Martes, 24 de junio de 2008

Ebrard: al costo que sea, no habrá impunidad en el caso News Divine.

 

■ Será la primera vez que se acuse a un funcionario del gobierno de un delito tan grave, dice

■ Una fotografía que muestra el tapón formado en la puerta del antro será la prueba principal de la procuraduría capitalina

■ Hasta el momento no hay elementos que inculpen a Ortega, señala

De la Redacción

La fotografía muestra el tapón –aunque no se precisa el instante en que sucedió que habría provocado que la gente se atorara en la pequeña puerta de entrada del News Divine, y que 12 murieran asfixiados por el peso de cientos que los apretujaban. Es la imagen de un nutrido grupo de policías en la puerta de salida del antro empujándose unos a otros. Algunos se miran en alto, como si ya estuvieran dentro del lugar, otros en la primera escalinata, los demás sobre la banqueta, y todos como en una pirámide azul que trata de contrarrestar la fuerza que viene de dentro, que no la deja salir.

Esa impresión será la prueba principal con la que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, acuse al ex director de la Unipol en Gustavo A Madero, Guillermo Zayas González, de homicidio culposo, porque supuestamente de su mando partió la orden de impedir la salida.

Con esta información concluyó ayer por la noche una reunión en la que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, mostró a un grupo de periodistas dos videos y una fotografía, en los que se narra, cuadro a cuadro, parte de lo ocurrido el viernes pasado en un salón de baile de la delegación Gustavo A. Madero.

Visiblemente consternado, el jefe de Gobierno explicó que se ha reunido con los familiares de las víctimas de la desbandada que provocó 12 muertos el fin de semana pasado, y prometió, a petición de ellos, que las imágenes de los cadáveres no serán incluidas en las cintas editadas que se darán a conocer públicamente.

Explicó, de la misma manera, que en la ciudad de México existen 150 lugares a los que se les llama antros, que permanecen abiertos al público y no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para proteger de ningún siniestro a quienes los visitan, y donde, según denuncias ciudadanas se vende droga o alcohol a menores.

Pero advirtió que el gobierno central no puede hacer nada en contra de esos lugares ya que la clausura o la puesta en operación de esos antros es una obligación que da la ley a las jefaturas delegacionales, aunque aclaró que los hechos de corrupción que permiten que esos lugares estén abiertos ya son investigados. “Se investiga quiénes son los dueños, quiénes los socios y cuáles son sus historias”, explicó el mandatario local.

Sobre las fallas del operativo que los videos evidencian, señaló que el tapón que formaron los policía tuvo que ver, según las primeras indagatorias, con el gran número de jóvenes que serían presentados a la autoridad para saber si se hallaban intoxicados por alguna sustancia que les hubieran vendido en el antro, y la falta de vehículos para transportarlos.

Cuando se llenaron los primeros camiones se decidió parar el flujo de personas, según lo dicho en esa reunión por el procurador del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, a una orden del responsable del operativo, Guillermo Zayas. Se trataba de llevar a los jóvenes ante la autoridad para comprobar que en el News Divine se les intoxicaba, y de es manera poderlo clausurar, pero el número de personas rebasó, al parecer, los cálculos del mando policiaco.

Se hizo saber, también, que la voz de desalojo de quien fungía como encargado del negocio provocó, en una segunda llamada, el tumulto, y que esto habría sucedido en el momento en que se ordenó impedir que los asistentes al lugar siguieran desalojándolo.

Otras graves fallas observadas por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se dieron, por ejemplo, en la falta de servicios médicos de emergencia que debería acompañar al operativo de Unipol, en el que según el procurador sólo intervinieron cuatro policías judiciales, pero que según testigos, eran más de una decena.

Durante la reunión se buscó saber si la responsabilidad del operativo también recaería sobre el jefe de la policía, Joel Ortega, y aunque Ebrard fue muy claro y reiteró que no habría impunidad en el caso, “sea al costo que sea”, y que esta será la primera vez en la historia de la capital que se acuse de un delito tan grave a un mando como Zayas, advirtió que por el momento no existen elementos que inculpen al secretario de Seguridad Pública.

Detecta IMP “evidencias definitivas” de depósitos de aceite en el fondo del Golfo

■ En debate universitario esbozan negro panorama para ingenieros petroleros en México

■ Critica geofísico la ausencia de una política nacionalista en ciencia y tecnología, y criterios del SNI

Enrique Méndez

Al participar en el Debate universitario sobre la reforma energética, el director del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Héber Cinco Ley, afirmó ayer que el organismo ha iniciado una investigación costa afuera en Veracruz, donde se han detectado “evidencias definitivas” de yacimientos de aceite en aguas profundas del Golfo de México.

Reconoció que “no hay equipos actualmente en el mundo” que permitan la exploración y la explotación en aguas profundas en el país, debido a la competencia y escasez de tecnologías, pero acotó que “sí se puede adquirir” y aplicarla, “si sabemos seleccionarla; Petróleos Mexicanos todavía no tiene experiencia, pero tal vez sea prudente una asociación”.

En el marco de la mesa 4, Recursos humanos, investigación y tecnología en materia energética, efectuada en el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el titular del IMP consideró que los formadores de especialistas no necesariamente tienen que ser mexicanos. “Si el mejor está en China, se traerá de allá. No debemos empezar de cero para formar a los investigadores. Tenemos que traer a la cabeza”, afirmó.

Por ejemplo, dijo, hasta 1968 en Pemex no trabajaba ningún posgraduado en hidrocarburos, “porque no se creía en ello”, y hasta el año siguiente comenzó a formarse la primera generación en esa especialidad. “Vino un venezolano, Rafael Sandrea, a formarlos, y hay que perderle el miedo a que tengan que ser mexicanos”, resaltó.

Formación en escuelas patito

Néstor Martínez, doctor en ingeniería, lamentó que la formación de especialistas en ingeniería petrolera y geofísica no esté explícita en las iniciativas de reforma de Felipe Calderón, sobre todo cuando –resaltó– hoy día sólo hay dos profesores de tiempo completo en ingeniería petrolera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Dijo que, si bien en algunas escuelas se forman ingenieros en geofísica, “el problema es que no son de calidad, son escuelas patito, para que los alumnos de las zonas petroleras hallen empleo”.

Al contrastar lo que se destina a la formación de recursos humanos con la renta petrolera, detalló que mientras se destina un millón de pesos para el posgrado en la materia, con un solo día de exportación de crudo podrían pagarse cinco años de investigación del IMP y las universidades públicas.

Más aún, refirió que el deterioro en la formación de especialistas llega al grado de que en Estados Unidos se cuenta con 17 mil ingenieros petroleros, pero en México desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari “se cerró la contratación de posgraduados y algunos se dedicaron a taxistas”.

Ismael Herrera Revilla, investigador del Instituto de Geofísica, advirtió la carencia de una política científica y tecnológica nacionalista que, lamentó, en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, para la evaluación se usa todavía el criterio de cuántos artículos han publicado y cuantas citas de éstos logran los especialistas.

En la sesión de preguntas y respuestas, a Cinco Ley se le inquirió si Pemex no puede por sí mismo desarrollar la tecnología para exploración en aguas profundas, con financiamiento del Estado. El funcionario respondió: “sí se puede, en 100 años, si ustedes quieren, pero entonces ya para qué queremos el petróleo”.

También el jurista Héctor Felipe Fix-Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sostuvo que la Constitución, “interpretada razonablemente debe permitir que se discutan y debatan” iniciativas como la de reforma a Pemex, y a una pregunta sobre la viabilidad legal de la consulta promovida por el Gobierno del Distrito Federal, afirmó que la participación social se da en los medios, en las comunidades universitarias “y no necesariamente en referendos”.

Por la tarde, al discutirse el marco jurídico de Pemex y la inconstitucionalidad de las iniciativas presidenciales, el diputado del PRD David Mendoza Arellano explicó que la intención del gobierno de Calderón es “privatizar todo el proceso de la industria del petróleo: la perforación, la extracción, la refinación, el almacenamiento, la transportación y la comercialización”.

Cada etapa, amplió, genera recursos y esto es lo que se conoce como renta petrolera, y en este caso la administración del PAN no ha aclarado si en todas esas fases su participación en el costo de extracción hasta la venta será a un precio preferente o de mercado. “El debate debe ser hasta dónde AN quiere compartir la renta petrolera”, aseguró.

Hasta el momento, refirió, por la operación de contratos con empresas privadas mediante la figura de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas) la deuda de Pemex asciende a 1.6 billones de pesos, de los que el año pasado se pagaron 117 mil millones de pesos por intereses.

Manuel Alfredo Bravo Olivares, profesor de economía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, rechazó el argumento para la apertura a la iniciativa privada en Pemex que se centra en que la paraestatal no genera ganancias. “Pemex –dijo– no tiene obligación para obtener utilidades, porque no busca un fin de lucro. Es como si a la UNAM se le exigieran utilidades. ¡Es una locura! Pemex fue creado en beneficio del pueblo de México. Lo que hay que cambiar es su régimen fiscal”.

Asimismo, y luego de que el director del Instituto de Ciencias Nucleares, Alejandro Frank Hoeflich, preguntó si no puede el Estado ser rector, garante de la soberanía y controlar la inversión extranjera, Bravo Olivares planteó que en lugar de promoverse una privatización, el gobierno y Pemex deberían destinar recursos de los excedentes petroleros para comprar la tecnología. “¿Por qué las empresas se negarían a vendernos, sobre todo cuando el mercado está caído?”, resaltó.

La reforma energética. Las verdades a medias

Javier Jiménez Espriú/ II

Las iniciativas para la “reforma energética” se han construido a partir de un diagnóstico con datos sesgados, de un lenguaje engañoso y de verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras dolosas.

Porque es cierto que Pemex está técnicamente quebrado, que las reservas de Cantarell declinan, que el sindicato de Pemex es enormemente oneroso –aunque se soslaya–, que sólo tenemos petróleo para 10 años con los actuales ritmos de explotación –si no hacemos nada para probar ni optimizar reservas–, que en Pemex hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.

Que no tenemos ni la tecnología ni el dinero para perforar a grandes profundidades en el mar –aunque ni estamos en cero ni es conveniente ahora ir al mar ultraprofundo–, aunque si esto fuera urgente, cierto es que tenemos el petróleo y quien tiene el petróleo puede poner las reglas del juego para adquirir la tecnología y obtener el dinero.

Pero también es verdad que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria a la iniciativa privada, que estamos a tiempo para seguir preparando a nuestros ingenieros y técnicos, que ya lo hacen a pesar de la poca voluntad de los políticos y estarán en condiciones para adquirir la tecnología oportunamente –desarrollarla o comprarla y asimilarla–, con acuerdos comerciales de transferencia con quien la tenga.

Que Pemex está quebrada a propósito –lo que se puede solucionar rápidamente–, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización –para lo que es ampliamente solvente– y de protección de la soberanía de la nación.

Que esto lleva ya tiempo, sin definir políticas energética y petrolera, imperiosas para el desarrollo de la industria y de México y que esa empresa técnicamente quebrada, a pesar de sus ineficiencias y grupos y personas corruptos –lo que es inaceptable y urge corregir– es de todas formas una de las petroleras más rentables del orbe antes, desde luego, de las exacciones impositivas y políticas a que está sujeta.

Que es la única petrolera del mundo a la que no se le ha permitido aprovechar los recursos del boom del precio del petróleo para atender sus deficiencias y rezagos; para instalar refinerías, para modernizar y ampliar su red de ductos, para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico y para promover la industria petroquímica.

Que contamos con más posibilidades de explorar y encontrar petróleo y gas en el territorio y en aguas someras que en las grandes profundidades del océano; que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en la participación privada en Pemex y no de la razón técnica ni de la planeación estratégica.

Y así, otras muchas verdades que se ocultan para dejar impunes las causas del deterioro y a sus causantes –quienes la han administrado– y para no desvirtuar las que parecen dar argumentos a una decisión tomada: abrir Pemex con “contratos de desempeño” y obsequiando a la iniciativa privada la refinación del petróleo, la propiedad y operación de oleoductos y la posibilidad de venta de gasolinas del exterior, que es entregar a los poderosos de siempre –de aquí y de allá y más de allá que de aquí–, eslabones fundamentales de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, trastocando la Constitución.

Porque nuestra Carta Magna se refiere a la industria petrolera integral como área de exclusividad del Estado y en leyes secundarias se pretende –lo que no es legítimo– limitar las áreas estratégicas de la industria, reduciendo arbitrariamente el espectro que define y preserva, transfiriendo al sector privado funciones que la letra y el espíritu de la Ley Suprema otorgan indubitable y exclusivamente al Estado.

Y esto no es otra cosa que privatizar, objetivo fundamental de la propuesta.

La restructuración de Pemex –urgente y conveniente sin duda–, la premura de su presentación y el ansia de su aprobación urgente y con ello sus grandes omisiones, gira alrededor del interés en su apertura al sector privado. La propia iniciativa, en los tiempos que marca, da un ritmo precavido a sus propuestas sobre la autonomía de gestión y a las del uso de los recursos excedentes, pero establece como inicio de las posibilidades de contratación en un régimen especial por demás laxo, el día siguiente a la publicación de la ley.

La restructuración y sus resultados tomarían varios años –ya lo mencionó el propio Presidente y ya no tocará a su administración disfrutarlos–, … pero los contratos y su disfrute fluirán de inmediato.

 


Publicado por solaripa69 @ 16:45
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