Mi?rcoles, 02 de julio de 2008

Edil panista de León defiende que se enseñe a policías cómo torturar

■ Advierte que seguirán las prácticas y no habrá sanciones; se queja de “campaña” de medios

■ El gobernador de Guanajuato respalda a su correligionario

■ El ayuntamiento se niega a informar quién da el entrenamiento

Carlos García y Agustín Galo Samario (Corresponsales)

León, Gto, 1º de julio. Los entrenamientos impartidos a miembros del Grupo Especial Táctico (GET) de la policía municipal de León, Guanajuato, para enseñarlos a torturar continuarán y ningún funcionario será destituido, afirmó este martes el alcalde panista de dicha localidad, Vicente Guerrero Reynoso, quien pidió a los medios de comunicación: “Por favor, sean más éticos, sean más responsables. Den la nota con elementos, no con supuestos. Ya basta, ya basta de este tipo de cosas. Le hacen mucho daño a la sociedad. Actúen éticamente, por favor”.

En cuanto a los videos que tiene La Jornada, difundidos originalmente por el diario regional El Heraldo de León, que muestran las agresiones y vejaciones infligidas a policías de León como parte de su preparación para torturar, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, dijo que una de las grabaciones es “hechiza”.

Añadió que Guerrero Reynoso se comprometió con él a garantizar el respeto a los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho en León. “Yo le creo, creo en su convicción y no voy a entrar en discusiones”, dijo el mandatario emanado del Partido Acción Nacional, al igual que el alcalde leonés.

El presidente municipal señaló que las tácticas enseñadas por una persona no identificada, de nacionalidad inglesa, son “parte de un entrenamiento que no se va a suspender. Así de sencillo”.

En entrevista colectiva, Guerrero Reynoso sostuvo que él y los colaboradores “estamos muy tranquilos, trabajando, haciendo nuestra tarea, y a ustedes (los medios de comunicación) les toca hacer la difusión de las notas en forma ética y profesional”.

El presidente municipal advirtió que ya no dará más declaraciones sobre los videos en los que se observa a policías del GET aplicar a sus compañeros torturas como el tehuacanazo (introducir agua gasificada por las fosas nasales) y el pocito (sumergir la cabeza de la víctima en excremento) porque “ha habido un teléfono descompuesto. En su momento daremos información, si es conveniente, a través de la policía”.

Las autoridades de León se han negado a precisar quién y desde cuándo imparte los cursos, y quién lo contrató.

Es “capacitación” para “situaciones estresantes”

El director de la policía de León, Carlos Tornero Salinas, afirmó en conferencia de prensa que la difusión de los videos “busca precisamente desacreditar a la institución, de una forma u otra. ¿Quién tiene en un momento dado el interés? No sabría yo decírtelo. La policía de León tiene un manejo profesional, con instructores de altas condiciones”.

Sostuvo que los cursos de tortura se imparten a elementos de la corporación para que puedan enfrentar situaciones de “alto estrés”, pero “esto no implica, y ahí si quisiéramos la aclaración, que se esté adiestrando para la aplicación de medios de tortura”.

Se preguntó al funcionario qué tipo de situación “extrema” podría vivir un policía cuya labor es administrativa y de prevención del delito. “Son situaciones que no conozco yo en el caso concreto, no”, replicó.

Pero Carlos Tornero (hermano de Mauricio, ex director de la Policía Judicial y ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal) se contradijo. Primero señaló que con la capacitación se pretende que los policías resistan situaciones adversas; después dijo que cuanto aparece en los videos son simulaciones de tortura.

Además, precisó que los videos se grabaron en abril y que el curso se aplicó durante 160 horas en 12 días.

 

Condena generalizada al ayuntamiento leonés

■ La Comisión Permanente discutirá entrenamiento para torturar

Víctor Ballinas, Elizabeth Velasco, Alfredo Méndez, Georgina Saldierna, Angélica Enciso, José Antonio Román y Mariana Norandi, reporteros; Carlos García y Agustín Galo Samario, corresponsales

Legisladores, académicos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, la Iglesia católica, partidos políticos y hasta el ex dirigente de Acción Nacional (PAN) Manuel Espino condenaron el entrenamiento que recibe la policía de León, Guanajuato, en técnicas de tortura.

Tras coincidir en que esta capacitación es violatoria de los derechos humanos, exigieron una investigación a fondo para sancionar a los funcionarios del ayuntamiento panista que avalan estos “abusos”.

Luego que La Jornada difundió información sobre el entrenamiento que recibe el Grupo Especial Táctico de León, senadores y diputados de diferentes partidos demandaron investigar por qué el ayuntamiento prepara a sus policías de esa forma.

El presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, y los coordinadores de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, y del PAN, Gustavo Madero, afirmaron que la tortura es “una práctica condenable y reprobable que debe ser denunciada”. Asimismo acordaron llevar hoy el tema a la Comisión Permanente, ya que se trata de “una regresión” en la defensa de las garantías individuales.

La sociedad, en peligro

El senador Francisco Arroyo, del Partido Revolucionario Institucionales (PRI), demandó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indague las presuntas violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Tortura.

“El PAN y el Yunque impulsan estas prácticas que creíamos del pasado –dijo el priísta–. Se están creando criminales en potencia y hay que hacer denuncias públicas porque la sociedad guanajuatense correrá serios peligros.”

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeheira López Reyna, llamó a las autoridades estatales y del Instituto Nacional de Migración para que investiguen y sancionen a los funcionarios que aprobaron este entrenamiento y permitieron el ingreso de extranjeros para impartirlo.

La diputada panista llamó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal a revisar urgentemente las políticas de capacitación policiaca, a promover el respeto a los derechos humanos y a indagar los abusos cometidos contra los policías de León que participaron en la práctica.

Guillermo Garduño, especialista de la unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana en seguridad nacional y fuerzas armadas, afirmó que es un “doble error” dar ese tipo de adiestramiento a policías de cualquier nivel. Además de “la inutilidad y la estupidez del hecho, las autoridades policiacas deberían saber que ninguna prueba obtenida bajo tortura es legal”.

El segundo error, “más delicado”, radica en que “se deja a los elementos de seguridad pública en total indefensión frente a actos de autoridad que violan sus derechos humanos y constitucionales”.

Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato emitir una recomendación para cancelar ese entrenamiento.

Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, advirtió que en varios estados hay corporaciones policiacas que violan los estándares mínimos sobre el uso de la fuerza.

El encargado de Pastoral Social del Episcopado Mexicano y obispo de la diócesis de Valle de Chalco, Artemio Flores, afirmó que la tortura es injustificable y utilizarla no es el tipo de preparación que requieren los cuerpos policiacos para enfrentar el crimen organizado.

El ex dirigente panista Manuel Espino dijo que la posición de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que él preside, es contundente: “Ni como ensayo de laboratorio es permisible la tortura”.

María Esther Azuela Gómez, delegada de la Asamblea Nacional del Partido Alternativa Socialdemócrata, pidió denunciar los hechos a la CNDH y, ante “el autoritarismo” con que el Ejecutivo federal maneja el tema del crimen organizado, sugirió a los partidos de izquierda incorporar en sus agendas el problema de la inseguridad para evitar que la derecha lo monopolice y viole los derechos humanos.

Ombudsman local pide aclaración

“Alguien tendrá que responder, dar muchas explicaciones y convencer a la ciudadanía”, afirmó el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), Manuel Vidaurri Aréchiga.

El ombudsman, quien ayer estuvo en Mérida, Yucatán, en la reunión binacional México-España sobre derechos humanos informó que el organismo a su cargo ya inició la queja 163/08-O. La policía leonesa “necesita de una capacitación más profunda. (La tortura) es un acto indebido. ¿En quién puede confiar la ciudadanía?”, preguntó.

Esther Ruiz Cobo, vocera de la PDHEG, informó que el organismo busca identificar a los policías torturados. “Ya solicitamos un informe al gobierno de León”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guanajuato, Bárbara Botello Santibáñez, lamentó las declaraciones del alcalde panista de León y sus colaboradores, quienes defienden la tortura como método de capacitación policial.

“Si para el alcalde y su secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, todo eso es normal, también será normal que se violen las garantías de los ciudadanos. Parece que no saben qué son los derechos humanos, ni que nada justifica que un delito se combata con otro”, afirmó la legisladora en la capital de Guanajuato, luego de la toma de protesta de policías ministeriales.

“Éstas son prácticas de un gobierno de ultraderecha, de El Yunque, de los que creen que para establecer el reino de Dios en la tierra se puede hasta matar. Hay que tomar en cuenta estas cosas cuando el procurador (de Guanajuato, Daniel Chowell Arenas) se despide con un ‘que Dios los bendiga’ del acto (de los ministeriales)”, indicó.

Horas antes, en el Congreso estatal, el presidente de la comisión de derechos humanos, el panista Juan Huerta Montero, se enredó al tratar de justificar los cursos de tortura.

Primero dijo que todos los agentes deben recibir capacitación, “aunque sea de tortura, porque deben saber qué es”. Luego, instruido por asesores, intentó rectificar: “Es una aberración contratar a instructores para que enseñen esas prácticas; México ha firmado tratados internacionales y se deben respetar”.

Su compañero de fracción y miembro de la Comisión de Seguridad, Antonio Ramírez Vallejo, censuró los cursos porque “atentan contra la dignidad de las personas”.

 

A hurtadillas, Gordillo consuma charrazo en la sección 9 del SNTE

■ María Teresa Pérez Ramírez, electa en menos de una hora en un congreso irregular

■ Los demás cargos oficiales fueron sorteados

■ La disidencia tomó protesta a un comité paralelo, cuya primera medida fue recuperar la sede sindical, ocupada por seguidores elbistas

Karina Avilés y Laura Poy

A escondidas de la mayoría de los delegados, ocultando dónde se realizaría el 23 congreso extraordinario de la sección 9, Elba Esther Gordillo Morales consumó un nuevo charrazo, al imponer como secretaria general a María Teresa Pérez Ramírez, “electa” en menos de una hora en una cochera acondicionada como salón de fiestas, en una aislada zona del norte de la capital.

Frente a la ilegalidad con que se desarrolló el congreso, la disidencia, que había captado “80 por ciento de los delegados”, nombró y tomó protesta a un comité paralelo elegido por las bases, el cual será encabezado por Francisco Nicolás Bravo.

La primera acción del nuevo comité seccional democrático fue recuperar la sede sindical, ubicada en Belisario Domínguez 32, que muy temprano había sido tomada por las huestes gordillistas. Un amplio contingente de maestros opositores ingresó al inmueble, luego de dos horas de martillar el portón principal, que para entonces ya había sido soldado por sus adversarios.

Una vez que los docentes entraron, 159 personas, entre operadores y golpeadores, se atrincheraron detrás de unas puertas, que ellos mismos encadenaron. Y, finalmente, resguardados por una valla de seguridad, abandonaron del local.

Mientras circulaban al menos cinco versiones de posibles sedes del congreso, e incluso los institucionales mostraban a los disidentes la que aseguraban sería la escenografía del encuentro en un hotel del sur de la ciudad, se asestó el golpe con la imposición de una nueva dirigencia, elegida a mano alzada por una mayoría no identificada como delegados, quienes fueron trasladados al “salón Caledonia”, de la colonia Santa Isabel Tola, en la delegación Gustavo A. Madero.

Vienen a golpearlos

Hasta su llegada, los asistentes descubrieron que esa sería la sede del encuentro, luego de que una voz anónima anunció por las bocinas que sólo contaban con media hora para “sacar los trabajos del congreso”, con la amenaza de que “ya andan cerca los democráticos y nos vienen a golpear”.

Los asistentes se encontraban dentro de un salón de fiestas “rascuache, donde ya estaba todo preparado. Entramos como reses y salimos igual”, afirmaron.

Así, el enviado de Gordillo Morales pidió a los ahí reunidos –”golpeadores, delegados cachirules y personal de apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”– concretar lo más pronto posible el nombramiento del titular de la secretaría general, con la promesa de que los demás cargos “se los repartirían”.

Y aunque no fueron distribuidas las carteras sindicales, sí fueron rifadas en papelitos blancos, numerados de acuerdo con los puestos disponibles y el número de comisionados que se ofrecían. “Nos reunieron por direcciones. Dijeron que había cuatro carteras por cada una, con cuatro suplentes y cinco comisionados. En total eran 13 cargos, pero en mi dirección, la número uno, éramos 21 personas, de modo que al que sacaba el papelito con el número uno le tocaba cartera, pero si tenías el número seis, eres suplente, y si tenías el número 11, estabas comisionado”, afirmó el director de la primaria General Ignacio Zaragoza, Ulises Gómez, quien se negó a respaldar con su voto tales actos.

En menos de una hora, el congreso se inauguró, sesionó, votó y se clausuró. Todo gracias a que no hubo registro de delegados ni actas de escrutinio, y mucho menos se verificaron los nombres de los electores, “ya que sólo pasábamos como vaquitas al matadero”.

Pasado el mediodía, Pérez Ramírez ya había sido designada nueva secretaria general, en sustitución de Blanca Luna Becerril, quien se mantuvo por más de siete años en el cargo de manera irregular, luego de haber sido electa en julio de 1998, por sólo tres años.

El nuevo dirigente democrático, Francisco Bravo, definió el día de ayer como uno de los más negros en la vida política sindical del país, tras concretarse el charrazo.

 

Acumulan 39 mexicanos 135 mil mdd, 12.3% del PIB nacional, revela análisis

■ Del grupo, sólo 10 concentran 81% de esa riqueza, expone el portal Sentido Común

Juan Antonio Zúñiga

La riqueza de los 39 hombres de negocios o familias, que de manera individual o en conjunto detentan más de 500 millones de dólares por sus empresas cotizadas en bolsa, asciende a 135 mil millones de dólares, estima un estudio publicado por Sentido Común, un portal de Internet especializado en negocios, economía y mercados.

El monto de esa riqueza equivale a 12.3 por ciento del producto interno bruto del país, pero su reparto parece tan desigual como la distribución del ingreso en México. El grupo de los diez hombres y familias que encabeza la lista presentada por el periódico financiero en línea, concentra 81 por ciento de la riqueza conjunta de los 39 considerados en ella. Mientras 19 por ciento de la fortuna restante se reparte entre los otros 29 multimillonarios.

El grupo de los diez, que vendría a ser algo así como la cúspide de la pirámide de la concentración del ingreso en México, obtuvo 4 mil 517 millones de dólares en dividendos durante los últimos 18 meses, según los cálculos de Sentido Común.

Así, en promedio cada uno de los diez participantes de esos dividendos habría obtenido un ingreso de 836 mil 481 dólares diarios durante el último año y medio, cantidad que en moneda nacional representa casi 9 millones de pesos por día.

La punta de la pirámide

Pero esos promedios no existen en la realidad. A la cabeza de los diez, y de los 39, figuran Carlos Slim Helú y familia, quienes detentan una riqueza estimada en 61 mil 889.5 millones de dólares, representada por su participación accionaria en 11 de las más importantes empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, entre las que figuran América Móvil, propietaria de la marca Telcel, Teléfonos de México, Telmex Internacional, Grupo Carso e Inbursa. Slim y familia concentran 45.8 por ciento del total de la riqueza estimada por el portal especializado en negocios.

Por el lado de los dividendos participaron de un beneficio calculado en 3 mil 145.2 millones de dólares entre 2007 y lo que va de 2008, indica. Esa cantidad absorbió 69.6 por ciento del total de las ganancias en que participaron los integrantes del grupo de los diez mayores multimillonarios del país.

En el segundo sitio figuran Germán Larrea y familia, quienes detentan 47 por ciento del capital social del controvertido Grupo México, y una riqueza estimada en 8 mil 226.8 millones de dólares, además de que obtuvieron un beneficio de 646.6 millones por dividendos.

En tercer lugar de su lista Sentido Común coloca a Ricardo Salinas Pliego y familia, quienes poseen una fortuna valuada en 8 mil 736.1 millones de dólares por su participación en el capital social de Elektra, Iusacell y Tv Azteca. Los dividendos obtenidos en 18 meses fueron de 82.5 millones de dólares.

Alberto Bailleres y familia, accionistas de Industrias Peñoles, el Palacio de Hierro, GNP y Profuturo, se encuentran en el cuarto lugar entre los hombres de negocios y familias más acaudaladas del país, por sus empresas cotizadas en bolsa. Su fortuna se estima en 6 mil 328.4 millones de dólares.

En el quinto sitio de la lista el periódico electrónico menciona a un grupo de accionistas de Fomento Económico Mexicano (Femsa), el principal embotellador de cocacolas en América Latina y el segundo en el mundo. Los nombres y apellidos que menciona son “G. Lagüera, C. Ayala, Bailleres G., G. Garza. M Suberville, R. Michel y D. Michel”. A todos ellos Sentido Común los ubica con una participación accionaria de 37 por ciento en Femsa, con una fortuna calculada en 5 mil 691 millones de dólares, y un ingreso de 105 millones por dividendos en año y medio.

Con una participación de 57 por ciento, que le permite el control de la cadena de supermercados Soriana, la riqueza de Francisco Javier y Ricardo Martín Bringas se estima en 3 mil 535 millones de dólares, y con ella son colocados en el sexto lugar entre los multimillonarios de la bolsa. Sigue Antonio del Valle Ruiz, que posee 70 por ciento del capital accionario de la petroquímica Mexichem, y una fortuna de 3 mil 166.8 millones de dólares.

El periódico electrónico coloca al apellido Servitge Montul en el octavo lugar, con una riqueza estimada en 3 mil 166.8 millones de dólares, por poseer 37 por ciento del capital social de la panificadora trasnacional Bimbo.

En la novena posición menciona los apellidos Arizpe, Barragán y Fernández como propietarios de 87 por ciento de las acciones de Arca, la segunda mayor embotelladora de productos cocacola en México y América Latina. La fortuna de estos tres apellidos, que probablemente correspondan a Manuel Barragán Morales, presidente del consejo de administración; Luis Arizpe Jiménez, vicepresidente, y Tomás Fernandez García, consejero propietario, asciende a 2 mil 557.1 millones de dólares.

En el décimo lugar se menciona a Roberto González Barrera y familia, con participaciones de 19 por ciento en Banorte y 52 por ciento en Gruma, con una riqueza que el portal especializado en negocios, economía y mercados que fundó y dirige Eduardo García, ex jefe de corresponsales de la agencia Bloomberg News, calcula en 2 mil 555.5 millones de dólares.

 

Usos políticos de una tragedia

Carlos Martínez García

Los políticos mexicanos son personajes de antología. Pero no por sus cualidades puestas a favor del servicio público, sino por sus reflejos para resistirse al escrutinio de la sociedad. Se encuentran en todos los partidos políticos, aunque, tal vez, la paternidad de los especímenes se deba a la cultura política priísta que se inoculó exitosamente en fuerzas partidarias supuestamente contrarias al organismo que gobernó el país por siete décadas.

Por todas partes alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios y subsecretarios se quejan del uso político que hacen sus oponentes de algún yerro, mal funcionamiento de un proyecto, promesas incumplidas, sospechosos beneficios financieros, influyentismo y escasa transparencia en el presupuesto público, por mencionar algunos rubros. Es una estupidez, que busca con avidez audiencia que se la crea, señalar motivaciones políticas entre quienes, crítico y criticado, se dedican de tiempo completo a la política. Es elemental saber que la contraparte siempre está lista para obtener beneficios políticos y electorales de los desatinos de sus adversarios. La lógica de la encarnizada lucha que acontece cotidianamente en la arena política así lo marca. ¿Por qué nuestros políticos se quejan ácidamente de que sus competidores aprovechen sus tropezones, sus caídas, la exposición de sus miserias, sus debacles? ¿Pues qué acaso no, entre otras cosas, la política realmente existente en buena parte se trata de eso?

Una de las tragedias de la vida pública mexicana es la perversión de la política. Se confunde a ésta con la politiquería. Mientras la política es un programa de gobierno, o de oposición, centrado en las necesidades generales de los otros, de la ciudadanía, la politiquería mira por los intereses de la camarilla, por el acrecentamiento de los beneficios de todo tipo para el círculo de incondicionales. De politiqueros hay acabadas muestras en todos los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

Lo anterior viene a cuentas al comprobar las reacciones de las autoridades de la ciudad de México, del gobierno federal y de dirigentes e integrantes del Partido Acción Nacional ante la dolorosa e indignante muerte de 12 personas en la discoteca News Divine.

Por cierto, con bien calculado interés político, los priístas han dejado que se enfrasquen en el repartimiento de culpas panistas y perredistas, mientras ellos guardan su distancia y evaden pronunciarse en el asunto.

Varios conspicuos integrantes del Partido de la Revolución Democrática se quejan de alevosa intención de los panistas de obtener beneficio político del errático, y por sus consecuencias criminal, actuar de los policías en la redada de hace casi dos semanas. Exigen que el trágico hecho no se politice. Quieren olvidar que las actuaciones de los servidores públicos tienen irremediablemente consecuencias políticas.

A principios de año cada parte se encontraba en bandos distintos: en el de los acusadores, los del PRD criticaban, con razones documentales, la doble actividad del nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien anteriormente en su doble carácter de funcionario público/empresario obtuvo contratos del gobierno federal para sus empresas. Entonces los panistas deploraban amargamente que a los exigentes perredistas les movía mero interés por desprestigiar políticamente a Mouriño Terrazo.

Para tener autoridad política, y moral, es imprescindible que los partidos políticos antepongan el servicio a la ciudadanía a sus intereses corporativos. Que dejen de ser cómplices cuando sus correligionarios defraudan la confianza de los electores, que dejen de hacer malabares explicativos para justificar acciones ilegales de sus compañeros de ruta. Antes de ver complots políticos que miren hacia dentro de sus filas, y que evidencien a quienes como opositores criticaban los excesos del poder, pero que al detentarlo se comportan igual, o peor, que el autoritarismo contra el que antes luchaban.

Tengo absolutamente claro que el régimen panista de Felipe Calderón, respaldado por la pirotecnia verbal del presidente del partido, Germán Martínez, carece de autoridad para poner en tela de juicio al jefe de Gobierno de la ciudad de México por el caso News Divine. No la tienen porque ellos operaron para que permaneciera en su puesto Juan Camilo Mouriño. Son cómplices al permitir la vergonzosa impunidad con que se pasean Vicente Fox y su esposa. El iletrado y lenguaraz ex presidente se sabe intocable y, por lo mismo, al ser cuestionado la semana pasada sobre el desastre de la Biblioteca Vasconcelos respondió ufano que era “su orgullo. Se construyó en mi gobierno. No tenemos de qué avergonzarnos. Si tiene una o dos goteras, ni modo”. Así confirmó que él tiene una, o dos, neuronas, e incontables células corruptas.

Para no usar políticamente la tragedia, Marcelo Ebrard tiene que replantearse a fondo lo contradictorio que es con una política de izquierda la mera existencia de redadas como la que terminó con 12 vidas. Además de excluir definitivamente a similares de Francisco Chiguil (con sus antecedentes y prácticas, ¿cómo fue posible que llegara a delegado?), enquistados en el gobierno de la ciudad.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:37
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