Martes, 03 de junio de 2008

Piden a la Corte acelerar la respuesta a los amparos contra la Ley del ISSSTE

■ Este mes vence el plazo para que los trabajadores elijan régimen de retiro

■ Burócratas rechazan que se prolongue el aplazamiento, pues se “calentaría más el ambiente”

Gabriel León Zaragoza

El Frente de Trabajadores de Educación y Cultura (FTEC) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que redoblarán acciones en todo el país para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitan este mes jurisprudencia para que el juzgado auxiliar esté en condiciones de resolver los 2 millones de amparos –según sus cifras – que interpusieron contra la nueva Ley del ISSSTE.

Por separado, indicaron que sus acciones se justifican porque este mes vence el plazo para que trabajadores decidan a qué régimen de retiro se acogen, al previsto en el décimo transitorio del reglamento de la nueva ley del instituto o al bonoissste.

Además, por las “presiones” que ejercen –señalaron– la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los lugares de trabajo y hasta en los domicilios de los afiliados.

La dirección del FTEC convocó a los integrantes del magisterio a que el día en que la SCJN celebre la audiencia pública (al que llamaron día del juicio final) todos los interesados opinen sobre la nueva Ley del ISSSTE, se pronuncien también contra esta norma concentrándose en el Zócalo capitalino y frente a la sede de la Corte.

El frente recordó que la SCJN tiene en su poder 83 modelos de demanda de amparo promovidos contra la nueva ley, “los cuales contienen 126 puntos de violación”. Indicaron además que en una reciente entrevista con el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, les informó que a más tardar en este mes la Corte emitirá jurisprudencia; previamente, agregaron, les indicó que habrá una audiencia pública.

De igual forma, el consejo político de la coordinadora anunció que este día reanudarán sus manifestaciones frente al máximo tribunal del país y en sus representaciones estatales como medida de presión para que la Corte agilice la resolución de los amparos, que a pesar de que ya fueron recibidos en el máximo tribunal, “hemos visto un gran tortuguismo” de los ministros.

Como parte de sus movilizaciones indicaron que continuarán con su demanda al comité ejecutivo nacional del SNTE de la publicación de la convocatoria para el relevo “sin condiciones” de las direcciones de las secciones 9 del Distrito Federal, 7 de Chiapas y 22 de Oaxaca.

La Unión de Juristas de México (UJM) alertó que sigue vigente la intención de las autoridades federales de “prorrogar” la fecha prevista en los artículos 5, 7 y décimo transitorio de la nueva Ley del ISSSTE –expedida el 31 de marzo de 2007– para que los trabajadores decidan a qué régimen se acogen. En los articulados, precisó, se establece un plazo de seis meses, contado a partir del primero de enero de este año.

El presidente de los juristas, Eduardo Miranda Esquivel, precisó que debido a la interposición “de más de 2 millones de amparos” no ha sido posible la integración plena del Pensionissste ni la captación de ahorros por medio de las cuentas individuales de los trabajadores.

“Por ello, en los días recientes se ha ejercido una presión inusual en contra de los burócratas para que forzosamente elijan el régimen que impuso la dirección del ISSSTE y el SNTE, el cual es considerado por abogados, juristas y sindicatos un acto de terrorismo y abuso de autoridad”, apuntó en entrevista.

Puntualizó que en caso de aplicarse una “prórroga” a la ley, con este proceso se “calentaría más el ambiente” político y social del país, porque la fecha fue prevista en la propia ley y para modificarla “tendría que pasar nuevamente a discusión para su reforma al Congreso”.

 

La lucha anticrimen no se está ganando, señala Manuel Espino

■ Arremete contra la estrategia federal y demanda que sea revisada

■ Pide al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República

Angélica Enciso, Elizabeth Velasco y Ciro Pérez

El dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino Barrientos, sostuvo que el gobierno federal no está ganando la lucha contra el crimen organizado y dijo que la estrategia que se utiliza se debe revisar, no sostenerla sólo “por razones políticas”. Pidió además al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República.

Para el diputado Pablo Arreola, integrante de la coordinación política del PT, pese a ser positiva la postura del gobierno federal en torno a la Iniciativa Mérida –“que no es una concesión graciosa, sino un cambio ocurrido por la fuerte presión que ha ejercido la sociedad en el gobierno de Felipe Calderón”–, es indispensable que los mexicanos “nos mantengamos en estado de alerta para evitar la firma de algún convenio que pueda violentar nuestra soberanía por Estados Unidos”.

Ayer, en conferencia de prensa en la sede de la ODCA, Espino Barrientos –quien mantuvo diferencias con el gobierno de Felipe Calderón cuando era líder nacional del PAN– cuestionó el planteamiento del gobierno federal de que se está ganando la lucha contra el narcotráfico.

“No sé con base en qué elementos u objetivos del trabajo que se ha venido realizando se puede afirmar que se va ganando; me parece que es una guerra lamentable, con una pérdida de vidas humanas impresionante”, afirmó. Al mismo tiempo, comparó la situación con el conflicto bélico de Irak. Dijo que “es una guerra entre bandas del crimen organizado en el país y en medio de ella está la participación del gobierno haciéndole frente”.

Asentó que en su experiencia personal ha escuchado recientemente dos balaceras afuera de las instalaciones de la ODCA, en las Lomas de Chapultepec, y también en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reside . La estrategia, insistió, debe ser revisable y no mantenerla “solamente para que no se piense que se está dando marcha atrás”. Si hay que cambiarla, sugirió, “hay que hacerlo buscando eficacia para evitar la pérdida de vidas humanas”.

Desconfiaza e impacto mediático

Mientras tanto, el representante del PT Pablo Arreola consideró que las declaraciones del gobierno federal en materia de seguridad “han sido ambivalentes y engañosas”, por lo que “hay que tener mucho cuidado”.

Por ejemplo, puntualizó, en el caso de la reforma petrolera, el gobierno federal desplegó “una campaña mediática negando su privatización, pero en los hechos –al revisar la propuesta de reforma del Ejecutivo– las cosas son totalmente distintas”.

La desconfianza en el caso de la seguridad, añadió, surge del hecho de que Felpie Calderón “personalmente dio fe y testimonio de la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, suscrita en el gobierno de Vicente Fox Quesada y mediante la cual “consiente la ‘colaboración’ del gobierno estadunidense en asuntos de seguridad interna de México”.

Frente a esa situación, advirtió que los legisladores se mantendrán atentos a cualquier documento que pudiera firmar el Ejecutivo federal con el país vecino del norte, pues “dudo que el gobierno de Calderón acepte otras condiciones a las que ya impuso Estados Unidos”.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, también habló del tema de seguridad y declaró: “México está como Colombia”.

 

 

Falta rigor en indagatorias sobre desapariciones: ONG

■ Señalan deficiencias de autoridades y comisiones de derechos humanos

■ Las denuncias se han convertido en numeralia y priva la impunidad

Víctor Ballinas

La Red de Organismos de Defensa de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez consideraron que “hay muchas denuncias de desapariciones forzadas que no son investigadas de manera rigurosa, ni por las procuradurías ni por las comisiones nacional y estatales de derechos humanos”.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, sostuvo que “decenas, muchas denuncias de desapariciones se han vuelto numeralia, pero no son casos específicos para la justicia, pues no determina qué pasó ahí; es una situación muy similar al enorme número de ejecuciones en el país. Lo que ocurre es que las desapariciones forzadas de personas no son investigadas de manera rigurosa. Hay enorme impunidad”.

Mientras, el director del Centro Pro, Luis Arriaga, sostuvo que casos como la desaparición de 38 petroleros de Nuevo León “ponen de manifiesto la ineficiencia de las instituciones para investigar estos delitos”.

Además, abundó Arriaga, ni las víctimas ni los familiares de éstas pueden acceder a la justicia, porque no se investiga; el Estado mexicano está obligado a indagar y lo preocupante es la ineficiencia.

Por su parte, el director de incidencias de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Humberto Guerrero, dijo que las desapariciones forzadas de personas no son de los últimos años, sino hay que remontarse a las décadas de los 60 y 70, en la denominada guerra sucia, y ahora ocurre lo mismo: las estructuras no responden. Por ejemplo, expuso, el hecho que no se pueda recurrir al amparo, porque es un requisito que la persona lo ratifique, “y si no sabemos dónde está, ¿cómo va a ratificar su demanda?”

Por su lado, Edgar Cortez destacó que estos casos de personas desaparecidas, como los de Oaxaca, del Ejército Popular Revolucionario, el ex guerrillero de Michoacán y los 38 petroleros de Nuevo León, se explican porque la justicia está en crisis. “Se trata de una institución (la Procuraduría General de la República) que lleva el recuento de los ejecutados y de las denuncias de desaparecidos, pero no garantiza que se investiguen.”

El secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos abundó en la necesidad de insistir en las denuncias, porque hay una clara deficiencia de los organismos públicos en el caso de las investigaciones que realizan las comisiones nacional y estatales de derechos humanos; en muchas ocasiones les dicen a los familiares que “por no poderse determinar la participación de funcionarios o servidores públicos en los casos de desaparición, no pueden llevar a cabo la indagatoria respectiva.”

En estos últimos casos, resaltó Cortez, “hay que recordarles que es responsabilidad del Estado mexicano realizar una investigación amplia y adecuada; tienen que mejorar las técnicas de investigación, porque incluso si un particular hubiese participado en la desaparición de una persona, las diferentes comisiones de derechos humanos pueden determinar que hubo negligencia y una ostensible falta de intervención de las autoridades”.

El general Gallardo pide acotar papel del Ejército

Su actuación rebasa cauces legales, afirma

Bertha Teresa Ramírez

El general José Francisco Gallardo, defensor de los derechos humanos, aseveró que “el Ejército Mexicano está realizando funciones fuera de los cauces legales y tiene injerencia en asuntos que están fuera de su competencia”.

Durante su intervención en la mesa Resistencias contra la impunidad y la militarización, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el militar manifestó que las actuaciones que lleva a cabo el Ejército “son consecuencia de una política de Estado, de un patrón sistemático que se viene ejerciendo por lo menos desde la guerra sucia de los años setenta, en el cual están involucrados altos mandos castrenses, los gobernadores estatales e incluso el propio presidente de la República”.

Ante estudiantes del plantel San Lorenzo Tezonco de esa universidad, Gallardo llamó a no perder de vista las estrategias que desarrolla el gobierno federal al involucrar al Ejército Mexicano en situaciones de conflicto interno.

“Dichas acciones–apuntó– atentan contra la soberanía de la nación, pues el Ejército debe actuar exclusivamente en defensa del territorio nacional ante potencias extranjeras, y no en asuntos de carácter policíaco o político.”

En un comunicado difundido por la UACM, el militar calificó de delicado este tipo de injerencias militares y paramilitares en política, que “se agravan con el tema de la Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte y con la posible aprobación del plan Mérida, en el cual la idea del Pentágono y de la Casa Blanca es desarticular al Estado mexicano y tener injerencia en asuntos jurídicos, económicos, políticos y militares”.

Se lleva al país a una situación de violencia, advierten intelectuales

■ El grupo Paz con Democracia rechaza el proyecto privatizador

De la Redacción

Los intelectuales mexicanos que forman el grupo Paz con Democracia hicieron ayer un enérgico reclamo por el respeto a los principios constitucionales y rechazaron que se vulneren éstos para reformar “indebidamente” la Carta Magna para privatizar los recursos petroleros del país.

Se sumaron, además, a la exigencia de realizar un referendo nacional “para resolver si se aprueban o no las reformas propuestas” por el Ejecutivo federal para Petróleos Mexicanos (Pemex).

El pueblo de Mexico está consciente de la “situación peligrosa” en que se está colocando al país y por eso “ha salido a las calles, se moviliza en sus sectores, investiga, debate y se organiza en contra de la entrega del petróleo. Con él estamos; de él somos parte”, indican.

Advierten que los gobiernos de América del Norte y de México saben bien que el petróleo sigue siendo pilar de la soberanía del pueblo mexicano “y que su privatización, así sea disfrazada, provoca amplio rechazo”.

Ellos, apuntan, “están llevando al país a una situación de violencia” que, por un lado, multiplica los problemas “buscando distraernos de lo fundamental” y, por otro, pretende justificar la actuación cada vez más cotidiana de los cuerpos policiacos y el desvío del Ejército hacia actividades de seguridad interna.

Desde esa perspectiva, señalan que “la política se va militarizando y México se somete cada vez más a los intereses de Estados Unidos y las grandes trasnacionales”.

Con la premisa de que “el tema petrolero mexicano no es un asunto de opiniones, sino de información objetiva y verificable”, el nuevo pronunciamiento público aporta información puntual para sustentar su oposición a las iniciativas de Felipe Calderón y dejar en evidencia la manera irregular en la que se ha realizado una “privatización subrepticia”en la paraestatal.

Ésta “parece sustentarse, adicionalmente, en un esquema de corrupción y sobornos que evidentemente se facilita cuando hay contratos de por medio”.

El pronunciamiento es firmado por Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha, Magdalena Gómez, Ana Esther Ceceña, Óscar González, Miguel Alvarez, Pablo Romo, Héctor de la Cueva, Alicia Castellanos, Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro y Juan Brom.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:23
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