Lunes, 02 de junio de 2008

En estado crítico, las garantías en Oaxaca, considera la CCIODH

■ Hay desapariciones, homicidios, torturas, cateos y violaciones sexuales

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 1o. de junio. A casi dos años de que se inició un conflicto político-social en la entidad, la situación de los derechos humanos en Oaxaca permanece en estado crítico, sostuvo la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).

“Los casos documentados de desapariciones forzadas, homicidios, torturas, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, con la nueva modalidad de violaciones sexuales, se producen en un estado de excepción latente, a pesar de las declaraciones oficiales en sentido contrario, y nos acercan a la guerra sucia de los años 70”, afirmó Iñaki García, vocero de la CCIODH, al presentar el informe de la sexta visita del organismo, realizada entre el 30 de enero y el 20 de febrero pasado.

En conferencia de prensa, que ofreció con otros miembros del organismo, el activista expuso que la ausencia de una respuesta política y jurídica a las graves transgresiones a los derechos humanos detectadas en la anterior visita, esto es, las derivadas de las movilizaciones magisteriales y la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la posterior respuesta represiva, constituyen un “elemento grave”.

También es preocupante, dijo, la continuidad del hostigamiento a los miembros o simpatizantes de la movilización social que representa la APPO, y la aparición de nuevas situaciones que vulneran los derechos humanos, que se extienden a otros sectores sociales afectados por casos tan dispares como los de pederastia, delito insuficientemente perseguido en la esfera judicial.

También, anotó, se documentaron desapariciones forzadas en contextos de fuerte conflictividad política, que la CCIDOH considera relacionadas con las estrategias represivas del gobierno estatal, como los casos de las mujeres triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, y el de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabiel Alberto Cruz Sánchez.

Subrayó que desde noviembre de 2006 la respuesta de los gobiernos federal, estatal y municipal a las demandas sociales “se basa en el hostigamiento a la sociedad civil para disuadirla de cualquier tipo de disidencia, lo que recuerda la estrategia de los manuales de contrainsurgencia tradicionalmente empleada contra los movimientos armados”.

García dijo que la CCIODH documentó “numerosos” casos de homicidios ocurridos en 2007, así como la persistencia en la práctica de la tortura y la desaparición forzada de personas. En este contexto destacó que el conflicto político social en la entidad ha dejado 62 muertes.

Por lo referido, recomendó a las autoridades gubernamentales atender las causas profundas del conflicto, principalmente los problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, ausencia de canales de participación, y realizar una reforma profunda de las instituciones del estado, así como desmontar el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política.

 

 

Desechan maestros de Oaxaca oferta del gobierno estatal; seguirán las protestas

■ Anuncian megamarcha en la capital el estado; por definirse, el boicot a la Guelaguetza

■ Demandan liberación de “presos políticos” y la devolución de planteles ocupados por priístas

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax. 1º de junio. La asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no aceptó hoy en la madrugada el segundo ofrecimiento del gobierno estatal a su pliego petitorio ni la proposición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para expedir la convocatoria de elección interna, ante lo cual acordó incrementar sus acciones de protesta.

El máximo órgano de dirección del movimiento magisterial consideró insuficiente el ofrecimiento de la administración estatal para atender las demandas educativas, económicas, políticas y sociales, así como los reclamos de libertad de los “presos políticos y de conciencia”, la cancelación de órdenes de aprehensión y la entrega de las escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 del SNTE y, en consecuencia, no fue admitido, informó el secretario de Organización gremial, Ezequiel Rosales Carreño.

También desecharon la respuesta del CEN del SNTE a su demanda de que se emitiera la convocatoria para realizar comicios internos sin condiciones, porque ponía como requisito una elección abierta, con planillas, campañas proselitistas y voto en urnas. Esto eliminaría el método utilizado por la sección 22 mediante un “precongreso” y congreso a puerta cerrada, únicamente con la participación de delegados.

Sin embargo, la asamblea estatal respaldó a la comisión negociadora ampliada (CNA) para que continúen las negociaciones tanto con la administración estatal como con la dirigencia del SNTE en la ciudad de México, con la intermediación de la Secretaría de Gobernación.

Según los acuerdos, 20 por ciento de los miembros de la sección 22 del SNTE, alrededor de 14 mil agremiados, se concentrarán en el zócalo del 9 al 13 de junio próximo, un día después de que la región de la cuenca del Papaloapan termine su participación en el plantón masivo regional rotativo.

De igual modo, se convino en celebrar una megamarcha el 14 de junio, a partir de las 9 horas en la carretera internacional Cristóbal Colón, en el crucero de Trinidad de Viguera, rumbo al zócalo, para marcars el segundo aniversario del fallido desalojo del plantón, que a la postre generó el conflicto político-social en la entidad.

A la vez, decidió realizar una ronda de asambleas delegacionales, del 2 al 6 de junio, para definir el nuevo plan de acción, que incluiría el boicot a la Guelaguetza organizada por el gobierno estatal.

 

La sección XXII al termino de su asamblea estatal,en punto de las 12 de la noche ya del día primero de Junio, declaró insuficientes las respuestas del la federación por ello determino continuar con su plantón aún después de las 21 días que ya habían anunciado, bajo la modalidad de plantón estatal del 20% del total de las regiones un estimado de 14,000 trabajadores de la educación que serán apoyados en sus acciones por la región de valles centrales. Así púes "no hay respuesta por lo tanto nada se lleva a consulta" declaró el dirigente de la sección XXII.


La asamblea estatal por su parte no aceptó el planteamiento de la dirigencia nacional que proponía que se instalaran urnas en cada delegación sindical y asi se votara,para elegir al siguiente Secretario general, "Solo que en tierras del Señor de los mapaches esas cosas son poco confiables" comentaba una de los secretarias generales de valles centrales que había asistidoa la asamblea, además de que ¿quien lo iba a organizar? ¿Ulises? ¿Elba Esther? ni a quien irle así que la propuesta se desecho por "Inviable".


Tambien anunciarón la realización de una mega marcha para el 14 de Junio recordando el fallido desalojo, misma que saldra de "Viguera" (Monumento a Benito Juárez) al Zócalo de esta ciudad.

 

Se enfrentan taxistas y policías                                                                                PDF Imprimir  E-Mail

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Tras el operativo implementado ayer por la mañana por elementos de la policía preventiva para asegurar taxis irregulares y unidades de motor que no contaban con la documentación correspondiente, por la tarde se organizaron conductores de unidades de alquiler y retuvieron una unidad, apedrearon a policías e instalaron barricadas.

De acuerdo al comunicado de la Dirección de Seguridad Pública, policías al mando del director, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, junto con personal de tránsito del estado aseguraron 35 unidades de motor, entre 29 taxis foráneos, 2 camionetas particulares, 2 vehículos particulares y una motocicleta.

Según el documento, para disminuir el índice de unidades de motor que circulan sin los permisos y placas correspondientes, tanto particulares como los del servicio público, realizaron el operativo en el crucero de Santa María Atzompa de las seis a las 11 de la mañana y las unidades de motor carecían de documentación que acredite su propiedad y legitimidad como son placas y tarjetas de circulación, engomados y licencias de conducir. Todos los vehículos asegurados fueron trasladados al corralón de la Joya, en espera de que sus propietarios pongan en regla su documentación.

Sin embargo, ello ocasionó la inconformidad de taxistas de la zona de Santa María Atzompa, quienes organizaron para protestar y a las 15 horas retuvieron una patrulla de la policía preventiva, a la cual le destruyeron los cristales.

Durante los hechos se registró un enfrentamiento entre policías y manifestantes, que dejó el saldo de varios lesionados.

Los policías tuvieron que arrojar gas lacrimógeno en contra de los manifestantes, quienes buscaron llantas para instalar su barricada en el Puente del Tecnológico.

Los taxistas foráneos en voz de José Ramiro González, protestaron por la detención de nueve unidades de motor y pidieron la devolución de ellos.

Con palos y piedras impidieron durante toda la tarde de ayer la circulación en ambos carriles de las riberas del Atoyac, así como la carretera que conduce al crucero de Santa María Atzompa.

Posteriormente, los policías se retiraron, ya que sus jefes no se aparecieron por el lugar y tampoco el director de seguridad pública, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, dio la cara por sus elementos.

Pero una patrulla del municipio priísta de San Jacinto Amilpas, cuyos elementos estaban filmando, fue apedreada y correteada por los inconformes y fue seguida la unidad de motor con piedras y palos, lo cual a punto estuvo de originar un accidente.

El titular de la coordinación del transporte se comprometió a recibir el lunes a los manifestantes y el bloqueo fue levantado, dejando el paso a las unidades de motor.

 

 

 

Por los caminos de la autonomía: los pueblos de Oaxaca

Gilberto López y Rivas

La Jornada

 

 

Los días 23 y 24 de mayo tuvo lugar el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca en las instalaciones de la Escuela Normal Bilingüe-Intercultural, situada en la comunidad zapoteca de Tlacochaguaya, con la asistencia de autoridades municipales y comunales, así como integrantes de diversos organismos de la sociedad civil pertenecientes a los pueblos amuzgo, triqui, chontal, mazateco, zapoteco, mixe, chocholteco, huave, mixteco, chatino y cuicateco. Durante sus deliberaciones –caracterizadas por la profusa participación testimonial, reflexión teórica y de denuncia–, los participantes realizaron un diagnóstico integral de sus procesos autonómicos: tierras, territorios y recursos naturales; la situación del maíz y del campo en general; la educación para la vida comunitaria; la condición y participación de la mujer en ámbitos familiares, sociales y políticos, llegando a trascendentes conclusiones, propuestas y pronunciamientos.

Los participantes en el foro refrendaron que los pueblos y las comunidades indígenas son los legítimos propietarios y herederos de tierras, territorios y recursos naturales en los que viven y, en consecuencia, exigieron respeto y reconocimiento de ese derecho por parte del Estado y de las empresas nacionales y extranjeras que se empeñan en la privatización y comercialización de ese patrimonio. Hubo consenso en exigir el cese total de todo proyecto, acción y concesión que atente contra la propiedad, uso, explotación, aprovechamiento e integridad de territorios, tierras, lugares sagrados y recursos naturales de los pueblos indios, así como de leyes, decretos y reglamentos que tiendan a despojar y facilitar el aprovechamiento por terceros ajenos a las comunidades indígenas de sus recursos naturales.

Como lo estipulan los acuerdos de San Andrés, leyes nacionales, declaraciones y convenios internacionales, el foro exigió el respeto a la consulta, participación y consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades indígenas de todo programa o proyecto de los gobiernos estatal y federal en los territorios indígenas, ya que atentan contra la naturaleza, la vida y las culturas de los pueblos indígenas.

Se consideró urgente recuperar plenamente la autonomía económica, productiva y alimentaria de los pueblos con el fortalecimiento del cultivo del maíz autóctono (y no transgénico), uso de abonos orgánicos (y no agroquímicos), cuidado del agua, uso y protección de las semillas propias, así como el fortalecimiento de los sistemas de ayuda mutua, los mercados y tianguis locales y regionales y el aprovechamiento de ecotecnias. Ante la grave crisis alimentaria que amenaza a la humanidad y el cambio climático, el foro se pronunció por fortalecer la producción de alimentos y la introducción de programas y planes educativos en sus diversos ámbitos y niveles que estimulen el respeto a la agricultura propia y, en especial, del maíz.

Desde la perspectiva integral de la autonomía que se formula en los ámbitos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales, y que fundamenta la instrumentación a escala comunitaria, municipal y regional, el foro valoró las prácticas políticas ancestrales que se materializan en las asambleas comunitarias, los sistemas de cargo, las obligaciones y contribuciones comunitarias. Es claro, también, que la articulación e interacción de las comunidades y los municipios indígenas es vital para el ejercicio de la autonomía en el ámbito regional, tal como está garantizado en la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los acuerdos de San Andrés, y en la legislación oaxaqueña, particularmente en el artículo 94 de la Constitución local, que establece la asociación de comunidades y municipios indígenas.

Después de escuchar dramáticos testimonios, el foro destacó la participación de las mujeres en los diversos niveles y espacios de la vida comunitaria y municipal, en particular, en las instancias de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, a efecto de lograr una sociedad más justa y equitativa, y se hizo un llamado a desarrollar acciones concretas para combatir la violencia contra las mujeres indígenas.

A los partidos políticos, al Instituto Estatal Electoral, a las diversas instancias del gobierno estatal y federal, al Congreso de Oaxaca, así como a otros actores externos, se les emplazó a respetar la institucionalidad comunitaria, y en concreto, a no inmiscuirse en los espacios de decisión y ejercicio del autogobierno indígena, particularmente en los procesos de elección y nombramiento de las autoridades municipales.

El foro demandó de las autoridades municipales indígenas una distribución justa y equitativa de los recursos públicos entre sus agencias y localidades, basada en las necesidades reales de la población, combatiendo la corrupción y evitando la división y confrontación intermunicipales. Ante las irregularidades cometidas por las autoridades correspondientes se consideró necesario el reconocimiento legal e institucional de instancias autónomas indígenas que controlen, vigilen y fiscalicen los recursos públicos, con capacidad de sanción.

Los participantes aportaron sobre la autonomía en los campos de la educación y los medios de comunicación indígenas y denunciaron la represión y la impunidad institucional en el estado. Pese a la violencia de un régimen autoritario y de un capitalismo depredador, el foro reafirmó la estrategia autonómica y de reconstitución de los pueblos indígenas de Oaxaca para hacer realidad el sueño de una sociedad más justa, democrática y digna, demostrando con ello los diversos caminos de la experiencia de gobernarse por sus propias normas, que de eso trata cabalmente la autonomía.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:49
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