Martes, 15 de julio de 2008

Los gobiernos de Calderón y de Ulises Ruiz, responsables de la desaparición de eperristas.
josé gil olmos

MÉXICO D. F., 14 de julio (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que tendrán que asumir los costos que se deriven de su negativa a presentar con vida a sus dos compañeros desaparecidos en mayo del año pasado, Edmundo Rafael Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

En un nuevo comunicado, fechado el 13 de julio, el grupo insurgente denunció que el gobierno de Felipe Calderón intervino en la desaparición forzada de sus dos compañeros, pues fue en un operativo de la policía estatal y militar en contra el movimiento magisterial popular en la ciudad de Oaxaca donde los detuvieron.

Insistió, además, en la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz sobre la desaparición Reyes Amaya y Cruz Sánchez el 25 de mayo del 2007.

El grupo guerrillero consideró un grave error que el gobierno federal le apueste al olvido y a la impunidad para no responder a la exigencia de presentar con vida a sus compañeros; y advirtió que habrá de asumir los costos que se deriven de sus actos.

“El gobierno federal, así como el estatal de Ulises Ruiz se mantienen en negar la existencia del crimen de lesa humanidad que significa la desaparición forzada, al pretender diluir su responsabilidad en estos delitos imprescriptibles que quieren presentar como simples casos del fuero común al tipificarlos como secuestro y, a lo sumo, castigar a sus peones, que aunque son piezas desechables cuentan con el manto protector del Estado que los mantiene en la impunidad, procurando su pronta liberación por temor a que estos denuncien a los responsables intelectuales. Sin duda todos los hilos conducen a Ulises Ruiz y Felipe Calderón”, sostiene el EPR.

En el comunicado, fechado el pasado 13 de julio, los eperristas rechazaron la versión de que sus militantes fueron detenidos en un operativo policíaco realizado en el hotel del Árbol, ubicado e el centro de la capital oaxaqueña.

“Necesario es aclarar que nuestros compañeros nunca estuvieron hospedados en el Hotel del Árbol, esa es una versión policíaca, como tampoco lo usaron como punto de reunión, lo mencionamos como un punto de referencia del lugar donde compañeros de nuestro partido los dejaron por última vez”, precisó el EPR.

Agregó que sólo saben que sus compañeros fueron detenidos en Oaxaca y que el gobernador Ulises Ruiz tiene perfectamente claro qué sucedió ese día.

“Ulises Ruiz sabe quién los detuvo y a quiénes se los entregaron”, aseguró el EPR.

El grupo armado rechazó también las intenciones gubernamentales de tratar el caso como un secuestro, pues aseguró que con eso se quiere lavar las manos y castigar a funcionarios menores. “Sin duda todos los hilos conducen a Ulises Ruiz y Felipe Calderón”, insistió.

 

Por: Ismael Rivera

La Procuraduría General de la Republica desmintió la versión sobre la presunta responsabilidad de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en el asesinato del camarógrafo estadounidense de Indymedia, Bradley Roland Will, ocurrido durante un enfrentamiento el día 27 de octubre de 2006, en el municipio de Santa Lucía del Camino.

De acuerdo a la misiva firmada por la Licenciada Sara Salas Franco, Directora General Adjunta de Información de la PGR, y que fue dirigida a la redacción del diario "El Tiempo" establece, "la información publicada en el Periódico "El Tiempo" el día 26 de mayo del presente año, titulada "Concluye PGR: A Brad lo mató la APPO, dichas aseveraciones son inciertas y carentes de sustento" (sic).

Asimismo aclara en el escrito con misma fecha del día de la publicación, que la investigación que realiza la PGR "sigue abierta en periodo de investigaciones de pruebas, realización de peritajes y desahogo de diligencias" (sic).

"Reitero a Usted que la Procuraduría General de la República, no emite pronunciamientos ni información sin elementos probatorios que, en todo caso se presentan ante las autoridades judiciales que, como lo marca la ley son las encargadas de deslindar responsabilidades" (sic).

La carta también señala que la información emitida por el rotativo, "incluye imprecisiones y conclusiones aventuradas sin sustento legal alguno, y otras que no coinciden con el tiempo y el lugar de los hechos, empezando porque el número de averiguación previa que atribuye la nota no coincide con la que integra sobre los mismos hechos la Procuraduría General de la República" (sic).

Lo que significa que, la información emitida por el medio impreso de comunicación no es sustentable con los hechos imputados, los cuales ubicaban o aseguraban que integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca habrían sido los responsables directos del asesinato de Brad Will.

Sin embargo, este nuevo hecho asegura que la averiguación previa aún no concluye en su etapa de desahogo de pruebas y perfeccionamiento de las mismas, y más allá, no se tienen pistas sobre él o los responsables del cobarde asesinato y que mucho se ha especulado sobre el mismo, sin que la PGR haya dado una conclusión sobre las indagatorias hasta el momento.

 

 

Entrega la CCIODH informe sobre Chiapas, Oaxaca y Atenco
SUN / Tiempo

Tuxtla Gutiérrez.- Representantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) entregaron al Senado de Francia un informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco.
La documentación entregada a los legisladores europeos consigna las conclusiones y recomendaciones de los trabajos de observación del organismo internacional, realizados del 30 de enero al 20 de febrero pasados, durante su sexta visita a esta región y el centro del país.
En los testimonios ofrecidos por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, destacan denuncias sobre la militarización de comunidades indígenas y campesinas, la reactivación de grupos paramilitares.
Falta de garantías en materia de procuración y administración de justicia, de las cuales
derivan señalamientos de torturas, fabricación de delitos penales, agresiones sexuales, impunidad generalizada, falta de recursos para resarcimiento de las víctimas.
Así como la casi nula independencia del Poder Judicial y el carácter criminal imputado a las luchas sociales.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos informó en un comunicado que los testimonios fueron entregados al Senado francés, a propuesta de
la senadora Nicole Borvo, presidenta del grupo comunista, republicano, ciudadano, por una delegación del organismo, encabezada por Bernard Doray, Concepción Doray de la Garza, Françoise Escarpit y Hélène Roux.
En febrero pasado, representantes de ese organismo internacional concluyeron su visita a Chiapas, con el exhorto al gobierno de proceder con el desarme y disolución de grupos paramilitares, de reducir la presencia militar en la región, y de respetar la autonomía y formas de organización de los pueblos indígenas.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos advirtió en esa ocasión que aún existen grupos paramilitares que operan en algunas zonas del estado y conminó a respetar a los indígenas ante la falta de oportunidades institucionales para el desarrollo comunitario.
La visita de siete días incluyó entrevistas con autoridades de gobierno, dirigentes sociales, indígenas y campesinos de la entidad, así como en centros penitenciarios.
Los observadores internacionales concluyeron que en el estado prevalecen condiciones de inequidad e injusticia, principales causas de violación a los derechos humanos, particularmente de grupos marginados y étnicos.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:44
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