Lunes, 14 de julio de 2008

Negocios millonarios al amparo de la corrupción ahogan al STPRM

■ En la sección 10 de Minatitlán nadie rinde cuentas de más de $21 millones por concepto de cuotas

■ Denuncian trabajadores abuso de poder, ocultamiento de ingresos, saqueo, represión y despidos

■ Muestran factura por más de 66 mil pesos de un Rolex obsequiado a Carlos Romero Deschamps

Patricia Muñoz Ríos

En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) diversas secciones gremiales han devenido “cotos de poder” y han hecho “negocios multimillonarios” para sus dirigentes. Ejemplo de lo anterior es la sección 10, de Minatitlán, Veracruz, la cual recibe un millón 800 mil pesos mensuales por concepto de cuotas, es decir, más de 21 millones de pesos anuales; asimismo, “tiene ingresos por el arrendamiento de diversos inmuebles, la administración del Casino Petrolero, recursos por el cobro de transportación de personal y otros, de cuyo destino no hay rendición de cuentas”.

Un cúmulo de documentos, entregados a La Jornada por trabajadores de esta sección 10, detalla la serie de querellas que se han presentado contra sus dirigentes. Los fajos de información que se han enviado al presidente Felipe Calderón y al secretario del Trabajo, Javier Lozano, detallan denuncias de saqueo, actos fraudulentos, represión y despidos contra los trabajadores que dan a conocer los hechos, así como reiteradas solicitudes que se han hecho a las autoridades para que intervengan y paren esta corrupción sindical.

Entre la información que entregaron se encuentra la copia de una factura por 66 mil 615 pesos por la compra de un reloj Rolex Perpetual que la sección 10 le compró a Carlos Romero Deschamps, documento que claramente señala que es un “obsequio” para el secretario nacional del sindicato petrolero, así como copias de un memorando en el que se pide una “colaboración” de 200 pesos a los más de 7 mil trabajadores de esta sección 10, por concepto de “festejo” del onomástico de su dirigente.

Se indica que, como secretario general de esa sección, Jorge Wade González manejó durante seis años 120 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales, además de los ingresos por “transporte de personal por rutas y por centro de trabajo”, que ascienden a 297 millones, mismos que Pemex pagó a esta organización, así como las rentas de bienes inmuebles. El mencionado dirigente nunca entregó cuentas de los recursos y para cubrirse dejó en su lugar, a través de un proceso de elecciones amañado, a Donaciano González Hidalgo.

Este líder petrolero recibió a su llegada al cargo 688 mil pesos por concepto de “transportación de personal” por parte del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, además de las cuotas y de todos los ingresos que percibe esta sección sindical.

Las denuncias también se han hecho llegar al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, así como a diversos legisladores. En ellas los trabajadores piden un cambio de fondo a la corrupción en la estructura de este sindicato, donde dijeron que incluso con el apoyo de policías estatales se impide a los opositores entrar a las asambleas, además de que los persiguen, los agreden y los privan de sus derechos sindicales.

En la información, firmada entre otros por Ángel de Jesús Vidal, Ricardo Landa, Luciano López, Alfredo Mastachi y Adolfo García, se indica que la sección no rinde cuentas del destino de los recursos, pues las asambleas se hacen amañadas y nunca hay quórum, como marcan los estatutos.

Tampoco se les informa del destino de los recursos que se les descuentan por cuotas sindicales y que al año suman de 21 millones 600 mil pesos; se desconoce el estado que guardan la tesorería y la caja de ahorros; hay un manejo discrecional de las plazas vacantes que dejan los jubilados; no se respetan derechos laborales de los transitorios; los procesos de elecciones se llevan a cabo en total antidemocracia y se “cocinan en lo oscurito”, y en general, “se ha perdido el objetivo por el que fue creado el sindicato”, pues los dirigentes ya se adueñaron de la organización como un negocio propio.

Para colmo, agregan, como Wade González se candidateó para diputado local por el distrito 28, por medio de memorandos del propio sindicato petrolero se “invitó” a los trabajadores petroleros a apoyarlo y hasta a que votaran por él.

Incluso, aseguran, se metieron a las cuentas del sindicato los gastos de la despedida de soltera de la hija de Wade; también aparecen recibos de préstamos incobrables y otros por “gastos de representación” de sus principales colaboradores. Toda esta corruptela aderezada por el manejo de las plazas, según apuntan en la información.

Señalan finalmente que al igual que en la sede central del sindicato, en la ciudad de México, en Minatitlán se ha seguido la política de “puertas cerradas” del edificio sindical y no se permite entrar a las asambleas a los trabajadores opositores, los cuales hicieron un llamado a las autoridades porque temen que las represalias puedan llegar hasta sus familias.

 

Presenta la sección 9 videos y fotos del fraude en la elección de nueva dirigencia

■ Con amenazas de “ahí vienen los disidentes” consuman imposición fast track de Pérez Ramírez

■ Buscan anular el congreso elbista; estudian paro escalonado de labores a partir del 18 de agosto

Karina Avilés

El Comité Democrático de la sección 9 reveló 14 fotografías y dos videos, en los cuales queda al descubierto que primero se le tomó protesta a María Teresa Pérez Ramírez como secretaria general, en tan sólo 69 segundos, y después se votó por ella a mano alzada, en una casa aislada del norte de la capital denominada Quinta Caledonian.

En este material se confirma también que los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezados por Bernardo Quezada, “sembraron” el temor y la zozobra entre los presentes al señalar que “están llegando los camiones” con los profesores disidentes, con el fin de consumar el fast track e imponer a Pérez Ramírez.

En conferencia de prensa –en la que maestras de la disidencia que se lograron “colar” a ese concilio dieron su testimonio– Francisco Bravo, secretario general del Comité Democrático, advirtió que si a pesar de las pruebas el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje declara legal el “congreso” del SNTE, lo único que se ratificará es que “no hay estado de derecho y no hay justicia en el país”.

En ese sentido, pidió al gobierno federal “dejar de proteger a Elba Esther Gordillo” y permitir que el fallo sobre la demanda de nulidad del congreso, que interpondrán hoy a las 11 de la mañana ante dicho tribunal, se emita conforme a derecho.

También advirtió que no se descarta la posibilidad de un paro escalonado de labores a partir del 18 de agosto, cuando inician las clases –la sección 9 agrupa a aproximadamente 58 mil profesores–, hasta llegar al paro total.

En el video, el cual fue tomado por un profesor con su teléfono celular, se confirma que esa reunión era un mero trámite, pues todo estaba arreglado para imponer a Pérez Ramírez. Una voz anuncia a los participantes que hasta el final se nombrará a “la secretaria general”. Es decir, en un lapsus, evidenció, en primera instancia, que sería una mujer. Después, la voz trata de corregir y, antes de que se dé a conocer el nombre de Pérez Ramírez, se refiere a la propuesta de “un secretario o secretaria general”.

A continuación se reproducen los momentos en que se da a conocer el nombre de la nueva dirigente:

–¡Es la compañera María Teresa Pérez Ramírez!, y en un momento va a entrar. ¡Están llegando camiones, por favor! ¿Protestan guardar y hacer guardar los ordenamientos del sindicato, los estatutos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como garantizar fielmente servir a los compañeros trabajadores de la educación en la sección novena?

–¡Sí protesto! –dicen a coro los presentes.

–Todos los que estén a favor de esta planilla, por favor, manifiéstenlo levantando la mano.

Enseguida se escuchan voces que gritan:

–¡No estamos de acuerdo!

Y el de la voz, les pide:

–Bajen la mano, por favor.

–¿En contra?

–Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En contra 15, por lo tanto, (se escucha inconformidad con el recuento), 16, 17. Por lo tanto, ¡hay nuevo comité ejecutivo! Siendo las 11:45 del día 18 (sic) se clausuran los trabajos del primero de julio de 2008… de este vigésimo tercer congreso de la sección novena, y válidos los acuerdos que de él emanaron. ¡Muchas gracias!

En el otro video se muestran los destrozos ocasionados en el salón del hotel Holiday Inn, en Tlalpan, donde sólo se ven miembros de seguridad del SNTE con gafetes y personal del hotel, y no miembros de la CNTE, como se ha pretendido difundir. La serie de fotos muestran al principal operador de este acto, Bernardo Quezada, vestido de traje oscuro y corbata rojiza, quien aseguró a los disidentes que el citado hotel sería la sede del concilio y horas después dirigió el congreso al otro lado de la ciudad, en el garaje de la casa Quinta Caledonian.

Por su parte, la maestra de primaria Patricia Alejandra Pérez Reyes narró que desde un día antes, el 30 de junio, fue llevada al citado hotel, donde se instaló una especie de “aduana” porque primero se les sometió a un interrogatorio para hacer una “depuración” de la gente que al otro día acudiría al encuentro.

El primero de julio abordó una camioneta sin saber cuál era su destino, hasta que llegó a la Quinta Caledonian y ahí “Bernardo Quezada dijo que hay que apresurarnos porque ya vienen los camiones de la coordinadora, creando una especie de sicosis porque algunos pensaron ¡Aquí va a pasar lo del News Divine!”

En tanto, la profesora Marta Patricia García Gallegos, de prescolar, señaló que Quezada dijo que alguien le había filtrado a la disidencia el lugar donde se encontraban “y que había que apresurar el congreso”. Manejando el temor, se pidió apagar los celulares e incluso a alguien se le revisó su teléfono porque pensaron que esa persona había dado la información a la coordinadora. El caso es que “nunca se instaló en verdad el congreso y aquello sólo fue un secuestro”, añadió.

Espías
jorge carrasco araizaga

MEXICO, D.F., 11 de julio (apro).- Cada cierto tiempo, en México se reeditan los escándalos por el uso político del aparato de seguridad e inteligencia.

Una de las principales críticas al régimen del PRI fue la persecución que hacía de sus opositores valiéndose de los servicios de información que estaba en manos del secretario de Gobernación en turno.

Durante décadas, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) estuvieron completamente fuera de la ley. Pertenecían a la estructura burocrática de Gobernación, pero carecieron de regulación más allá de sus reglamentos internos conocidos sólo por algunos cuantos.

Fueron vitales en la represión de movimientos como el de los médicos, ferrocarrilero y estudiantil, así como en la persecución de los opositores políticos.

Desde luego, durante la Guerra Fría también fueron muy útiles para el seguimiento que le encargaba la CIA a los extranjeros que llegaban de los entonces países socialistas.

Fueron aparatos que le sirvieron al régimen autoritario para sobrevivir. Estuvieron al servicio del priismo más que a la seguridad del Estado mexicano.

Cuando la DFS hizo crisis a mediados de los ochenta, infiltrada por la delincuencia y el narcotráfico, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió desaparecerla, pero sin tener nada para sustituirlo en una tarea que es vital para cualquier Estado, así sea autoritario o democrático.

Después de varios experimentos con ese aparato, el gobierno de Carlos Salinas creó en 1989 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Muchos de los antiguos elementos y mandos de la DFS siguieron en el nuevo aparato de seguridad.

Otros se fueron a la entonces Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Judicial del DF, a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina o los gobiernos estatales.

Creado por decreto presidencial siguió sin contar una un marco legal y actuando al servicio del gobierno en turno más que para la seguridad del Estado mexicano, como lo demostró el conflicto armado en Chiapas o el escalonamiento del narcotráfico hasta el grado de descontrol en que se encuentra ahora.

En la última etapa del priismo fueron recurrentes los escándalos por el marcaje que hacía de los opositores, incluido a Vicente Fox.

Cuando llegó a la presidencia, Fox prometió una reestructuración del Cisen para que dejara de perseguir a los opositores políticos y se concentrara en las tareas de seguridad nacional.

Si en principio no supo cómo hacerlo –como lo demostraron las disputas entre su secretario de Gobernación, Santiago Creel, y su consejero de seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zinser– más temprano que tarde admitió tácitamente la utilidad política que le representaba el Cisen tal y como estaba.

Nombró entonces a un advenedizo en la materia: Eduardo Medina Mora, ahora titular de la PGR, quien prometió una propuesta de reestructuración que como tantas promesas del foxismo quedó en el olvido.

Medina Mora supo aprovechar el aparato en beneficio personal y del foxismo. El propio Fox ya sabía de la utilidad política de estos servicios, como el que creó en Guanajuato cuando era gobernador y que tuvo que cerrar cuando fue descubierto.

En las elecciones de 2006, el Cisen concentró sus actividades en marcarle el paso a Andrés Manuel López Obrador y su entorno.

Como director del Cisen a Medina Mora le tocaron las negociaciones en el Congreso para que por primera vez en la historia de México el aparato civil de seguridad del Estado mexicano quedara sometido a una ley.

Por fortuna, su ánimo privatizador de algunas funciones del Centro y de restringir aún más la información por él generada, fue rechazado.

Pero el resultado fue una ley de Seguridad Nacional que supuestamente regula los servicios de inteligencia del país, aunque en realidad estuvo más dirigida a la operación del Cisen.

Esa ley dispone que una supuesta supervisión por parte del Congreso a través de una comisión bicameral. Pero es una comisión sin fuerza, a la que el Cisen le informa lo que quiere, pues no está obligado a informar sobre lo que el Congreso quiera investigar.

Peor aún, el Cisen contrató a una empresa para que hiciera una investigación sobre los integrantes de la Cámara de Diputados, como lo dio a conocer la revista Proceso desde junio de 2007.

A más de tres años de vigencia de esa ley, que entró en vigor en enero de 2005, el resultado es el mismo: el aparato que debe estar al servicio de la seguridad nacional sigue al capricho del habitante de Los Pinos en turno, incluso con su disminuido secretario de Gobernación.

No es ninguna novedad que se espíe a los opositores. Lo hizo el PRI. Lo hizo Fox. Lo hacen Felipe Calderón y los gobernadores. Lo ha hecho Marcelo Ebrard en el DF y los gobernadores.

Es parte de los vicios y del juego sucio de la cultura política mexicana, que más allá del escándalo ha quedado siempre en la impunidad.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:08
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