Jueves, 05 de junio de 2008

Se realizará la consulta sobre Pemex, responde Ebrard a Mouriño y Creel.

 

■ La fuerza del aparato del Estado no la impedirá, advierte el jefe del gobierno capitalino

■ Ya son más de 300 ciudades y unos 17 estados los que han pedido información al respecto

■ Recomienda al secretario de Gobernación leer el 26 constitucional, “porque lo trae perdido”

Ángel Bolaños Sánchez

La fuerza del aparato del Estado no impedirá que se imponga la fuerza de la razón, porque en una democracia el pueblo es el que decide, respondió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Santiago Creel Miranda, quienes arremetieron en contra de su propuesta de realizar una consulta ciudadana sobre la reforma energética.

“De que va a haber consulta el 27 de julio, la va a haber”, afirmó en entrevista durante una gira de trabajo por la delegación Gustavo A. Madero, donde aprovechó para llamar a los capitalinos a participar en ese ejercicio. “No necesitamos pedir permiso para consultar al pueblo”, añadió. Aseguró que el sondeo no sólo se hará en la ciudad de México, pues ya son más de 300 ciudades y unos 17 estados los que han pedido información sobre la consulta.

Luego de que Mouriño consideró “ilegítima” la figura de la consulta ciudadana dentro de la Constitución, y de que Creel la llamó “un engaño para retardar la reforma”, el jefe de Gobierno respondió al primero –porque “lo trae perdido o no lo ha leído”– que el artículo 26 constitucional establece como facultad del Ejecutivo federal convocar a una consulta nacional sobre los temas de la planeación y el desarrollo del país, mientras que al legislador panista le recordó la época en la que promovió los instrumentos de la democracia directa, como el plebiscito y la consulta ciudadana.

Leyó enseguida un fragmento del citado artículo constitucional: “La ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular”, y añadió el capítulo cuarto de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, artículo 42, donde se dice que la consulta “es el instrumento a través del cual el jefe de Gobierno, las instancias de la administración pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Ciudadana y/o el Comité Ciudadano, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal”.

Por ello, Ebrard advirtió que la oposición del gobierno federal a la consulta “no es un problema de legalidad, sino de voluntad”.

–¿Cómo va a contrarrestar toda la fuerza del Estado que se está imponiendo en contra de la consulta que propuso? –se le preguntó al jefe de Gobierno.

–La consulta del Distrito Federal va a ir, y en otras ciudades, no tengo la menor duda y la razón nos asiste. Sabemos que en el gobierno federal tienen muchos instrumentos, mucho dinero, que se van a oponer, pero no lo van a poder impedir. Entonces, la fuerza de la razón va a ser más que la fuerza del aparato.

El mandatario capitalino se dijo sorprendido por la reacción del gobierno federal y acusó también la arrogancia de funcionarios de Pemex, quienes han ido a decir a los debates que realiza el Senado sobre la iniciativa de reforma energética, que el pueblo no puede opinar porque es un asunto muy complicado. “Al rato no van a querer tampoco que elijamos a nuestros gobernantes, porque es muy complicado”, advirtió.

Dijo que si el temor de consultar a la población es salir derrotados, un punto principal del sistema democrático es que siempre que se hace una propuesta se debe estar dispuesto a retirarla si no funciona y buscar otra opción.

Antes, llamó a la gente a comprometerse en la defensa del petróleo por medio de la consulta, como lo hicieron los mexicanos en 1938, al defender la expropiación petrolera, porque “si ellos no se hubieran armado de valor como lo hicieron, el país no sería lo que es hoy”.

Existen bases legales e interés ciudadano por la consulta: FAP

■ Formalizó ante el Congreso la petición para que se lleve a cabo

■ Propone que en su aplicación participen tanto el IFE como la UNAM

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El Frente Amplio Progresista (FAP) formalizó ayer ante el Congreso de la Unión la demanda de realizar una consulta nacional en torno a las iniciativas para la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada.

En conferencia de prensa, los coordinadores de PRD, PT y Convergencia en ambas cámaras rechazaron los señalamientos de los secretarios de Gobernación y de Energía –Juan Camilo Mouriño y Georgina Kessel, respectivamente–, y sostuvieron que hay bases legales e interés de la ciudadanía en que se lleve a cabo esa consulta sobre el futuro de la industria petrolera. Propusieron que en su aplicación participen el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, por separado, el coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, advirtió que esa consulta está al margen de la Constitución y sólo lleva la intención de “descarrilar la reforma energética”. Igualmente, el priísta Manlio Fabio Beltrones dijo que el mecanismo no está regulado y sería irresponsable utilizarlo “como arma política convenenciera”.

Los coordinadores del PRD, Carlos Navarrete y Javier González Garza, el petista Alberto Anaya, así como Dante Delgado y Alejandro Chanona, de Convergencia, precisaron que su propuesta incluye solicitar a la Cámara de Diputados la aprobación de una partida presupuestal extraordinaria para financiar la organización de esa consulta, prevista en el artículo 26 constitucional.

Chanona leyó un documento en el que el FAP considera inexactas las afirmaciones que se han hecho desde el gobierno federal y el PAN, en el sentido de que no hay sustento legal para ese ejercicio ciudadano, ni se cuenta con los instrumentos jurídicos y materiales para su realización.

“Con base en el artículo 26 de la Constitución, se tienen facultades de establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”. Aunado a ello, agregó, en más de 25 entidades federativas están debidamente normadas las figuras de democracia directa, como son el plebiscito, referendo e iniciativa popular, lo cual haría más fácil la aplicación del mecanismo a nivel nacional.

Además, agregó, encuestas llevadas a cabo por diversas empresas dan como resultado que la sociedad mexicana está muy interesada en el tema de la reforma de Pemex. Según un sondeo de Gea Isa, realizado el 28 de mayo, 78 por ciento de la población cree que debe llevarse a cabo una consulta directa a la ciudadanía.

“Llamar a una consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera nacional contribuirá a definir su rumbo, contando con el aval de la sociedad. Se daría un cauce institucional, civilizado y legal a la libre manifestación de las posiciones expresadas en un tema que compete a todos los mexicanos.”

No hacerlo “implicaría que cualquier decisión tomada por las elites políticas y los poderes económicos, nacionales y extranjeros, y avalada por las cámaras legislativas, sería cuestionada por gran parte de la ciudadanía, lo que abriría paso a la inestabilidad social”.

El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, dijo que van a hacer frente a la embestida del gobierno de Felipe Calderón en contra de la consulta e insistirán en que el Congreso avale la propuesta.

Agregó que quienes han incurrido en actitudes ilegales son Mouriño y Kessel, ya que la Constitución establece la obligación del Ejecutivo de consultar. En el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón no se consideró la reforma energética, “así que estaría violando los principios del artículo 26 constitucional”.

EL FAP entregó ayer su propuesta a las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, para la realización de la consulta nacional sobre Pemex.

 

Alza salarial de emergencia y apoyo a productores, exige AMLO
rosalía vergara

* Estrategia absurda, la importación de alimentos, señala en una carta

México, D.F., 4 de junio (apro).- El llamado “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador exigió a las autoridades federales autoricen un aumento salarial de emergencia, apliquen un programa de apoyo a productores de alimentos básicos y se aumenten insumos para que se alcance la autosuficiencia en la producción de maíz, trigo, arroz, soya y frijol.

En una carta dirigida al pueblo de México, advirtió que si el presidente Felipe Calderón no modifica “sus políticas antipopulares, no sólo lo seguiré llamando espurio, pelele, inepto y mentiroso, sino que le agregaré el calificativo de hambreador del pueblo”.

En el texto sostiene que si no se modifica la actual política calderonista, se agravará la crisis económica y de bienestar social.

El político tabasqueño comentó que promueve estas exigencias --“en un paréntesis en la lucha por la defensa del petróleo”-- porque en 18 meses del gobierno panista de Felipe Calderón, los salarios sólo han aumentado 4% al año y, en contraste, los precios de los productos se han disparado “de manera desproporcionada”

Puso como ejemplo el precio del frijol, que aumentó 50%; arroz, 140; aceite, 120, y la tortilla en 60%, lo que en suma ha provocado un deterioro del poder adquisitivo de 27.5%.

Reiteró que esta política económica se viene aplicando en México desde hace 26 años y ha provocado desempleo, migración, carestía y desbordado la inseguridad pública.

Sostuvo que los tres principales problemas que se están enfrentando actualmente son: aumento en los precios, inseguridad y violencia, así como el intento de privatización de la industria petrolera.

Y “el presidente usurpador, en vez de modificar la política económica, ha optado por profundizarla, y ello está causando y causará, desgraciadamente, más sufrimiento para la mayoría de los mexicanos”.

Criticó que el gobierno calderonista pretenda solucionar estos problemas amenazando con el discurso propagandístico de la “mano dura”, es decir, más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, condenas más largas, “todo lo cual no basta para enfrentar un problema que se ha originado por la desigualdad, la falta de oportunidades de empleo y educación”.

Y para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, Calderón ha propuesto, “de forma absurda, comprar alimentos y materias primas en el extranjero, lo cual no frenará el aumento de precios y va a significar más abandono al campo y mayor salida de divisas”.

 

 

 

 

 

La nueva central obrera
josé gil olmos

México, D.F., 4 de junio (apro).- La alianza que han hecho Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo para formar una nueva central obrera tiene más un fin electoral y político, que la intención de proteger los derechos de los trabajadores. ¿O quién le cree a éstos dos cabecillas sindicales cargados de una pesada historia de corrupción?

El líder obrero y la dirigente del magisterio son dos de los personajes que, en la opinión pública y entre los sectores de la sociedad, son rechazados por la corrupción que han motivado en sus respectivos gremios y a través de la cual han hecho sus enormes fortunas.

Ambos son famosos por la manera dispendiosa con la que viven; las joyas que siempre lucen; la ropa de marca exclusiva que siempre traen; los viajes que hacen a los lugares más caros del mundo, y el cinismo con el que dan la cara a la sociedad y a sus agremiados.

En 2000, Romero Deschamps fue descubierto manejando de manera discrecional más de mil 200 millones de pesos para la campaña del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. El dinero provenía de los recursos públicos que le da Pemex al Sindicato, y en una investigación se encontró que había responsabilidad judicial y electoral, por lo que el partido fue sancionado por el IFE por una cantidad casi similar, pero a nivel judicial no se pudo castigar al dirigente del Sindicato Petrolero porque entonces tenía fuero como diputado federal.

La impunidad para Romero Deschamps fue extendida este sexenio, pues el PRI lo ha seguido protegiendo dándole nuevamente fuero, ahora como senador de
la República.

Elba Esther Gordillo tiene una historia pública de corrupción más larga que la de Romero Deschamps. Desde hace 19 años esta al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y desde ahí no sólo se ha hecho inmensamente rica, sino que se ha convertido en un personaje poderoso, al que los maestros y la educación poco le importan.

La calidad de la educación en el país es una de las más bajas en el mundo, así lo han demostrado los distintos indicadores internacionales presentados desde el año pasado por la OCDE. Las deficiencias de los maestros para formar a los niños y adolescentes en las aulas son también preocupantes.

En 2002, Gordillo suscribió con Vicente Fox el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, y en mayo de este año la maestra firmó con Felipe Calderón la Alianza por la Calidad de la Educación supuestamente para resolver estos dos problemas, pero en realidad sólo lo que ha hecho es salir al paso y mantenerse en el poder a través del SNTE.

A la líder del magisterio no le interesan ni la calidad de la educación ni las condiciones de los maestros y tampoco los derechos laborales. Su principal preocupación es no perder sus cotos de poder, y por eso lo mismo ha apoyado a los candidatos del PRI que a los del PAN, en una suerte de malabarismo político cuyo acto final es caer parada.

Hoy, la maestra y el líder de los petroleros tratan de aprovechar la crisis económica y la debilidad de las organizaciones laborales para tratar de llevar agua a su molino, creando una nueva central obrera en medio de un contexto de elecciones federales.

En la convocatoria publicada la semana pasada, la cual firman también 35 organizaciones, ninguna obrera sino de burócratas, todas de filiación priista, argumentan que se han perdido los espacios en la lucha por los derechos y la dignidad de los trabajadores. Además, advierten que el salario mínimo ha perdido 73% de su poder adquisitivo, que 62% de los trabajadores no tiene prestaciones sociales y 46% carecen de contrato por escrito.

Ante esta situación es que aseguran que el sindicalismo mexicano está obligado a revisar su situación. Pero es aquí donde surgen nuevamente los cuestionamientos: ¿Qué calidad moral tienen los principales convocantes si están marcados por la corrupción, la riqueza inexplicable y la defensa de sus propios intereses?

Paradójicamente, se les podría aplicar el mismo cuestionamiento que los elbistas le hicieron a Roberto Madrazo en la pasada campaña presidencial: ¿Tu le crees a Elba Esther Gordillo y a Carlos Romero Deschamps? Yo tampoco

 


Publicado por solaripa69 @ 10:12
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