S?bado, 14 de junio de 2008

Calderón, sin autoridad para criticar el debate, dice AMLO

■ Quiera no no, habrá consulta sobre la reforma energética

■ Llama al PRD a preguntar a los ciudadanos en sitios donde gobierna

Fabiola Martínez (Enviada)

Lázaro Cárdenas, Mich., 13 de junio. Andrés Manuel López Obrador advirtió que la consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos en torno a la reforma energética “se va a llevar a cabo, lo quiera o no el pelele de Calderón”.

Dijo que el michoacano “no tiene autoridad moral para criticar el debate que se realiza en el Senado, porque se robó la elección en 2006 y sabe que usurpa el gobierno”.

Durante la gira que realizó hoy por este puerto y la Costa Grande de Guerrero, el ex candidato presidencial señaló que Calderón sólo obedece sus compromisos con las empresas extranjeras y, a lo más, debe disculparse con sus patrones porque no ha podido privatizar Pemex, y no echar la culpa a otros, como al senador Santiago Creel.

López Obrador realiza giras por distintas regiones del país para sumar brigadistas que participen en el movimiento en defensa del petróleo. El 27 de julio está programada una primera consulta a los ciudadanos en la mayoría de los municipios que gobiernan los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia).

Aunque habían circulado versiones acerca de la supuesta negativa del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, a realizar la consulta, la dirigente del PRD en la entidad, Fabiola Alanís, sostuvo que “sí está de acuerdo, pero hay que ver cómo la hacemos; el PRD la encabezará y hay muy buen ambiente, ya que es un tema que está en la mente de los michoacanos”, dijo.

Se espera realizar la consulta en poco más de 50 municipios de esta entidad donde gobierna el PRD, mientras en Guerrero será el Congreso local la instancia que decida si se realiza el sondeo y bajo qué modalidad.

En ese contexto, el ex candidato presidencial continuó con la difusión de su mensaje para alertar acerca de los riesgos de la entrega de funciones esenciales de Pemex a las empresas extranjeras, principalmente –dijo– por la “irresponsabilidad” del gobierno calderonista, cuyo único objetivo es saldar compromisos con las principales empresas del sector energético.

Primero, en Lázaro Cárdenas, municipio que ahora gobierna el PRD –tras arrebatárselo al PRI–, el político tabasqueño recordó el episodio que en 1938 llevó al entonces presidente Lázaro Cárdenas a expropiar el petróleo.

Ante legisladores perredistas, el presidente municipal Mariano Ortega y la dirigente estatal del sol azteca, entre otros, pidió también fortalecer de manera directa con los ciudadanos el movimiento opositor a la privatización de Pemex, como única alternativa ante “el cerco informativo” que ha sido colocado en torno a este tema y, sobre todo, “evitar una aprobación al vapor, como ocurrió con la Ley del ISSSTE”.

En ese punto, aprovechó para decir que el movimiento que encabeza estará pendiente de la resolución que tomen los ministros de la Corte sobre los amparos contra la citada reforma.

“Que no piensen que nos vamos a quedar callados. Si fallan en contra de los trabajadores los vamos a seguir tratando como alcahuetes y comparsas del régimen”, advirtió.

Mientras López Obrador dirigía su mensaje, uno de los asistentes mostró una cartulina con la leyenda: “Ser perredistas y no ser obradorista es una incongruencia. Pemex no se vende”.

Fue entonces cuando el “presidente legítimo” hizo un llamado a los dirigentes y gobernantes locales a ponerse de acuerdo para organizar la consulta, por lo menos en los municipios que gobiernan.

También repitió que deben redoblar esfuerzos ante acciones como la del “pelele” Calderón, quien en su gira por España actúa como vasallo que va a rendir cuentas al rey.

Dijo que pese a ello, los opositores a la privatización ganarán todos los debates en el Senado.

 

El caso de eperristas, delito de desaparición forzada: comisión

■ Los requisitos para tipificarlo, en leyes mexicana e internacional

■ SG: sujeto que acosó a familiares, homónimo de ex empleado federal

E. Olivares y G. Saldierna

La Comisión de Intermediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal, respresentado por la Secretaría de Gobernación (SG) sostuvo que existen elementos para tipificar como delito de desaparición forzada el caso de los dos eperristas que no aparecen desde hace un año; además, consideraron que los órganos de procuración e impartición de justicia y los de defensa de los derechos humanos “han sido ineficaces” para lograr su presentación con vida.

Señalaron que lo anterior es una “base persuasiva y sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme, a fin de resolver el objetivo fundamental” que es la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La comisión, conformada por el académico Enrique González Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, la senadora y activista Rosario Ibarra de Piedra, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y el obispo emérito Samuel Ruiz García, entregaron anoche tres documentos al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, en los que destacan el valor de los amparos que ordenan la presentación inmediata de ambos guerrilleros, “víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada”.

Uno de los textos de la comisión refiere que con base en la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001, existen “los requisitos legales necesarios” para tipificar el caso como delito de desaparición forzada.

Negativa del gobierno

En entrevista González Uyeda sostuvo que para el gobierno federal la tipificación de un ilícito “no se da por simples observaciones, sino que son elementos que se presentan ante el Ministerio Público los que definen la naturaleza del delito”.

En un tercer documento, la comisión solicita que la administración federal precise el por qué, pese a que los delitos de lesa humanidad son materia de jurisdicción exterior –como de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– además de que algunos están tipificados en la legislación mexicana, en este caso, “las procuradurías y los tribunales son reticentes a aplicar la normatividad nacional y la internacional”.

Consideraron además “indispensable” que el Estado mexicano garantice la debida atención a las denuncias por estos “graves delitos”, ante la reiterada negativa del Ministerio Público federal a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad, particularmente en el caso de los dos eperristas.

Exigieron que se aclare la relación, cargo e identidad de Alejandro Punaro, quien se ha presentado ante los familiares de los desaparecidos y activistas como “enviado” del Presidente de la República y elemento del Ejército Mexicano o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ya que “con ese carácter ejerció presiones y detenciones arbitrarias que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR”. Pidieron además a la administración calderonista aclarar la relación de las acciones de este individuo con la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

La presentación de los documentos se registró durante el tercer encuentro que sostuvieron ambas partes, en las instalaciones de la organización de Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), ubicado en calles de la colonia del Valle. La sesión se prolongó cerca de cinco horas. Carlos Montemayor, vocero de la comisión, señaló que el funcionario dio respuesta a algunos de los planteamientos que se hicieron. Por ejemplo aceptó que una persona llamada Alejandro Punaro tuvo relación laboral con una instancia del gobierno federal, pero ahora resta saber si es la misma que entró en contacto con los familiares de los desaparecidos.

El escritor puntualizó la disposición de los representantes gubernamentales a escuchar, reflexionar y dialogar, lo cual consideró una señal positiva. Señaló que esperan respuestas más completas a los documentos.

Por su lado, el subsecretario refirió que las investigaciones se llevarán hasta sus últimas consecuencias, y que se sancionará a los responsables, sin excepción. El problema se solucionará en el tiempo necesario “sin la mayor prisa, pero con toda premura”.

 

Advierte Juventino Castro y Castro sobre renacimiento del delito de disolución social

■ Lamenta que el caso de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco muera en los tribunales

■ Su derogación fue el único resultado del movimiento estudiantil de 1968, dice el ex magistrado

Alfredo Méndez

“El único resultado del movimiento estudiantil de 1968 que trastocó el orden jurídico mexicano fue la derogación, en 1970, de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que comprendían la tipificación del delito de disolución social”, sostuvo el ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino V. Castro y Castro. Pero ese gran logro, advirtió, está a punto de desvanecerse con la intención del gobierno de Felipe Calderón de volver a incluir en las leyes penales mexicanas algún apartado similar a la disolución social en el capítulo que tipifica al delito de terrorismo.

“Está por renacer (el delito de disolución social). Estados Unidos se empeña, evitando que se comprenda cuáles son sus motivos reales, en que México ayude contra el terrorismo, y mientras tanto el vecino país del norte ayudará a acabar con el narcotráfico”, advirtió el ex presidente de la Corte al participar la noche del jueves pasado en un foro organizado por el Centro Cultural Universitario 68.

Al hacer un análisis sobre los acontecimientos internacionales, políticos, sociales y jurídicos que dieron pauta al movimiento encabezado por estudiantes hace cuatro décadas, que derivó en una represión de Estado el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, el ministro puso énfasis en la posibilidad de que el contexto mundial de aquella época se repita actualmente, con dimensiones más peligrosas, a partir de la guerra contra el terrorismo declarada por Estados Unidos en el año 2001.

“Si la forma en que quieren combatir al terrorismo es la que el presidente de Estados Unidos, (George) Bush, ha hecho, pues es precisamente fuente de no respeto a las garantías constitucionales. Por ello, el único florón claro y definitivo del movimiento del 68, que fue la derogación de dos artículos del Código Penal Federal, está a punto de regresar; inclusive ya hay proposiciones concretas. De manera que ojalá no se produzcan, pero hay el peligro de que se vuelvan a producir”, destacó.

Durante el foro que se realizó en la sala oval del edificio que en 1968 fue ocupado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Tlatelolco, Juventino V. Castro destacó que aún está pendiente el tema del castigo a los responsables de la matanza del 2 de octubre, en donde el único procesado es el ex presidente Luis Echeverría Alvarez.

Sin embargo, insinuó que la resolución judicial que está por emitir el quinto tribunal colegiado penal, respecto al amparo que pidió Echeverría, no será muy favorable a las víctimas del presunto acto genocida de 1968. “Estamos ahorita pendientes de una resolución judicial. Todo mundo sabemos qué va a suceder: no va a suceder nada. Va a ser la muerte (en tribunales mexicanos) de todo el tema de las sanciones por esos hechos”, puntualizó el ministro.

Finalizó su ponencia diciendo que el movimiento estudiantil de 1968 “puede llegar a tener toda su validez en cuanto a su oposición a él, cuando ya se diga al final, en los tribunales mexicanos, que el presidente Echeverría está siendo absuelto. ¿Por qué?, porque el Tribunal Penal Internacional solamente puede actuar cuando se haya agotado hasta el último de los recursos legales en nuestro país. De aquí tendrían que, para nuestra vergüenza, brincar todo el asunto a dicho tribunal internacional. Y como México ya suscribió el aceptar esa jurisdicción internacional, está obligado a acatar sus resoluciones”.

 


Publicado por solaripa69 @ 17:48
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