Mi?rcoles, 02 de julio de 2008

“Extremadamente crítica”, la situación de derechos humanos en México: CCIODH
de la redacción

* El gobierno de Calderón "plenamente responsable", dice su más reciente informe

México, D.F., 1 de julio (apro).- Los eurodiputados españoles Willy Meyer, de Izquierda Unida (IU), y Antonio Masip, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre otros, se comprometieron a pedir a la Comisión Europea que concrete mecanismos para que se cumpla la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y México.

Meyer dijo que los parlamentarios enviarán esa petición por medio de una carta conjunta, que incluirá el informe de la sexta visita a México de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que hoy se presentó en el Parlamento Europeo (PE).  Meyer señaló que impulsará el debate sobre la situación de los derechos humanos en México en la Eurocámara.

Los eurodiputados respondieron así a la petición de la CCIODH para que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre las "violaciones" de los derechos fundamentales en México. La organización afirma, en su último informe, que la situación de los derechos humanos en México es "extremadamente crítica" y sostiene que la "falta de respuestas concretas" hace al gobierno de Felipe Calderón "plenamente responsable".

Según la CCIODH, en 2007 no hubo avances en este rubro y continúa el "clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales" y el ingreso "en las cárceles de nuevos presos políticos y de conciencia".  Añade que es "habitual que las personas detenidas sean sometidas a tortura y a malos tratos".

Los miembros de la CCIODH, que visitaron Chiapas, Oaxaca y Atenco, donde se reunieron con afectados y autoridades, afirman que es necesario que se admita que en esos lugares "hay conflictos políticos y sociales que requieren cambios importantes", dijo Iñaki García, a nombre de esa organización.

Sobre la actuación europea en defensa de los derechos humanos, García llamó a utilizar como método de presión la cláusula democrática incluida en el Acuerdo Global de Asociación con México. La CCIODH pidió a la UE que "no se contente" con tener condiciones de este tipo sobre el papel y busque mecanismos para vigilar que los requisitos acordados con México en materia de democracia y derechos humanos se respetan en la realidad.

En los últimos años, ONG mexicanas e internacionales han denunciado violaciones de esa cláusula democrática vigente desde 2001 y han pedido a la UE una postura más firme al respecto.

Permite Juez Tercero Penal interrogatorio anticonstitucional.

 

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El Juez Tercero de lo Penal, Miguel Hernández Bautista, presionado por el abogado defensor del Instituto San Felipe, Marcos Castillejos Escobar, sometió a un interrogatorio "anticonstitucional" a la perito psicóloga Sandra Mónica Gutiérrez Quintana, como una estrategia para cansarla y desviar la atención del caso del menor violado en ese plantel privado.

 
PEDRO MATIAS

Y es que la perito psicóloga del menor ultrajado, no sólo fue sometida a un interrogatorio de casi 11 horas, sino que la amenazaron enviarle la fuerza pública y acusarla de desacato si abandonaba las diligencias porque previamente solicitan un breve tiempo para comer algo.

La psicóloga relató su martirio: "Me citaron a las once de la mañana y, hasta después de diez horas y media de interrogatorio, me dejaron ir a ver a su hija de cuatro años, a pesar de argumentarles que estaba enferma".

Durante todo el interrogatorio le hicieron 120 preguntas, muchas de ellas absurdas, incongruentes y ridículas, con la finalidad de enojarla y obligarla a declarar en contra de la señora Leticia Valdés Martell, quien denunció la violación de su menor hijo en el Instituto San Felipe.

Sandra Mónica resaltó que en el momento que manifestó al Juez y a la Ministerio Público que tenía que irse por la preocupación de tener una hija al cuidado de otra persona y de encontrarse enferma, la respuesta fue amenazante, "¡Si se va, se le acusa de desacato o se le envía a la fuerza pública¡".

Ante esa advertencia, la psicóloga del menor ultrajado optó por permanecer en el juzgado a sabiendas que una audiencia judicial no dura más de tres horas.

Aclaró que le hicieron 160 preguntas sin, embargo, 40 fueron desechadas por ser improcedentes y absurdas.

Entre las preguntas que le hicieron sobresalen: "Cuál es el nombre del intendente?¿Cómo se llama el contador del Instituto San Felipe?¿Qué color utilizó el menor al momento de hacer uno de los dibujos?¿De qué color es el papel de los recibos del Instituto San Felipe?¿De qué color es el pavimento de la entrada del Instituto San Felipe?.

La psicóloga le aclaró que su papel fue atender al menor y no averiguar cuestiones tan superficiales.

Manifestó que "realmente la estrategia era cansarme porque el abogado me provocaba mucho con comentarios de que, 'usted es psicóloga y usted no entiende los términos legales', con tal de provocar mi enojo.

Sin embargo, no cayó en la provocación al contestar todas y cada una de las preguntas y consideró que los cuestionamientos fueron incoherentes y ridículos, con la finalidad de cansarla, enredarla y crear este estado de molestia, ya que llegaron a preguntarle sobre el perfil de la señora Leticia Valdés Martell. Les aclaró ella no es el punto en cuestión, sino el menor.

Finalmente, dijo que este interrogatorio fue "antiético, anticonstitucional e inhumano porque la obligaron a permanecer casi por la fuerza en una diligencia por casi once horas.

 

 

Demandan proteger a la pastoral contra acciones “xenófobas” de edil, en Oaxaca

■ El Episcopado denuncia intento de prender fuego a sacerdote en Ciudad Ixtepec

José Antonio Román

El arzobispo de Tijuana y presidente de la Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, Rafael Romo Muñoz, en una carta dirigida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, denunció al presidente municipal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, Gabino Guzmán Palomec, de hostigar al sacerdote Alejandro Solalinde y a su equipo pastoral, quienes trabajan en defensa de migrantes.

Rafael Romo Muñoz afirmó que las acciones de un grupo de personas instigadas por el presidente municipal y la colusión de las fuerzas públicas de ese lugar responden a “sentimientos xenófobos y de odio” contra extranjeros indocumentados.

El pasado 24 de junio llegaron medio centenar de individuos a la casa albergue Hermanos en el camino que amenazaron con prender fuego al sacerdote Solalinde, responsable del albergue, así como al inmueble. El motivo de enojo de las personas encabezadas por el alcalde Guzmán es la presunta violación a una menor de edad por parte del nicaragüense Jaime Francisco Alvarado Flores el 22 de junio pasado,y que, según aquellos, se encontraba escondido en el refugio pastoral.

Presunto traficante

En la carta, el arzobispo Romo explica que elementos de la policía municipal llegaron al albergue en busca del supuesto violador, donde confirmaron que dicho sujeto no se encontraba ahí, y que anteriormente tampoco se había hospedado, pues el reglamento “prohíbe el ingreso a traficantes de personas, gente drogada o en estado de ebriedad y se tiene sospechas que el señor Francisco es un traficante de personas”.

Asimismo, en la misiva, difundida por el sistema informativo de la Arquidiócesis Primada de México, el arzobispo Romo considera que el hecho “busca despertar sentimientos xenofobos y de odio contra los migrantes entre la población, del mismo modo que en Estados Unidos se está persiguiendo a nuestros migrantes mexicanos”, y critica: “Este último golpe a nuestra pastoral lo percibimos como una venganza de personas que lucraban con centroamericanos y ahora no pueden hacerlo libremente”.

Además, el responsable de la dimensión pastoral migratoria de la Iglesia católica en México denunció que desde ese acontecimiento las autoridades municipales “sin ninguna razón justificada, han estado amenazando con cerrar o reubicar el albergue”.

Por ello, pidió a Mouriño su intervención directa, a fin de que el albergue se mantenga abierto y que se tomen las medidas necesarias para asegurar la integridad física del padre Solalinde, así como de su equipo y los migrantes.

Este es el segundo conflicto entre autoridades gubernamentales y agentes de pastoral migratoria en Oaxaca; el primero ocurrió en Las Palmas, Miltepec, donde se sospecha abuso de autoridad sobre los indocumentados, caso en el que se criticó la “falta de sensibilidad” del gobierno para entender la misión caritativa de la Iglesia con aquéllos.

 

 

Exige la APPO a la PGR que dé a conocer resultados de la exhumación de 9 cadáveres
pedro matías

Oaxaca, Oax., 1 de julio (apro).- La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) demandó al gobierno federal que dé a conocer los resultados de la exhumación de nueve cadáveres que fueron sepultados “de manera irregular” en el panteón Jardín de la capital del estado.

En representación de la APPO, Israel Vásquez Zárate, integrante de la Secretaría de Relaciones de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que el esclarecimiento de las exhumaciones debe realizarse con base en procedimientos periciales y de criminalística para conocer la identidad de los nueve cadáveres.

Señaló que las inhumaciones “clandestinas” que ordenó el director de Servicios Periciales de la PGJ, Romero Ruiz García, el pasado 26 de mayo, has provocado incertidumbre y “extienden el manto de duda” por la desaparición forzada, el 25 de mayo de 2007, de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Así mismo, denunció que dichas inhumaciones “forman parte de la secuela de la violencia gubernamental instrumentada contra el movimiento social”.

Agregó que por tal motivo la APPO exige el esclarecimiento de la identidad de los nueve cuerpos inhumanos ilegalmente en el panteón Jardín, ya que no descarta que se trate de personas que han desaparecido por motivos políticos.

El pasado 18 de junio, luego de una denuncia hecha por los regidores Margarita García y Geovany Vásquez Sagrera, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR exhumó nueve cuerpos que fueron sepultados en el Panteón Jardín el pasado 26 de mayo, de manera "irregular" por órdenes del director de Servicios Periciales de la PGJ, Romero Ruiz García.

Por otra parte, Israel Vásquez Zárate alertó al “magisterio democrático” ante la embestida de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, a quien acuso de preparar un “relevo de Estado” para controlar a la Sección 22.

Sin embargo, adelantó que el magisterio de Oaxaca elegirá a sus delegados conforme a sus usos y costumbres, como lo han hecho en los ocho congresos que han celebrado para “amarrarle las manos a los charros” e impedir que “incrusten a los neocharros de la Sección 59”.

“No vamos a permitir que pasen los charros y se salgan con la suya, hoy el movimiento está más consolidado que nunca”, añadió.

“Los charros del CEN del SNTE vienen con todo con el fin de romper con este movimiento y para ello están dispuestos a comprar conciencias, pero con la experiencia de 28 años de lucha no lo vamos a permitir”, advirtió.

 

Secuestros, a la alza
De la Redacción

Al menos 45 ejecuciones y más de cien secuestros ha cometido la delincuencia organizada tan solo en los primeros seis meses del presente año; la industria del plagio registra un aumento considerable en la entidad, mientras las corporaciones policíacas estatales y federales poco o nada han hecho para frenar esta ola delictiva.

En el Istmo de Tehuantepec el crimen organizado sentó sus reales y es en esa región del estado donde se han cometido el mayor número de asesinatos, “levantones” y secuestros; le sigue la región de la Costa donde ganaderos y familias acaudaladas han sido blanco de estos grupos delictivos, así como también la zona de la Mixteca, principalmente Huajuapan de León.
En la capital del estado, la situación se torna aún más grave, porque en la lista de secuestradores ya no están únicamente funcionarios, políticos y empresarios, también pequeños comerciantes y personas de nivel medio.
Este clima de inseguridad ha provocado consternación entre comerciantes del Centro Histórico y del Mercado de Abasto, porque temen ser víctimas de un plagio, como ya ocurrió con el dirigente de la organización “Lázaro Cárdenas del Río”, Israel Ramírez Bracamontes, quien fue secuestrado a principios del mes de marzo.

La nueva modalidad de las bandas de plagiarios es que, a pesar de que cobran el rescate de sus víctimas, las asesinan, como ocurrió el pasado lunes con la ejecución de la estudiante de medicina Esmeralda Vásquez López, hija de un comerciante del Mercado de Abastos, a quien mantuvieron en cautiverio más de 12 días y finalmente le dieron muerte.
En el primer trimestre del año, el gobierno del estado reajustó el gabinete de seguridad con la finalidad de dar una respuesta al reclamo del a ciudadanía. Y vieron los cambios, Sergio Segreste Ríos fue sustituido en la Secretaría de Protección Ciudadana por Javier Rueda Velásquez.
Daniel Camarena Flores, dejó la dirección de la Policía Ministerial (ahora Agencia Estatal de Investigación) a Alan Loren Peña Argueta y la Dirección General de Seguridad Pública Estatal quedó a cargo de Jorge Alberto Quezadas Jiménez, en sustitución del capitán Pedro Ismael Díaz Laredo.
Una de las dependencias que más resintió este cambio fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien desde un principio mostró su inconformidad por el revelo de Camarena Flores.
En respuesta, Alan Loren Peña Argueta decidió imponer nuevos puestos administrativos y trajo consigo a más de 20 comandantes que colaboraron con él en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, algunos de ellos señalados por sus vínculos con la delincuencia organizada en la capital del país.
Pese a estos cambios, la dependencia encargada de investigar los delitos ha mirado complacientemente el crecimiento de la delincuencia organizada, hasta hace unos días cuando en coordinación con la Policía Federal Preventiva lograron detener a los integrantes de la banda de secuestradores conocida como “Los Ibáñez”, quienes operaban en San Pedro Ixtlahuaca y el municipio de Zimatlán de Álvarez.
Sin embargo, para evitar a la prensa y ser cuestionados sobre su gris actuación, Peña Argueta decidió encerrase a “piedra y lodo” en la sede de la Agencia Estatal de Investigación y no permitir el paso de los reporteros, a quienes también se ha negado información de lo que acontece en el interior del estado.
El director del recién creado Instituto de Ciencias Forense, Romero Ruiz García, se ha sumado a la campaña de no dar información a los representantes de los medios de comunicación. Y como, primer encomienda, prohibió la entrada al anfiteatro de la ciudad para evitar que los cadáveres sean fotografiados y aparezcan en los medios.

PARAÍSO CITADINO

Una de las primeras acciones de los grupos armados en la ciudad ocurrió en el bar “La Habana”, ubicado en el municipio aledaño de Santa Cruz Xoxocotlán, con la muerte de una mujer que laboraba en ese antro.
De ahí vinieron una serie de “levantones” de propietarios de giros negros presuntamente obligados a pagar una “cuota” mensual a la delincuencia organizada a cambio de “protección”.

Asimismo, el empresario Carlos Innes fue interceptado cuando tripulaba su camioneta a la entrada del fraccionamiento Esmeralda, Hacienda Blanca, San Pablo, Etla, lo que comenzó a llamar la atención de la iniciativa privada, que exigió al gobierno estatal una reestructuración en la seguridad pública estatal.
Sin duda, la ejecución del director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, (PABIC), Alejandro Barrita Ortiz, ocurrida el 30 de enero en el bosque El Tequio, donde además murieron su escolta y otros dos civiles, prendió los “focos rojos” sobre la seguridad pública en la capital del estado.
Un día antes, sujetos armados atacaron a balazos a dos agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) que circulaban en el bulevar Guadalupe Hinojosa de Murat, en jurisdicción de Xoxocotlán, con dirección a este municipio.
Al día siguiente, tres cadáveres con signos de tortura aparecieron frente al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) en San Bartolo Coyotepec. El hecho volvió los ojos nuevamente a la presencia del crimen organizado.

Esta versión quedó confirmada cuando, al día siguiente y en pleno parque El Llano, sujetos provistos de armas AK-47 y R-15 ejecutaron al comandante de la PME, Ricardo Rodríguez, alias “El Gigio”, quien se desempeñaba como comandante regional de los Valles Centrales con sede en la Villa de Etla.
El secuestro del empresario y político David Palacios García, ocurrido al mediodía del 21 de marzo, cuando salía del restaurante “El Colibrí”, provocó nuevamente la indignación de la sociedad ante la nula respuesta de acción de las corporaciones policíacas. Días después, también fue secuestrado el empresario camionero Rubén Villanueva Platas, interceptado cuando estaba a punto de cerrar su negocio ubicado en la esquina que forma el Periférico y la calle Hidalgo.
La ejecución del comerciante de vehículos usados, Mariano Salomón Arjona León, también se suma a la acción de la delincuencia organizada, ya que presuntamente fue victimado por no respetar los acuerdos con sus plagiarios.
La actuación de estos grupos ha creado psicosis entra la ciudadanía, que exige la actuación de las autoridades encargadas de investigar los delitos o de lo contrario, el cambio inmediato de sus titulares.

 

Denuncian que Ayuntamiento infla costos de obras públicas.

 

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miércoles, 02 de julio de 2008

 



ISMAEL RIVERA

Integrantes del Comité de Vida Vecinal (COMVIVE) de la colonia La Cascada denunciaron que el ayuntamiento capitalino está inflando los costos de obras públicas hasta en un sesenta por ciento de su valor real.

Lo afirmado, luego de que la semana pasada se diera a conocer la lista de obras que realizará la autoridad local en el segundo semestre del año, con un presupuesto que asciende a 212 millones de pesos del recurso destinado para tal efecto contemplado en el Ramo 33, aportaciones para entidades Federativas y Municipios.

De acuerdo al documento proporcionado por los representantes vecinales que prefirieron omitir sus nombres, señala, que la pavimentación de la calle Danuvio fue estimada según la Coordinación General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología de la Dirección General de Obras Públicas en $396 mil 730 pesos.

El presupuesto, detalla el documento, se divide en dos conceptos; $346 mil 290 pesos para los trabajos de elaboración de pavimento de concreto hidráulico que comprenden 679 metros cuadrados, y $50 mil 440 pesos para la guarnición correspondiente con una longitud de 194 metros lineales.

Sin embargo, un segundo documento que fue expedido por la anterior administración y que concluyera el presidente interino Manuel De Esesarte Pesqueira, cotizó la misma obra en un monto total por $288 mil 995 pesos, lo que representa un incremento de $107 mil 735 pesos en el actual presupuesto.

Por lo anterior, los vecinos, con anterioridad habían solicitado una tercera opinión, la cual fue elaborada por la empresa-constructora PROYTO S.A. DE C.V. y expedida con fecha 31 de mayo del año en curso.

Mario Alberto Gopar Cortés, director general de PROYTO S.A. DE C.V, informó a los integrantes del CONVIVE que el costo de la obra en mención asciende por parte de la empresa a; $ 298 mil 597 pesos con cincuenta centavos, y el tiempo estimado de realización sería de 45 día naturales.

En consecuencia, los quejosos decidieron indagar en el costo de más obras que llevará a cavo la administración citadina en su comunidad, detectando que los trabajos de pavimentación de la privada Río Jordán, y que habían sido valorados en $52 mil 440 pesos por la administración de De Esesarte, hoy día están estimados para su realización en $87 mil 706 pesos, alrededor de $25 mil pesos más.

De igual forma que sucedió con la calle de Danuvio los representantes sociales recurrieron a una empresa privada para tener una tercera opinión.

En este caso fue "Grupo Constructor" CAVI, y con fecha 27 de mayo entregó por escrito el costo total por la realización de la misma obra, que en este caso cotizó en $39 mil 473 pesos con 33 centavos, que corresponden a un área total de pavimento de 146.40 metros cuadrados, lo que representa alrededor de un sesenta por ciento menos de lo presupuestado por el municipio.

Ante ello los inconformes adelantaron que pedirán al gobierno de José Antonio Hernández Fraguas que los recursos económicos se les sean entregados para que sean los propios colonos los que contraten la elaboración de las obras, ya sea con la empresa PROYTO S.A. DE C.V o "Grupo Constructor" CAVI, o cualquier otra constructora que este dispuesta a disminuir los costos de las obras, toda vez que con ese presupuesto podrían efectuar más obras en beneficio de su colonia, precisaron.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:42
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