Lunes, 02 de junio de 2008

Demandan ONG al Senado la remoción de Soberanes.

■ Su actuación al frente de la CNDH es “vergonzosa”, señalan

■ Intervino en la salida del representante de la ONU para derechos humanos

Víctor Ballinas

Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos hicieron ayer un “serio llamado” al Senado para que “evalúe la actuación del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y considere la posibilidad de iniciar un juicio político para su remoción, porque no está cumpliendo con sus obligaciones”.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Católicas por el Derecho a Decidir, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Red por los Derechos de la Infancia y Fundar, entre otras organizaciones, en conferencia de prensa calificaron de “vergonzosa la actuación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, quien, afirmaron, “intervino para la remoción del representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra”.

Al defender el trabajo del funcionario de la ONU, las ONG denunciaron que Soberanes “ha mantenido una permanente oposición al trabajo de Incalcaterra, lo que se ha manifestado a través de la ausencia y no participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Acuerdo de Cooperación Técnica desde el año 2000. Se ha opuesto también a las instituciones que a nivel local realizan una mejor actuación en la materia, con el fin de no tener la mínima sombra para sus planes hacia el futuro político”.

Soberanes Fernández, agregaron, “se ha opuesto al Diagnóstico de Derechos Humanos 2001, al Programa Nacional de Derechos Humanos 2002, al Convenio con la Unión Europea, así como también ha mantenido una constante posición en la que no apoya la presencia de relatores especiales, como el de educación, el de venta, trata y explotación, el de indígenas, el de migrantes, el de tortura y el de libertad de expresión”.

Las organizaciones civiles exhortaron al Senado a que “llame a cuentas al ombudsman nacional, pues no rinde cuentas a nadie”. Le pidieron evaluar la gestión de Soberanes al frente de la CNDH, por “la opacidad en el manejo financiero, en la rendición de cuentas y el manejo discrecional del presupuesto”.

Esta situación, expusieron, “no es nueva, ya en el asunto de la relección de Soberanes Fernández, a finales de 2004, expusimos al Senado que evaluara el trabajo de la CNDH, que lo monitoreara, y no nos hizo caso. Incluso ahora sabemos que a lo mejor no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo”.

Luis Arriaga leyó la posición de las ONG, ante las “presiones que ejercieron la CNDH y el gobierno federal para que Incalcaterra fuera removido del cargo. Hasta este momento, en México las instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos, no han demostrado interés ni conocimiento, y en cambio sí una posición de retroceso. Por ello es necesario el compromiso real del gobierno en el contexto del renovado acuerdo para la estancia del citado relator en México”.

Las ONG concluyeron que es una exigencia de la sociedad civil contar con una oficina de derechos humanos fuerte y congruente con su mandato, con capacidad de monitoreo y de hacer recomendaciones al Estado.

 

Doce meses de vía crucis de familiares de los 38 petroleros desaparecidos

■ Los líderes y trabajadores fueron levantados en el municipio neoleonés de Cadereyta

■ Por medio de la senadora Rosario Ibarra el gobernador González Parás accedió a escucharlos

■ “Nos mandó con el procurador, éste con el jefe de la policía y así nos trajeron. No saben nada”

Blanche Petrich

El caso de los 38 líderes y trabajadores petroleros desaparecidos en mayo de 2007, en Cadereyta, Nuevo León, finalmente alcanzó a inquietar al gobernador Natividad González Parás cuando la senadora Rosario Ibarra de Piedra se presentó en el palacio de gobierno, en Monterrey, acompañando a los familiares de las víctimas. Esto ocurrió el pasado 17 de mayo, al cumplirse un año de los secuestros.

Cuenta Salomón Vega Zamarripa, hermano de dos de los desaparecidos, David e Hilario, este último secretario general de la sección 49 del sindicato petrolero: “Sólo porque íbamos con la senadora el gobernador González Parás nos hizo pasar. Le preguntamos qué estaba haciendo el gobierno para localizar a nuestros familiares y como respuesta mandó llamar al procurador de Justicia, Luis Carlos Treviño. Éste, a su vez, nos mandó con el jefe de la policía estatal, Héctor Santos, quien nos mandó con el director de la Oficina Antisecuestros de la entidad, Eduardo Sánchez, y él nos prometió que iba a investigar. Empezó por pedirnos los números de los expedientes, las placas de los vehículos en los que se perpetraron los levantones, los números de los celulares de nuestros familiares”.

–¿A un año de los secuestros, las autoridades no tenían siquiera esos datos?

–Pues no. Nosotros hemos investigado más que ellos –expresa Salomón Vega.

Luego de revisar los datos, el comandante Sánchez les comunicó: “Esto no parece secuestro, porque nadie pidió nunca rescate”.

–¿Entonces qué fue?

–Pues no nos dijo. Nadie nos dice nada –dice Salomón Vega.

Son 10 hermanos Vega Zamarripa. Todos trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex). Su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron petroleros. Hilario Vega cumplía su tercer periodo como secretario general de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y a decir de su hermano “era muy allegado, muy leal” a Carlos Romero Deschamps, el caudillo del poderoso gremio. Todos, “como es costumbre entre los petroleros, nos cargamos más al Partido Revolucionario Institucional; nunca tuvimos problemas por ser disidentes o por cosas políticas. Es más, Hilario hasta fue diputado federal suplente”.

Salomón Vega se refiere al líder petrolero como “don Carlos”. Pero lo cierto es que, con todo su poder de presión, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no ha hecho un solo pronunciamiento público en torno a la escandalosa desaparición de cerca de 38 de sus agremiados entre dirigentes, empleados y jubilados, en el lapso de un año. A lo más que ha llegado Romero Deschamps es a “encargarle mucho” el asunto al gobernador de Nuevo León.

En cambio, fue nombrado sin mayor dificultad un sustituto de Vega, José Izaguirre, dirigente que tiene abierto un expediente judicial por la venta de plazas. “La mera verdad, ni don Carlos ni Izaguirre han movido un dedo.”

No es el único silencio inexplicable. Cuando finalmente lograron una cita con el alcalde de Cadereyta, el panista Edelmiro Cantú, éste dijo a los familiares que “no estaba enterado” de que el número de levantados en su municipio ascendiera a 38. Los llevó con el senador federal Fernando Elizondo, también panista. Más promesas de ayuda, pero hace una semana, cuando buscaron nuevamente a Cantú, su respuesta fue: “Voy a ver en qué va el asunto”.

Salomón dice: “Nuestro miedo es que sea algo político y puedan desaparecer las pruebas”.

–¿Qué cosa política?

–Desconozco.

El único lazo que podría relacionar estas desapariciones con un acto de represión política es la cadena de atentados explosivos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en julio del año pasado, dos meses después de los levantones. Pero las desapariciones ocurrieron antes, no después. Además, la carga en los ductos de Pemex de Cadereyta fue la única que no llegó a activarse.

En ese contexto, el 16 de mayo del año pasado la sección 49 del STPRM realizó su asamblea de revisión contractual. Algo de rutina. Al final hubo un convivio y a la salida, ya de noche, ante la mirada de muchos agremiados, varios hombres con armas largas, uniformes negros sin insignias, granadas al cinto y chalecos antibalas, abordaron a cuatro de ellos, los esposaron, y los subieron a camionetas; nunca más aparecieron. Sus nombres: Víctor Manuel Mendoza, Jorge Alejandro Hernández Faz, David Sánchez Torres y Félix Sánchez Torres.

Esa misma noche, otros comandos llegaron en varios vehículos a casa de David Vega, hermano del dirigente. Cerraron la calle y entraron a la vivienda. La policía municipal esperó media hora después de la partida de los comandos para llegar al lugar de los hechos. Al día siguiente, 17 de mayo, Hilario Vega recibió una llamada desde el celular de David. Eran los secuestradores. Con palabras altisonantes le dijeron que se entregara para negociar o, de lo contrario, le mandarían la cabeza de su hermano. Hilario fue solo al lugar de la cita. También se lo llevaron.

Tres días después, el 20 de mayo, fueron levantados el ex alcalde de Cadereyta José Luis Lozano, un regidor y otro jubilado del sindicato petrolero. Las familias no dieron aviso inmediato a las autoridades porque pensaban que era un secuestro común, y que las llamarían para pedirles el rescate. Pero el 4 de julio leyeron en la prensa –el diario El Mañana, de Reynosa– que el Ejército había “reventado” una casa donde mantenían secuestradas a varias personas y que las había rescatado en esa ciudad. Se publicaron los nombres de los petroleros y del ex alcalde neoleonenses, supuestamente rescatados. Pero éstos nunca fueron presentados.

Días después, la prensa dio cuenta de otro tiroteo en Los Ramones, municipio cercano a Cadereyta, donde fue capturado un presunto secuestrador apodado Chucky, quien dijo que ahí tenían a los hermanos Vega Zamarripa y al ex alcalde, y que el Ejército los había trasladado a Reynosa. Pero las autoridades militares lo negaron. La familia de Lozano buscó al senador Elizondo para que intercediera ante el alto mando militar. “Que buscaran en otro lado, que ellos no los tenían ahí y no sabían nada”, les dijeron.

A partir de ahí, la familia Vegapresentó denuncias ante la procuraduría estatal, la federal y Derechos Humanos en Cadereyta, Monterrey, Reynosa, Ciudad Madero y el DF. En Nuevo León se apaga el escándalo. En 2007 hubo en ese estado más de cien levantones, la mayoría en Cadereyta.

Policía federal.


jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- El asesinato de ocho policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en la madrugada del 27 de mayo pasado en Culiacán, la baja más grave en los operativos policiales y militares contra el narcotráfico, fue una muestra de las debilidades con las que el gobierno de Felipe Calderón se embarcó en la guerra contra el narcotráfico.

La más acusada es la falta de información de inteligencia con la que se mueven los policías adscritos a la SSP a cargo de Genaro García Luna.

García Luna, quien pretende pasar como el modernizador de la policía mexicana, lleva lo que va de la década vendiendo la idea de que su modelo policial está basado en la ciencia y en la investigación, producto de la información de inteligencia.

Así lo hizo en el sexenio pasado con Vicente Fox, a quien convenció de “transformar” la desprestigiada Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Más tarde que temprano la AFI se entrampó en acusaciones de corrupción y de protección a la delincuencia organizada por parte de algunos de sus integrantes, que siguieron siendo los mismos de la antigua corporación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Después convenció a Calderón de que había que unificar en un solo cuerpo a todas las policías federales; en particular a la propia AFI y a la Policía Federal Preventiva (PFP), creada hace apenas una década.

Para esta idea, Calderón le ha autorizado millonarias partidas presupuestarias y a año y medio no se ve para cuándo pueda cumplir con lo que él mismo se propuso.

Pese a ello, desde hace algunos meses García Luna ya dispuso “la creación” de la “Policía Federal”, a pesar que el Congreso no ha reformado la Ley General de la SSP para darle existencia legal al “nuevo” cuerpo, que en realidad tiene su origen en los militares transferidos desde el Ejército y
la Marina.

Muy en su estilo, lo que hizo García Luna fue cambiar de gris a azul el uniforme de la PFP y nombrarla “Policía Federal”, y como tal destacarla por todo el país. Y poco a poco les ha incorporado a los egresados de los cursos que organiza en la Academia de la PFP en San Luis Potosí.

En todos esos movimientos, ha insistido en que su modelo es el de una policía basada en la inteligencia y no en la reacción.

Pero lo que ocurrió en Culiacán lo desdice. Una veintena de sus policías fue emboscada por una célula de los hermanos Beltrán Leyva, el mismo grupo al que la SSP le adjudica la ejecución de Edgar Millán, coordinador de seguridad regional de la “Policía Federal”.

Los policías respondieron a una llamada anónima. Llegaron al lugar sin datos corroborados por sistemas de inteligencia. Fueron acribillados en cuanto llegaron. Les dispararon de frente y por detrás con armamento más potente del que llevaban.

No es la primera vez que los narcotraficantes asesinan a agentes federales. Ha ocurrido en el mismo Sinaloa, pero también en otros estados de la República y en el propio Distrito Federal, como el caso de Millán, el tercer hombre en importancia de la SSP después del propio García Luna y del subsecretario de Inteligencia Policial, Facundo Rosas.

Son muchas y significativas las bajas de García Luna en los operativos. Y no son, precisamente, resultado de lo dice el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora: “Le vamos ganando al narco, aunque no lo parezca”. Lo que pasa es que la sociedad, despistada, no se da cuenta. (30 de mayo de 2008)

Empresas españolas se apoderan de la operación de agua en BCS

■ Por medio de desaladoras, las firmas hacen intentos por privatizar el líquido

■ Atraer turismo, uno de los objetivos

■ El proceso que utilizan afecta el hábitat marino

■ En México la actividad no está reglamentada, “es un paraíso fiscal”, dice experto de la UNAM

Angélica Enciso L. (Enviada)

La Paz, BCS, 1º de junio. En un intento más por privatizar el agua, las plantas desaladoras de líquido marino son construidas y operadas por empresas particulares que destinan el recurso a los desarrollos turísticos, en una región donde la población padece escasez y hay sobrexplotación de acuíferos. Esto ocurre en medio de un vacío legal que permite el uso irrestricto de un bien nacional, el mar, y no considera sanciones, situación a la que se suman los daños ambientales que este proceso provoca, advierten expertos.

En la entidad llueve una semana al año, no hay ríos, sólo afluentes efímeros, y es una zona de “muy baja” disponibilidad del líquido, según la Comisión Nacional del Agua. La extracción de hídrico supera la recarga; ejemplo de esto es que el acuífero de La Paz se recarga con 18.5 millones de metros cúbicos al año y de él se extraen 32 millones de metros cúbicos, lo cual provoca un déficit de 13.5 millones de metros cúbicos.

La presencia de desaladoras se ha extendido en años recientes; en la región noreste del país hay una gran cantidad de pequeñas plantas tanto de desarrollos turísticos como de industrias y sólo existe una pública, la de Los Cabos, que funciona desde el año pasado. Fue construida y es manejada por la compañía española Inima, filial de la empresa OHL, una de las mayores constructoras de España.

Subsidio

La empresa vende el agua a 12.50 pesos el metro cúbico al municipio y éste subsidia el líquido a la población, por lo que cobra 60 pesos por 18 metros cúbicos, explica en entrevista Antonio Agundez, director general del organismo municipal de agua potable de Los Cabos.

Precisa que en ese municipio la desalación lleva siete años de experiencia, debido al crecimiento turístico, y con la planta desaladora municipal, que tuvo una inversión de 330 millones de pesos, se obtienen 200 litros por segundo; abastece a 10 mil personas, pero se busca ampliar la producción porque es insuficiente.

La creciente demanda se deriva de que el auge turístico trae consigo el incremento poblacional: “por cada nuevo cuarto de hotel llegan 19 personas”, reporta la investigadora Aurora Breceda.

La salida que el gobierno ha dado para satisfacer la exigencia de líquido es que cada desarrollo turístico cuente con su propia planta desaladora; en municipios como La Paz también se considera que sería una opción para abastecer del servicio a la población. En Los Cabos, las plantas de los conjuntos turísticos y la municipal producen el equivalente a uno por ciento de la recarga de ese acuífero, 2.5 millones de metros cúbicos al año.

Entre las desaladoras privadas que funcionan en la capital del estado está la del desarrollo turístico Costa Baja, en la cual se obtienen 300 metros cúbicos al día que se utilizan para un hotel, pero se prevé llegar a mil 700, ya que el complejo crecerá, explica Federico Ortega, asesor de la instalación. El proceso que se utiliza –el más común– es el de ósmosis inversa, el cual deja como desecho la salmuera, con concentraciones de sales hasta de 60 mil partes por millón, casi el doble de lo que tiene el agua de mar; la mitad se va a un pozo de absorción y el resto se diluye en el mar, explicó el técnico.

Si la salmuera se vierte directamente al mar ocasiona daños al hábitat. En Murcia, donde existe gran experiencia en la instalación de esas plantas, se han encontrado daños a los pastos marinos –ecosistema del Mediterráneo–, debido al vertimiento de salmuera, indica Juan Manuel Ruiz, del Centro Oceanográfico de Murcia. La instalación de plantas desaladoras comenzó en México en 1970; en el mundo se utiliza en países árabes y España recurre al proceso de forma masiva.

Vacíos legales

Sobre la desalación de agua de mar no hay una política pública; el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales aún no está listo, por lo que esta actividad no está regulada, y tampoco hay una norma técnica, “es tierra de nadie”, señalan especialistas.

El agua desalada, aunque tiene un precio, se debe considerar un bien social; es un recurso natural que requiere la población y es un satisfactor, “es parte del derecho de la gente a tener agua, se trata de un derecho privado que proviene de un bien público que es el mar”, señala Felipe Correa, de la Universidad Autónoma de Baja California.

Por su parte, César Nava Escudero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisa que en las legislaciones hay unas cuantas menciones del tema. Refiere que la Ley de Aguas Nacionales sólo dice que se requiere una concesión para extraer el líquido marino, porque se parte de que es un bien nacional y para ello se debe dar una asignación; la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala que para instalar una planta de este tipo se debe hacer una manifestación de impacto ambiental (MIA), existe otra mención escueta en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En su participación en el seminario Alternativas para un modelo sostenible sobre el uso y gestión del agua, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, recuerda que el reglamento de la ley de aguas no se ha publicado, a pesar de que esa legislación entró en vigencia en 2004 y las MIA, en muchos casos, se convierten en una forma de legitimar la destrucción del agua, “hay gran corrupción”.

Apunta que ninguna ley hace referencia a sanciones aplicables hacia esas instalaciones, a pesar de que la desalación ya es un hecho en México; “hay un campo abierto, es un paraíso fiscal. Si se regula se pueden afectar intereses e inversiones privadas y extranjeras, no hay línea del gobierno federal y el plan hídrico no dice si se busca la desalación y si el Estado va a intervenir”, señala.

Considera que con esta actividad hay un problema de distribución del recurso, aunque indica que “no hay que endiosarla ni satanizarla; hay sectores que se oponen, porque se piensa que esos proyectos sólo benefician a grandes empresarios y sus desarrollos, pero deben cubrir también un mercado interno que son las zonas más pobres que no tienen agua potable; la verdadera demanda de agua está en las comunidades”.

En este caso, los hechos se adelantan al derecho, “se requiere una regulación jurídica para que se cubra la demanda de agua de la gente que todavía no la tiene, es un problema ético, no sólo científico. ¿Qué derecho tienen hoteles de tener agua desalada y las comunidades aledañas no?”

El gobierno podría considerar la desalación como una medida excepcional que se requiere para hacer frente a un problema de escasez, declarado tema de seguridad nacional, para lo cual se necesita una legislación y políticas públicas en la materia, señala.

Este procedimiento tiene como objetivo principal obtener agua dulce para regadíos, usos turísticos, industriales y consumo humano, pero en el proceso de producción se generan altos costos de energía, que a su vez producen gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, indica.

Los investigadores difieren en cuanto al porcentaje del costo que representa la energía eléctrica en el proceso de desalación, pero sí es alto, ya que iría de 45 por ciento a 80 por ciento del valor total del proceso; para subsanar esto se debe apostar por energías renovables, señala Nava Escudero.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:47
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