nacional el próximo 13 de junio, la cual concluirá con el traslado, frente a la sede del máximo tribunal, del plantón indefinido que mantenemos desde hace más de un año en la capital del país”.

La marcha, en la que participaron contingentes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Distrito Federal, Valle de México, entre otros, convocó a miles de profesores de zonas rurales y urbanas, en un acto de “repudio” a lo que llamaron una ley “criminal y perversa”.

Al grito de ¡Calderón entiende, el ISSSTE no se vende!, ¡Va a caer, va a caer, la tramposa de Elba Esther! y ¡ni un paso atrás, contra la reforma a la seguridad social! integrantes de la CNTE marcharon por avenida Juárez, hasta las inmediaciones de la SCJN, donde exigieron la abrogación inmediata de la ley y la salida de Elba Esther Gordillo Morales del gremio magisterial.

En un clima festivo, y a los acordes de Caminos de Michoacán, los profesores corearon consignas en contra de la aplicación de la nueva norma al afirmar que “nos condena no a un estado de indefensión en nuestra vejez y cancela el derecho de las nuevas generaciones a disfrutar de una vida digna, porque no sólo reduce las pensiones e incrementa la edad laboral para acceder a la jubilación, en los hechos, elimina de un tajo derechos sociales que llevó más de un siglo alcanzar”.

En el mitin frente a la sede de la SCJN, que permaneció resguardada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la sección 18 de Michoacán, exhortó a los docentes a mantener la “unidad en la lucha, porque sólo en un frente único que aglutine al magisterio, pero también a obreros, campesinos, estudiantes y sociedad en general, podremos derrotar no sólo la imposición de reformas a la seguridad social, sino a un sector prioritario, como el energético, y cuya defensa requiere la participación de todos los mexicanos”.

Con la presencia de Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y de contingentes representativo de los sindicatos Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, y diversas organizaciones sociales, los disidentes fueron recibidos por funcionarios de la Corte, sin que se alcanzara un acuerdo definitivo.

Rechaza Alta Comisionada de la ONU en México lo dicho por Soberanes
josé gil olmos

* Incalcaterra no quería irse para “disfrutar” de un mdd que le daría EU como parte de la Iniciativa Mérida, declaró el titular de la CNDH

México
, D.F., 29 de mayo (apro).- La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) rechazó las aseveraciones de José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien aseguró que Amerigo Incalcaterra no quería irse del país porque quería “disfrutar” de un millón de dólares que le daría el gobierno de Estados Unidos como parte de la Iniciativa Mérida.



“Frente a afirmaciones recogidas por la prensa sobre la posible recepción y distribución de fondos relacionados con dicho plan por parte de ésta institución, la Oficina desmiente categóricamente tales versiones y desea informar a la opinión pública que las mismas son incorrectas y sin fundamento”, señaló en un comunicado la oficina de
la ONU.

Incalcaterra, responsable de la oficina para derechos humanos de la ONU en México, dejó su puesto el viernes pasado en medio de versiones sobre presuntas presiones del gobierno de Felipe Calderón y del doctor Soberanes.

El gobierno federal y Soberanes se inconformaron por las declaraciones del diplomático italiano quien, desde su llegada al país, denunció la crisis de derechos humanos en el país, criticó el uso del Ejército para labores policiales y consideró “valioso” un informe de Human Rights Watch, en el que hizo una evaluación critica de la actuación de
la CNDH.

Sergio Aguayo, defensor de derechos humanos, corroboró estas presiones oficiales, al publicar ayer una carta de Soberanes dirigida a la Alta Comisionada de la ONU, Louise Arbour, con fecha del 24 de marzo pasado, en la cual le pide tomar cartas en el asunto ante lo “inadecuado” del proceder de Incalcaterra.

En respuesta, en una gira por Durango el martes pasado, Soberanes dijo que el funcionario de la ONU se iba por otras razones: "Eso explica el coraje de Incalcaterra cuando le dijeron que se fuera: ya no iba a disfrutar de ese millón de dólares, y por eso se agarraba de uñas y dientes", acusó.

Soberanes argumentó que, entre las propuestas de la Iniciativa Mérida, “se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos por el equivalente a un millón de dólares, a la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer”.

Y cuestionó: “¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino además ilegal?".

Añadió que diversos grupos de presión, en México y en Estados Unidos, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. En este sentido, afirmó que, al igual que ocurrió con el Plan Colombia, “los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no".

Ante estas acusaciones, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió hoy un comunicado, en el que informa que, en relación con las propuestas en discusión en el Congreso de Estados Unidos en torno a la Iniciativa Mérida, “no ha tenido y no tiene ningún tipo de vinculación”.

Además, desmintió categóricamente las acusaciones del presidente de la CNDH, al afirmar que son “incorrectas y sin fundamento

 


Publicado por solaripa69 @ 16:46
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