Martes, 17 de junio de 2008

Cuestionan en la Corte el nuevo régimen pensionario del ISSSTE

■ Es inconstitucional, señala el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

■ Afecta derechos adquiridos de los trabajadores en activo e incrementa de manera retroactiva el tiempo de servicio, edad y monto de las cotizaciones del sistema para el retiro, apunta

Jesús Aranda

La nueva Ley del ISSSTE es inconstitucional en lo que respecta al régimen de pensiones, porque afecta derechos adquiridos de los trabajadores en activo e incrementa de manera retroactiva el tiempo de servicio, edad y monto de las cotizaciones del sistema para el retiro, aseveró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Al iniciar ayer la discusión sobre los amparos que presentaron más de un millón de burócratas en contra de dicha legislación, Ortiz Mayagoitia incluyó de manera inesperada en el “problemario” –documento que precisa la ruta de la discusión del tema– la demanda de los quejosos sobre la aplicación retroactiva de la ley, y cuestionó que entre los objetivos del gobierno federal de modificar el régimen de pensiones quedara uno que “no es fácil de descubrir” y que “pone límites a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones”.

Y es que, subrayó, legalmente no hay garantía de que las compañías aseguradoras cumplan sus obligaciones futuras en el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores, como tampoco prevé un compromiso del Estado en caso de que las aseguradoras llegaran a caer en suspensión de pagos o en quiebra. Al argumentar por la inconstitucionalidad de una parte del décimo artículo transitorio, dijo que actualmente “cuando el ISSSTE tiene insuficiencia de fondos, está el respaldo automático del Estado mexicano”.

La sesión de ayer transcurrió en calma, con el salón de plenos semivacío y, pese a las advertencias de diversas organizaciones en el sentido de que iban a cercar el edificio sede de la Corte para presionar en favor de los amparos, los pocos manifestantes que llegaron se fueron unos minutos después.

En tanto, el planteamiento del ministro presidente tomó por sorpresa a los otros nueve magistrados presentes –Genaro Góngora está fuera del país–, ya que el asunto ni siquiera estaba previsto en el “problemario”, y se comprometió a enviarles la grabación de su exposición para que la analizaran.

Sólo Salvador Aguirre Anguiano reaccionó de inmediato y rechazó los “derechos creados” de los trabajadores y cuestionó al Estado “paternalista”, sobre todo cuando “no tiene posibilidades económicas para ello”.

Trascendió que con el posicionamiento del ministro presidente este martes habrá un intenso debate sobre el tema y no se descarta que el pleno incline la balanza por la inconstitucionalidad del artículo décimo transitorio, al menos con respecto a los trabajadores en activo.

La sesión pública estaba por terminar –ya se había informado del acuerdo aprobado para discutir el tema diariamente, y el viernes, de ser necesario– y el punto más importante que habían aprobado los ministros por mayoría de nueve votos contra uno –el de José de Jesús Gudiño Pelayo– era en el sentido de que el análisis de la reforma al ISSSTE sería de manera integral, y no que se discutiera artículo por artículo, lo que representaba un avance para los quejosos, ya que el proyecto de dictamen presentado por Margarita Luna Ramos negaba en términos generales el amparo.

Después, el pleno recogió la demanda de los quejosos en contra de la resolución del juzgado administrativo que ratificó la constitucionalidad de la norma, salvo dos artículos.

También negaron el amparo en los casos en que los quejosos presentaron únicamente copias fotostáticas de su documentación, ya que tenían que presentar originales. Ortiz Mayagoitia señaló que “uno de los argumentos centrales” de los querellantes es que estaban sujetos a un régimen de seguridad social basado en principios de solidaridad de reparto y de respaldo económico del Estado, pero con la nueva legislación los incluyeron en un nuevo régimen completamente diferente, señaló.

Recordó que “la finalidad esencial” del Estado mexicano, al reformar la Ley del ISSSTE, era cambiar el régimen de seguridad social basado en aumentar cuotas a los trabajadores en activo, edad y años de servicio y con ello dejar “más tiempo de cotización y menos tiempo de pensión”, así como establecer un sistema de pensiones que obliga al trabajador en activo a optar entre la cuenta individual –puede ir a Pensionissste o a las aseguradoras privadas– o “someterse a un régimen que establece el artículo décimo transitorio”, que reduce las pensiones obligatorias a que tienen derecho los trabajadores en activo, ya que dejarán de recibir aguinaldo –equivalente a 30 días– y el monto de la pensión quedará “congelado” de por vida.

La nueva legislación no le permite al trabajador continuar con el régimen que tenía, sino tiene que escoger entre dos opciones que son diferentes, lo que es inconstitucional.

Respecto del régimen de transición que incrementa la cuota de seguridad a costa del trabajador, y de alguna manera del Estado, además del aumento en años de servicio, edad y cuotas –previstos también en el artículo décimo transitorio–, sostuvo el ministro que ahí no les afecta la ley anterior, por lo que el pleno tendrá que analizar uno por uno si esos aumentos son constitucionales, lo cual se determinará en la sesión de este martes.

Ortiz Mayagoitia: El artículo 10 de la ley del ISSSTE viola la Constitución
de la redacción

* Por su carácter retroactivo; afectará derechos adquiridos, afirma

México, D.F., 16 de junio (apro).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso hoy al pleno declarar inconstitucional el artículo 10 transitorio de la nueva Ley del ISSSTE, por su carácter retroactivo.

Durante el análisis de 10 amparos representativos de los más de 220 mil que promovieron los trabajadores al servicio del Estado, Ortiz Mayagoitia argumentó que el nuevo régimen de pensiones afecta los derechos adquiridos de los burócratas activos e incrementa de manera retroactiva el tiempo de servicio, la edad de jubilación y el monto de las cotizaciones del sistema para el retiro.

Pocos minutos antes de que concluyera la sesión, el presidente de la SCJN argumentó que el Legislativo violó la Constitución, al no permitir que los trabajadores al servicio del Estado que ingresaron a trabajar al gobierno antes de las reformas se pensionen bajo el anterior régimen de jubilaciones.

“Estoy convencido de que este régimen que establecía la ley anterior es un derecho adquirido, y que el cambio con estas modalidades adolece del vicio de retroactividad para los trabajadores en activo, porque se les saca de él”, explicó.

Ortiz Mayagoitia consideró inconstitucional que a los trabajadores que no acepten sumarse al Pensionissste se les incrementen, de manera gradual, la edad para jubilarse, el tiempo que tienen que laborar y las cuotas que tienen que aportar.

Aunque el pleno aceptó analizar la propuesta de su presidente, y debatirla mañana martes, el ministro Sergio Aguirre Anguiano, manifestó su desacuerdo. Afirmó que votará en contra.

El presidente de la SCJN manifestó también sus dudas sobre la relación jurídica de los trabajadores y las aseguradoras. Afirmó que la nueva ley pone límites a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones.

Advirtió que legalmente no hay garantías de que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones futuras en el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores.

En este sentido, Ortiz Mayagoitia puso a consideración de los ministros incluir los temas del aumento en el tiempo de cotización, el monto de las aportaciones y el sistema de cuentas individuales, que no estaban considerados en el proyecto de resolución.

Antes, la SCJN resolvió analizar la normativa en su conjunto, entendido como un sistema de seguridad social y no sólo aquellos artículos que pudieran afectar derechos jurídicos de los beneficiarios.

Sin embargo, el presidente de la Corte enfatizó que en el tema de la aplicación retroactiva de la ley el proyecto no consideraba el análisis de tres aspectos que afectan específicamente los derechos adquiridos por los trabajadores en el régimen anterior.

El primer aspecto es el aumento en las cuotas y en los años de servicio para acceder a la pensión; el segundo es la imposición un sistema de cuentas individuales, y a pesar de que se les dio la opción de elegir entre el régimen anterior y el nuevo éstos son similares, pues el anterior se adecuará progresivamente a las reformas.

El último punto es que el nuevo sistema no prevé el incremento de las pensiones, pues las establece como congeladas y el Poder Legislativo no creó mecanismo alguno para actualizar sus montos.

Así mismo sostuvo que la nueva normativa contiene vicios de retroactividad, pues "se saca de él" a los trabajadores, aunque se establecen dos posibilidades diferentes, pero que no dejan de ser nuevas y distintas al sistema anterior.

La exposición del ministro fue presentada casi al término de la sesión y tomó por sorpresa a los otros nueve ministros presentes.

 

Eliminará la SEP el concepto de reprobado del sistema educativo

■ El subsecretario Fernando González Sánchez negó que se busque ocultar deficiencias

■ El próximo ciclo entrarán en operación 5 mil escuelas “experimentales”, con “criterios de desempeño mínimo”

■ Hablamos de otra cultura de la educación, enfatizó el funcionario

Elizabeth Velasco C.

A partir del próximo ciclo escolar entrarán en operación en el país 5 mil escuelas “experimentales”, cuyo sistema de evaluación ya no consistirá en “calificar mediante números o cantidad” el desempeño de los alumnos del nivel básico (primaria y secundaria), sino que se establecerán “criterios de desempeño mínimo por grado o asignatura”, para así poder transferir al estudiante a otro nivel sin que exista la posibilidad de que repruebe, adelantó el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Fernando González Sánchez.

“Reprobar ya no estaría en el lenguaje de nuestro sistema educativo”, ilustró el funcionario sobre el nuevo método, tras destacar que con éste se propiciará “un desarrollo armónico a partir de su crecimiento (del niño); de su nivel de maduración, que va logrando en cada uno de sus instrumentos intelectuales y emocionales (sic); y eso hay que construirlo, no existe en el país”.

Entrevistado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), tras la entrega de premios a la convocatoria Los usos de Excale para la mejora educativa, dijo que los frutos de ese nuevo sistema podrían observarse, quizá, en una década.

“Los resultados podrán observarse en todo lo que resta del sexenio, y para observar frutos, quizá en unos 10 años.”

El funcionario de la SEP rechazó que en este tipo de evaluación “la consigna sea no reprobar”. En este caso, dijo, la calificación “no se resuelve por consigna, sino por acuerdos y por prácticas culturales en las que cada sociedad define cómo tratar a sus niños”. También negó que pueda servir para ocultar deficiencias: “No, porque los desempeños están claros”.

Y arguyó que “en una sociedad contemporánea, los niños ya no se aprueban o desaprueban; se les orienta en su desarrollo; el Estado y el sistema educativo debe poner distintos sistemas y servicios a su alrededor; la escuela debe tener un acompañamiento académico adecuado, servicios y oficinas de asistencia, donde los niños desempeñen sus potencialidades sin límite”.

Este proceso de “reforma curricular”, dijo, se da en el mundo, y en el caso de México está en estos momentos a discusión. “El programa que iniciaron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la SEP (Alianza para la Calidad de la Educación, suscrito en mayo pasado) se debate para establecer mínimos de asignatura, grado y nivel.”

A la pregunta de si se acotaría la influencia del SNTE con este modelo, replicó: “es una gran oportunidad para focalizar nuestra intención de transformar el sistema educativo y establecer de manera muy clara hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos”.

Según el funcionario, lo que se está discutiendo “no es sólo la decisión de no reprobar, estamos hablando de otro sistema educativo; de otra cultura de la educación”.

A insistencia de la prensa, dijo que se partirá de pruebas de desempeño como Enlace –que evalúa conocimientos de Matemáticas y Español en nivel básico–; “microprocesos de evaluación en el aula, evaluación de padres, además creamos un sistema nacional de evaluación y nos seguimos comparando con otros países”.

A partir de ese tipo de modalidades, acotó, “esperamos construir, antes de que termine el sexenio, este método”, pero –precisó– “evaluar no es calificar; calificar es darle una cantidad a un desempeño. En el mundo actual, los desempeños son muy complejos; tienen que derivarse de capacidades más claras y mejor articuladas de los alumnos, por eso la manera de evaluar tiene que ser mejor construida”.

Según González, con el nuevo método “se trata de establecer pactos académicos, sociales y en el aula para hacer de la escuela el mejor espacio y para que (los niños) encuentren una plataforma mínima de desarrollo”.

 

Participación y delación

Pedro Miguel

La participación ciudadana es “una forma de controlar y moderar el poder inevitablemente otorgado a los representantes políticos”, dice Mauricio Merino (La participación ciudadana en la democracia, IFE, México, 2001); Jorge Balbis, por su parte, la define como “toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor al Estado y que intenta –con éxito o no– influir sobre las decisiones de la agenda pública” (Participación e incidencia política de las OSC en América Latina, ALOP, 2005). “Ampliar la presencia de la sociedad en la determinación de las políticas públicas es un compromiso del gobierno federal”, se asegura en el Plan Nacional de Desarrollo del calderonato.

No hay tal. En las filas de la alianza gobernante hay perceptible pánico por la respuesta popular que está logrando la convocatoria a la consulta ciudadana que se organiza para conocer la opinión de la sociedad sobre el intento gubernamental de dar lo principal de la industria petrolera a la iniciativa privada, tentativa que afecta al conjunto de los mexicanos y que provocaría, en caso de que prosperara, pérdidas gravísimas en su nivel de vida, de por sí castigado, y en la soberanía e independencia del país. Pero según Los Pinos ese tema, como muchos otros, está cerrado a la participación ciudadana. En este punto el grupo en el poder no tiene fisuras –el no a la consulta transita desde Calderón hasta Peña Nieto, pasando por el arzobispado y por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado– y al México bonito le tiene sin cuidado lo que los de abajo puedan o quieran decir al respecto. Consúltese el regaño de un subsecretario de desgobernación a Marcelo Ebrard: el calderonato ya llevó a cabo “las consultas y foros ciudadanos” para elaborar su Plan Nacional de Desarrollo y quien no habló ahí, ahora que calle para siempre.

En cambio, se ha decidido abrir un espacio de participación a los ciudadanos en la delación de delincuentes. Así se le ocurrió ayer al propio Felipe Calderón: “Hago un llamado a todos los capitalinos y a todos los mexicanos en general para que proveamos de información a la Policía Federal (...), que podamos proveer de esa información a la policía y que ésta la organice en inteligencia, a que denunciemos y castiguemos hoy para evitar mañana que se atente contra nosotros, porque la denuncia y la información que se proporciona ahora, son delitos que se pueden evitar el día de mañana (...) La denuncia y la información ciudadana son armas poderosas y no debemos dar ninguna ventaja a los delincuentes y ninguna cobertura social”.

Volveos soplones y seréis felices. Bravo por eso, pero hay tres problemillas para acatar la consigna: el primero es que los criminales suelen tener armas un poquito más poderosas que “la denuncia y la información ciudadana”; el segundo es que la Policía Federal Preventiva, a la que Calderón pretende borrar el segundo apellido, según se ve, parece estar infiltrada por estamentos de la delincuencia organizada, como puede inferirse de las recientes ejecuciones de algunos de sus mandos; por eso, si uno atiende la petición calderonista, puede sucederle –nunca se sabe– que del otro lado del mostrador o de la línea telefónica se encuentre justamente con el sujeto al que se pretende denunciar. Tal vez eso pudiera facilitar el trámite (porque vuelve innecesaria la descripción del sospechoso: “si usted se conoce mejor que nadie&rdquoGui?o, pero hay una tercera objeción: la ciudadanía se ha cansado de señalar ante las autoridades federales a quienes habrían podido cometer delitos varios –Ulises Ruiz, Mario Marín, los Bribiesca, Romero Deschamps, Mouriño y sigue una larga lista– y de recibir, a cambio, la noticia de la absolución del señalado. Por esas razones es de dudar que la convocatoria a la delación despierte mucho entusiasmo de participación entre la ciudadanía.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:58
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