Mi?rcoles, 09 de julio de 2008

A casi tres billones de pesos llega saldo de la deuda interna y del rescate bancario

■ De diciembre de 2006 al primer semestre de este año aumentó en $570 mil millones

■ En el periodo referido el gobierno tuvo ingresos sin precedente por altos precios del petróleo

Roberto González Amador

La deuda emitida por el gobierno federal en el mercado financiero local y la relacionada con el rescate bancario de 1995 creció a un ritmo superior a mil millones de pesos diarios desde el inicio de la actual administración y hasta el primer semestre de 2008, de acuerdo con cifras oficiales.

El saldo de la deuda interna y de la emitida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) llegó en junio a 2 billones 873 mil 867 millones, cantidad equivalente a 30 por ciento del producto interno bruto. La cantidad supera en 570 mil millones de pesos a la reportada en diciembre de 2006, cuando era de dos billones 296 mil millones de pesos, indicó información pública del Banco de México, citada en un reporte de Banamex, la subsidiaria en México de Citigroup.

Entre diciembre de 2006 y junio de 2008 la suma de la deuda interna y la relacionada con el rescate bancario, ambas con garantía federal, creció en 25 por ciento, durante un periodo en que las finanzas públicas han recibido ingresos sin precedente por el incremento en el precio del petróleo.

Entre enero de 2007 y marzo de 2008, el gobierno federal percibió ingresos petroleros extraordinarios, con origen en el mayor precio del crudo de exportación, por 67 mil 640 millones de pesos. De acuerdo con las reglas presupuestales, aprobadas por el Congreso, una parte de esos recursos debe ser destinada a la reducción de la deuda pública.

La información del banco central citada por Banamex indica que en junio de este año el monto en circulación de instrumentos de la deuda interna gubernamental llegó a la cifra sin precedente de 2 billones 151 mil 554 millones de pesos. Es una cantidad mayor en 448 mil 889 millones de pesos a la reportada en diciembre de 2006, lo que representó un incremento de 26 por ciento.

Mientras, la deuda emitida por el IPAB sumó en junio pasado 722 mil 313 millones de pesos, cifra superior en 128 mil 850 millones de pesos a la de diciembre de 2006, variación que significa un incremento de 21 por ciento.

La suma de ambas deudas resulta de un incremento en 570 días, el tiempo transcurrido entre diciembre de 2006 y junio de este año, de 577 mil 739 millones de pesos, poco más de mil millones por día.

El endeudamiento interno del gobierno federal lo constituye la emisión en el mercado financiero local de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de Desarrollo (Bondes), Udibonos –cuyo valor se ajusta conforme a la inflación– y los llamados Bonos M.

El costo de la deuda interna disminuyó en los primeros meses de este año, no así la del IPAB. El costo financiero de la deuda pública, que incluye los pasivos internos y los contratados en el exterior, ascendió entre enero y mayo pasado a 58 mil 737 millones de pesos, 19.7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2007, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cambio, el costo financiero, es decir, el pago de intereses y comisiones, de la deuda emitida por el IPAB sumó 16 mil 420 millones de pesos en los primeros cinco meses de este año, un incremento de 12.6 por ciento, respecto del mismo periodo de 2007, reportó Hacienda.

 

CNTE: habrá “rebelión” contra reformas educativa, petrolera y a seguridad social

■ La medida, por la violación a los artículos tercero y 123 de la Carta Magna, afirma líder

■ Anuncia movilizaciones en protesta contra imposición de la dirigente Elba Esther Gordillo

Karina Avilés

A las reformas “de agresión” en materia educativa, petrolera y seguridad social del gobierno de Felipe Calderón, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responderá con una “rebelión”. Advirtió que detendrá los de exámenes de oposición, la integración de los consejos de Participación Social, la “cancelación de plazas” y los cambios curriculares, que sólo pretenden “secuestrar la conciencia de los niños mexicanos”, y exhortó a tomar el patrimonio del sindicato magisterial, el cual consta de centros vacacionales, hoteles, restaurantes e inmuebles de los comités seccionales.

También anunció su determinación de participar en la consulta sobre Petróleos Mexicanos, a realizarse el 27 de julio y los días 10 y 24 agosto, y de continuar realizando movilizaciones. Hoy, a las 10 de la mañana, frente a la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (AFSEDF), se manifestará para condenar el charrazo de Elba Esther Gordillo en la sección novena.

En conferencia de prensa, en la que participaron los secretarios seccionales de los comités democráticos, Artemio Ortiz Hurtado, dirigente de la sección 18 de Michoacán, afirmó que es el momento de “la gran rebelión magisterial, por la flagrante violación a los artículos tercero y 123 constitucionales”.

Expresó que el objetivo de la CNTE es “parar en seco” el pacto firmado entre la lideresa y el presidente Calderón denominado Alianza por la Calidad de la Educación, que además de “ir contra la enseñanza pública atropella los derechos laborales”. El primer paso que se dará este mes, aseguró, será impedir la realización de los exámenes de oposición, ya que ese esquema, que aparentemente resulta en beneficio de los trabajadores, en realidad se trata de otra “artimaña más de Gordillo Morales para centralizar el sistema de corrupción, con el propósito de administrar y repartir plazas”.

En ese sentido, apuntó que el comité seccional democrático de Michoacán tiene al menos 500 denuncias, en las cuales los profesores exigen que los charros devuelvan el dinero de las plazas que vendieron y no entregaron. Dijo que la venta de éstas oscila entre 5 mil y 10 mil pesos, aunque hay casos en que se comercializaron hasta en 170 mil pesos. A lo anterior se suma la venta de hojas rojas –para pedir préstamos– y verdes –obtener créditos. Inclusive, ascensos y promociones tienen precio.

En su turno, Roberto Gómez, de la sección nueve, afirmó que mientras el comité democrático alterno de la citada sección “está en funciones y ejerce sus responsabilidades, el charrismo ha sido incapaz de presentar a la secretaria general espuria (María Teresa Pérez Ramírez)”. Anunció que ya fue instalada la asamblea seccional representativa permanente del comité alterno.

También rechazó la alianza entre el Poder Ejecutivo y Elba Esther Gordillo, quien, dijo, “tiene el control de la Secretaría de Educación Pública”. Por ello, añadió, “no vamos a esperar que por gracia de la señora (Gordillo) algún día hay democracia”.

Por su parte, Ezequiel Rosales, dirigente de la sección 22 de Oaxaca, recordó que, con 80 por ciento de delegados, el magisterio democrático de la sección 9 nombró a su comité seccional legítimo, por lo que la CNTE exigirá de manera conjunta que sea reconocido.

 

Autoridades policiales obstaculizaron deliberadamente investigaciones: Álvarez Icaza

■ La tragedia era evitable, señala informe de la CDHDF

■ Durante el operativo en la disco las violaciones a garantías fueron en ascenso

Agustín Salgado

El resultado del operativo en la discoteca News Divine no fue producto de un concierto de errores y sí de una política pública “en la que se criminaliza a los jóvenes, en particular a los más pobres”; política que se aplica de manera “sistemática e institucionalizada” y resulta “imprescindible desmontar”, señala el informe especial que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó sobre los hechos del 20 de junio, cuando fallecieron 12 personas.

Para el organismo, las “redadas” en contra de los jóvenes tienen como objetivo real “asegurar a un grupo numeroso de personas que se suponía estaban siendo víctimas de corrupción de menores”; sin embargo, los adolescentes no fueron tratados como víctimas del delito sino como presuntos delincuentes, se les violaron “de manera grave” sus garantías individuales y a pesar de las muertes provocadas, las autoridades “permitieron y continuaron con las violaciones a los derechos de las y los jóvenes que fueron trasladados a tres sectores de la policía y luego ante el Ministerio Público”.

Además del informe especial, se dio a conocer la recomendación 11/2008, la cual cuenta con 40 puntos recomendatorios, entre los cuales se encuentra una exhortación al gobierno capitalino para que ofrezca una disculpa pública no sólo a las víctimas, sino a la sociedad en general.

También se entregó un primer avance del expediente que se realiza en torno a las vejaciones cometidas durante el proceso de procuración de justicia y que advierten que la investigación que coordinó el ex procurador Rodolfo Félix Cárdenas ha sido parcial y diferenciada en cuanto a la aplicación de las reglas al debido proceso, al grado de que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron esposados a sus sillas al rendir su declaración, mientras que el personal de la procuraduría capitalina que estuvó involucrado en los hechos, acudió a declarar, se les permitió retirarse y sólo después fueron consignados los expedientes.

El informe fue presentado ayer al mediodía en la nueva sede de la CDHDF. El acto, al que acudieron familiares de las víctimas, se inició con un minuto de silencio por los adolescentes muertos.

El informe advierte que la tragedia “era totalmente evitable”, que en los días posteriores a los hechos las autoridades obstaculizaron “deliberadamente” la investigación y ocultaron datos, por lo cual se puso en riesgo el derecho a la verdad.

“A lo largo de todo el operativo las violaciones no se detienen, por el contrario, crecen, se multiplican y acentúan. Ni los procedimientos, ni la formación ni la ética sirvieron como contención a tan dolorosas muestras de brutalidad policiaca y abuso de autoridad, esto es muestra contundente de lo que se llama: violencia institucional”, indicó, durante su mensaje final el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.

Con base en varios estudios que solicitó la CDHDF a especialistas, el video que presentó la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con por lo menos 50 cortes. Además de que existen elementos suficientes para presuponer que la cámara de video que presentaron ante el Ministerio Público no corresponde a la cámara con la que se tomaron las imágenes del operativo.

En torno a la actuación de la procuraduría capitalina, el organismo denunció que los adolescentes fueron “objetivizados” en virtud de que se les retuvo, no como sujetos de derechos, sino como medios de prueba para acreditar un delito; que los familiares fueron maltratados en las instalaciones ministeriales y que incluso se indujo la declaración de las víctimas y se inhibió su derecho a denunciar.

La CDHDF señaló los errores que a su juicio cometieron la procuraduría capitalina, la SSPDF y la delegación Gustavo A. Madero. Sobre esta última se dijo que fue la instancia responsable de que el News Divine funcionara sin las condiciones de protección civil necesarias.

“Sabemos que en ocasiones, en otros niveles de gobierno y en otras entidades, la respuesta a violaciones de los derechos humanos es la impunidad. Ese no puede ser el caso del Distrito Federal. Por su lucha democrática, por su papel como capital de la República, pero sobre todo en atención a las víctimas, no hay otro camino que la justicia”, aseveró el ombudsman local.

Propone Camacho crear una comisión independiente que prepare una reforma energética integral
jenaro villamil

MEXICO, D.F., 8 de julio (apro).- La convocatoria a una consulta ciudadana para finales de este mes, concentró la polémica en el décimo séptimo foro de debate sobre la reforma energética realizado en el Senado, ante la presencia de Manuel Camacho Solís, representante de la comisión organizadora de esta consulta, quien propuso que, después del próximo 22 de julio, fecha en el que culminan los debates, el Senado forme una comisión independiente que prepare una reforma energética integral, con la participación “de algunos de los ponentes más destacados que han estado presentes en este magnífico debate”.

El tema del foro fue “Organización y administración de Petróleos Mexicanos”. Participaron siete especialistas, de los que cuatro apoyaron explícitamente las propuestas del presidente Felipe Calderón para nombrar cuatro consejeros independientes en el Consejo de Administración de Pemex.

Todos coincidieron en la necesidad de garantizar la autonomía de gestión de la paraestatal y que se elimine la “partidización” del manejo de la empresa petrolera del país.

Sin embargo, desde el inicio del foro, el tema que generó mayor inquietud fue el futuro de las iniciativas calderonistas, ante la inminente consulta ciudadana que se realizará en la Ciudad de México.

El presidente del Senado, Santiago Creel, recordó que, “una vez concluidos los foros, como lo ha convenido la Junta de Coordinación Política, se pasará a llevar a cabo el trámite legislativo, conducente en esta cámara, para lo cual tomaremos en cuenta todos los puntos de vista y las opiniones que aquí se viertan”.

En sus tres participaciones, Camacho Solís fue el más crítico de las iniciativas calderonistas, ya que, dijo, no resuelven el problema de la crisis fiscal y presupuestaria de Pemex y su aplicación sólo “aceleraría la debacle”.

El exregente capitalino y exsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno salinista, afirmó que el principal problema es la “partidización” del manejo de Pemex, “al grado que desde Los Pinos se hacen nombramientos políticos, se protegen reputaciones dudosas y se recomiendan decisiones administrativas que implican francos conflictos de interés”.

Camacho expuso 10 puntos sobre la gestión en el sector petrolero. Criticó la iniciativa de una nueva comisión reguladora del petróleo porque “sólo tendría sentido para regular las inversiones privadas”. Afirmó que el órgano técnico puede estar en la Secretaría de Energía. Y propuso “terminar con el dominio de la Secretaría de Hacienda y el control de la Función Pública sobre Pemex”.

También propuso otorgar “gradualmente” autonomía presupuestal a Pemex y reintegrar los cuatro organismos subsidiarios en los que ahora se divide ahora Pemex, y puntualizó que, en el nuevo Consejo de Administración de la paraestatal, sólo deben participar “consejeros independientes que no tengan ningún conflicto de interés y sean nombrados por una mayoría calificada del Senado”.

Explícitamente, Camacho propuso un candado para que nadie que haya trabajado en el sector privado dirija Pemex y para que se prohiba a los exdirectores de la paraestatal contratarse en la industria privada por un periodo de cinco años.

Su última y décima propuesta fue la creación de una comisión independiente que prepare la política energética integral y que trabaje en el plazo de un año. “Una vez concluidas las elecciones de 2009 presente al Ejecutivo y al Congreso una política energética integral, un plan nacional de energía, del que hoy se carece”, afirmó.

Esta propuesta, así como su insistencia en la viabilidad de la consulta ciudadana, generó airadas reacciones en contra de los senadores del PAN, especialmente de Rubén Camarillo, quien lo acusó de incongruente, y de Juan José Rodríguez Pratts, expriista como Camacho, quien le recordó su trayectoria en los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas.

“Si honesta y verdaderamente ustedes están a favor de la consulta, apóyenla, y nosotros paramos nuestra consulta el 27. Pero lo que no podemos hacer es jugar con el doble lenguaje de decir: ‘quiero consultar a la gente y hacer todo lo que se necesita para no hacerlo’”, retó Camacho Solís a los legisladores panistas y priistas.

Demandan autonomía de gestión para Pemex

Prácticamente, los siete participantes en el foro coincidieron en la necesidad de garantizar la autonomía de gestión de Pemex, aunque las diferencias radicaron en apoyar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal y en la necesidad de ir más allá de lo planteado en las mismas.

El primer participante Julio Millán Bojalil destacó tres elementos centrales de la iniciativa calderonista: fortalecer el régimen de gobierno corporativo de Pemex; regular sus esquemas de operación, y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación para hacerla más eficiente.

El presidente de Consultir Internacionales y expresidente del Patronato de la UNAM, propuso también la creación de un Comité de Prácticas Institucionales para evaluar el modelo de gobierno de Pemex y garantizar la autonomía de gestión. Además, incorporar la figura del comisario al Comité de Auditoría y Transparencia que plantean las iniciativas presidenciales.

“Si bien es cierto que las reestructuraciones son necesarias, no debemos caer en la falacia de que los modelos corporativos producen per se una administración eficiente y honesta”, afirmó Millán.

En defensa de las iniciativas presidenciales, el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Mario Gabriel Budebo, detalló los principales cambios: la ampliación de 11 a 15 el número de integrantes del Consejo de Administración de Pemex, con el nombramiento de cuatro consejeros independientes, dos de ellos de tiempo completo; la creación de dos comités: el de transparencia y auditoría, y el de estrategia e inversiones y de remuneraciones; así como la creación de una Comisión del Petróleo, como organismo auxiliar de la Comisión Reguladora de Energía y nuevas atribuciones para éste organismo.

“Se trata de quitar a Pemex las amarras que la tienen sujeta y que le impiden aprovechar su enorme potencial en beneficio del país”, sintetizó el funcionario.

Por su parte, el ingeniero Antonio Saldívar, del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF), citó los nuevos parámetros de mejores prácticas corporativas, establecidas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México.

Saldívar insistió en la necesidad de “evitar conflictos de interés entre personas que forman parte del Consejo de Administración y funcionarios de alto nivel”.

A su vez, el consultor Jorge Miguel Fabre Mendoza, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac, también resaltó la importancia de incorporar los criterios de la OCDE en materia de autonomía de gestión, especialmente para que el Consejo de Administración no responda a señales de políticas hasta que sean autorizadas por los procedimientos específicos.

Para lograr la confianza de los mexicanos en Pemex es fundamental que el modelo de gobierno corporativo esté “a prueba de balas”, afirmó Fabre.

El ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles, se opuso a que Pemex perdiera el control de sus activos y de su infraestructura, como plantean las iniciativas calderonistas, y subrayó que Pemex debe trabajar en cuatro áreas para mantener la producción en el mediano plazo: exploración y desarrollo de recursos en las cuencas del sureste; explotación de campos abandonados; desarrollo de canales dejados de lado, y exploración y desarrollo de aguas profundas en el Golfo de México.

Para lograr esto, los excedentes petroleros deben reinvertirse en la misma industria, y así continuar de manera sustentable con la producción, abundó el exembajador de México en Cuba.

Por su parte, Enrique Quiroz Acosta, titular del órgano interno de control en Pemex-Refinación y asesor del abogado general de la UNAM, insistió que los nuevos cuatro consejeros independientes de Pemex deben responder a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Quiroz abundó sobre la complejidad de lo que llamó el “archipiélago” administrativo de Pemex.

“Concluiría que, sí tenemos que diseñar una empresa petrolera mucho más autónoma que el actual modelo de organización, requiere mucho más, pero también más de cuidado y control. No tenemos que tener miedo a negociar con el sindicato nacional cuestiones de productividad. Necesitamos un sistema de información en Petróleos Mexicanos que vincule a todas las áreas para no crear cotos de poder específicos”, sintetizó Quiroz Acosta.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:57
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