Jueves, 10 de julio de 2008

Justicia estatal, preocupación internacional: Eduardo Bertoni.

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El sistema de justicia en Oaxaca "es una preocupación internacional" por la información recabada "durante y después" del conflicto político social del año 2006, afirmó el director Ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés), Eduardo Bertoni.



OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

El jurista argentino forma parte de un grupo de expertos internacionales en tema de reforma judicial que realiza una misión de investigación para un informe que ese organismo está elaborando sobre el sistema de impartición de justicia en la entidad.

El ex relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la OEA, expuso que la misión ha venido a Oaxaca a conocer el sistema de impartición de justicia no solamente por los hechos del 2006 sino después de estos "porque hay información sobre la existencia de problemas".

Eduardo Bertoni  dijo que los informes evidencian una "la falta de independencia del Poder Judicial del Estado", y subrayó que los problemas del sistema de impartición de justicia en Oaxaca, están "levantando la preocupación internacional".

Aunque no se ha focalizado el estudio y la recolección de eventos vinculados al 2006, "evidentemente hay información que nos preocupa", remarcó.

Sin embargo, se rehusó a precisar la información recabada o dar alguna apreciación porque aún no ha acabado su trabajo la misión.

Pero, aclaró que la DPLF no solamente ha centrado su trabajo en Oaxaca sino en otros países de América Latina porque su propósito es edificar instituciones democráticas y lograr el respeto al estado de derecho.

Bertoni dijo que la DPLF cuenta con tres líneas de trabajo, rendición de cuentas y transparencia judicial, acceso igualitario a la justicia y justicia internacional.

La misión, además de Bertoni, está integrada por José Zeitune, encargado para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas, organización con sede en Ginebra, Suiza, y Jorge Romero, director Ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR en el Distrito.

Los juristas, están dialogando con autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil, así como con miembros de barras de abogados y abogados practicantes, entre otros

Denuncian hostigamiento contra Emeterio Cruz en Oaxaca.

A casi un año de ser golpeado salvajemente por policías estatales durante la Guelaguetza, la hija de Cruz comenta que policías amedrentan a su familia con armas de fuego y perros. Anuncian `Guelaguetza alterna´ .

Iván Quecha Reyna

Redacción EL UNIVERSAL.com.mx

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el magisterio oaxaqueño no tienen por qué boicotear la Guelaguetza organizada por el gobierno de Ulises Ruiz, puesto que él mismo ha minado las festividades al continuar la represión, manifestó Kehrly Cruz Franco, hija de Emeterio Cruz, quien fuera golpeado hace un año por la policía estatal, durante enfrentamiento entre policías y manifestantes a las faldas del cerro del Fortín, lugar donde tradicionalmente se llevan a cabo los bailables.

Denunció que hasta el momento el gobierno estatal ha incumplido con una minuta firmada, en la cual se comprometía a cubrir los gastos médicos derivados de la agresión contra Emeterio Cruz, quien sufrió graves lesiones. "Sólo traen algunas medicinas, si las pedimos para hoy, las mandan hasta el cuarto día", señaló.

Señaló el hostigamiento policiaco que sufre su familia desde que interpusieron una demanda contra quien resulte responsable, por las agresiones cometidas.

"Llegan cinco patrullas, con armas de fuego y perros, y se paran afuera de la casa para intimidarnos. Otro día intentaron entrar al pasillo de la casa, pero les tomamos fotos, y cuando se dieron cuenta se fueron".

El afectado recibe terapias en el centro de Neurología del hospital Ángeles del Pedregal, las cuales son financiadas por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo.

Por otra parte, anunció la "Guelaguetza alterna", la cual es organizada por el magisterio y la APPO, que se llevará a cabo el 21 de julio en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, el cual ha albergado otras dos festividades.

"Nosotros no somos los que vamos a boicotear la Guelaguetza oficial, porque Oaxaca sigue siendo foco rojo, incluso en Estados Unidos se considera a Oaxaca foco rojo", dijo.

Además de esta festividad, se realizará una marcha-calenda, la cual tendrá como eje principal la exigencia de liberación de Adán Mejía, el 16 de julio.

Esta marcha-calenda será encabezada por las viudas de las personas asesinadas durante el movimiento social de Oaxaca en 2006, familiares de los presos y personas que han sido reprimidas, y tiene como intención una reestructuración de la organización social.

Con respecto a la pugna interna que hay dentro de la APPO, entre un grupo que negocia con el gobierno y otro que rechaza la medida, Cruz Franco indicó: "nunca hemos negado pertenecer a la APPO, pero lo que queremos es que el movimiento siga, porque hay mucha gente que dice, `para qué voy si al final todo se vende´. En Oaxaca todavía hay movilizaciones, pero es necesario reorganizarnos".

La manifestación de 16 se realizará del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al zócalo de la capital, a las tres de la tarde.

 

Resultó una farsa la nueva ley de transparencia: PAN y Convergencia

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A unos días de entrar en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  fue calificada como "una farsa", al provocar   opacidad y falta de transparencia, "ya que solamente cuatro de los 570 municipios están obligados a rendir y garantizar el acceso a la transparencia", coincidieron los diputados de Acción Nacional y de Convergencia, Perla Woolrich Fernández y Benjamín Robles Montoya.



RACIEL MARTÍNEZ

A unos días de entrar en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  fue calificada como "una farsa", al provocar   opacidad y falta de transparencia, "ya que solamente cuatro de los 570 municipios están obligados a rendir y garantizar el acceso a la transparencia", coincidieron los diputados de Acción Nacional y de Convergencia, Perla Woolrich Fernández y Benjamín Robles Montoya.

Sin embargo, para el legislador del Partido Revolucionario Institucional, Saulo Chávez Alvarado, la ley es perfectible "y hoy por hoy es una de las mejores del país, dicho por los expertos en la materia. Es la muestra de voluntad para combatir la corrupción".

Los ponentes participaron en el Foro Sociedad y Transparencia  en Oaxaca, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con la característica de poca concurrencia.

Woolrich Fernández reveló que de última hora en la aprobación de la referida ley se registró un cambio en la redacción del artículo noveno transitorio, "lo cual fue rechazado por el PAN ya que exonera a los municipios con población menor a los 70 mil habitantes, como sujetos obligados, hasta mientras tanto cuenten con los recursos materiales y presupuestales suficientes para el cumplimientos de la ley".

A juicio de los diputados panistas, manifestó la legisladora, "esta exoneración es una medida eminentemente política, que contradice el espíritu mismo de la ley y vulnera el derecho de acceso a la información consagrado por el articulo 6 de
la Constitución Federal.

Máxime cuando -dijo, según datos del INEGI, sólo 4 de los 570 municipios de la entidad cuentan con una población superior a los 70 mil habitantes.

Y para coronar la farsa, subrayó, la aprobación de los comisionados del Instituto Estatal de Transparencia  "fue al gusto del dictador sexenal, porque el gobernador propone a su modo una terna y los diputados determinan, imponiéndose la mayoría del PRI. Eso constituye un engaño".

En opinión de Robles Montoya, el Gobierno de Oaxaca aparentemente ha cumplido con las formalidades para demostrar que se transita hacia una apertura informativa transparente, sin embargo, "todo esto constituye una cortina de humo".

Recordó que el pasado 28 de febrero la exigencia social y el acuerdo de voluntades al seno de la máxima tribuna del estado "hicieron posible la creación de una ley de acceso a la información con las suficientes armas constitucionales y contundencia jurídica para someter a toda entidad que forma parte de la esfera de la administración estatal en 'sujetos obligados' y ordenarles toda observancia en su ámbito de aplicación podrá ser solicitada por el ciudadano".

Empero, "como una puñalada por la espalda al convenio de voluntades que celebraba un esfuerzo parlamentario sobrevinieron modificaciones de último momento al dictamen de ley, así como nombramientos cuestionables de quienes serán los comisionados para el Instituto Estatal de Transparencia".

Para el legislador convergente, las modificaciones a los artículos 6 y 9 transitorios, resulta ofensivo porque señala que los sujetos obligados tendrán como plazo máximo un año para automatizar la información --esto es digitalizarla, comprimirla, archivarla y organizarla--, pero dicho término no será aplicable a los municipios con menos de 70 mil habitantes, es decir, el 96 por ciento de los municipios de Oaxaca, con excepción de Juchitán, Tuxtepec, Salina Cruz y Oaxaca de Juárez, los demás no están obligados a rendir y garantizar el acceso a la transparencia".

Lo anterior, enfatizó Robles Montoya, "no tiene otra lectura que ser una práctica por negar la transparencia  al interior de nuestra entidad y la opacidad con la que la administración pública se aferra a no permitir el escrutinio social. Es una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos al pretender engañarnos que Oaxaca está en el camino de la modernización para construir la transparencia".

En su oportunidad, Marcos Leyva Madrid, de la agrupación Servicios para una Educación Alternativa (Educa), comentó sus dudas sobre la voluntad gubernamental para dar el paso hacia una verdadera transparencia.

Criticó la forma de actuar de los legisladores, a quienes desde hace años han entregado las propuestas de la sociedad civil.

A la fecha el 98 por ciento de los comités de enlace para rendir información, comentó Saulo Chávez, están constituidos y en todas las áreas gubernamentales se trabaja para cumplir con una ley demandada por los oaxaqueños y ofertada por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, misma que puede ser perfectible, acotó el priísta.

 

 

 

Se deslinda la Profepa del caso de tala de árboles en la Reforma.

 

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Informó que la responsabilidad de las investigaciones y de los hechos recaen directamente en la autoridad municipal

 

Recae investigar daños al Ayuntamiento, afirma delegado


ISMAEL RIVERA

Luego de que el ayuntamiento capitalino tomara la decisión de detener los trabajos que venía realizando un centro comercial en la colonia Reforma, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que la responsabilidad de las investigaciones y de los hechos recaen directamente en la autoridad municipal, así lo dio a conocer Ricardo Cervantes Vásquez, encargado del Departamento de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la dependencia.

Detalló que el día de anteayer se presentó en la Profepa un grupo de vecinos de la colonia Reforma, a quienes se "les orientó para que formalizaran su denuncia por escrito con el objeto de poder determinar la competencia del asunto".

De igual forma, el funcionario hizo hincapié en que la primera instancia y responsable directa es la autoridad local, al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, "presumiendo que la competencia recae exclusivamente en la autoridad local, particularmente en la Dirección de Ecología del Municipio, por tratarse de árboles y de suelo urbano", apuntó.

Sin embargo agregó que la institución acordó con los vecinos y el Subdelegado de Inspección de Recursos Naturales, Rodolfo Villavicencio López, la realización de una visita de investigación para circunstanciar los hechos y determinar las sanciones a las que se podrían hacer acreedores los responsables.

En este sentido abundó que la Ley Federal de Protección al Ambiente contempla penas económicas que van de los 20 mil a 50 mil salarios mínimos, pero descartó que las sanciones contemplen la cárcel.

Referente a los daños ecológicos insistió que será el ayuntamiento capitalino el que determine esta situación, así como la comprobación de deterioro a la fauna suburbana, por lo que se comprometió que lo que refiere a la PROFEPA dará una respuesta a los interesados en un plazo no máximo de 10 días.

Por su parte, José Luís Bustamante del Valle, director del Instituto Estatal de Ecología (IEE), se deslindó de toda responsabilidad al afirmar que la dependencia a su cargo no emitió autorización ni permiso alguno respecto a las actividades que se realizaron en dicho predio, incluyendo el derribo de árboles.

Refirió que la delegación de la SEMARNAT remitió con fecha 22 de abril del año en curso, el oficio número DFO-SGPA-026/2008, en que se anexó copia de la solicitud del Comité de Vida Vecinal (Comvive) de la Colonia Reforma, quien solicitó la intervención de la Secretaría, para evitar el derribo de árboles por la presunta construcción de un centro comercial.

Cabe señalar que con anterioridad se ha insistido que Oaxaca como sexto productor forestal en el país pierde 20 mil hectáreas de bosques al año, principalmente producto de la tala clandestina de árboles, incendios y cambios de usos de suelos irregulares; lo que contribuye a un serio deterioro del medio ambiente, según datos proporcionados por Rodolfo Villavicencio López, Subdelegado de Recursos Naturales de la Profepa.

 

 

 


Publicado por solaripa69 @ 10:09
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