Viernes, 11 de julio de 2008

Presenta la CNDH 8 recomendaciones a Sedena por violaciones graves de militares

■ Los hechos ocurrieron de marzo de 2007 a marzo de 2008 en operativos antinarco

■ Asesinato, tortura, detención arbitraria e incomunicación, entre los delitos cometidos

Víctor Ballinas

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, presentará este viernes un paquete de ocho recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones graves cometidas por militares en los operativos de combate al narcotráfico en los estados de Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Sinaloa.

Los delitos cometidos por soldados incluyen: asesinatos, tortura, detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, violación a la seguridad jurídica e incomunicación.

634 quejas en año y medio

Del primero de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008 la CNDH ha recibido 634 quejas contra militares: 250 por ejercicio indebido de la función pública, 221 por cateos, 182 por tratos crueles, 147 por detenciones arbitrarias, 85 por robo, 41 por amenazas y 32 por intimidación, entre otras.

El ombudsman presentará las recomendaciones 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de 2008, dirigidas al titular de la Sedena por los delitos de torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos, cateos, retenciones ilegales, violación a la legalidad jurídica, uso excesivo de la fuerza, trato degradante, incomunicación y privación de la vida contra ciudadanos cometidas por militares en los operativos de combate al narcotráfico, en hechos ocurridos de marzo de 2007 a marzo de 2008.

En la recomendación número 29/2008, el ombudsman destaca que los militares cometieron tortura, detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública contra José Fausto Gálvez Munguía en el “cerro de la Lesna”, ubicado en la frontera con Estados Unidos.

El quejoso dijo a la CNDH que estaba a punto de cruzar a Estados Unidos cuando personal de la 40 Zona Militar le gritó y lo encañonó. “¿Dónde está la mariguana?, si no aparece los vamos a madrear y matar”. Gálvez refirió que esperaba a un pollero que lo pasaría hacia Phoenix, Arizona. Los soldados lo patearon y le gritaron: “Mientes cabrón, estás esperando droga para pasarla, dime quién es tu pinche patrón y dónde está o te madreo”.

Explicó que los soldados dispararon sus armas a un lado de su cabeza, lo golpearon, le vendaron los ojos, le metieron un tubo a la boca y lo obligaron a beber un líquido con sabor a alcohol. En uñas de manos y pies le metieron pedazos de madera, después le arrancaron las uñas y cuando quedó inconsciente lo abandonaron en el desierto.

La CNDH subraya que en este caso los militares detuvieron ilegalmente a Gálvez Munguía y violentaron sus derechos humanos, ya que fue apresado en forma arbitraria y se cometió tortura contra el quejoso.

La recomendación 30/2008 se refiere al caso de Óscar Cornejo Tello, en hechos ocurridos el 13 de junio de 2007 en el municipio de Morelia, Michoacán.

El quejoso manifestó a la CNDH que estaba en su casa viendo una película cuando irrumpieron los militares. Le gritaron: “Abre la puerta, hijo de tu puta madre”. El agraviado abrió la puerta de su hogar y 15 soldados ingresaron a su casa, lo golpearon durante 30 minutos, le taparon la cara, lo mojaron y le dieron toques eléctricos en los testículos.

Agregó que al no declarar lo que los militares querían, lo llevaron a la 21 Zona Militar, donde lo esposaron. Después fue trasladado a la Procuraduría General de la Repúblia (PGR) y ahí supo que lo acusaban por delitos vinculados al narcotráfico.

La CNDH sostiene que se violaron los derechos humanos del inculpado y se atentó contra su propiedad, además de que fue torturado, detenido en forma arbitraria e incomunicado.

Desaparecido y ejecutado

La recomendación 31/2008 trata sobre el caso de Fausto Ernesto Murillo Flores, en hechos ocurridos en agosto de 2007. Adriana Melisa Ernesto Murillo Flores denunció que militares detuvieron a tres personas el 3 de agosto de 2007, entre ellas Fausto.

Fausto estuvo desaparecido y el 4 de agosto de 2007 se halló su cadáver en el paraje conocido como La Morita, en Agua Prieta, Naco, Sonora. La CNDH investigó que los soldados violaron el derecho a la vida y la integridad física y legalidad jurídica del quejoso.

La recomendación 32/2008 se refiere a los hechos ocurridos en el municipio de Tanguato, Michoacán, el 7 de octubre de 2007.

El quejoso, Antonio Paniagua Esquivel, denunció tortura, detención arbitraria, violación al derecho a la integridad, a la legalidad y seguridad jurídica. Afirmó que personal del 37 batallón de infantería del Ejército, de la base de operaciones mixtas de Zamora, se introdujo a su domicilio, causó daños al inmueble, lo saqueó y robó, además de que lo detuvieron arbitrariamente. La CNDH comprobó tortura, robo y otros delitos.

La recomendación número 33/2008 aborda el caso de Jesús Picaso Gómez y Santos Picaso Carranza por hechos ocurridos en Uruapan, Michoacán.

La CNDH destaca que militares torturaron, detuvieron en forma arbitraria e incomunicaron a los quejosos el 21 de agosto de 2007, además de que les robaron una pulsera tipo esclava, un reloj, tres anillos, una cadena y otros objetos.

La recomendación 34/2008 se refiere a hechos ocurridos en el municipio de Huetamo, Michoacán. En este caso soldados dispararon contra una camioneta en la que viajaban dos jóvenes, uno de ellos menor de edad.

La CNDH destaca que “no pasa inadvertido que estos hechos ocurrieron durante la vigencia de la solicitud de medidas cautelares que se solicitaron a la Sedena y fueron aceptadas”.

La recomendación 35/2008 da cuenta de violaciones a los derechos humanos: asesinato, uso excesivo de armas de fuego y violación a la seguridad jurídica y la legalidad de Sergio Meza Varela y José Antonio Barbosa Ramírez. El primero murió por los disparos que recibió de los militares en Reynosa, Tamaulipas, el 16 de febrero de 2008.

La recomendación número 36/2008 se refiere a hechos ocurridos en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, donde el 26 de marzo pasado militares dispararon contra un vehículo y mataron a cuatro personas.

Balconea el FAP en el debate a panistas intermediarios de contratos con Pemex

■ Empresarios ligados al PAN usan la ley para beneficio propio, aseguran especialistas

■ Legisladores del blanquiazul defienden la constitucionalidad, porque la Corte aún no resuelve

Enrique Méndez y Ciro Pérez

La discusión acerca del sistema de contratos que se propone en las iniciativas del presidente Felipe Calderón para Petróleos Mexicanos (Pemex) permitió al Frente Amplio Progresista (FAP) y a expertos en materia de hidrocarburos exponer cómo contratistas ligados al PAN han utilizado la legislación vigente para beneficiarse con licitaciones en su favor.

Por ejemplo, señalaron que el actual director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, así como el secretario particular del jefe del Ejecutivo federal, César Nava Vázquez, apoyaron y negociaron tres contratos para la explotación de gas en la cuenca de Burgos.

Una y otra vez, diputados y senadores del PRD, así como especialistas, exigieron al subdirector de nuevos modelos de ejecución de Pemex, Sergio Guaso Montoya, entregar copia de los contratos, y no fue hasta que, por conducto de Francisco Labastida, se lo pidió Yeidckol Polevnsky, que el funcionario aceptó facilitar los documentos.

El ingeniero Alfonso Hickman, de la Asociación Ingenieros Constitución del 17, aseguró que esos contratos se entregaron a empresas privadas como si la reforma de Calderón ya estuviera aprobada.

Y, ante los reclamos airados de los panistas presentes en la reunión en el patio central del Senado, les respondió: “Es el miedo que les da cuando los obligan a transgredir el marco normativo. Por ejemplo –dijo–, el contrato para el aseguramiento de la integridad de los ductos de Pemex; claro que los va a agarrar la Secretaría de la Función Pública, porque está fuera de la ley”.

Hickman se refería a la licitación pública internacional 1857511-06-07, que realizó Pemex Exploración en mayo de 2007 para contratar el aseguramiento de los ductos en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, que “se realizó como si ya estuvieran vigentes las reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley orgánica de Pemex”, en el que participó como negociador, dijo, Reyes Heroles. “Como representante de GEA realizó labores de cabildeo”, resaltó.

En el mismo sentido, el catedrático universitario Víctor Rodríguez Padilla, ex asesor en materia energética en el Senado, recordó que cuando senadores y diputados presentaron un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal suspendió algunas licitaciones, pero la administración de Calderón “volvió a la carga y entregó más”.

Estas denuncias provocaron molestia entre los panistas. El senador Sebastián Calderón Centeno respondió que el juicio “no ha prosperado, y por eso es una verdad jurídica que los contratos son constitucionales”.

Así, mientras los legisladores del PAN defendieron que el mecanismo de contratos a terceros, con la modalidad de “incentivos” a los inversionistas que exploten con éxito yacimientos petroleros, no privatizan la extracción de petróleo ni permitirán compartir la renta petrolera, porque “se pagarán en efectivo”, diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia advirtieron que se trata de legalizar los convenios ya firmados por el gobierno federal y entregar a extranjeros la producción nacional de hidrocarburos.

Sin comprometer una posición en contra, el senador Raúl Mejía González, del PRI, dijo que las reformas, si bien parece que buscan permitir que Pemex busque nuevas formas de contratación en exploración y explotación de yacimientos, “al menos generan dudas”.

Su correligionario y diputado Eduardo Sánchez fue más allá, y si bien señaló que no se podía entregar un cheque en blanco al consejo de administración de Pemex para que apruebe los contratos que crea necesarios, evidenció su verdadero interés al señalar que él prefiere eficacia sobre la constitucionalidad de los convenios.

“¿Quiénes son los que piden el cambio?”, cuestionó el diputado perredista Juan Guerra Ochoa, y abundó: “los que quieren mantener los contratos nepotistas. Por eso no me extraña que defiendan que la contratación sea más opaca y discrecional, porque buscan cómo sacar tajada y ordeñar más a Pemex. Antes se hizo con la protección de los hermanos Bribiesca Sahagún, y luego con los Fernández Tapia, que los trajo (Juan Camilo) Mouriño”.

Guerra Ochoa, quien forma parte de la comisión que investiga la fortuna de Vicente Fox, dijo que como la Suprema Corte aún no entra al fondo del recurso de inconstitucionalidad, “Nava apadrinó los tres contratos en Burgos bajo el esquema de Guaso”.

Y es que, refirió el investigador Víctor Rodríguez Padilla –quien esta vez fue centro de los agrios comentarios del PAN–, Guaso firmó los contratos para la explotación de gas en Burgos por empresas privadas, cuando fue director ejecutivo de los contratos de servicios múltiples (CSM) de la paraestatal.

Carlos Huerta, quien es asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, refutó al senador panista Jorge Ocejo Moreno, quien aseguró que los CSM son constitucionales, ya que la Corte no ha entrado al fondo del recurso. “Usted puede decir que son constitucionales, sí, y yo que no lo son, porque la Corte no ha declarado en un sentido u otro.”

Lamentó que desde el punto de vista legislativo las iniciativas de Calderón “son impresentables hasta para las empresas con las que ustedes quieren hacer negocios. Pregúntenle a Exxon, a Repsol, si están conformes con arriesgar miles de millones de dólares con este proyecto”.

La senadora perredista Yeidckol Polevnsky resaltó que la iniciativa en el rubro de contratos pretende que el gobierno federal sólo autorice los contratos menores, “es decir, de papel y lápices”, y que el consejo de administración de Pemex avale “las millonarias, en dólares”.

David Shields, quien con su firma avaló la compra de gas a la trasnacional española Repsol, afirmó que si la reforma busca compartir la renta petrolera, es preferible que se entregue a la iniciativa privada. “Los excedentes se comparten con los gobernadores. Hay que ver en qué forma utilizamos mejor el dinero, dándoselo a una compañía o a los gobernadores”, cuestionó.

 

Los privatizadores

Luis Javier Garrido

La corrupción de los panistas, que se han beneficiado sin límites de la industria petrolera mexicana durante estos años en perjuicio de los intereses de la nación, ha sido un tema ausente en los debates del Senado, lo que es inaceptable, pues la mecánica que han utilizado es la que explica muchas de las propuestas oficiales que tienden a crear un régimen de excepción en materia petrolera que propicie el control presidencialista sobre la industria y le permita entregarla sin controles a las multinacionales.

1. La impunidad ha sido hasta ahora en los hechos la clave de las presuntas actividades delictivas de Felipe Calderón y su equipo en materia petrolera. Expedientes clasificados de Pemex, revelados por el número 102 de la revista Contralínea en mayo de 2008, evidenciaron que César Nava, secretario privado de Calderón, haciendo a un lado a Pemex, suscribió en 2005 contratos ilegales de servicios múltiples, violatorios de la Constitución, por más de 4 mil millones de dólares en beneficio de Repsol y otras trasnacionales cuando fungía como abogado general de Pemex –en particular los relativos a la explotación de gas en la cuenca de Burgos–, y que a pesar de haber sido denunciado por funcionarios de la paraestatal, según expediente DE/099/2005, no se le investigó.

2. No menos escandaloso es el caso de Gustavo Enrique Madero, quien sustituyó a Santiago Creel como jefe de los senadores del PAN y se asume como miembro de una “nueva clase política” —por lo que, como la mayor parte de los panistas “modernizadores”, es a la vez empresario, político y traficante de influencias–, quien empezó a obtener millonarias ganancias ilegales del erario federal y estatal para sus empresas cuando Calderón llegó a la Secretaría de Energía y luego, siendo legislador federal, en turbios contratos, muchos de ellos en el sector energético, como reseñó Proceso número 1650.

3. Las redes de corrupción que los panistas fueron forjando en los ocho años pasados son ya muy complejas por el componente trasnacional, pero no dejan de ser también muy primitivas. El ahora senador de Acción Nacional Juan Bueno Torio, ex director de Pemex-Refinación en la pasada administración panista —y otro de los más entusiastas privatizadores–, fue calificado desde 2006 como traficante de influencias en el sector energético al beneficiar a sus allegados con contratos ilícitos, a resultas de los cuales, según se señaló en El Universal del 3 de marzo, se le acusó de ser copropietario de por lo menos 27 empresas en el estado de Veracruz, negocios al parecer inexplicables si no se analiza su paso por Pemex.

4. Nada comparable, desde luego, con lo que se hizo desde la cúspide del poder y con lo que ahora pretende hacer Calderón. La inmensa fortuna amasada por Fox y Marta Sahagún entre 2000 y 2006, según los análisis sobre el particular, fue producto del tráfico de influencias, de la protección al narcotráfico y del peculado, pero también muy probablemente de los excedentes petroleros, y ahí está el caso también de los hermanitos Bribiesca, protegidos todos ellos por Calderón. Bueno Torio, según informó La Jornada el 23 de mayo de 2006, cuando se discutía abrirle una investigación, otorgó ilegalmente innumerables contratos de la paraestatal a sus familiares, pero también a los hijos de Marta.

5. Los casos documentados de los actos de pillería de los funcionarios que abogan ahora por la privatización de Pemex obran por decenas, y no sorprende ya el cinismo de estas mafias que siguen fingiendo que actúan por un espíritu de “modernización” y no por intereses. Conforme a una revisión de los participantes en los primeros 13 foros del Senado, según documentó en junio Proceso (número 1652), de los 46 enviados por el gobierno para defender su propuesta 35 fueron personas vinculadas “a consultoras o corporaciones trasnacionales”, y entre éstos cita a Francisco Barnés, el ex rector que quiso privatizar la UNAM en 1999, ex funcionario luego de Energía y desde hace mucho asesor de la trasnacional Dupont, dedicada a la manufactura de productos derivados de la petroquímica.

6. En los años del priísmo, un ex director general de Pemex, el senador Jorge Díaz Serrano, fue desaforado, procesado y sentenciado en 1983 por la compra fraudulenta de dos buques petroleros, pero los panistas han sido incapaces hasta ahora de procesar a Raúl Muñoz Leos, director general en los primeros años de Fox y defenestrado en 2004, a pesar de habérsele documentado maquinaciones escandalosas de corrupción.

7. La mafia de Fox se halla estrechamente vinculada a la de Calderón, como explica el hecho de que en sustitución de Muñoz Leos se designara a Luis Ramírez Corzo, señalado como uno de los funcionarios más corruptos de esa administración, a quien Calderón, vinculado a ambos, también sigue protegiendo.

8. La impunidad del poder no había sido tan absoluta en la historia de México, y éste debería ser uno de los aspectos centrales a ponderarse al decidirse el futuro de Pemex, pues un año después de los escándalos que diese en 2006 Diego Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo de Calderón, fue recompensado por éste, ya entonces en Los Pinos, con un contrato millonario en Pemex, otorgado desde luego de manera ilegal, conforme indicó Proceso Internet el 27 de julio del año pasado.

9. El caso que ejemplifica con más claridad la actual mecánica del poder no deja de ser, sin embargo, el de Juan Camilo Mouriño, quien funge como titular de Gobernación del gobierno de facto, y quien permanece en el cargo a pesar de estar confeso de haber suscrito como representante de su empresa Ivancar contratos con Pemex Refinación cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y no deja de ostentarse como el principal enlace con la trasnacional de origen hispano Repsol YPF y con la mafia aznarista (ahora minoritaria) del Partido Popular de España.

10. Felipe Calderón, quien ocupa ilegalmente la presidencia de México, aparece, sin embargo, ante los mexicanos como el principal responsable de pretender entregar nuestra industria petrolera al capital trasnacional y de beneficiarse, junto con sus amigos, de la privatización. Desde que siendo titular de Energía entregó anticonstitucionalmente la cuenca de Burgos a la Repsol en 2004 hasta ahora, en que preconiza en el exterior que las leyes de México se van a cambiar para beneficio de las multinacionales, no ha hecho otra cosa desde su pequeñez y mediocridad que desafiar a la nación.

Beltrones presenta denuncia por supuesto espionaje
jenaro villamil

MÉXICO, D.F., 10 de julio (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, presentó esta tarde una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República contra quién o quiénes resulten responsables “de la posible comisión de diversos delitos en su contra”, a raíz de un documento difamatorio, presunto resultado de la labor de espionaje que llegó a sus oficinas.

De acuerdo con el comunicado, enviado por el grupo parlamentario del PRI que coordina Beltrones, la denuncia solicita una investigación a fondo sobre quienes elaboraron “la infamia”, quién o quiénes la ordenaron y, en su caso, “bajo qué cobertura institucional se desviaron recursos públicos para su elaboración”.

La denuncia abunda en los hechos al señalar que, “al amparo de la impunidad, se pretende amenazar a legisladores opositores al gobierno y desprestigiar la integridad del Poder Legislativo en general y de él, en particular”.

En su denuncia de hechos, Beltrones hizo una valoración sobre el ambiente político que exige “un mínimo de civilidad y tolerancia entre el gobierno federal, Congreso de la Unión, gobernadores y otras autoridades y órganos del Estado”.

El coordinador de la bancada priista es el primero de los políticos víctimas de supuesto espionaje por parte de estructuras vinculadas al Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), que presenta una denuncia formal. En el Senado se confirmó que para presentar esta demanda recibió el apoyo de la Dirección Jurídica, a cargo de Carlos Cravioto.

La denuncia se presenta un día después de que 18 de los 33 legisladores de la Comisión Permanente aprobaron un punto de acuerdo para solicitar la renuncia del director del Cisen, Guillermo Valdés, la cual fue rechazada por la Secretaría de Gobernación.

Reacciones de Creel y Navarrete

El presidente del Senado, el panista Santiago Creel, manifestó su solidaridad con la denuncia de Beltrones, y sobre la petición de la Permanente para que renuncie el director del Cisen, aclaró que el Ejecutivo no está obligado a ejecutarla, porque existe división de poderes y es facultad del presidente nombrar o destituir a sus colaboradores.

“No hay ninguna obligación (del Ejecutivo), por dos motivos: uno de fondo y otro de forma. El de forma tiene que ver con la división de poderes y cada poder, de acuerdo con la Constitución, tiene sus facultades, competencias y responsabilidades; y no es facultad del Congreso, de la Comisión Permanente o de las cámaras nombrar o remover al director del Cisen”, afirmó Creel.

Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, consideró que el acuerdo de la Comisión Permanente fue “una fuerte llamada de atención y luces rojas prendidas”.

Respaldó el argumento del senador Pablo Gómez, presidente de la Comisión Primera que propuso el punto de acuerdo, quien advirtió que la labor del Congreso de la Unión y de sus legisladores no constituye en ningún momento una amenaza para la seguridad nacional.

Calificó de “absurda” la respuesta del gobierno federal que justificó la información proveniente de presunto espionaje como simple recopilación del trabajo legislativo. Advirtió que si el Ejecutivo federal no rectifica se mantendrá una tensa relación
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Publicado por solaripa69 @ 9:43
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