Martes, 01 de julio de 2008

Seguridad Pública de León enseña a policías a torturar

Tehuacanazos y el pocito forman parte de la “capacitación extrema” para agentes voluntarios

■ El procurador de Justicia del estado señala que estas prácticas son ilegales y anuncia investigación

Carlos García (Corresponsal)

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Ampliar la imagen Un video difundido por El Heraldo de León muestra a uno de los agentes del Grupo Especial Táctico de la policía municipal en el momento en que vuelve el estómago, durante un entrenamiento en tácticas de tortura. El policía fue arrastrado sobre su propio vómito por uno de sus compañeros. En la siguiente toma, otro de los uniformados, atado y con los ojos vendados, está a punto de recibir un chorro de agua mineralizada por las fosas nasales (práctica conocida como tehuacanazo). Según el secretario de seguridad pública del ayuntamiento panista, Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, los elementos de la corporación necesitan estar entrenados para cometer este tipo de vejaciones a fin de combatir la creciente presencia del crimen organizado en GuanajuatoUn video difundido por El Heraldo de León muestra a uno de los agentes del Grupo Especial Táctico de la policía municipal en el momento en que vuelve el estómago, durante un entrenamiento en tácticas de tortura. El policía fue arrastrado sobre su propio vómito por uno de sus compañeros. En la siguiente toma, otro de los uniformados, atado y con los ojos vendados, está a punto de recibir un chorro de agua mineralizada por las fosas nasales (práctica conocida como tehuacanazo). Según el secretario de seguridad pública del ayuntamiento panista, Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, los elementos de la corporación necesitan estar entrenados para cometer este tipo de vejaciones a fin de combatir la creciente presencia del crimen organizado en Guanajuato

León, Gto, 30 de junio. La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de León, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), entrena a sus policías en técnicas de tortura.

En dos videos que tiene La Jornada y que fueron difundidos por El Heraldo de León, se puede ver el entrenamiento que recibe el Grupo Especial Táctico (GET) para obligar a los detenidos a proporcionarles información.

El secretario de Seguridad Pública del municipio, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, aceptó este lunes que los elementos del GET recibieron un “curso de técnicas de tortura, por la necesidad de tener grupos perfectamente preparados para combatir al crimen organizado”.

En el video se observa que las prácticas son conducidas por un extranjero, al parecer estadunidense, y elementos del cuerpo de elite de la policía de León se ofrecen como voluntarios para ser sometidos a tormentos.

Entre las enseñanzas que reciben los agentes leoneses está el famoso tehuacanazo, que consiste en inyectar agua mineral por las fosas nasales al interrogado.

También se instruye a los policías para que amarren a los detenidos, les cubran el rostro y los amenacen con meterles la cabeza a una fosa llena de excremento, técnica conocida como el pocito.

El video muestra que uno de los agentes participantes en el entrenamiento no aguantó la tortura, se desplomó y volvió el estómago. El instructor lo obligó a girar sobre el suelo hacia donde estaba su vómito y otro de los participantes lo arrastró sobre sus desechos.

“Sabían de qué se trataba”

El secretario de seguridad pública de León, Alvar Cabeza de Vaca, justificó que en su dependencia se entrene a los policías para torturar, porque “se requiere tener un grupo especial que responda a ciertas condiciones. Vemos claramente cada vez más la inclusión, no sólo en León, sino en todo el estado, del crimen organizado, y necesariamente hay que tener estos grupos”, afirmó

El funcionario municipal argumentó que el curso no fue obligatorio. Los participantes “sabían de que se trataba. Es una capacitación extrema para situaciones extremas”.

Al preguntársele a Cabeza de Vaca por qué una dependencia del gobierno municipal ofrece cursos sobre prácticas ilegales que violan los derechos humanos, respondió: “Pos si bien no está prohibido... Yo no sé al final de cuentas como llegó el video (a los medios de comunicación). El capacitador hace las grabaciones para observar y corregir con base en el ensayo”.

La tortura en Guanajuato es un delito: de acuerdo con el artículo 264 del Código Penal del estado, el servidor público que “intencionalmente ejerza violencia sobre una persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de investigación”, enfrentará una pena de prisión de dos a 10 años de prisión.

Alvar Cabeza de Vaca ha ocupado diversos cargos en el área de seguridad pública: fue director de la policía de León en la administración 2000-2003; posteriormente fue subsecretario de Seguridad durante la gubernatura del panista Juan Carlos Romero Hicks.

El cepo y la cruz

El funcionario que considera necesario enseñar a los policías a torturar organizó una misa el 8 de noviembre de 2006, oficiada por el obispo José Guadalupe Martín Rábago, para dar la bienvenida al nuevo director de policía, Carlos Tornero.

La invitación que se dirigió al personal operativo y administrativo para acudir a la misa mencionaba que se pedirían bendiciones para los agentes, para “ver si con la palabra de Dios entienden y evitan caer en la tentación”.

Mientras el ayuntamiento panista enseña a sus policías a torturar, hace unos días se dio de baja a tres policías que golpearon a un ciudadano, luego que Televisa Bajío difundió un video de la agresión.

El procurador general de Justicia del estado, Daniel Federico Chowell Arenas, anunció que se abrirá una averiguación previa.

“Rechazamos este tipo de conductas. Iniciaremos de oficio una averiguación previa. La autoridad no puede cometer esas conductas delictivas; la autoridad debe brindar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía”, señaló el funcionario al finalizar un evento en el cual el gobierno estatal anunció el Plan de Inversión para la Competitividad de Guanajuato.

Gobierno de Colima entrega medicina caduca a portadores de VIH
pedro zamora briseño

Colima, Col., 30 de junio (apro).- El Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) denunció que la Secretaría de Salud del gobierno estatal está entregando medicamentos con fecha de caducidad vencida a pacientes portadores de esa enfermedad en la entidad.

El representante de la organización en Colima, Jorge Iglesias de la Cruz, informó en entrevista que esa situación ha generado desconfianza entre algunos de los pacientes, que han preferido suspender el tratamiento, con los riesgos que ello implica para la evolución del virus en su organismo.

De acuerdo con un oficio enviado por Iglesias el 25 de junio anterior al secretario de Salud, José Salazar Aviña, el medicamento detectado con esa irregularidad es el denominado Efavirez de 200 miligramos, cuyo empaque señala el mes de mayo de 2008 como fecha de caducidad.

A través del documento, el representante de Frenpavih se quejó además de que no se están realizando los estudios periódicos de carga viral a los pacientes en los hospitales ni en el Centro de Readaptación Social (Cereso), por lo que esta falta de monitoreo los coloca en peligro de ser atacados por enfermedades oportunistas.

Así mismo, manifestó que existe desabastecimiento de medicamentos secundarios como analgésicos y polivitaminas, además de que solicitó la asignación de otro médico que auxilie al que actualmente se encarga de la atención y seguimiento de quienes se encuentran afectados por el VIH, pues hay personas que no son atendidas por falta de tiempo.

Héctor Hugo Figueroa Mendoza, miembro es Frenpavih, es uno de los pacientes que han recibido medicamentos caducos y cuando se quejó de esta situación se le indicó que no había más y que debía de tomarse esos.

“Yo estoy con esa inconformidad, porque a mí me enseñaron que un medicamento vencido ya no sirve y que al contrario puede provocar otros problemas de salud; entonces al menos yo no me los voy a tomar, prefiero buscar y conseguirlos por otro lado hasta que nos vuelvan a dar medicamentos vigentes”, señaló.

Figueroa Mendoza dijo que no le parece justo el trato que le ha dado la Secretaría de Salud: “¿Por qué nos dan ese medicamento caducado? Está bien que nos apoyen por ese lado, pero tampoco que sean así, porque no les estamos pidiendo un favor, lo que nos dan lo pagamos con nuestros impuestos.”

Por su parte, el médico Carlos César Romero Moreno, director de Servicios de Salud de la dependencia, reconoció que se han entregado a los pacientes con VIH medicamentos con caducidad vencida al mes de mayo, pero adujo que éstos son efectivos todavía 90 días después de la fecha límite marcada en el empaque.

Explicó que normalmente los medicamentos se reciben en el almacén con una fecha de caducidad de 18 meses, pero en casos muy específicos como éste se vencían en mayo. “Tenemos que aceptarlos para contar con ellos porque los vamos a necesitar, es mejor tenerlos con esa seguridad que no tenerlos y exponer más a los pacientes”, justificó.

Romero Moreno abundó: “Todos los medicamentos que se compran cumplen con todas las normas de calidad y de la fecha de caducidad que tienen, nosotros tenemos la seguridad de que no pierden su capacidad por un término de 90 días más de la fecha señalada.”

En el caso de los pacientes que al desconfiar de la fecha de caducidad vencida han suspendido su tratamiento, el funcionario de la Secretaría de Salud comentó que es preferible que tomen sus medicamentos y que tengan la seguridad de que les va a funcionar a que lo dejen de tomar, porque, entonces, el proceso infeccioso de cada organismo se modificará.

Según datos proporcionados por la coordinadora del Programa de Atención a Personas con VIH, María Eugenia Figueroa Santana, la Secretaría de Salud atiende actualmente a 230 pacientes con esta enfermedad, a quienes destina anualmente 2 millones de pesos en tratamientos antirretrovirales y 1 millón 700 mil pesos en estudios de carga viral cd4 y cd8.

Cada año, dijo, se descubren alrededor de 21 nuevos seropositivos y se registra un promedio de 30 personas fallecidas a causa de esta enfermedad.

En relación con el desabastecimiento de medicamentos secundarios, el médico Carlos César Romero indicó que este problema viene desde los laboratorios, pues “si tú le haces un pedido de determinado número de cajas a un proveedor, en ocasiones te van surtiendo de manera parcial, aunado a que esos medicamentos como paracetamol, polivitaminas y trimetropim se utilizan para muchas otras patologías”.

Dijo que en Colima existe el problema de que vienen a solicitar los servicios de la Secretaría de Salud muchos pacientes que no tienen seguridad social en Jalisco y Michoacán, que no se les puede negar el servicio.

“Entonces, esas recetas que se surten a personas de fuera del estado, así como las de pacientes del ISSSTE y del IMSS que en otros años acudían a nosotros porque nuestro servicio es más rápido y expedito, nos fue mermando la cantidad de medicamentos disponibles para algunos procesos”, agregó.

Sobre la falta de estudios de carga viral, Romero indicó que las licitaciones de los exámenes de laboratorio se realizan con base en el número de pacientes que normalmente se deben tener, pero en esta ocasión el número de pruebas excedió a la cantidad que se encontraba presupuestada y a ello se debió desabastecimiento.

En lo que se refiere al personal médico para la atención a los pacientes con VIH, comentó que en todo el estado sólo existen dos médicos con el perfil para este tipo de padecimientos, uno de ellos en el Seguro Social y otro en la Secretaría de Salud, y ambos se encuentran saturados de trabajo, aunque “el servicio se ha estado prestando de la mejor manera posible”.

Exhumarán cadáver de anciana atacada sexualmente en Veracruz

Andrés T. Morales (Corresponsal)

Jalapa, Ver., 30 de junio. Los restos de la anciana nahua Susana Xocua Tezoco, quien falleció en mayo –al parecer después de un ataque sexual– serán exhumados en los próximos días según el acuerdo que hicieron pobladores de la comunidad San José Independencia, en la sierra de Zongolica, con el gobierno estatal.

El secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos de la dirigencia nacional del PRD, Juan Carlos Mexhua Campos, dijo que los familiares accedieron a firmar la autorización para que se practique la necropsia al cadáver de la mujer de 64 años de edad, que omitió el Ministerio Público.

Explicó que tras la reunión del 24 de junio, el gobernador Fidel Herrera Beltrán instruyó a la procuraduría del estado revisar el expediente judicial sobre la muerte de Xocua Tezoco, e incluir 250 testimonios de los lugareños.

La tarde del 25 de mayo, pobladores de San José Independencia, perteneciente al municipio de Zongolica, localizaron en medio de un sembradío de maíz el cadáver desnudo de Xocua Tezoco, con huellas de golpes y las piernas abiertas.

Pese a las evidencias de ataque sexual y muerte violenta, la agencia ministerial se negó a realizar la autopsia y cerró el caso, con el argumento de que la mujer había muerto por “cistocele estrangulada” –una especie de hernia que se forma entre la vejiga y la vagina– además de intoxicación por consumo de hierbas.

El argumento fue rechazado por el esposo y los hijos de la víctima y por los 250 pobladores de San José Independencia que acudieron al lugar donde se encontró el cadáver. “Esas personas quisieron dar su testimonio y no fue aceptado; la señora fue sepultada sin que le practicaran la necropsia ni se ahondara en la investigación”, recordó Mexhua Campos.

Sin embargo, precisó que con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que preside Rosario Ibarra de Piedra, se logró una reunión con el gobernador quien ordenó a la procuraduría del estado reabrir el caso, realizar los peritajes forenses y recopilar los testimonios.

El también ex regidor de Zongolica exhibió el expediente de las revisiones médicas realizadas a la víctima en el programa de Oportunidades, en el cual no se menciona ningún padecimiento canceroso ni por cistocele como argumentó el Ministerio Público.

El esposo de la mujer, Juan Temoxtle Acatecatl, agregó que dio su testimonio, al igual que sus hijos, sobre las condiciones de salud de su mujer y descartaron algún padecimiento crónico.

Mexhua Campos señaló finalmente que todavía sigue pendiente el esclarecimiento de dos feminicidios ocurridos en un año: de Adelaida Amayo Aguas y Anastasia Coyohua Cahua. La primera, de 40 años de edad, fue encontrada muerta en un camino del municipio de San Juan Texhuacán en mayo de 2007 y la segunda, de 65, fue localizada en un paraje de Los Reyes el 14 de junio. En ambos casos hubo huellas de violencia y abuso sexual aunque la procuraduría estatal tiene la hipótesis de que una de estas muertes fue por ingerir hierbas tóxicas.

Revoca la SEP registro de validez oficial a 501 bachilleratos privados

■ Omite cifra de alumnos afectados, pero anuncia instalación de mesas para protegerlos

Elizabeth Velasco C.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) revocó ayer a 501 escuelas privadas de bachillerato del país el Registro de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por incumplir los “estándares de calidad”; cambiar de domicilio sin dar aviso a la dependencia federal o haber omitido el aviso de inicio de actividades, entre otras razones.

Así lo anunció el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, quien declinó dar una cifra de alumnos afectados para evitar caer en “imprecisiones”, aunque estimó que en cada escuela sin RVOE hay unos cien alumnos inscritos.

En rueda de prensa en la sede de la SEP, el funcionario precisó que los certificados de estudio obtenidos en escuelas sin registro carecen de validez oficial. De hecho, “no pueden ser tomados en cuenta para ingresar a un nivel superior; o más grave aún, si la persona cursa la universidad, cuando venga a la SEP no podrá obtener su cédula profesional pues no contará con un precertificado válido de bachillerato”.

Sin embargo, dijo, se revisará caso por caso con los alumnos que ya hubieran concluido el ciclo escolar para reconocerles sus estudios de bachillerato o su certificado.

“Se darán facilidades para que ningún alumno sea afectado; si un plantel no ha cumplido con el programa de estudios desde hace tiempo, tendríamos que aplicar algún examen y darle el acceso a procedimientos correctivos para readaptarse al plan de estudios oficial.”

Los alumnos, agregó, serán canalizados a los planteles de educación media superior pública federal más cercanos a su domicilio, para “asegurarnos de que concluyen el año sin ningún contratiempo y puedan acceder al siguiente ciclo escolar”.

Si el ciclo lectivo aún no concluye, se verificará el “historial de cada alumno” y “nos vamos a asegurar de que esa institución sí emita el certificado o acredite el año escolar de acuerdo con lo establecido en la norma, de manera que ese alumno pueda acceder sin ningún problema al ciclo 2008-2009”.

Para lograr lo anterior se instalarán mesas de atención donde se dará asistencia a alumnos y planteles. No obstante, destacó que es importante que los padres de familia o los alumnos se comuniquen por correo electrónico o vía telefónica a la SEP o a las oficinas de la dependencia en las entidades del país, porque “precisamente un número muy importante de instituciones a las que se revocó el RVOE son las que cambiaron de domicilio y no hemos podido ubicar”.

Además, los afectados pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir la devolución de su dinero, en caso de que la escuela no tenga RVOE y ya cursen algún nivel superior.

Székely explicó que desde mayo de 2007 la SEP informó a las escuelas privadas de ese nivel que “ejercerá su facultad de revisar al menos dos veces por año a cada una para darles parámetros de mejoramiento”. A partir de ello se levantó una base de datos que arrojó a agosto de 2007 un total de 3 mil 425 registros vigentes en la SEP.

Las revisiones se hicieron en septiembre y noviembre pasados con base en los siguientes criterios: ubicación y fachada en regla, registro que cumpla con la norma, perfil de docentes, infraestructura (aulas, servicios, talleres, laboratorios), planes de estudio y el otorgamiento de becas (5 por ciento de la matrícula).

Székely indicó que en junio de este año culminó el proceso de regularización, revisión, identificación de planteles y mejora de la calidad, y este lunes se procedió a la revocación de las REVOE; además, 412 registros están inactivos, 58 se dieron de baja y 70 están en revisión. A partir de 2008, el número de RVOE es de 2 mil 402.

Si bien la Constitución y la Ley Federal de Educación permiten a cualquier particular dar servicios educativos en México, y es “opcional” para esas escuelas obtener el registro de la SEP, advirtió que las que no tengan RVOE no pueden entregar un certificado de bachillerato y si lo entregan no tiene validez oficial, lo cual tiene que difundirlo el plantel. El funcionario puso a disposición del público la página electrónica sems.gob.mx, para que los interesados puedan revisar si su escuela cuenta con RVOE, así como el correo [email protected] y el teléfono 3601 1000 ext. 18566 y 18526 para obtener asistencia.

 

 


Publicado por solaripa69 @ 9:54
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