Martes, 15 de julio de 2008

Advierte el EPR que revaluará sus prácticas de mantenerse el acoso a luchadores sociales

■ Si el gobierno apuesta al olvido y a la impunidad es un grave error, dice en un comunicado.

De la Redacción

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió al gobierno federal que no “alargue la desaparición” de sus compañeros Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez con “argucias legaloides y falsas promesas. Si le han apostado al olvido y a la impunidad es un grave error y esperamos que verdaderamente asuman los costos que se deriven de sus actos”.

En un comunicado el EPR sostiene que espera “una respuesta oficial clara y concreta sobre la desaparición de sus compañeros, a pesar de la actitud irresponsable y cínica del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien quiere eximirse de responsabilidad al decir que ‘quien los tenga que los presente vivos’; ¡cuánto cinismo!”

El EPR advirtió además al gobierno federal que “si insiste en amenazar y torturar a los luchadores sociales que suponen pertenecen al EPR; si dan continuidad a estos hechos nos veremos en la necesidad de revaluar nuestra prácticas, lo que no deseamos, pero nuestro pueblo exige dar una respuesta contundente ante la continuidad de estos agravios”.

El grupo armado sostiene además que los gobiernos federal y estatal insisten en negar la existencia del crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada, al pretender “diluir su responsabilidad en estos delitos imprescriptibles que quieren presentar como simples casos del fuero común, al tipificarlos como secuestro y a lo sumo castigar a sus peones, que aunque son piezas desechables cuentan con el manto protector del Estado que los mantiene en impunidad”.

Asimismo se resalta que el gobierno de Ulises Ruiz “no deja de ser represivo, sanguinario y corrupto. Durante su régimen se han cometido cinco desapariciones forzadas documentadas, realizadas por lo cuerpos policiacos y paramilitares que cuentan con su aquiescencia. De acuerdo con el derecho internacional el responsable de estos crímenes es quien gobierna el territorio donde suceden, en este caso el Ejecutivo estatal”.

El EPR cuestiona: “si verdaderamente tuviera la certeza –Ulises Ruiz– de que en el estado que gobierna sanguinariamente no aconteció tan aborrecible delito, por qué razón dice que no mete las manos al fuego por nadie, es decir, por ninguno de la caterva de sus funcionarios. ¿Hasta dónde llegan los compromisos con el gobierno de Felipe Calderón para mantenerse en el puesto?”

El EPR asevera que el gobernador miente. “Nuestros compañeros se reportaban cada vez que terminaban una de sus tareas, el día 24 de mayo del año próximo pasado se reportaron antes de iniciar una reunión de trabajo y al terminar hicieron lo mismo. Por la tarde fueron dejados en un punto de la ciudad cerca del hotel del Árbol, a eso de las cinco, porque a las siete tenían un compromiso por esos rumbos para trabajar en la noche.

“Para el 25 por la mañana que deberían reportarse no lo hicieron ni respondieron a los mecanismos de enlace y comunicación establecidos. Es más, las cosas personales que tenían que recoger en un buzón el día 25 ya no llegaron por ellas”, subraya el EPR.

En el comunicado del EPR, este grupo armado cuestiona: “qué se puede esperar de un gobierno en el que ‘aparecen’ cuerpos de ciudadanos con signos de tortura y tiro de gracia, y que son exhumados sin mayor trámite. ¿Qué se puede esperar de este gobierno que es amenazado por el crimen organizado por no cumplir con sus pactos? Todo puede suceder, menos el esclarecimiento de la verdad”.

Añade el EPR que si el plan del gobierno federal es mediatizar su exigencia de presentación con vida y en libertad de sus compañeros, “mediante argucias legaloides y falsas promesas, así como neutralizar las acciones de autodefensa con la supuesta atención a nuestra demanda, está equivocado. Nuestra palabra está empeñada con el pueblo y con quienes dignamente asumieron coadyuvar en la búsqueda de nuestros compañeros, pero toda la opinión pública también sabe que el gobierno federal no se ha comprometido oficialmente a nada”.

 

Legisladores califican de “torpes” las declaraciones del director del Cisen

■ Exigen a Valdés Castellanos dé nombres de los involucrados con el narcotráfico

■ Germán Martínez dice que su actuación ha sido “profesional”, pues sólo advirtió “posibilidades”

De la redacción

Senadores de PAN, PRI y PRD exigieron al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, que presente denuncias penales en contra de los legisladores cuyas campañas fueron financiadas con recursos del narcotráfico. En tanto, diputados del sol azteca, PT y Convergencia demandaron la renuncia del funcionario por sus “torpes declaraciones” al Financial Times. Que dé nombres de los implicados, así como los partidos a los que pertenecen, pidieron.

El presidente del Senado y de la Permanente, el panista Santiago Creel, sostuvo que esas afirmaciones “son graves y se tienen que presentar las pruebas”, pues no se debe poner en duda a los integrantes del Congreso.

En contrapartida, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, señaló que el director del Cisen “ha sido profesional” en su actuación y sus declaraciones se refirieren a “riesgos y posibilidades”; se trata de un “asunto preventivo”. De manera particular dijo que “no se ha detectado” que la campaña de algún panista haya sido financiada por el narcotráfico.

A su vez, Pablo Gómez Álvarez, senador del Partido de la Revolución Democrática, señaló que “una posibilidad nunca puede ser hecha pública por un funcionario de inteligencia; él la puede considerar, pero jamás lo puede hacer público, como lo dijo en la entrevista con Financial Times. Los servicios de inteligencia no pueden hablar así”.

Insistió en que el director del Cisen está obligado a presentar una denuncia, no andar declarando que no descarta la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas, porque, “si tiene indicios, que investigue”. Y añadió: “Nosotros tampoco descartamos que lo quiten, porque no es una persona que esté a la altura del cargo. Esa declaración que hizo la puede hacer un político, pero no el encargado del principal organismo de inteligencia del Estado”.

De manera similar, el senador Mario López Valdez, del PRI, calificó de “penosas” estas declaraciones, pues si Valdés tiene información y si el sistema de inteligencia se lo permite tendría que ser más claro y específico, debería no sólo hacer públicos los nombres de esos legisladores, sino presentar las declaraciones penales correspondientes. Y en caso de no hacerlo quedará en evidencia que existe un sistema de investigación.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Marina en San Lázaro, José Manuel del Río, aseguró que con sus declaraciones el director del Cisen enloda a todo el Congreso, por lo que debe aclarar a qué legisladores se refiere en específico, si es que cuenta con las pruebas de sus afirmaciones.

Valdés está obligado a señalar con precisión en qué campañas electorales supuestamente se infiltró dinero de los cárteles de la droga, dijo Del Río Virgen, diputado por Convergencia. Otros legisladores, como el diputado del PT Silvano Garay Ulloa, señalaron que la política de seguridad nacional no puede estar “en manos de un neófito, sólo porque fue el encuestador de la campaña de Calderón”. Además, dijo, se trata de una afirmación imprudente, pues apenas el miércoles de la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso le pidió al titular del Ejecutivo federal su remoción por el espionaje a senadores y diputados por medio de la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, que Valdés contrató para dar seguimiento a las actividades de los legisladores.

Pablo Arreola, integrante de la dirección colegiada del Partido del Trabajo, calificó las declaraciones de “temerarias y muy delicadas”, y pidió que sean presentadas las denuncias penales correspondientes. Inclusive consideró que tales dichos podrían “ser una especie de amago contra los legisladores”, toda vez que la semana pasada se presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que Valdés sea retirado del puesto y se investigue a las empresas de la panista Laura Ballesteros.

El también diputado petista advirtió que “hablar sin pruebas es muy irresponsable”, porque “ese tipo de señalamientos afectan el buen funcionamiento de la Cámara de Diputados y descomponen el ambiente de coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

Arreola pidió a Valdés que “si tiene información y evidencias documentales acuda ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente”. Además, se manifestó porque “se aclaren de inmediato” tales declaraciones al rotativo londinense o en su lugar dé a conocer los nombres de los presuntos legisladores involucrados.

Pandillas, armas y drogas asuelan bachilleratos públicos en México

■ Para más de la mitad de los jóvenes la compra de dichas sustancias es “fácil o muy fácil”

■ Más de 40% de los estudiantes reportan que sus compañeros asisten armados a los planteles

Karina Avilés

Pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) considera que un joven está protegido tres veces más dentro de la escuela, sus propias cifras señalan que en el pasado ciclo escolar más de 5 mil 300 alumnos (41 por ciento), de entre 15 y 19 años, observaron que sus compañeros llevaban armas al entorno escolar, más de 8 mil 200 (63 por ciento) afirmaron que hay pandillas y cerca de 3 mil 700 señalaron (28 por ciento) que se vende droga.

Sin embargo, la dependencia apuntó principalmente hacia el ámbito familiar y social: casi mil estudiantes (7 por ciento) tienen padres o hermanos que consumen tóxicos, más de mil 800 (14 por ciento) obtienen sustancias en sus casas y casi mil 600 alumnos (12.2 por ciento) se han drogado.

Al anunciar el programa de prevención de riesgos Construye T, en apoyo a estudiantes de nivel medio superior, la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, planteó los siguientes propósitos: identificar signos de alerta, saber cómo ayudar a tiempo, saber lo que se debe evitar y lo que es recomendable hacer “si no lo pudimos evitar”.

Sobre las temáticas relativas a las relaciones de noviazgo, seguridad y adicciones, la primera Encuesta Nacional Exclusión, Intolerancia y Violencia en los bachilleratos públicos, con base en una muestra de 13 mil 104 casos, destaca que las drogas son de fácil acceso, ya que 37 por ciento de los estudiantes las obtuvieron en la calle y otro 33 por ciento con sus amigos.

De los encuestados, 48 por ciento señalaron que su mejor amigo se droga; 26 por ciento dicen que algún compañero de clase consume tóxicos; 24 por ciento identifican a sus vecinos, que también son sus amigos, como consumidores; 2 por ciento dicen que su novio o pareja utiliza drogas.

Para 60 por ciento de los jóvenes la compra de dichas sustancias es “fácil o muy fácil”, mientras que sólo 17 por ciento dicen que es “difícil”.

La mariguana es la droga más utilizada por la población juvenil masculina, ya que casi 10 por ciento la ha consumido, seguida de las anfetaminas, con 7 por ciento; la cocaína, con 6.7; los inhalantes con 5.4 por ciento; los alucinógenos con 4.8; las metanfetaminas y el crack, con 4.5 por ciento, cada una, y la heroína y opio, con 3.9 por ciento.

En el caso de las mujeres, las anfetaminas son las de mayor consumo, con 5.6 por ciento, luego de la mariguana con 3.8; los alucinógenos, con un 2.4; la cocaína y los inhalantes con 2.3 por ciento, cada una; las metanfetaminas, con 1.5; la heroína y opio, con 1.4 por ciento, y, por último, el crack, con 1.2 por ciento.

De los alumnos de bachillerato 12.2 por ciento declaran haber experimentado con alguna de estas sustancias y una tercera parte de ellos, 4 por ciento del total, aceptan que las consume frecuentemente.

En cuanto a las relaciones de noviazgo, uno de cada cuatro alumnos (25 por ciento) ha enfrentado agresiones físicas, mientras que 23 por ciento han sufrido agresiones de tipo sexual por parte de su pareja.

En este sentido, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Magdy Martínez-Solimán, señaló en una entrevista posterior que debe existir una sanción ejemplar para los directores de planteles que permiten la venta de drogas, porque los responsables de los espacios educativos deben garantizar la protección, la seguridad y la libertad en éstos.

 

 

Calderón y sus mafiosos
Álvaro delgado

MÉXICO, D.F., 14 de julio (apro).- Se denomina capo al jefe de una organización mafiosa y ese es, precisamente, el nombre que le da Manuel Espino a cada uno de los miembros del grupo compacto de Felipe Calderón, una imputación que revela el nivel de la disputa interna en el Partido Acción Nacional (PAN), pero que implica --también-- conductas delincuenciales de la facción gobernante.

Tildar de "capos" a miembros de su propio partido no parece ser un acto irreflexivo de Espino --político profesional que conoce lo que significan las palabras--, sino resultado de una decisión deliberada, que inequívocamente alcanza a Calderón: El jefe de jefes de la facción del PAN que se autodenomina "calderonista".

Pero si son de interés público las revelaciones que hace Espino sobre los "capos del calderonismo" en su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política --como el ilegal espionaje a que fue sometido antes de la toma de posesión de Calderón y cuyos detalles ahora se tratan de ocultar mediante un operativo instrumentado desde el gobierno federal, como lo publica el semanario Proceso--, lo son también las imputaciones que hace sobre la concertacesión de Calderón con el senador Manlio Fabio Beltrones, a su vez el jefe de facto en el PRI.

Espino, quien llegó a la presidencia del PAN en marzo del 2005 luego de que se observaron "actitudes sesgadas y comportamientos subrepticios que en nada corresponden con las normas de transparencia" del PAN --como dijo el burocratizado prócer Luis H. Alvarez--, y echado del cargo por los "capos del calderonismo" antes de concluir su periodo, alerta sobre los "arreglijos" de Calderón y Beltrones, cuya connivencia actualiza la complicidad que, desde 1988, se estableció entre Carlos Salinas y, justamente, "don Luis".

A lo largo de las 213 páginas del libro, Espino intercala su experiencia como enviado del CEN del PAN presidido por Calderón a Sonora, a partir de 1996 --donde Beltrones gobernaba con métodos que ahora repudia, como el espionaje--, con la que tuvo como presidente de su partido y los continuos choques con los "capos del calderonismo", entre ellos Juan Camilo Mouriño, y Germán Martínez, que prevalecen hasta ahora.

Espino, quien dedica su libro a Vicente Fox, a Calderón y a su familia, narra cómo --ya con Calderón en Los Pinos-- padeció el uso de la estructura gubernamental para que los "capos del calderonismo" lograsen apoderarse de la instancia que elige al presidente nacional, que incluyó la memorable rechifla en León, Guanajuato, en junio del año pasado, y que fue el paso previo a la imposición de Martínez como presidente del PAN.

Y son, justamente, Mouriño y Martínez --aun con sus propios pleitos por disputarse la preferencia de Calderón para ser a uno como candidato presidencial en el 2012-- los que operan la complicidad con Beltrones, con la fe de que cumpla con el apoyo para aprobar la reforma petrolera:

El primero de ellos, con acuerdos desde la Secretaría de Gobernación que le confieren al priismo un poder que no tiene por ser la tercera fuerza política del país, y el segundo enalteciendo inclusive a los gobernadores priistas, como Mario Marín y Ulises Ruiz.

En realidad, es preciso recordarlo, esta complicidad viene desde el proceso electoral del 2006, cuando Beltrones le garantizó a Calderón el quórum para la toma de posesión en la sesión de Congreso General, en la Cámara de Diputados, a donde llegó por una puerta trasera y envuelto en nubes de soldados.

Un personero de Beltrones, el senador bajacaliforniano Fernando Castro Trenti --miembro de una cofradía del mismo signo ultraderechista a la que pertenece Espino, sólo que antagónica, incrustada en el priismo--, lo reconoció sin sonrojo: "Nos vimos obligados a aceptar los resultados de una elección fraudulenta en 2006, que impuso a un presidente en donde estábamos nosotros en la disyuntiva de reconocerlo o desconocer las instituciones."

Por eso, y no por otra cosa, se explica la impunidad de ejemplares de la talla de Marín y Ruiz --déspotas y corruptos---, así como de Elba Esther Gordillo y Romero Deschamps, emblemas del cacicazgo sindical, educativo y electoral.

A la par que se estrechaban alianzas entre estos grupos mafiosos priistas en la campaña presidencial del 2006, algunas de ellas tejidas por el propio Espino –como con Marín--, Calderón y sus operadores incurrían en otras conductas delictuosas, por ejemplo el trasiego de recursos en efectivo de los grandes consorcios gasolineros relacionados con Mouriño.

Y, claro, el pacto con los grupos empresariales que lo impusieron y que le exigen más concesiones, como Televisa, uno de cuyos ejemplos de poder más recientes es la destitución de Santiago Creel como coordinador de la bancada del PAN en el Senado, dócilmente operada por Martínez.

Así lo dijo Creel, este lunes 14: "Uno de los argumentos que dio el presidente de mi partido fue precisamente el del conflicto que yo tenía con las televisoras. Me parece un argumento igualmente reprobable por agraviante. Es lamentable que se haya utilizado un argumento como el del conflicto con las televisoras para proceder a hacer un cambio de la naturaleza como el que se dio."

Esos son los "capos del calderonismo". ¿Hay también "capos" en la facción antagónica a Calderón? Por lo que murmuran los que están en las nóminas del gobierno federal y del PAN, sí. Y pronto se verá…

 


Publicado por solaripa69 @ 9:40
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